CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

TAREAS DE INTELIGENCIA PARA CRIMINALIZAR MEJOR

Según la ley 25.520, “Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de la adhesión o permanencia a organismos partidarios, sociales, sindicales, comunitarios, cooperativos, asistenciales, culturales o laborales, así como la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Pero cuando se trata de criminalizar la protesta y desarticular las luchas, poco importa lo que digan las leyes. Los estudiantes Juan Oribe, Vicepresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Jesica Calcagno, ex Presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, y Patricio del Corro, Secretario General de este último centro; y Dora Oviedo, vecina de Ingeniero Budge, enfrentan sendas causas penales forzadas a partir de las tareas de inteligencia realizadas en manifestaciones por policías infiltrados.

Dora fue citada a una fiscalía de Lomas de Zamora para declarar como testigo de un hecho que no se precisó en la notificación. Cuando llegó, le dijeron que tenía que someterse a una sesión de fotos o podía quedar detenida. Esas fotos fueron comparadas con las imágenes que habían obtenido policías de civil, infiltrados en una movilización que hicieron los vecinos de Budge para reclamar por el alto grado de contaminación del agua y la tierra de su barrio.

En el caso de los estudiantes, que participaron de varios cortes en Callao y Corrientes en solidaridad con los trabajadores de la fábrica Kraft durante el fuerte conflicto del año pasado, el fiscal Martín Lapadú mandó policías de civil a obtener imágenes, que luego fueron comparadas con otras, bajadas del sitio web de la organización estudiantil En Clave Roja, a la que pertenecen Jesica, Juan y Patricio. La dirección de policía científica de Gendarmería Nacional, con una compleja pericia de reconocimiento de rostros concluyó que los tres muchachos habían estado en los cortes.

La misma repartición demora meses y hasta años cuando tienen que producir pericias en causas contra policías de gatillo fácil o penitenciarios torturadores, porque “están tapados de trabajo” y piden prórroga tras prórroga. Para identificar a los estudiantes que se atrevieron a llevar a la práctica la consigna de unidad con los trabajadores, no tuvieron problemas de tiempo.

Para agravar la situación de los estudiantes, no sólo se les imputa haber interrumpido el tránsito. Con un despliegue procesal inimaginable cuando denunciamos a los verdugos del gobierno de turno, la fiscalía contravencional se ocupó de interrogar, uno por uno, a todos los comerciantes de la zona, para tratar de fundar una imputación más seria con el argumento de la pérdida económica que sufrieron. Como la cosa no alcanzaba, porque algunos se negaron a acusar a los manifestantes, y otros ni queriendo podían hacerlo, porque abren sus negocios después de las 9:30, hora en que terminaban los cortes, recurrieron a los que nunca fallan para estas cosas: las empresas de colectivos. Y entonces, la imputación contra los compañeros sumó, al corte de tránsito, la “afectación del servicio público de transporte”. Así, pueden pedirles una pena de arresto efectiva.

Sólo dos ejemplos de cómo, a medida que se profundiza la crisis capitalista, que empuja al pueblo trabajador al reclamo, la represión selectiva sobre las organizaciones populares adquiere más dureza, y se hace más explícita.

GARRAFAS POLICIALES MENDOCINAS

La conclusión de la noticia es elocuente: “El conflicto no está siendo monitoreado por Desarrollo Humano Familia y Comunidad sino por SEGURIDAD“. En barriadas del Gran Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Gutiérrez de Maipú, sitios habitados por los más pobres de una provincia que -a modo de ejemplo de lo que pasa en todo el país- no puede ocultar la enorme brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres, acceder a la garrafa social es un tema que compete a la policía.

El pueblo pobre de Mendoza, si quiere cocinar o calentar su humilde casa, debe dirigirse a la comisaría del barrio, donde el gobierno provincial ha dispuesto que se vendan las garrafas del promocionado plan social. La excusa para esta nueva afrenta a la dignidad del pueblo pobre del interior del país, es “evitar incidentes”, ya que la mentada garrafa ni se vende en cantidades suficientes, ni al precio publicitado, ni con la calidad que se pregona. Y esto -como debe ser- agota la paciencia de los vecinos.

La responsabilidad real recae sobre las empresas YPF y TOTAL GAZ, pero el gobierno provincial las apaña. No solo no se respeta el precio que imponen, sino que, además, el combustible viene disuelto en agua. Con el sencillo modo de agitar el envase, cualquier vecino de La Favorita, Suyai, Segundo Sombra, Tropero Sosa o Los Paraísos, se ha percatado de la estafa social).

Lejos de hacerles pagar a los empresarios las consecuencias de su delincuencial actitud, el estado provincial en pleno (Secretaría de Seguridad y Policía) ha decidido prevenir el levantamiento popular y sofocar la indignación del pobre.

Cuando de criminalizar la pobreza se trata, el tandem empresarios, gobierno y estado, demuestra su verdadera política de derechos humanos, su inexistente sensibilidad social y sobremanera su manejo discrecional del fetiche legal.

¿Qué pasará si los vecinos cortan el ingreso y egreso de camiones a las plantas empresarias? Habrá que hacerlo, delito es lo que el trío delincuencial dice que es delito, pero dignidad es lo que el Pueblo siente que es digno.

MORENO: GATILLO FÁCIL Y RAZZIAS A DIARIO

Esta semana la familia de Ricardo Ezequiel Argañaraz (22) se acercó a CORREPI ante su fusilamiento en Barrio Trujui, Partido de Moreno, el 28 de mayo, por parte del gendarme Nicolás Salomón Kairuz.

Ricardo, padre de un bebé de cuatro meses, recibió tres tiros del arma reglamentaria del gendarme que, según denuncian los vecinos, había sido trasladado de Fuerte Apache por varios homicidios en su haber.

Mientras tanto, el lunes pasado los habitantes del barrio Las Flores cortaron la Ruta 23 en reclamo por el fusilamiento de Sergio Ángel Ignacio Casal (16), ocurrido el 3 de junio a manos del sargento de la policía federal Sergio González. El pibe estaba desarmado y recibió un disparo en la zona del glúteo y otro en la nuca mientras tomaba una gaseosa después de un partido de fútbol.

Ambos verdugos están en libertad por la consabida consideración del poder judicial de tratar los fusilamientos como legítima defensa. A la vez, ambos pibes fueron recordados por todos sus amigos, compañeros de escuela y familiares concurriendo masivamente a sus velatorios y movilizándose por todos los jóvenes de estas barriadas.

A estos nuevos fusilamientos, se suma la denuncia de los vecinos de los barrios Satélite y La Victoria: “los viernes a la noche se vienen convirtiendo, en un escenario permanente de potenciales nuevos casos de gatillo fácil. Efectivos policiales rondan por los barrios, en varios micros escolares y de la empresa “La Perlita”. Esta empresa es cómplice directa de las fuerzas represivas, ya que está prestando sus vehículos para llevar a cabo las razzias. En varias ocasiones, los vecinos de estos barrios, fueron testigos del accionar de la policía. Viendo que de los micros, bajaban policías armados (con itakas), para ir a la cacería de los pibes. Cuando los jóvenes, por el miedo, salían corriendo, los efectivos no dudaban en dispararles con balas de plomo. Este es el escenario que se vive, en muchos de los barrios pobres de Moreno. Una situación de hostigamiento permanente, tanto para los adolescentes que están en las esquinas, como para aquellos que llegan de su jornada laboral y para cualquier trabajador que se cruce con la razzia policial, en ese momento”.

Estos testimonios nos describen cómo el gatillo fácil se da en un marco actual que responde a una política de estado, convirtiéndose en un CRIMEN DE ESTADO. Dejando claro que la respuesta del pueblo está en la organización y la lucha independiente, vecinos y familiares de víctimas de la represión de Moreno y localidades aledañas convocan a la actividad a realizarse el 25 de junio cuyo detalle se puede leer al pie de este Boletín.

SANTA CRUZ: DOBLE A Y TORTURAS

El sábado 5 de este mes, Ezequiel fue detenido por averiguación de antecedentes y luego torturado, en la comisaría 1ª de Río Gallegos, Santa Cruz. La policía lo mantuvo detenido toda la noche, mientras lo golpeaban, abusaban sexualmente y marcaban en brazos, piernas y espalda.

El joven, con una malformación cerebral, debía tomar medicamentos anticonvulsionantes. El domingo por la mañana apareció en un taxi totalmente golpeado y con el pantalón roto. Es otros de los tantos casos sucedidos este año en la misma provincia y en el resto del país.

Mientras tanto, el ministro de gobierno y organismos como el INADI local se encargaron de decir a los medios que se trata de la “mala capacitación de los policías”. Nosotros insistimos: Averiguación de antecedentes y torturas son dos de las herramientas que utilizan las fuerzas represivas para amedrentar y mantener el control social. No se trata de algunos policías que “abusan de su fuerza”, es la política de toda la institución represiva.

HUELGA DE HAMBRE SECA EN CÁRCEL NEUQUINA

Nuevamente tenemos noticias de la U11 ubicada en Neuquén, esa misma cárcel que, si recordamos boletines anteriores, es permanente fuente de denuncias por torturas, como la causa contra 27 efectivos que atormentaron a los presos durante 4 días, de los cuales 21 recibieron absoluciones y sólo 6, “condenitas” por apremios o vejaciones. Porque, además de ser un crimen de estado, las tortura es un delito con penas hasta 25 años o perpetua, según el caso, mientras que los apremios y vejaciones, siempre elegidos por los jeuces cuando tienen que condenar, no superan máximos de 5 años.

Esta cárcel hoy nuevamente es noticia. Un conjunto de pibes que tienen la desgracia de estar dentro iniciaron una huelga de hambre seca por las situaciones paupérrimas de vida. Falta todo lo necesario para la subsistencia. No hay servicios básicos, viven sin gas, sin agua caliente y hasta sin frazadas, con las bajas temperaturas patagónicas.

Tampoco tienen atención médica, que, gracias a la “justicia” por el tema antes mencionado, es más que necesaria. Está de más decir que los maltratos y golpes policiales persisten y son avalados por la justicia. Es una situación recurrente en todas las cárceles, y en ésta particularmente, sobre la que, gracias a la organización y lucha de los compañeros neuquinos, nos enteramos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 19 de junio, desde las 18:00: FESTIVAL POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS en Paseo Colón y Humberto 1° (San Telmo). Bandas Invitadas: Dos Gardenias y Quemando La Brisa. Empanadas caseras y proyecciones. Entrada: colaboración de paquetes de yerba, tarjetas de teléfono y/o cigarrillos para llevarles a los compañeros presos.
Libertad a los presos políticos
Cierre de las causas, anulación de las condenas y cese de las persecuciones a los trabajadores y el pueblo.
Derogación de las leyes antiterroristas y la legislación represiva
¡Basta de represión!
Organizan: CORREPI y Corriente Estudiantes del Pueblo

Miércoles 23 de junio, 11:30: Acto contra la represión e impunidad frente a los tribunales de Comodoro Py 2002 (Retiro). Cárcel común a De la Rua y a todos los autores materiales e intelectuales de la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001 - Carlos Petete Almirón, presente. Invitan: CONFLUENCIA POLITICA 29 DE MAYO y CORREPI.

Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, Jornada Antirrepresiva en la Estación de Moreno (lado norte) para denunciar los casos de gatillo fácil de la zona y la política constante de militarización y razzias. Convoca CORREPI.