CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

FUSILAMIENTO EN MONSERRAT CON LA JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS

El martes 20 de abril de 2010 las fuerzas represivas del Estado argentino volvieron a fusilar. Lo particular del caso, es que estuvo todo filmado por las cámaras de un garage en el barrio de Monserrat. Las imágenes fueron reproducidas por los grandes medios. En ellas se ve como un joven se lleva el auto de una mujer mediante la amenaza de poseer un arma. El muchacho se hace del coche y se retira. En el momento que intenta escapar, llega un móvil policial y un asesino a sueldo pagado por el Estado lo fusila con seis disparos.

El auto en el que viajaba el fusilado quedó hecho un colador, y fue totalmente cubierto por paneles para que no se divisaran con claridad las marcas de la masacre. Otro modo de operar que se vio, y es muy frecuente en los últimos tiempos, son los paneles que utiliza la federal cada vez que hay un muerto. Paradojas de la “utilización de la tecnología para prevenir el crimen”: quieren llenar de cámaras las ciudades para “combatir el delito”, pero cuando un agente represor asesina a un pibe pobre, tapan la escena para poder plantar, sin que nadie los vea y moleste, el 38 correspondiente para justificar el fusilamiento.

Nada nuevo dentro de lo que es inherente a cualquier Estado dentro del modo de producción capitalista. Lo llamativo del hecho es que se pudo ver, por todos los medios, cómo la policía lo asesinó. Obviamente esto dio para que desde las distintas empresas periodísticas se hicieran diferentes interpretaciones de los hechos.

La primera versión que se difundió, a primeras horas del día, fue la de las fuerzas represivas: “Dos delincuentes armados entraron a punta de pistola al garage, robaron un auto y cuando salían se tirotearon (intercambio de disparos) con la policía, resultando uno muerto y otro dándose a la fuga”. La mayoría de los medios adhirieron. Con el correr de la mañana, estos argumentos se hicieron insostenibles. Las imágenes de las cámaras y los testimonios de los testigos derribaron de un plumazo “la teoría del enfrentamiento” y de que “eran dos delincuentes”.

Al ver las imágenes, los periodistas de TN aseguraron que el chico no tenía ningún arma. Cuando un testigo aseguró que “sólo únicamente dispararon los policías y que el muchacho viajaba sólo en el auto”, la periodista comentó: “Si estaba escapando, y no disparó, y tampoco puso en riesgo la vida de nadie, que lo maten de 5 balazos pareciera como demasiado, ¿no?”. ¿Demasiado? ¿Qué es lo que no sería demasiado? ¿Habrá querido decir que con 1 ó 2 eran suficientes?

C5N vio lo que no fue y justifica el asesinato Al mostrar las imágenes, el periodista va relatando: “El delincuente a punta de pistola roba y intenta escapar. Aparece un policía –recordemos que el delincuente está armado (aclara el periodista)-… tiros… y muere”.

Hay más todavía. Si estas justificaciones del asesinato son atroces, lo del diario Crónica es netamente un parte de guerra. “1 a 0. Policía mató a delincuente”, tituló el diario al día siguiente, ocupando casi ¾ de la tapa. El diario Crónica, un fiel aliado de los kirchneristas, demuestra hasta qué punto la burguesía está dispuesta a llegar para cooptar el consenso de la misma clase reprimida y así continuar la coerción directa contra jóvenes, pobres y morochos.

MARCHE PRESO POR POBRE E INMIGRANTE

En aproximadamente 90 días, se pondrá en vigencia la nueva ley contra los inmigrantes indocumentados en Arizona, EEUU. Según la BBC, suman más de 10 millones las personas que viven y trabajan en EEUU sin documentación necesaria, de los cuales más de 400.000 son mexicanos que tienen que atravesar la frontera absolutamente militarizada.

Se estima que ya han muerto más de 5.000 migrantes indocumentados tratando de atravesar el desierto para llegar a Arizona en busca de un trabajo que les permita ganarse la vida y muchas veces, enviar dinero a su país. A esta situación, le sigue el grado de explotación a la que es sometida esta mano de obra barata que llega a ofrecer su fuerza de trabajo en condiciones de absoluto sometimiento.

Pero como si esto fuera poco, con la nueva ley SB1070, estos trabajadores indocumentados serán aún más perseguidos por el simple hecho de ser “inmigrantes”, sobre todo los latinoamericanos.

La ley “obligarᔠa la policía a detener a cualquier inmigrante con sólo tener una “sospecha razonable”. También se represaliará a todo aquel que los traslade o que les de trabajo y permitirá demandar a los funcionarios que impidan cumplir con esta norma.

Podríamos decir que esta situación de hostigamiento a los sectores más pobres y desprotegidos, que como último recurso se ven obligados a dejar sus familias para ganarse el sustento en otro país, no es más que una política de adoctrinamiento y opresión que contribuye al disciplinamiento social y garantiza mano de obra barata y sumisa.

Lo mismo sucede en países europeos como España y hasta en la misma Argentina, donde se castiga por ser pobre y mucho más si se es inmigrante: en EEUU son los sudacas, en España los marroquíes y en nuestro país bolivianos, peruanos, paraguayos, etc.

Una vez más, son los mecanismos de la represión preventiva de la que se valen los estados y sus distintos gobiernos para protegen a la clase dominante y mantener a raya a los actuales o potenciales enemigos: el pueblo trabajador.

LAS PURGAS QUE DE NADA SIRVEN: ¿CAMBIOS EN LA METROPOLITANA?

El diario de mayor circulación del país tituló: “Cambios en la Metropolitana: la oposición relativizó el anuncio de Burzaco”. En el copete, los opinantes “opositores” suman críticas y soluciones, siempre saludando el plan macrista de que la ciudad debe tener y mantener una policía propia como parte del aparato represivo necesario para ejercer el control social que los gobiernos, cualesquiera sea su pertenencia partidaria, necesitan para garantizar esa gobernabilidad tan necesaria.

¿Cuáles son las soluciones que el “progresismo” aporta para “afianzar y articular el trabajo de la metropolitana y mejorar su performance”?

Uno de los “opinadores progres” es el diputado lozanista Martín Hourest, el mismo que fue ministro de gobierno de la intervención al mando del radical-menemista Ramón Mestre en la provincia de Corrientes, después de la masacre ordenada por el gobierno de la Alianza UCR-Frepaso en diciembre de 1999, al costo de dos muertes y centenares de heridos de bala. Hourest, autodenominado “el hombre de Storani en la intervención” (sic), fue el encargado de ofrecer a las familias de Mauro Ojeda y Francisco Escobar, los dos asesinados por gendarmería en el puente Gral. Belgrano, subsidios y otras prebendas para frenar la denuncia pública y la movilización contra la represión.

Hoy, convertido en el gran “progre” de la ciudad, el ex funcionario de la Alianza propone nuevas purgas en la Metropolitana, explicando que “aún queda una parte sustantivas de la Policía anterior“, en alusión al primer jefe de la Metropolitana, Jorge Palacios, y sosteniendo que, si se van los que vinieron con El Fino, el problema quedaría arreglado. Pero aún hay mas, cuando le preguntan sobre el actual jefe de la Metropolitana, cuestiona que se hable de una “policía de proximidad con tan pocos efectivos” y se refiere los agentes que ya hay en la calle como “paseadores armados”, de lo que se desprende que el diputado cree que es necesario un mayor número de policías, con mayor poder de fuego.

Mientras tanto, Gonzalo Ruonova, diputado por el Bloque Nuevo Encuentro, del “progresista” Sabatella, propone articular una nueva reforma para que los desplazados jefes sean reemplazados por civiles en los lugares que dejaron los dados de baja. Nada distinto a la purga con posterior reforma a la Arslanián en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Felipillo Solá, que solo sirvió para que civiles surgidos de la misma clase política compartan los negocios policiales en las departamentales en esa jurisdicción.

La metropolitana es otro ejemplo de que con purgas, nada se soluciona. Se fue El Fino Palacios, investigado en el marco de la causa AMIA y el espionaje, y la metropolitana siguió su curso como brazo represivo del estado. Su sucesor, Osvaldo Chamorro, también cayó por las escuchas ilegales. Ahora está al mando Burzaco, preparado para intervenir reprimiendo en cuanto conflicto social se le presente al macrismo en la ciudad, mientras el progresismo se dedica con todo énfasis a articular “una solución más presentable y efectiva” por si en algún momento recuperan el gobierno local.

Sin sacar los pies del plato, dentro del sistema, manteniendo y sosteniendo la necesidad de una fuerza represiva del estado para seguir mejorando “la seguridad”, con palos y represión.

MÁS MUERTES EN CÁRCELES

El pasado viernes 24, fue encontrado “suicidado” Julio Villagra (23), en el Penal de Villa las Rosas, provincia de Salta. Su familia, lejos de creer la farsa de las versiones de carceleros y fiscales, no se hizo esperar, ya que luego de asentar una denuncia ante la Fiscalía de turno indicando que además de Julio, otros tres hermanos Villagra se encuentran detenidos en la Unidad Carcelaria Nº 1 y que uno de ellos recibió malos tratos por parte del personal del Servicio Penitenciario, realizó una protesta dentro y fuera del penal. La movilización fue reprimida por la policía, que llevó detenidas a 35 personas (entre ellas 19 menores de entre 1 y 15 años).

En la Alcaldía Mayor de la Unidad Regional II (Rosario) Juan Manuel González (26) murió al recibir varias puñaladas durante una pelea que se desencadenó en uno de los patios del penal, y en el penal de Almafuerte (Mendoza) un preso fue asesinado durante un motín por mejoras en las condiciones de alojamiento.

No sorprende que las muertes de personas privadas de su libertad, (sea en unidades carcelarias o comisarías) sean presentados como inverosímiles suicidios por ahorcamiento, incendios, peleas o motines. Una muestra clara de la debilidad de la mentira que intenta montar el aparato represivo, es la reacción inmediata, e inevitable, que surge exigiendo justicia por parte de los familiares de las victimas, esa primera semilla, tan necesaria para lograr desarrollar la organización y la lucha contra la represión.

PEDAGOGÍA POLICIAL

Esta semana transcendió una denuncia por tortura en la escuela de policía bonaerense Juan Vucetich. Según denunció su padre, Carlos Ferreira, un joven de 19 años, fue fuertemente golpeado, obligado a caminar de rodillas, a permanecer 12 horas en una pileta con agua helada y fue pinchado con agujas por los oficiales a cargo de su entrenamiento, por lo que terminó internado en el hospital San Juan de Dios de la Plata.

El uso de la tortura es una práctica policial constante, por eso no sorprende que las herramientas y métodos aprendidos y entrenados para reprimir a la clase trabajadora se reproduzcan al interior de la institución. Nuestro Archivo contiene una categoría, que denominamos “muerte intrafuerza”, para este tipo de casos, que se dan cotidianamente, aunque, cuando alguno llega a la opinión pública, es presentado como hecho excepcional.

El padre del cadete declaró a los medios que “no fue un baile, fue una tortura”, y dijo que: “Le dijeron que ya sabían dónde vivía y que lo iban a encontrar en la calle”. Según Ferreira padre, sólo sacaron a su hijo del agua cuando se dieron cuenta de que el gobernador Daniel Scioli se estaba acercando para participar de un almuerzo en la Escuela. Seguramente el gobernador habrá visto los avances que dan los cursos de derechos humanos a los aspirantes a entrar en su fuerza.

El auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de la investigación, Manuel Sandberg Haedo, afirmó que “no surgió ningún elemento de prueba que pudiera avalar la denuncia”. Al parecer, las heridas que provocaron la internación del frustrado policía no le parecieron prueba suficiente.

Los cadetes (mas de 70) que fueron entrevistados dijeron que no vieron “nada raro”. Así, los cachorros de represores aprobaron el importantísimo examen de mantener la boca cerrada.

No hay sorpresa, ni “nada raro”. Son los métodos y herramientas de la institución. Esta es la policía que el estado necesita.

BULACIO: 19 AÑOS DE LUCHA

Diecinueve años pasaron desde la razzia en el estadio Obras en la que fue detenido, junto a un centenar de pibes, el adolescente Walter Bulacio (17). Una semana y tres hospitales después, Walter murió como consecuencia de los golpes recibidos en la detención, traslado y permanencia en la comisaría.

Pero la agonía del pibe de Aldo Bonzi no fue silenciosa. Desde 1991, la denuncia pública y la movilización popular generada por el caso marcaron a fuego la historia de la lucha antirrepresiva, convirtiendo el nombre de Walter en una referencia ineludible. CORREPI, en enorme medida, es una expresión orgánica de esa lucha, pues fue la pelea Por Walter y Por Todos el impulso final para su constitución.

La causa judicial es una muestra clara del rol del poder judicial en la defensa de la política represiva estatal y su legitimación permanente. Sólo la consecuente firmeza de la familia, representada por nuestros compañeros, apoyados en la presencia permanente en las calles, viene impidiendo el cierre de la causa, y logró, por única vez en la historia, una condena internacional contra el estado argentino. El fallo de la Corte Interamericana, hace 7 años es ignorado por los sucesivos gobiernos, excepto para gestos simbólicos, como la tardía exoneración del comisario Miguel Ángel Espósito, 18 años tarde, y cuando estaba jubilado por propia decisión desde 1995.

El viernes 23, un multitudinario acto en el Obelisco, convocado por CORREPI y al que adhirieron infinidad de organizaciones populares, junto a las cuales luego marchamos contra las detenciones arbitrarias, mostró que la lucha antirrepresiva encarnada en la memoria del caso Bulacio es actual, es imprescindible, y suma y sigue, junto a cada familia que no se resigna a que la policía le fusile un hijo, y junto a cada pibe que sufre en su cuero la cotidiana represión policial.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA

13 de mayo: La situación de DDHH en Argentina 2010.

20 de mayo: Estado, democracia, represión.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com