CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

LOS RR. HH. DELA REPRESIÓN (EL “PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA”)

Los departamentos de Recursos Humanos (RR.HH.) nacieron con la globalización. Las grandes empresas nacionales y multinacionales, en aras de expansión mundial y la productividad, contratan licenciados asalariados para despedir, cesantear trabajadores y para que negocien el sueldo de subsistencia de los obreros a favor de la empresa.

Las fuerzas represivas del estado están operando en mismo sentido, pero, aquí, como no se trata de trabajadores sino de represores, no los despiden sino que reincorporan retirados, y, en lugar de bajarles el sueldo, se los aumentan de $2.000 a $2.800. Claro, los RR.HH. juegan un rol inverso que en las empresas: tienen que garantizar la productividad represiva.

Todo esto se inscribe en el marco de “Plan Nacional de Protección Ciudadana”. La idea es hacer, en todo el país, lo mismo que ha hecho Macri en la ciudad de Buenos Aires, y que ya funciona en otros municipios: instalar policías municipales. O sea, tener cada día más fuerzas represivas que cubran zonas territoriales cada vez más pequeñas. Ante la carencia de mano de obra asesina, ya se están incorporando policías retirados en varias localidades como la Matanza, Lanús, Lomas de Zamora y San Vicente.

El programa, ahora nacional, reproduce y amplía los planes pilotos que se implementaron en algunos municipios bonaerenses, como Ezeiza. Recordemos que uno de los reincorporados en el programa “Tolerancia Cero” del intendente Granados, en 2003, fue el “Mataguachos” José A. Pelozo, que el 3 de junio de ese año fusiló a Matías Bárzola (16) en Villa Fiorito.

Los requisitos para sumarse a las listas del proyecto incluyen ser menor de 60 años y no haber sido exonerado de la fuerza (no hace falta, ya sabemos que “entran por una puerta y salen por la otra”, ver nota en este mismo Boletín). El titular de Centro de Vigilancia y Control aseguró: “Nos falta personal porque deberíamos tener 100 hombres para cubrir todos los recorridos, pero nos sobran ganas y vocación”… (de reprimir, por supuesto).

Así, todos los días, la burguesía encuentra nuevas modalidades para seguir reprimiendo y adoctrinando a la clase trabajadora.

TORTURADO POR PORTACIÓN DE CARA, ESCUCHADO POR PORTACIÓN DE PROFESIÓN

El hecho se repite todos los días en la terminal de micros de cualquier ciudad grande o turística de nuestro país, igual que en las estaciones de trenes del conurbano y subtes de capital. Un grupo de policías, que variarán a gendarmes o prefectos según la zona militarizada, detiene a un pibe u hombre joven por portación de cara –morocho, pelo largo o con gorra, ropa suelta- lo conduce a habitaciones escondidas, subsuelos o celdas, lo golpea, le saca todo lo que tenga de valor y, con suerte, lo deja vivo e imputado de alguna falta o contravención.

Esta vez, pasó algo distinto. Sucedió en Córdoba capital, y el que soportó las torturas resultó ser un periodista pampeano. Luego de pasar por toda la represión que pasan a diario miles de jóvenes, Flavio Frangolini radicó una denuncia judicial.

Dada su condición de periodista, un diputado nacional de la UCR de La Pampa intervino en su apoyo, sosteniendo que “es el Estado el que debe velar por la vida y la seguridad de sus ciudadanos”, mientras que dos policías, por intervención del tribunal de conducta policial cordobés, pasaron a pasividad en tanto se investiga su conducta en la detención bajo la figura de merodeo y atentado y resistencia a la autoridad contra el periodista.

Frangolini, fue escuchado. No es un pibe de barrio, sino un señor periodista, y, para jueces y diputados, su palabra tiene otro valor. Las medidas que adoptaron parecen eficaces, pero distan de ser suficiente frente al cotidiano accionar de los encargados de administrar la represión, que elimina un pibe cada 20 horas con el gatillo fácil y la tortura, genera masacres como las del 19 y 20 de diciembre de 2001 (cuando gobernaba el partido del hoy escandalizado diputado de La Pampa) y transforma fábricas en centros de detención para los trabajadores represaliados de Kraft.

Quienes están encargados de juzgar estos hechos, son los artífices de que la tortura siga calificándose como abuso policial, el gatillo fácil como legítima defensa del policía que dispara por la espalda y las desapariciones forzadas como averiguación de paradero tal como sucedió durante dieciocho meses con el caso de Luciano Arruga.

Sólo la lucha independiente y organizada permite escuchar a cada uno de los pibes pobres, cuyas voces se silencian por ser el objetivo de la represión. Sólo ella permite reconocer en cualquier administrador del estado, gobierne quien gobierne, a los responsables de que nos sigan torturando, fusilando y desapareciendo.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

El viernes por la tarde, miles de personas marcharon por el centro de la ciudad, reclamando la libertad de los presos políticos y denunciando la constante y creciente persecución política a militantes y organizaciones.

La represión selectiva, esa que se descarga sobre las organizaciones de la clase trabajadora, no es un fenómeno novedoso en Argentina. Tampoco es una novedad que el aparato judicial use el marco normativo, las leyes, para perseguir, encarcelar y castigar a los luchadores.

En cualquier etapa de nuestra historia encontramos ejemplos de esa constante, porque, desde siempre, y en cualquier lugar, la clase dominante utiliza jueces y leyes para represaliar a todo aquel que pretenda cambiar el estado de las relaciones sociales vigentes. En definitiva, el rol de la legislación no es otro que vestir de legal la desigualdad social, y el poder judicial es el encargado de aplicarlo en los casos concretos, cumpliendo su función de garantes de la legitimidad que el sistema necesita.

A lo largo de los años, vemos cómo se legisla sistemáticamente para crear delitos específicos que permitan penar judicialmente las protestas sociales, mientras queda en manos de jueces y fiscales la tarea de desfiguran las descripciones de los delitos comunes para que se ajustarlos como un guante a las conductas que se desea penalizar.

Si repasamos los procesos judiciales contra compañeros en los últimos años, vemos cómo fueron avanzando en el camino de la criminalización de la protesta. Hace 20 años, los detenidos en una marcha eran fichados por una averiguación de antecedentes o una contravención. Más adelante, esas detenciones ya originaban causas penales, con imputaciones por delitos excarcelables, como atentado y resistencia a la autoridad, daño o lesiones, combinación tan frecuente que la llamamos, entre nosotros, el combo manifestación.

A fines de los ’90, se hicieron frecuentes las acusaciones por delitos más graves, como coacción agravada, interrupción del tránsito vehicular, extorsión, prepotencia ideológica, usurpación, etc., que, combinadas de originales maneras, generaban penas posibles de 15 o más años de prisión. El actual gobierno, que ya en 2005 había batido el record de cantidad de presos políticos en sus calabozos desde 1983, se hizo especialista en la materia. Como declaró Aníbal Fernández al diario La Nación en octubre de 2003, “a los que saquen los pies del plato los vamos a esperar con el código penal en la mano”.

Empujada por la movilización popular, fue posible la liberación de los compañeros anarquistas, encarcelados por protestar frente a la embajada de Grecia en defensa de un preso político. Pero hoy, está preso Roberto Martino, después de casi un año de que se dictara su orden de captura, tras una manifestación contra la política terrorista del estado de Israel. Está condenado por la misma razón Juan Carlos Beica. El próximo 19 de mayo, Rubén Saboulard y Oscar Kuperman serán indagados como responsables de dos manifestaciones del año pasado. Están siendo juzgados en estos mismos días Fernando Esteche y el Boli Lezcano por un acto de repudio al asesino de maestros Sobich. Hay centenares de delegados e integrantes de juntas internas antiburocráticas que enfrentan todo tipo de procesos.

Como organización antirrepresiva comprometida con la clase, CORREPI intenta contribuir en la defensa técnica y política de los represaliados. Pero nuestra principal función en la defensa de los compañeros es dejar bien claro que ésta no es una batalla judicial, sino que forma parte de la pelea de fondo, porque es uno más de los escenarios en los que se libra la lucha por una sociedad nueva.

El fin buscado por el poder, es la desmovilización y el retroceso. Por eso, la respuesta que nos debemos frente a esta situación, es la organización y lucha, contra la represión, y por la libertad de los presos políticos.

POLICHORRO, POLIVIOLADOR (Y MÁS POLICHORROS)

Hace dos años, una adolescente (16 años) denunció que, al salir de una confitería en Paraná, Entre Ríos, tomó un remise para ir a su casa. El conductor cambió el recorrido, la llevó a un descampado y la violó. La nena no sólo se animó a denunciar lo ocurrido, sino que, en rueda de reconocimiento, señaló con certeza a su atacante.

Resultó que el remisero era un policía federal de 44 años, que había sido exonerado y condenado a cinco años y seis meses de prisión por el robo al Banco de la Municipalidad en 1991, con una banda integrada por otros tres policías.

Pero mientras la víctima lo identificaba, alguien puso sobre aviso al polichorro y poliviolador, que huyó de Paraná. Recién ahora, y fortuitamente, fue encontrado y detenido en Buenos Aires.

Mientras tanto, un policía de la Unidad de Traslado de Detenidos de Mercedes fue detenido el viernes pasado, acusado de integrar la banda que asaltó el supermercado Eco de San Antonio de Areco el 28 de abril y se llevó un botín de 150 mil pesos.

Todos los días vemos que los integrantes de las fuerzas represivas del estado, son los verdaderos actores y organizadores de la delincuencia, valiéndose de los recursos que les da el estado.

Las victimas deben soportar, además del delito, que los criminales de uniforme circulen tranquilamente por el país, o que, en el mejor de los casos, permanezcan “presos” junto con sus compañeros de trabajo, mientras los medios de comunicación ponen en duda las acusaciones.

Frente a la conjunción, siempre en contra del pueblo, de las fuerzas represivas, las instituciones judiciales y los medios de comunicación, las víctimas sólo pueden tener una respuesta, la denuncia constante, la organización y la lucha.

JUICIO A LA TORTURA EN NEUQUÉN

Reiterados motines, huelgas de hambre y otras formas de lucha dentro de las cárceles vienen resonando en los medios, dejando ver la nefasta situación carcelaria en la que se encuentran viviendo los presos de las cárceles de nuestro país. Las denuncias por falta de agua potable, por el hacinamiento, la falta de insumos, la nula asistencia médica, etc., se reiteran en los reclamos de los detenidos, que a pesar de su difícil situación, logran organizarse por condiciones mínimas de vida.

La noticia ahora es que un tribunal de Neuquén está juzgando a 27 policías provinciales por torturar, durante cuatro días seguidos, a los presos que denunciaron malos tratos por parte del personal de custodia en el año 2004. Denunciaron, concretamente, que fueron sometidos a tremendas golpizas durante esos días, golpeados con barras de metal y con bastones reglamentarios en la planta de los pies, método que se caracteriza por causar intenso dolor y no dejar rastros de los golpes.

Ahora, parece que ahora se toma, desde las instituciones estatales, con “preocupación” la grave situación en la que sobreviven los presos todos los días y aparecen secretarías con proyectos “progresistas” proponiendo reformas para mejorar la vida dentro de las cárceles, como si esto fuera posible. En verdad, lo único que intentan hacer, es lavar su imagen e intentar mostrar esta situación permanente como si fuera una anomalía, producto de la corrupción, o de la descomposición de ciertos agentes pertenecientes al aparato represivo estatal.

Pero, a pesar de su intención, lo que no pueden ocultar, es que las cárceles están superpobladas, más aún, llenas de pobres a los que el sistema condena a la más miserable condición de vida, que esperan que los presos acepten: por las buenas o por las malas.

Deben garantizar el disciplinamiento a como de lugar. Para ello, el personal carcelario cuenta siempre con toda la impunidad para cometer todo tipo de atropellos.

Hoy, la tan grotesca situación y la incansable lucha de Zainuco hace que una de esas denuncias, en Neuquén, haya llegado a juicio. Pero han pasado más de cinco años y los torturadores han permanecido en sus puestos de trabajo, ejerciendo el control de quienes lo denuncian.

Es que no hay nada que pueda modificarse demasiado con las reglas del sistema. Los verdugos sólo cumplen con su deber.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Cátedra de CORREPI en la Facultad de Ciencias Sociales (sede M. T. de Alvear), coorganizada con la Corriente Estudiantes del Pueblo: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA

13 de mayo: La situación de DDHH en Argentina 2010.

20 de mayo: Estado, democracia, represión.

27 de mayo: La represión preventiva y el control social (1ª parte).

3 de junio: La represión preventiva y el control social (2ª parte). Represión selectiva.

Informes e inscripción (programa completo y materiales para la lectura previa): corriente.edp@gmail.com