CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

DETENCIÓN ARBITRARIA Y TORTURA EN BARILOCHE

Hace dos semanas comentábamos cómo, luego del asesinato de tres jóvenes (Diego Bonefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas) por parte de las fuerzas de represión, la policía de Río Negro y el Ministerio de Gobierno analizaban un proyecto de ley para que, en el futuro, las policías y servicios penitenciarios provinciales apliquen el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley que dictaron las Naciones Unidas en 1979.

Seguidamente, explicábamos como estas modificaciones en la legislación represiva no tienen efecto y cómo, más allá de haberse dictado a nivel federal y en algunas provincias ya hace años, no hubo cambio alguno respecto a la violencia e impunidad por parte de la represión estatal.

Los hechos ocurridos nuevamente en Bariloche el domingo 25 de junio nos dan la razón. Demuestran que todo el alboroto expuesto por las autoridades, lejos de realizarse con el fin de detener el accionar represivo, es una simple limpieza de manos, una forma de zafar mediáticamente. Cambia algo para que nada cambie.

Fabio Bonefoi, de 18 años –hermano de Diego Bonefoi, de 15, asesinado el 17 de junio pasado en Bariloche por un policía–, sufrió este domingo una habitual detención arbitraria, blanqueada con la falsa imputación de un “intento de robo” en el Hotel Interlaken de esa ciudad.

Cuenta su madre que su hijo había ido al hotel a buscar trabajo, acompañado por un amigo, pero cuando las autoridades del hotel supieron que su apellido era Bonefoi, lo amenazaron, lo acusaron de delincuente y llamaron a la policía. De acuerdo con su relato, “de inmediato llegaron policías de la comisaría segunda que se lo llevaron detenido”. El joven fue golpeado (tiene hematomas en la zona del ojo y en otros lugares del cuerpo), amenazado de muerte y hasta lo sometieron a un simulacro de ahorcadura.

Este hecho muestra varias características propias del sistema en el que vivimos:

Por un lado, el que este caso esté tan relacionado con el de Diego, en el cual el gobierno se esforzó por mostrarse muy preocupado y con ánimos de cambiar esta situación violenta, deja en evidencia cómo el discurso del aparato estatal (gobierne la “derecha” más reaccionaria o el más amigable “progresismo”) sobre la humanización de las instituciones coercitivas del estado, es una gran mentira destinada a ganar tiempo, mientras la noticia del caso puntual pasa, y una forma de hacer creer que es posible concebir instituciones policíacas “buenas”, que estén realmente al servicio de la comunidad.

Por otro lado, las características particulares de Fabio (joven de familia humilde) y la situación en que fue detenido, demuestran de qué lado incondicionalmente, está la policía. Ante el llamado por parte del hotel, los efectivos no dudaron ni un instante en cuanto a la versión que debían creer, y sin atender a los motivos laborales de Bonefoi, éste fue inmediatamente tratado como un delincuente.

Por último, el automático llamado a la policía, manifiesta el fuerte rol de los medios y de la “opinión pública”. En vez de entender a un joven de pocos recursos como uno de tantos desdichados que este sistema castiga con sus antipopulares medidas económicas, es tomado como un potencial delincuente y así doblemente castigado.

Volvemos a decir como hace un par de semanas: Confiar en las reformas y los gestos de cualquier gobierno, que jamás cambiarán la naturaleza de las cosas, es contribuir a la impunidad de los asesinos, y preparar el camino para las represiones que vendrán. Para el pueblo trabajador, hay una sola salida: ORGANIZACIÓN Y LUCHA.

TRES AL HILO DE POLICHORROS

En la esquina de 7 y 529 de Tolosa, hay un local que lleva el nombre de “El Rey de La Plata -Medialunas”. Allí, cerca del mediodía del lunes pasado, un hombre ingresó e hizo su pedido. Pero cuando fue a pagar no tenía dinero. Entonces le dijo a la joven que lo había atendido que regresaría a la brevedad con el dinero. Cuando volvió, lejos estuvo de pagar. Amenazó a la empleada, quien no dudó en darle los $200 de la recaudación. Luego huyó en bicicleta. Esa misma tarde, un móvil de la comisaría 6ª reconoció y detuvo al autor del robo, que resultó ser policía. Y no era un policía cualquiera. Se trataba de un comisario de la Dirección General de la Policía Científica.

En San Vicente, Raúl Oscar Bustos, un policía de la delegación de narcotráfico de San Isidro, quedó detenido al ser atrapado mientras cobraba $500, parte del cobro a una supuesta banda de piratas del asfalto a cambio de no abrirles una causa. El policía detenido, de 35 años, conocía a los supuestos piratas del asfalto de la zona, ya que había trabajado tiempo atrás en la DDI de esa localidad.

Las víctimas de la extorsión se presentaron en la dirección de asuntos internos de la policía bonaerense, donde radicaron la denuncia y, con el aval del fiscal platense Marcelo Romero, se organizó una emboscada en una parrilla de la localidad de Longchamps, donde los “piratas” se iban a juntar con el agente para “arreglar”. Allí Bustos fue sorprendido y detenido. En su poder se incautó, además, una pistola 9mm. Glock, con municiones de punta hueca, prohibidas hasta en tiempos de guerra por los convenios internacionales, que además tenía pedido de secuestro, por ser robada.

Y si de armas robadas se trata, en Lomas del Millón, en el partido de La Matanza, tuvo lugar un hecho categórico: la caja fuerte de la comisaría local fue forzada y se robaron dos armas 9 mm. Una de ellas pertenecía a una oficial que se encontraba suspendida, en tanto que la otra había sido secuestrada en una requisa. La fiscal de turno dispuso obviamente que el hecho sea investigado por instructores judiciales y que no intervenga ningún policía.

Una y otra vez, los ejemplos se reproducen y vuelven a confirmar, de manera sistemática, que el verdadero mapa del delito, debe empezar a ser delineado por los permanentes negocios policiales. Esta es la única inseguridad que impera, la de la policía en la calle.

COORDINACIÓN REPRESIVA ENTRE LAS PROVINCIAS Y LA NACIÓN

Cada vez que circulan noticias sobre hechos represivos en alguna provincia, el gobierno nacional y sus defensores se apuran a salir a diferenciarse, aclarando que no tienen nada que ver con lo que hacen los gobiernos locales y sus policías. Cuanto más repercute la cosa en el debate social, más esfuerzo hacen, desde el kirchnerismo, para reforzar su máscara de “gobierno de los DDHH”.

Por ejemplo, en abril de 2007, cuando la policía reprimió la marcha docente en Neuquén y fusiló al maestro Carlos Fuentealba, Kirchner declaró que Sobisch quería “recrear la doctrina de la seguridad nacional”. Algo similar ocurrió después de los hechos en Bariloche el mes pasado. Siempre el mismo argumento: si la que reprime es la bonaerense, la santafesina o la jujeña, el gobierno nacional no tiene nada que ver. Ni hablar si se trata de la metropolitana, como en el desalojo en Liniers hace poco tiempo: “Macri es un represor, no como el gobierno nacional que respeta el derecho a la protesta”, escribió el jefe de gabinete en su blog.

Muchos de los que defienden la idea de que los Kirchner no tuvieron nada que ver con los fusilamientos en manifestaciones populares o reclamos de trabajadores de Cuéllar, Fuentealba, Erazo, Vargas, Carrasco o Cárdenas, y dicen que sólo son responsables los gobernadores de Jujuy, Neuquén, Buenos Aires o Río Negro, no dudaron ni dudan hoy, en su competencia electoral, de responsabilizar a Menem, De la Rúa o Duhalde por las muertes en la protesta de Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, el Puente de Corrientes o el Puente Pueyrredón.

Pero, como siempre, frente a esas declamaciones aparece la realidad, y las desmiente. Si hay un tema en el cual las provincias ajustan su funcionamiento con el gobierno nacional, es en el armado de su aparato represivo. Esta semana, por ejemplo, en la ciudad de Paraná, se reunieron todos los ministros de seguridad y los jefes de policía de las provincias de la Región Centro, es decir, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El objeto del encuentro fue reclamar al gobierno nacional más recursos para reprimir.

Los grandes medios no publicaron demasiado, pero los de la zona dieron todos los detalles. Los funcionarios provinciales se quejaron de que la nación los acompaña poco –o sea, les manda poca plata- para pertrechar sus policías, y exigieron más asistencia tecnológica, más intercambio de información y más recursos materiales.

Por escrito, le exigieron al ministro de seguridad de la nación el envío de 400 motos, 100 camionetas doble cabina, 100 patrulleros, y seis mil chalecos antibala de última generación. También reclamaron la instalación de más cámaras de vigilancia en las grandes ciudades, y pidieron que la nación comparta con las provincias las bases de datos y los sistemas de identificación de personas. En suma, más herramientas para reprimir.

No es difícil concluir que, si los gobernadores de la región centro mandan a sus ministros y jefes de policía a coordinar entre ellos y reclamar más apoyo del gobierno nacional, lo mismo sucede en otras regiones del país. Aunque no trasciendan en los grandes medios, ¿podemos dudar que se hacen similares reuniones entre los gobernadores y ministros de seguridad de Cuyo, de la Patagonia, del NOA o del NEA?

Cuando se lee el documento, lleno de frases bien armaditas sobre la importancia de la cooperación de las distintas fuerzas de seguridad, es imposible no reparar en lo parecido que suenan a la cantinela sobre la necesidad de la cooperación militar continental, en los documentos de los organismos regionales dirigidos por el departamento de estado yanqui.

Es revelador que, los que se juntaron para pedir más herramientas para reprimir al gobierno nacional, son ministros de tres gobiernos de diferente pelaje: en Entre Ríos gobierna un ultrakirchnerista, Sergio Uribarri. En Córdoba, Sergio Schiaretti, también peronista, pero enfrentado a los Kirchner. Y en Santa Fe, Hermes Binner, una de las cabezas de la llamada “oposición”, y jefe del partido socialista.

Cuando defienden intereses sectoriales o su lugar en el reparto del poder, se pelean, se acusan e insultan entre ellos, incluso con ferocidad, porque así resuelve sus internas la burguesía. Pero cuando se trata de defender a fondo el corazón de sus intereses comunes, ninguna puja entre las distintas fracciones de la clase dominante impide que cierren filas contra los trabajadores y el pueblo. Porque, gobierne quien gobierne, la represión es una necesidad fundante de todo estado dividido en clases.

PICANAS EN PALERMO

El miércoles 21, tres jóvenes fueron detenidos en el barrio de Palermo, acusados por un intento de robo de un auto. Por lo menos uno de ellos era menor de edad. La noticia hubiera pasado desapercibida en la maraña informativa, si no fuera porque, al salir en libertad, los chicos denunciaron que fueron golpeados y picaneados por nueve policías de la comisaría 23ª de la policía federal, para que se hicieran cargo del delito.

Pocas veces el bloqueo informativo en estos temas fue tan notable. Todo lo que circuló fue un cable de Telam, reproducido por los demás medios, que tenía como fuente a la propia federal, cuya cúpula dispuso el pase a disponibilidad inmediato de cuatro de los nueve policías denunciados.

La identidad del personal policial involucrado fue celosamente resguardada, al tiempo que el juez a cargo de la denuncia hizo su parte, calificando el hecho como “apremios ilegales”, lo que garantiza la libertad de los torturadores y, a lo sumo y con mucha suerte, una condena simbólica en suspenso. Sobre todo, garantiza que no aparezca la palabra “tortura” para empañar la imagen de la fuerza y del estado al que sirve.

La comisaría 23ª, comisaría “paqueta” frente al Botánico, tiene poco que envidiar a otras dependencias situadas en “zonas más calientes” (o sea, más pobres) de la ciudad. Su curriculum incluye desde la represión a manifestantes de organizaciones de desocupados que irrumpieron en el predio de La Rural en agosto de 2005, hasta la conocida vinculación de sus jefes con los “departamentos privados” de la zona para la explotación de la prostitución, pasando por la gestión del comisario Néstor Blanco a partir de 1995, célebre por supervisar las palizas con bates de béisbol a las travestis que les hacían “competencia desleal” en las calles.

El robo del auto, mientras tanto, no ha sido esclarecido. Quizás convendría que los policías que quedaron en la comisaría se pregunten entre ellos.

GATILLO FACIL EN URUGUAY

El lunes 26 de junio fue asesinado Washington Torres, de 40 años, en la Unidad Casavalle, Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.00, en la esquina de Aparicio Saravia y San Martín, cuando se produjo un accidente de tránsito, por lo cual concurrieron al lugar dotaciones policiales. En ese momento, a unas cuadras de este lugar, dos hombres intentaban arrebatarle sus pertenencias a una mujer, que pidió ayuda a los policías. Los uniformados comenzaron a perseguir a estas personas, al mismo tiempo que empezaron a los tiros. En medio de esta situación se encontraba la victima, quien estaba junto a una camioneta esperando un taxi para ir a buscar a su hijo.

Torres fue alcanzado por al menos tres proyectiles, que recibió por la espalda. Los resultados de las pericias realizadas por el médico forense y por la Policía Técnica, los testimonios de los que presenciaron el asesinato y las imágenes captadas por el canal 4, indican que las balas fueron disparadas por la policía.

Los medios de comunicación uruguayos, puestos a defender “su” policía, no dudaron en recalcar en sus titulares que la víctima tenía antecedentes penales, entre otros delitos por hurto y desacato, uno de ellos en Argentina. Difundieron ampliamente las posiciones del director nacional de Policía, Julio Guarteche, quien desde un primer momento respaldó a los dos policías detenidos por la causa, diciendo que “hay buenos antecedentes respecto a la conducta (de los uniformados) , no sólo en materia de disciplina sino en conducta operativa” y justificó el gatillo fácil: “Siempre hay margen de error“, dijo, porque la actividad es “intelectualmente intensa y se deben tomar decisiones en milésimas de segundo”.

Lo real y concreto es que a Washington lo mató la policía, y que la represión policial no se limita a las fronteras de nuestro país, sino que está presente, en todas sus formas, allí donde esté presente el sistema capitalista.

NEUQUÉN: OTRO JUICIO A LA TORTURA

El lunes 2 de agosto, comienza en Neuquén el juicio oral contra siete policías que mantuvieron detenido y torturaron en dos comisarías, a Pedro “Pepe” Alveal, después de la represión de la “Ruca Che”.

El 25 de noviembre de 2003 una movilización de trabajadores desocupados fue reprimida por la policía en la provincia de Neuquén. Pedro “Pepe” Alveal, entonces de 20 años, fue perseguido a corta distancia por la policía. Una vez acorralado, lo acribillaron a escopetazos. Uno de los perdigones le produjo el vaciamiento de su ojo izquierdo.

La justicia salió al resguardo de sus perros guardianes, desdoblando la causa, a fin de diluir responsabilidades políticas y materiales. Por un lado, se juzgó a los que dispararon sus escopetas, separando la investigación por la detención posterior de Pepe, privado de toda atención médica en el grave estado que estaba. Esta última causa es la que, ahora, llega a juicio

Después de la cacería policial, el joven, hoy trabajador ceramista en Fasinpat (ex Zanón) fue trasladado a la comisaría 18ª y luego a la 1ª. En ambas, fue golpeado y torturado durante horas, con su ojo reventado y más de 60 impactos de balas de goma en su cuerpo, sin recibir atención medica ni poder lavar siquiera las heridas graves que tenía.

La fiscalía acusó a los policías por “severidades ilegales”, dejando la causa en un juzgado correccional, que sólo puede condenar, en el mejor de los casos, a tres años de prisión. Como de costumbre, no “aclararon” los jueces cuántos golpes más tendría que haber recibido Pepe Alveal para que consideraran tortura al hecho.

Entre los siete policías imputados, dos son comisarios, el comisario Diógenes Martín y el comisario Luis Laureano Díaz, ambos con el historial represivo que se necesita para escalar en la institución. Uno dirigió el operativo de seguridad en el juicio de su compañero Poblete, el asesino de Carlos Fuentealba. El otro tuvo participación en el operativo “Cutral Co” en junio del 76.

Otro imputado es Adolfo Horacio Padilla, que hoy dirige la seguridad de los mismos tribunales donde será juzgado. De hecho, esa posición le permitió presenciar el juicio anterior, conociendo así por anticipado pruebas y testimonios en su contra

CORREPI estará presente en la jornada de inicio del juicio, a través de la compañera María del Carmen Verdú, que viajó para acompañar a Pepe y su abogada Ivana Dal Bianco, del CePRoDH, a los compañeros de Zanón y a todos los que se movilizarán a los tribunales neuquinos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Lunes 2 de agosto a las 17:00: Volanteada por la libertad de los presos políticos, en Plaza Miserere.

Domingo 22 de agosto al mediodía, Gran Locro, Bingo y Festival Antirrepresivo en Bradley y Jufré, Villa Tesei, a cuatro cuadras de Av. Vergara y 5 minutos de Estación Morón (colectivo 463 ramales 3 y 4). Organiza CORREPI.