CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

CORPORATIVISMO POLICIAL: CUANDO UNO MATA, LOS OTROS AMENAZAN.

José Díaz es el hermano de Fernando “Pata” Díaz, asesinado el 11 de julio con tres balazos, en el patio de su propia casa en el centro de Moreno, por el subteniente de la policía de la provincia Pablo Apecechea. Este viernes, cuando José volvía de una entrevista en una radio local, el mismo día que, acompañado por CORREPI, se opuso a que le dieran un arresto domiciliario al policía asesino, fue intimidado por un patrullero, que entró de contramano por una calle céntrica de Moreno. Luego, por más de cuatro cuadras, fue seguido por una camioneta Nissan Blanca con vidrios polarizados y un Ford Sierra de iguales características.

No nos sorprende. El estado construye la impunidad de sus instituciones con el dejar hacer de sus agentes. Matan, y después intimidan, sobre todo si la víctima no sólo lucha por la sentencia, sino que va por más, por generar conciencia sobre la existencia de una política de estado basada en la represión como género y en el gatillo fácil como especie. Esa misma impunidad que después cierra concediendo beneficios a los policías asesinos que “han cumplido con su deber” (en nuestro caso, matar a un ebrio indefenso en el patio de su casa).

La denuncia judicial está en marcha. La responsabilidad del estado provincial frente a cualquier agresión será indiscutida, tanto como el espíritu corporativo policial que funciona como un mecanismo de relojería. Pero todo ello es irrelevante frente a la decisión de José de seguir en la lucha incondicionalmente. Desde CORREPI sostenemos esa lucha y la de todos los familiares, que, por las calles y con todo su dolor e indignación traducido en conciencia, gritan: NO ES UN POLICIA ES TODA LA INSTITUCION.

EL PLAN SIGUE SIENDO MÁS REPRESIÓN
Se acerca el año electoral y se acaba la demagogia con la que el gobierno “de los DDHH” logró cautivar a varios sectores sociales. Ahora es momento de ganar votos y para eso, tanto el gobierno como la oposición necesitan “un plan contra la inseguridad”.
Esta semana, en explícitas declaraciones, han dejado en claro que la propuesta electoral es más represión.
Sin tanta vuelta, Hilda Chiche Duhalde dijo que “necesitamos que los delincuentes tengan un lugar de contención”, proponiendo de esta manera disminuir el gasto público y construir más cárceles. Como si se invirtiera tanto en obras para el pueblo y como si las cárceles que encierran a los pobres fueran tan pocas…
“Hay que trabajar fundamentalmente en la aplicación de la ley, ni ‘mano dura’ ni ‘mano blanda’”… “estamos muy preocupados por la cantidad de excarcelaciones que hay”. Con estos dichos, el ministro del interior, Florencio Randazzo, advierte que desde el gobierno se garantizará la represión “justa y necesaria” para mantener el “orden social”. Para reivindicar la acción del gobierno, Aníbal Fernández defendió a la Policía Federal y su desempeño, echando culpas a un poder judicial “permisivo”. “Nosotros nos propusimos hacer crecer una fuerza que había sido diezmada. No se compraban chalecos, armamento, móvil y volvimos a una condición óptima para prevenir el delito (…) Si hay jueces que son permisivos en ese marco, nosotros deberíamos ajustar las clavijas para que [los delincuentes] no tengan la posibilidad de salir con tanta facilidad”.
Lo cierto es que el pueblo es el que padece esa justicia tan mentada por el gobierno y que para nada se caracteriza por tener jueces permisivos, salvo cuando los acusados son policías: las cárceles rebalsan de gente sin condena, viviendo en condiciones paupérrimas, se persigue y se criminaliza incansablemente a los pobres y a los luchadores y militantes políticos y sociales.
Y como broche de oro, no podía faltar el ex presidente Néstor Kirchner, que dijo al respecto en un acto de campaña en Merlo: “Cuando hay políticas efectivas, la Justicia funciona. Cuando se mancomunan el esfuerzo de la sociedad y la policía, triunfa la Justicia , la seguridad y la sociedad”.
Sin lugar a dudas, para las próximas elecciones, la propuesta es “justicia y seguridad” para una sociedad que se sostiene sobre la represión y la explotación del pueblo trabajador para que quienes gobiernan y hacen negocios se mantengan en el poder.

LOS REPRESORES SE ORGANIZAN PARA PROFUNDIZAR LA REPRESIÓN Y DAN CONSEJOS AL ESTADO.

Los represores que matan a diario con el gatillo fácil, la tortura en cárceles y reprimen a trabajadores organizados, hace un tiempo ya que se organizan para seguir profundizando la política represiva del estado.
“Creo que la policía debería levantar a los menores que están después de las 11 de la noche en la calle y que la justicia resuelva qué hacemos con ellos. Si hay un chico a las 23:30 que me para y me quiere limpiar el parabrisas, ese chico no tiene que estar ah텔. Puede parecer una frase del personaje “Mick Vainilla” de Peter Capusotto. Pero no, son las palabras del líder del sindicato de represores policiales de Santa Fe, que no sólo jacta a los represores de algo que no son (trabajadores) sino que ahora aconseja a las autoridades cómo reprimir mejor.
El líder de Apropol (Asociación Profesional de Policías, el “sindicato” pionero en Argentina), afirmó también que “el gobierno no tiene plan de seguridad”. O sea que les pide más organización para reprimir, bajo el eufemismo de la seguridad. También aseguró que “algunos de los yerros de la policía provienen de cumplir directivas del poder político”. ¿Se referirá al crimen organizado, o al narcotráfico, la trata de personas, el gatillo fácil, la coima, la tortura, etc., etc., y muchos más etcéteras?…).
¿Le queda alguna duda, amigo lector, de que no son trabajadores sino nuestros enemigos? Desde Apropol también pidieron más arsenal para reprimir: “Los policías trabajan con lo que tienen…”. ¡Pobres!.
Mientras más avanza la organización y la lucha, siempre habrá más represión. Por eso, la policía se organiza en sindicatos para pedir aumentos de salarios y mejores recursos (patrulleros, armas, leyes, etc.) para profundizar la represión. En Chubut está el Sindicato de Policías de Chubut (SIPOLCH) que en estos días organizó un congreso de sindicatos policiales donde participaron “obreros policiales” (sic) de asociaciones represoras de más de 20 provincias.

Como ellos comprenden muy bien su rol represivo en la sociedad capitalista, también se previenen de la exposición de los futuros asesinatos que van a cometer, bajo otro manto de mentiras como que “un efectivo policial no tiene seguridad jurídica para trabajar”. O sea que cada vez que matan a un pibe por ser pobre, los persigue la “Justicia”, que no los absuleve suficientemente rápido, como en el reciente caso Da Silva.
“Se es clase obrera si se está en oposición al capital”, dijo Carlos Marx. Jamás cuando la función garantiza o reproduce el sistema de dominio actual. Los policías estarán siempre en contra de los intereses de los trabajadores.

CELERIDAD POLICIAL: DOS NENAS MUERTAS.

El 7 de agosto, en una casa humilde de Junín, una vecina llamó a la policía advirtiendo que salía humo de una casa cercana. Llegó un patrullero, se bajaron los policías y golpearon a la puerta. Como nadie respondió, resolvieron que la misión estaba cumplida. Dieron vuelta y se fueron.
Un par de horas después, cuando la Sra. Pagano volvió a su casa, encontró muertas, por inhalación de monóxido de carbono, a Micaela y Evelyn, sus hijas de dos años y medio de edad.
La mujer había dejado a las nenas durmiendo cuando salió temprano, dejando dos velas para iluminar la casita sin electricidad. Las velas prendieron fuego la mesa sobre la cual estaban apoyadas, y generaron el humo que mató a las criaturas.
Obviamente, para los medios de comunicación, la responsabilidad recae sobre la madre, quien seguramente por necesidad dejó a sus hijas solas en la casa.
Es que, cuando se trata de salvar la vida de los hijos de la clase trabajadora, la policía no duda en dar media vuelta y seguir su camino.
DANA: POR LA REINCORPORACIÓN DE VERÓN Y CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL Y PATOTERIL
En enero de 2008, la empresa multinacional yanqui, Dana Spicer, con la complicidad de la burocracia del SMATA, despidió de su planta de Grand Bourg a un grupo trabajadores y a la comisión interna de la fábrica. Los trabajadores realizaron un acampe en las puertas de la planta, reclamando su reincorporación, hasta que fueron desalojados con la represión conjunta de la patota del SMATA y la policía bonaerense. Un grupo de trabajadores despedidos se negó a aceptar las indemnizaciones ofrecidas por la empresa y siguió luchando por la reincorporación.
La semana pasada, Dana recibió una intimación judicial que la obliga a reinstalar al trabajador Ramón Verón dentro de la planta. Es el segundo fallo a favor de la reinstalación de Verón. La vez anterior, cuando el compañero ingresó a la planta, la burocracia del SMATA se dispuso a reprimir a los trabajadores que se solidarizaron con la lucha por la reincorporación. Para eso, mandó parar la producción y colgó carteles con leyendas como, “El SMATA tiene memoria, nunca mas un zurdo en Dana” o “Dana, territorio 100 x 100 verde” (en alusión al color que representa a lista de la burocracia). Entonces, Verón no pudo retomar sus tareas y la empresa argumentó que se negó a trabajar y lo suspendió.
Esta vez, el compañero deberá presentarse el día martes 17 de agosto a las 6.00 en la planta ubicada en Av. Illía 8230, ex ruta 8, Grand Bourg. Llamamos a solidarizarse con la pelea de los compañeros despedidos de Dana por su reincorporación, acompañando el ingreso de Ramón Verón. Responsabilizamos al gobierno, a la empresa y la burocracia del SMATA por cualquier tipo de represión, policial o patoteril, que se lleve a cabo contra los trabajadores.

LOS MOTIVOS DEL VIAJE DEL HOMENAJEADO JUEZ REPRESOR
Desde hace más o menos un mes, el gobierno argentino en pleno, y su camarilla de amigos y aliados, vienen rindiendo pleitesía al juez español Baltasar Garzón. La presidenta lo homenajeó en persona, con el secretario de DDHH y otros funcionarios, en un gran acto público. La DAIA lo presentó como invitado de lujo en el acto frente a la AMIA , en el aniversario del atentado. Junto con Néstor Kirchner y el fiscal Nisman, fue orador central en el 4º Encuentro del Foro de Parlamentarios Latinoamericanos que sesionó en el Hotel Panamericano, y, como frutilla del postre, esta semana tuvo a su cargo el cierre del acto de presentación del informe anual del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria en la ciudad de La Plata , cuyas autoridades lo distinguieron, además, como ciudadano ilustre.
El juez Garzón construyó su fama de “paladín de los DDHH” con las mediáticas causas de mediados de los ’90 contra represores extranjeros como Pinochet y Videla, a los que acusó por genocidio y tortura. En casi total soledad, CORREPI advirtió públicamente, por aquellos años, que confiar en el juez de la Real Audiencia y comprar el cuento de la “Justicia Internacional”, entrañaba un enorme peligro para los luchadores de todo el mundo. La máscara de apóstol de la lucha contra el terrorismo de estado, le servía –y cómo le sirvió- a Garzón para ocultar su propia condición de necesario engranaje en la maquinaria represiva del estado español.
Por la misma época en que Garzón llenaba las primeras planas de los diarios con su cruzada contra los crímenes de lesa humanidad, unos pocos nos desgañitábamos denunciando la persecución sistemática, los secuestros, las ejecuciones y las torturas… del democrático estado español. Garzón es un gran exponente de la doctrina que abrazaría con entusiasmo el kirchnerismo: cómo usar la “política de DDHH” como herramienta represiva, cooptando consenso a través del pasado, para legitimar la represión de hoy.
No es novedad –aunque no sea “noticia”- que en España, al amparo de jueces como Garzón, hay presos políticos sometidos a “técnicas de interrogatorio” y regímenes de aislamiento no muy diferentes a los de Guantánamo o las cárceles de la CIA ; que hay bandas paraestatales como las GAL y sus continuadoras, y un compendio de leyes antiterroristas que dan “legalidad” a la persecución, al cierre de periódicos y al encarcelamiento de periodistas, de defensores de DDHH y de abogados de presos políticos.
Si es el pasado, podemos recordar la llamada “Operación Garzón” en vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, cuando la Guardia Civil , actuando bajo las órdenes del gran juez, detuvo 30 personas vinculadas al movimiento independentista catalán. Los interrogaron a fuerza de submarino seco, golpes, picana, dificultación del sueño y simulacros de ejecución. Doce años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo –que no es precisamente un tribunal popular revolucionario- responsabilizó al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, don Baltasar Garzón, y condenó al estado español.
En 1997, un informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa confirmó decenas de denuncias de torturas a presos políticos bajo la vigilante mirada del juez Garzón. En lo que va del siglo XXI, son más de 700 los casos de muertes y torturas denunciados y acreditados por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, el Comité Contra la Tortura de la ONU y Human Rights Watch. Organizaciones que tampoco corren el riesgo de ser acusadas de revolucionarias, marxistas o defensoras de los independentistas vascos o catalanes.
Hace unos años, el juez Garzón ya anduvo de gira por Argentina. Esa vez, su objetivo real fue hacer campaña para Cristina Kirchner, mientras hacía lobby en defensa de los intereses de Repsol. Esta vez, el motivo de su viaje fue más visible todavía. Donde más claramente lo expresó fue en el Foro de Parlamentarios Latinoamericanos, un encuentro convocado, desde 2007, por el Congreso Judío Latinoamericano, brazo regional del Congreso Judío Mundial. Ahí, adelante de más de 50 parlamentarios de 7 países latinoamericanos, Garzón defendió la necesidad de incrementar, en todos los países, leyes antiterroristas con bases y fundamentos comunes, para potenciar la “lucha contra el terrorismo”…
Como Chirolita del Departamento de Estado yanqui, repitió el discurso que tan bien conocemos sobre la amenaza del terrorismo en la región y la importancia de elaborar herramientas legales para combatir este flagelo. Puso como ejemplos los “excelentes resultados” obtenidos en España y Colombia y enfatizó: “Si no hay un consenso internacional es muy difícil combatir eficazmente el terrorismo”.
Desde la tribuna, lo apoyó otro autodenominado defensor de los DDHH, celebrado como juez del juicio a las juntas, no casualmente elegido por el gobierno argentino como juez ad hoc de la Corte Interamericana de DDHH durante el trámite del caso Bulacio. Ricardo Gil Lavedra dijo: “Debemos continuar con la adecuación de nuestra legislación a los compromisos internacionales; seguir las recomendaciones de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y las medidas que dictó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: inteligencia, coordinación y cooperación.”. A confesión de parte, relevo de prueba.
Y mientras le dure la plata que pusieron los que lo invitaron, Garzón seguirá haciendo campaña por más leyes antiterroristas, seguido por la cohorte de alcahuetes que lo candidatean para el Premio Nobel de la Paz. Total , si ya se lo dieron a Kissinger y Obama, ¿por qué no se lo podrían dar al juez torturador?.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Domingo 22 de agosto, desde las 12:00, gran LOCRO y BINGO ANTIRREPRESIVO en Brandsen y Pizzagalli, Villa Tesei. Música en vivo, premios y precios populares. A cuatro cuadras de Av. Vergara y 5 minutos de Estación Morón (colectivo 463 ramales 3 y 4). Organiza CORREPI.