CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

Y CUMPLIERON CON SU DEBER…

El martes 13 de julio, el Tribunal Oral Nº 2 de Mercedes absolvió, por unanimidad, al policía Juan Sebastián Álvarez, quien el 6 de octubre de 2005 mató, de un disparo en el abdomen, a Miguel Ángel Da Silva, de 15 años, a metros de su casa en el Barrio Satélite de Moreno.

El oficial Álvarez y el sargento Salto recibieron un alerta por un robo a la salida de la escuela Nº 41. Una maestra había sido asaltada por tres personas jóvenes, con gorritas con visera, y que uno de ellos iba armado, y vestido con un pantalón deportivo y un buzo oscuro.

Con esa “descripción”, salieron hacia el barrio más pobre de la zona. A unas diez cuadras, vieron venir de frente a Miguel, de 15 años, con su amigo Marcelo, de 16, único dato que coincidía con la descripción: el ser jóvenes. Como se probó en el juicio (ver Boletín nº 565), Miguel levantaba los brazos en alto cuando Álvarez, entrenado en el grupo especial GAD (los de boinas negras de la bonaerense) le disparó en la panza. Enseguida, el sargento Salto produjo el arma que plantó a los pies del pibe. Lo que nunca apareció fue la cadenita ni el celular de la maestra…

Para los jueces Bustos Berrondo, Larroque y Varsky, la conducta del policía “estaba autorizada por haber actuado en su legítima defensa y cumplimiento del deber”, aun cuando quedó demostrado durante el debate que Miguel no tenía armas y no representaba peligro alguno para Álvarez o terceros. Los magistrados optaron por su “fiel convicción”, afirmaron que no creyeron a los testigos y utilizaron sus dichos, a la inversa, a favor del policía. Porque, según ellos, es impensable que dentro de los móviles policiales, los “guardianes del orden” lleven armas en desuso para plantar en situaciones similares.

Una vez más quedó demostrado que quienes también cumplen con su deber son los jueces, DEBER que responde a un sistema donde vale más una cadenita y un celular que la vida de nuestros hijos. DEBER de proteger y dejar en libertad a uno de sus perros guardianes; DEBER de decirle a la sociedad que si es un civil el que esta en el banquillo -como ocurrió hace 10 días atrás cuando el mismo tribunal condenó a dos personas (no policías) por homicidio- la condena es perpetua o 25 años de prisión, pero que si es un policía pueden matar sin tener ningún castigo.

CUMPLIMIENTO DEL DEBER que sólo se da cuando el que perdió la vida es un pibe pobre. Y sí, los jueces también cumplieron con el deber del mismo estado represor al que pertenecen todos, Álvarez, Bustos Berrondo, Larroque y Varsky por igual. DEBER de negar que matar a un chico de 15 años desarmado es Gatillo Fácil, es un crimen de estado.

Pero desde CORREPI decimos que es nuestro DEBER organizarnos, denunciar y luchar, no sólo por la sentencia, sino por lo que es más importante aún, la conciencia. Porque gritamos que no es un policía, es toda la institución y sabemos que jueces y fiscales protegen a la policía.

PRESOS POLÍTICOS INTERNACIONALES

A la lista de presos políticos del estado argentino, Martino –cuya prisión preventiva a caba de ser confirmada por la cámara federal-, Germano y Villalba, ahora se suma la detención de Juan Aliste Vega, un militante chileno.

Aliste fue detenido en Retiro el pasado 9 de julio, en un operativo conjunto de la policía de investigaciones chilena y la policía federal argentina, acusado por la misma causa que los militantes chilenos, extraditados recientemente, Freddy Fuentevilla Saa y Marcelo Villarroel Sepúlveda.

Los tres están acusados de ser quienes, en una operación de expropiación del banco Security, mataron a un carabinero que intentó detenerlos.

Actualmente, Juan Aliste, se encuentra en la cárcel de Máxima Seguridad de Ezeiza. A quienes se acercaron a expresar su solidaridad y a acercarle ropa y comida, se les fue negada la posibilidad de visitarlo, cosa que, recordarán nuestros lectores, pasó el año pasado enla U 11 de Neuquén, donde se impidió el ingreso de tres compañeros de CORREPI, todos abogados, a visitar a Freddy y Marcelo.

Es clara la política de colaboración entre los estados y la función de sus fuerzas represivas, actuando conjuntamente en función de la persecución de militantes políticos.

El apresamiento y el pedido de extradición para dejar caer la mayor de las penas sobre estos militantes, parece ser el acuerdo político entre los gobiernos de turno en Chile y Argentina, dejando en claro que no habrá refugio para quienes intenten enfrentarlos.

El estado argentino deberá decidir nuevamente, como ya lo hizo con Freddy y Marcelo, la extradición o no de Juan Aliste.

NO A LA EXTRADICIÓN DE JUAN ALISTE VEGA - LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

12 MUERTOS EN UNA CÁRCEL URUGUAYA, UNA POLÍTICA DE ESTADO CON TINTES DE PERVERSIÓN Y CINISMO.

Igual que con la dictadura de los setenta, los neoliberales de los noventa y los progresistas ex-tupamaros actuales, el estado uruguayo sigue asesinando pobres. Puede cambiar la bandera de las naciones, los nombres y/o colores de los gobernantes, pero siempre que haya una sociedad dividida en clases, el estado recurrirá a la implementación sistemática de diversas políticas represivas para adoctrinar a la población.

Esta vez, las fuerzas represivas uruguayas dejaron morir a doce personas en el penal de Rocha. Otras ocho se encuentran internadas en grave estado. Una política de estado que también les permitirá hacer nuevos negocios y, de paso, burlarse de los que sigue asesinando.

La masacre sucedió días atrás. Por la madrugada, los privados de libertad intentaban combatir el frío con un calefactor casero improvisado con latas y trapos, que tomó contacto con las frazadas que dividen los ranchos e incendió el pabellón.

Las cárceles uruguayas están entre las más hacinadas de toda Latinoamérica y tienen uno de los índices más altos en tasas de encarcelamiento, uno cada 100 mil habitantes, un 70 por ciento más que la media de América Latina. El resto de las condiciones de los encarcelados es muy parecida a las del resto: una gran mayoría de jóvenes menores de treinta años, sin escolarización, oriundos de barriadas pobres, y, la mayor parte, privados de su libertad sin sentencia.

Fue desde las mismas instituciones burguesas, como la ONU, donde se calificó al penal de Rocha como uno de los lugares donde los presos padecen las peores condiciones. Un video filmado por un testigo muestra la complicidad policial en omitir abrir las puertas. Desde el oficialismo, felicitaron a las fuerzas por cumplir eficientemente con la política estatal de exterminio: “Si la guardia hubiera demorado veinte minutos en abrir la puerta, como dicen algunos, estarían todos muertos”, argumentó un ministro.

Pero la burguesía es aún más siniestra todavía: bajo la fachada del proyecto “Ley de Emergencia Carcelaria”, la administración actual está asociándose a capitales privados para hacer un gran negocio, con jugosas ganancias, construyendo nuevas cárceles para continuar con la reclusión de todo pobre que no se adoctrine a padecer inmóvil los embates de este sistema de dominio que es el capitalismo.

Aparte de siniestras, las fuerzas represivas estatales son cínicas. El penal, en donde bajo la última dictadura uruguaya, y también en la actual democracia de izquierda, se asesinó y torturó a miles de personas, lleva el nombre de “Libertad”. Y hablando de cinismo, el ex presidente frenteamplista Vázquez declaró a los medios que “el tema cárceles es una deuda de su gobierno”, y el actual, José Mujica, ex preso en la cárcel de Libertad, limitó su acción de gobierno a pedir disculpas a las familias.

La muerte en cárceles es una política de estado en cualquier parte del mundo. En Rocha, Uruguay, quedó al descubierto que, también, el estado es siniestro y cínico, intentando hacer negocios y burlándose mientras asesina a los privados de libertad.

SALLIQUELÓ: PUEBLADA POR OTRO PRESO “SUICIDADO”

En Salliqueló, una localidad de unos 10.000 habitantes ubicada a unos 500 kilómetros al oeste de la Capital Federal, fue asesinado Carlos Martín Fernández Sosa de 26 años. Carlos había sido detenido a la salida del boliche Taos, con una de las habituales herramientas de detención arbitraria: el código contravencional. Como centenares de jóvenes por día, fue encerrado en una celda de la comisaría, sin que se lo acusara de ningún delito.

Al día siguiente, oficialmente se informó que se había suicidado, ahorcándose con el pantalón de jean que tenía puesto.

La familia puso en duda de inmediato esa versión, y el barrio se movilizó. Más de 200 personas manifestaron frente a la comisaría, arrojaron piedras e incendiaron un automóvil y volcaron otro en el playón de la dependencia.

El padre de Carlos dijo a los medios: “Seguro que lo mató la policía (…) estaba machucado por todos lados” y acusó a la policía de haberlo golpeado tras la detención. Frente al argumento del fiscal de que los golpes que tenía eran por una pelea a la salida del boliche, antes de la detención, una chica que la presenció dijo: “No hubo ninguna pelea. Estaba discutiendo con otro y se lo llevaron a él. Lo tiraron de los pelos, arrastrándolo varios metros”.

El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal sostuvo que “hay que trabajar muy bien con la comunidad” para desentrañar “por qué el nivel de agresión de los jóvenes con la Policía, evidentemente hay una relación que no está funcionando bien (…) hay que evitar en el futuro estas situaciones que no solamente son preocupantes sino que también provocan alboroto en la gente”. Además, declaró que “la relación de la Policía con la comunidad debe ser armónica, pacífica, ordenada y ambos deben tener en claro sus roles (…) para ser respetado hay que respetar (…) y para eso hay que profundizar en el análisis de por qué estos jóvenes estaban con un criterio de tanta violencia contra la policía”.

Está muy claro que el único objetivo del estado, frente a la respuesta y la bronca justificada de la clase trabajadora, es “recomponer” el respeto a la autoridad. Eso se logra solamente con más represión, ya sea por la sutil forma de imposición de consenso, o por la simple y directa coerción, la misma que sufrieron los familiares y vecinos al manifestarse en la comisaría, donde los policías, con balas de gomas y gases lacrimógenos, dejaron muy claro el rol que cumplen, reprimir a la clase trabajadora.

CONFESIONES RADICALES Y FELICITACIONES PERONISTAS

No es novedad que la policía –seguida bien de cerca por gendarmes, prefectos y demás yerbas uniformadas- es quien gerencia y protagoniza el crimen organizado en Argentina, y quien dirige y explota el “crimen del chiquitaje”. No hay súper banda de narcotraficantes, tratantes de blancas, asaltos comando, piratas del asfalto o lo que sea que no tenga “la marca de la gorra”. Y cuando se investiga un poco el delito de poca monta en los barrios, siempre “salta el botón” entre los explotadores de los pibes, a los que primero los esclavizan a la droga y luego mandan a robar.

En este marco, a pocos puede sorprender que se diga que la policía es una “multinacional del delito”. La frase, sin embargo, fue sorpresa, y de las fuertes, cuando el que lo dijo fue el senador radical Ernesto Sanz, en una coqueta cena en el Club Americano, organizada por el Grupo financiero Cohen. Entre los invitados había jueces, camaristas, políticos, empresarios y financistas, que se quedaron duros cuando, hablando de Macri y su procesamiento confirmado por espionaje, Sanz dijo “la policía federal es una multinacional del delito”.

Todas las miradas se dirigieron a la mesa en la que estaba disfrutando, hasta ese momento, de la opípara cena el comisario Adrián Pellacchi. El ex jefe de la federal saltó indignado, y gritó: “Los mismos radicales pueden dar fe de cómo contribuimos cuando De la Rúa era jefe de gobierno de la ciudad”.

Y se quedó corto en su reivindicación, porque la federal no sólo respondió a las órdenes radicales durante la jefatura de gobierno porteño. No fue menor la obediencia durante el gobierno nacional de la alianza radical-frepasista, aunque el jefe de la policía fuera otro. Tampoco se supo de algún gobernador radical que no tuviera el apoyo de las fuerzas federales para resolver sus “problemas”. ¿Es necesario hacer la lista, desde los presos del estado de sitio de Alfonsín hasta los muertos de De la Rua, Mestre, Storani y Mathov?

Es que el aparato represivo estatal, incluida la policía federal, jamás desoyó una orden de ningún gobierno, fuera conservador, radical, peronista, del PRO, el ARI, el Partido Socialista o un partido provincial. Ahí están, como prueba, los asesinados en las manifestaciones populares, 55 desde Víctor Choque hasta Cárdenas y Carrasco en Bariloche, y los casi 3.000 muertos por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías de todo el país desde 1983. Nunca dijeron “No”, ni lo van a decir, porque como desclasados que son, cumplen su función: ser el brazo armado del gobierno de turno.

Pero, además de confesiones radicales, la semana también tuvo felicitaciones peronistas para los represores. En la cena de camaradería de las fuerzas armadas, la presidenta Cristina Fernández necesitaba algo para felicitar a los uniformados reunidos para escucharla. ¿Y qué destacó de lo actuado en estos años por las fuerzas armadas? Su participación al servicio del imperialismo en la ocupación militar de Haití. “Los he visto en Haití”, dijo. “Y déjenme decirles que me he sentido muy orgullosa del desempeño, de la eficiencia y del resultado que han alcanzado”.

¿Hay que recordar las denuncias por la constante represión al pueblo haitiano, antes y después del terremoto? ¿Hay que recordar las muertes y violaciones?

Entre confesiones y felicitaciones, todos muestran la hilacha.

POLIPROSTÍBULO Y POLICOBRADOR

Decíamos antes, lo habitual de que los miembros de las fuerzas represivas aparezcan vinculados a las situaciones delictivas más diversas. Esta semana, se supo de la relación de dos ex policías con la trata de mujeres en el barrio de Villa Madero.

Una señora comenzó a sospechar, ya que su nieta de 16 años desaparecía frecuentemente y sin aviso; siguiéndola, descubrió que la adolescente era forzada a prostituirse por dos ex policías, luego de ser drogada. Sola, logró rescatar a la chica e hizo la denuncia penal.

La causa judicial está dando vueltas, porque ni el juez federal de la zona ni el provincial se quieren hacer cargo, y trabaron una “cuestión de competencia negativa”, que viene a ser el nombre técnico del juego del gran bonete. Y el personal de gendarmería encargado de rastrear y ubicar a los policías prófugos elevó un informe explicando que “las tareas de inteligencia dieron resultado negativo”. Quizás tendrían que consultar con la abuela, para que les enseñe cómo hizo ella…

Mientras tanto, en Mendoza, un vecino de de la localidad de Junín compró un auto usado en cuotas. El hombre se atrasó un poco, y, como suele suceder, el acreedor le mandó un “pesado” para recordarle la deuda. El matón encargado de apretar al deudor era un cabo de la mendocina, que se presentó en patrullero y arma en mano a cobrar lo que le debían a su empleador privado.

El vecino hizo la denuncia, y de inmediato se supo que ésta era una actividad permanente del buen policía, que se dedicaba, profesionalmente, a cobrarle a cualquiera.

Dos casos entre tantos, que muestran que el delito, que es tan difundido por todos los medios y referentes de la clase dominante en busca de “seguridad”, es directamente impulsado por las fuerzas represivas y organizado por las mismas.

OTRO GATILLO FÁCIL EN MORENO

El domingo 11 de julio, Fernando Díaz, un gasista de 35 años, volvió a su casa, después de ver la final del campeonato mundial de fútbol con sus amigos. Al llegar, se produjo una discusión con su mujer y su suegra. Llegaron policías de la 1ª de Moreno, y un sargento disparó cuatro veces dentro de la casa. Fernando murió poco después en el hospital Mariano y Luciano de la Vega.

José Luis Díaz, hermano de Fernando, y sus padres, se contactaron de inmediato con CORREPI, y ya están presentados en la causa judicial. Otro fusilamiento policial en la localidad del oeste bonaerense, con el que suman cuatro los asesinados en el pasado mes.