CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

NEUQUÉN: NUEVO JUICIO A LA TORTURA

“A las seis de la tarde estábamos en una concentración todas las organizaciones, se rompe porque cae la policía a disparar, me vi rodeado, y los milicos empiezan a tirar balas “. Así comenzó, el martes pasado, la declaración testimonial de Pepe Alveal, un joven trabajador de Neuquén, obrero de Zanón, la fábrica sin patrones. Fue en la segunda jornada del juicio contra siete policías, dos de de ellos comisarios, por la represión en Ruca Che, Neuquén, el 25 de noviembre de 2003.

Ese día los trabajadores desocupados se habían movilizado y fueron reprimidos. Pepe tenía 20 años y estaba sin trabajo. Sesenta y cuatro postas de las escopetas policiales hicieron blanco en su cuerpo, y uno de los perdigones le reventó el ojo izquierdo. Después, lo detuvieron y lo siguieron golpeando, como a todos los demás presos, paseándolos de una a otra comisaría, para desalentar la movilización que reclamaba su libertad.

Hace casi dos años, fueron juzgados y condenados, claro que a penas absurdamente leves, los escopeteros que dispararon contra Pepe. El lunes pasado empezó el juicio por la segunda parte de los hechos, las torturas en las comisarías 18ª y 1ª de Neuquén. La separación de la causa en dos partes, por un lado las heridas y la pérdida del ojo, y, por otro, las torturas una vez detenido, es una clásica herramienta judicial para contribuir a la impunidad de los represores.

Pepe siguió contando: “Me esposan, me suben a una camioneta, me pegan un itakazo en la cabeza, yo estaba ensangrentado, no podía ver. Cuando llegamos a las 18 hay un milico que nos esperaba en la parte de atrás, ahí ellos me agarran esposado y me tiran al piso, me agarran de los pelos y me tiran de cara al piso, uno me pisa y me pone un itakazo”. El calvario duró seis horas: “Los compañeros en la celda pedían que me saquen de ahí, que estaba malherido, pero no me atiende un médico, sino que me sacan y me suben a una camioneta, me vuelven a agarrar del pelo, me vuelven a golpear y ahí nos llevan a la Primera “.

CORREPI viajó a Neuquén para estar en la primera audiencia. Lo primero que vimos ese día, fue un tribunal que demoró una hora y media el inicio, porque no quería que los medios de prensa accedieran a la sala. De entrada, quedó claro que la intención del tribunal era hacer un juicio oral, pero no público. Apenas 8 personas, de los muchos de militantes de DDHH, antirrepresivos, partidos políticos y organizaciones de trabajadores que se agolpaban frente a las altas vallas custodiadas por policías que rodeaban el edificio, fueron autorizadas a presenciar el debate. Nos apretamos en los pocos asientos disponibles junto a Sandra Rodríguez, la compañera de Carlos Fuentealba, militantes de Zainuco; Madres Filial Neuquén y Alto Valle; ATEN, APDH, Obreros y Obreras de Zanón y el Sindicato de Ceramistas.

La fiscal Taboada acusó por “severidades ilegales”. Nuestra compañera María del Carmen Verdú declaró luego a los medios locales: “Una vez más, por boca del ministerio público, vimos el esfuerzo del eufemismo para evitar llamar a las cosas por su nombre, y no decir que la tortura, es tortura”.

Cuando los compañeros Mariano Pedrero e Ivana Dal Bianco, abogados del CeProDH y patrocinantes de Pepe, intentaron iniciar su presentación del caso, la jueza los hizo callar, y no les dejó encuadrar los hechos juzgados en el marco represivo general en que ocurrieron. A pesar de todo, la acusación de los compañeros la fue clara: privación ilegal de la libertad, torturas y abandono de persona. Pero claro, la jueza que dirige el debate es de competencia correccional, y no tiene facultades para aplicar penas de más de tres años de prisión.

El comisario Diógenes Martín, que aparece en todos los videos de la represión del 4 de abril de 2007 en Arroyito, donde fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba, arrancó un murmullo de indignación en la sala cuando dijo, sacando pecho: “Yo no le saqué el ojo a nadie. Hasta me acusaron de ‘blandito’ y de ser ‘de los DDHH’ por darle la libertad”.

El abogado del comisario se ofendió cuando promediaba la declaración de Pepe, contando cómo lo torturaron en las comisarías, y gritó: “Su Señoría, que el querellante no nos falte el respeto “.

En la semana, ya declararon los vecinos que auxiliaron a Pepe cuando lo soltaron, herido, con su cuenca ocular vacía y sangrante, y lo llevaron al hospital. También los médicos y los peritos, y los otros presos, que hicieron, por horas, batucada en la celda para pedir urgente ayuda médica. La semana que viene serán los alegatos y el pedido de pena.

Con lo que ya vimos, podemos imaginar lo que va a pasar. Vimos a la jueza, empecinada en cercenar la palabra de los compañeros de la querella. Vimos a la fiscal, haciendo malabares para no decir “tortura”. Vimos a los policías, reclamando contra la “falta de respeto” de acusarlos.

Pero también vimos, en la calle, desafiando el frío y el impresionante cordón policial, a obreros, docentes y militantes antirrepresivos, con sus bombos, redoblantes y palmas que no dieron tregua, al compás de las consignas. Vimos al pueblo trabajador de un lado de la valla, y a los sirvientes de los explotadores del otro, algunos de uniforme, otros de saco y corbata, con el código en la mano. Vimos la confrontación de todos los días, esa que sólo se resuelve con lucha consecuente, y más, siempre más organización.

DE MISCELÁNEOS, EXONERADOS Y MUDADOS

Un incendio en una pinturería en Tucumán. Pérdidas casi totales para los propietarios. La policía llegó y cercó el lugar con vallas. Había un cartonero merodeando el lugar a ver si podía llevarse algún resto de algo para cambiar por algo para comer.

Pero en verdad no todo estaba perdido. Al parecer habían quedado dos latas grandes de pintura. ¿Usted piensa que se las llevó el cartonero? No sea iluso, lector. Un policía, sin ningún atino de esconderse, las cargó en el patrullero. Así, la policía hizo lo que decía que buscaba evitar: el robo de los oportunistas. Nada que no sepamos, pero esta vez quedó filmado por un transeúnte.

En estos días también desafectaron a 19 policías bonaerenses por “haber incurrido en actividades ilícitas y cometido faltas graves”. Obviamente fueron policías a los que fue imposible que el Estado haya podido esconder de cómo las fuerzas represivas organizan el crimen. Entre los casos, está el de un teniente por “haber sido condenado judicialmente a pena privativa de libertad” y el de un sargento por “mantener vinculación personal con delincuentes, contraventores o personas de notoria mala fama”. Eso sí, los 19 seguirán cobrando la mitad del sueldo por la represión prestada al servicio del estado mientras tramitan sus expedientes.

También fueron pasados a disponibilidad otros 16 represores de la bonaerense. Fueron pescados in-fraganti, “pero no hay pruebas contundentes” . Como la represión empieza en la policía y culmina con el aparato judicial que los exime de culpa por estar al servicio de la clase dominante, y como se hace siempre en estos casos, los 16 represores serán mudados para que sigan organizando el crimen desde otras sedes policiales.

Una purguita en la bonaerense no hará peligrar que el crimen organizado siga siendo regenteado por la policía: quedan todos los demás uniformados de todas las comisarías de la provincia, inclusive con estos 16 mudados para que lo sigan haciendo.

Al misceláneo que se robó las latas de pintura, ¿lo mudarán o lo mandarán a que pinte la comisaría de otra localidad?

PRESOS MAPUCHES: LUCHA DE CLASES

Treinta y uno son los presos mapuches del estado chileno que -en las cárceles del sur del país- están en huelga de hambre líquida desde hace más de dos semanas. Alrededor de cien, entre procesados y condenados, los mapuches sometidos a la ley antiterrorista, que es el instrumento con el que el actual estado -presuntamente democrático- responde a las demandas de los pueblos originarios de la región.

Ciento sesenta y nueve es el número del Convenio incumplido por el estado chileno, mediante el cual debía tratar específicamente las demandas de aquellos Pueblos.

El reclamo de los presos políticos del estado chileno, con la particularidad regional de pertenecer al Pueblo Originario, pone en evidencia que negar la lucha de clases es barrer bajo la alfombra.

Nadie puede soslayar que detrás de la represión selectiva ejercida, está la cobertura de intereses económicos de poderosos inversionistas, que pretenden con la concentración terrateniente, apropiarse de la inimaginable riqueza que descansa en el terruño originario del Lonco y del Pillán.

El rechazo a políticas de devastación, concentración territorial y cuestionamiento al derecho de propiedad, es lo que ha puesto preso a los compañeros mapuches, que deben defenderse con todo su pasado a cuestas y todo nuestro compromiso y denuncia. El silencio escandaloso de los políticos progresistas (que sólo proclaman “juicio justo”) y de los medios periodísticos del sistema, revelan el verdadero carácter de sus detenciones.

Treinta y uno los presos, cien los procesados. Pero uno, y solo uno, es el estado que los mete presos gracias a la funcionalidad de la ley antiterrorista dictatorial cuyas reformas “democráticas” le han dado tanta ambigüedad como amplitud de criterio para su aplicación. Uno y solo uno es el estado que los persigue, aplicando una u otra “herramienta” según impere la era de la violencia institucional desembozada o la de la encubierta, bajo los modos del presunto consenso.

¡Libertad a los presos políticos! Libertad en Chile, Argentina y en todas partes donde la sociedad ha sido dividida en clases antagónicas.

UN COCTEL EXPLOSIVO PARA LA METROPOLITANA

Un comisario de la Policía Metropolitana, Simón Rodrigo, fue detenido en un allanamiento en una operación antidrogas de la bonaerense. Como, más allá de la pertenencia, se trata de un colega, la policía de la provincia intentó explicar que al que estaban investigando era al hijastro de Rodrigo, pero que el comisario quedó detenido por tenencia de explosivos.

Lo cierto es que en la casa del comisario encontraron 240 pastillas de la droga éxtasis, armas de fuego y granadas antitanque. Así, el Rodrigo quedó suspendido “hasta que se aclare el caso”.

Aprovechando la oportunidad, y en medio de la interna electoral, Diego Kravetz, jefe del grupo de legisladores del opositor Bloque Peronista en la Legislatura porteña, dijo “La Policía Metropolitana, por lo que demostró hasta la fecha, es más corrupta e ineficaz que la ‘maldita policía’ “.

Como si en algo se diferenciaran los negocios de la metropolitana, la bonaerense y la federal. Negocios son los negocios… y todo está permitido hasta que se tocan los del otro.

Y los negocios son iguales en todos lados.

El 4 de agosto, policías paraguayos fueron intimidados por la Policía Federal brasileña cuando realizaban una “actividad de rutina”: pasaban la frontera sin permiso, del lado brasileño, para comprar repuestos de auto.

Lo “extraño” del asunto, aparentemente, fue que este hecho, que se realizaba normalmente con periodicidad, casi termina en un enfrentamiento a los tiros entre policías brasileños y paraguayos.

Evidentemente, no habían cerrado los negocios prolijamente entre ambas fuerzas. Luego todo volvió a la normalidad: los federales brasileños se calmaron y los paraguayos volvieron a su país.

En capital y en provincia. En Argentina, en Paraguay, en Brasil; en todos lados la protección del estado hacia sus más fieles servidores les garantizan la impunidad absoluta para hacer lo que quieran.

Pero eso sí, en el libre mercado, a veces las internas no pueden resolverse con prolijidad y así se deja ver la podredumbre que los caracteriza.

EL PROYECTO NACIONAL DE LA FEDERAL

Se habló en estos días de un repliegue de la presencia de la policía federal hacia el resto del país y el abandono paulatino de la ciudad de Buenos Aires, dejándole ese terreno a la Metropolitana, que aún no cuenta con infraestructura suficiente para ocuparse solita.

Igualmente la federal niega que esto sea así, alegando que “nunca se retiraran de Ciudad de Bs. As. de manera definitiva”, pero sí que “paulatinamente vamos a ir cediendo funciones en la Policía Metropolitana “, como aseguró Sebastián Seggio, Director del Depto. de Comunicación de la fuerza.

El jefe de la metropolitana, Eugenio Burzaco, también dijo que la policía federal “nunca va a abandonar totalmente la Capital ” y que el proceso por el cual esa fuerza se retiraría de la ciudad “no será repentino, sino a largo plazo”.

Pero lo importante no es de qué manera irán retirándose de la Capital. El árbol no nos debe tapar el bosque. La cuestión es que la fuerza federal reforzará su presencia nacional y estará a cargo del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas, los delitos que dan plata de verdad, en todo el país.

El proyecto, dirigido por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, tendrá como resultado final la creación de ocho agencias federales que tiene como objetivo el “despliegue de la Policía Federal en todo el país”. Se formarán ocho agencias Regionales Federales. La primera, con el nombre de “Cuyo”, tendrá como jurisdicción las provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén, San Luis y San Juan y se inauguró hace apenas unos días con la visita de Cristina Fernández en San Juan.

Durante el acto, la presidenta dijo: “¿Cómo vamos a vaciar de policías la Capital Federal? Simplemente estamos dando cumplimiento a lo que debería haber sido hace mucho tiempo: que la Policía Federal tenga representación en todas las regiones del país “.

Mientras tanto, funcionarios de las carteras provinciales de seguridad de la Región Centro (que nuclea a las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) reclamaron equipamiento de la nación, como motos, autos y camionetas y chalecos antibalas, al término de una reunión que tuvieron en Paraná.

Es interesante observar sobre qué delitos dicen los federales que van a concentrar su atención, ya que como sabemos, la misma estructura policial que dice emplearse para combatir el delito, se usa para cometerlos. La policía se profesionaliza y va detrás de los negocios de verdad. El narcotráfico, el tráfico y esclavitud de personas, por ejemplo, son dos de los tres negocios ilegales que más ganancia manejan. El mundo avanza y a la policía no le gusta depender de nadie cuando se trata de su propia economía.

La política cede y concede a sus socios policiales una porción más grande de la torta, porque sabe que los va a necesitar cuando la protesta social estalle, cuando los pueblos se organicen para protestar por los negocios que el estado hace con sus recursos naturales o porque crece la miseria. Allí estarán los grupos de elite federales junto a los provinciales, esos que no tienen rostro ni identificación.

Se planifica una policía organizada y con mayor capacidad de vigilancia, con cámaras digitales en todos lados y la decisión de lograr más de 15.000 efectivos para cubrir nuevos puestos. El país entero transformado en una central moderna de “seguridad”. Del otro lado, los trabajadores y el pueblo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Domingo 22 de agosto, desde las 12:00, gran LOCRO y BINGO ANTIRREPRESIVO en Brandsen y Pizzagalli, Villa Tesei. Música en vivo, premios y precios populares. A cuatro cuadras de Av. Vergara y 5 minutos de Estación Morón (colectivo 463 ramales 3 y 4). Organiza CORREPI.