CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

COMITÉ CONTRA LA TORTURA: A CONFESIÓN DE PARTE…

Once mil casos de torturas en cárceles de la pcia. de Buenos Aires. Ciento dieciséis muertes en prisión (la cárcel de Olmos “ostenta” el mayor número de casos). Entre las 54 cárceles del sistema provincial y las 310 comisarías de la bonaerense, hay más de 30 mil detenidos, con el 77% de los hombres y el 85% de las mujeres en prisión preventiva; mientras que en institutos para jóvenes el 70% se halla en esa condición. Para estos últimos, además, hay un proyecto de ley con media sanción que pretende procesarlos por contravenciones especiales.

El Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, organismo público creado por ley en la provincia de Buenos Aires, presentó en La Plata el informe que corresponde al período 2009 sobre la situación de los presos en el estado provincial, que, en cifras, es el más importante del país.

Para CORREPI lo llamativo no son los números, ni tampoco el índice de crecimiento que esos números revelan en relación a informes anteriores. De hecho venimos dando cuenta de esos datos diariamente. En todo caso, esta admisión concreta de quienes son parte del mismo estado torturador, nos exime de pruebas por aquello de que a confesión de parte…

Pero lo que debe destacarse, sin duda alguna, es la funcionalidad que este informe brinda a prácticas sistémicas del estado capitalista cuando pretende constituirse en “un mecanismo de control autónomo de los gobiernos de turno que vigorizan la institucionalidad democrática”. Hasta reconoce su gestión al propio gobernador Scioli.

Imbuidos de la conocida excusa progresista que adjudica naturaleza autónoma del estado respecto de los gobiernos de turno, cuando el Comité denuncia, fortalece la idea de una “trama compleja e imposible de desenmarañar pese a los ingentes esfuerzos de los sucesivos gobiernos democráticos” (y en especial el de esta versión K del peronismo) que no tiene inconvenientes en usar los DDHH en relación al pasado, mientras se multiplican y recrudecen las violaciones que se cometen en el presente.

Cuando el Comité indica que hay “inflación del sistema penal”, que las cárceles están llenas de “presos por las dudas”, que existe una responsabilidad de las instancias municipales por inexistencia de presupuestos o políticas destinadas a la contención de la niñez en los barrios, no explica que “el sistema de la crueldad” como intitula sus informes es una denominación poética que esconde la definición del sistema capitalista y de las instituciones o foros -que con buena o mala fe- terminan por consolidarlo.

Cuando Adolfo Pérez Esquivel (miembro del Comité) invita a funcionarios judiciales y de los otros poderes, que critican el informe, a que recorran las cárceles para comprobar que son depósitos de seres humanos, que la tortura forma parte de la cotidianeidad, pierde el tiempo. No sólo lo saben, sino que lo fomentan con sus decisiones plagadas de desprecio por el pobre, al que siempre observan (y correctamente por cierto) como una amenaza.

Cuando el fiscal Cañón (otro integrante del Comité) reclama políticas públicas para terminar con esta situación, no sólo pierde el tiempo sino que, además, entrega más y mejores argumentos al mismo estado torturador para continuar con su política. Desde tiempos inmemoriales, todas las políticas y presupuestos públicos destinados al área han servido al estado capitalista para potenciar su nivel de agresión y violaciones a la dignidad humana.

No ponemos en duda la autenticidad y veracidad de los datos del informe, que sabemos siempre son incompletos, porque no todos los casos se denuncian ni todos los casos se registran. Pero no caemos en la ingenuidad de plantearlo sin responsabilizar con nombre y apellido a quienes capitanean el barco de las atrocidades.

La síntesis está en la bochornosa imagen de un abanderado de la tortura presentando el informe. En La Plata, invitado especial del Comité, el juez Baltasar Garzón hizo gala de la hipocresía, al indignarse por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, escondiendo su calidad de legitimador de esas mismas prácticas en otras partes del mundo…dónde también reina el capital (ver Boletín nº 571).

Nosotros hablamos de represión preventiva, en tanto la casi totalidad de los seres humanos sometidos a estas prácticas sistémicas pertenecen a la clase trabajadora o subalternas, y esas prácticas son técnicas de disciplinamiento social para resguardar los intereses que el mismo estado defiende con los gobiernos que se pretenden diferenciados de él. Gobierne quien gobierne, asuma el estado la fachada que quiera, hay una unidad indisoluble entre la clase que lo detenta, los gobernantes que la representan y los crímenes que comete.

LOS REPRESORES SEAN UNIDOS, PORQUE EL CAPITALISMO ES SU SISTEMA…

Las fuerzas represivas existen para garantizar y proteger los derechos y la propiedad de la clase dominante. Para ello, es necesario avasallar los derechos de los oprimidos con represión para su control social. Siempre que haya una sociedad dividida en clases, se necesitará de la represión para mantener ese dominio de una clase sobre otra. La represión es política de estado, no importa la bandera que tenga. Las policías de los distintos países defienden los intereses de la clase que les paga y domina a los trabajadores. Por eso, cuando de reprimir se trata, no importan las nacionalidades.

Bajo la farsa de combatir el secuestro express, en Uruguay las fuerzas represivas de ese país serán asesoradas por las colombianas, para profundizar la represión contra el pueblo. Las gestiones entre ambas naciones fueron realizadas desde la OEA. Y el organismo burgués del continente no lo dudó: ¿Quién es el estado que mejor y más reprime en la región? Colombia. Los expertos represores colombianos llegarán a Montevideo para impartir una serie de cursos a oficiales de la policía uruguaya de cómo se reprime al pueblo trabajador.

No fue el único encuentro entre represores latinoamericanos. En San Salvador de Jujuy, el 19 y 20 del corriente mes, se realizó la IV Reunión de Comisión Técnica entre Gendarmería Nacional Argentina y la Policía Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Los objetivos de la reunión están focalizados en la necesidad de intercambiar conocimientos e información vinculadas a asuntos de cotidiana preocupación en las relaciones transfronteriza entre ambos países. En la empiria, significará que coordinarán criterios para organizar mejor para el crimen organizado transnacional, la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando automotor.

Queda claro que la nacionalidad es otra herramienta de la burguesía para desviar los intereses de la clase trabajadora. Ser argentino, boliviano o colombiano es indistinto. La policía es y siempre será el enemigo de la clase trabajadora. Porque los policías de cualquier nación, defienden los mismos intereses: los de la clase dominante. Y no es que la policía sea represora en un país y en otro no, la represión es la naturaleza del sistema capitalista de producción.

SALIDERA EN LA PLATA: ¡SORPRESA, SALTÓ EL BOTÓN!

Como todos sabemos, porque los medios se encargaron de machacarlo, hace unas semanas asaltaron a una señora embarazada a la salida de un banco, causando que el bebé, nacido con su madre en grave estado, muriera poco después. “Se trató de una de las tantas salideras que hay, cada tantas horas”, remarcaron los periodistas.

Uno de los detenidos, que, dicho sea de paso, no fue detenido, sino que se entregó, no desperdició la oportunidad de declarar ante el fiscal. Miguel Ángel “Pimienta” Silva, el hombre que marcó a la víctima dentro del banco, contó en su indagatoria que “el jefe de la banda (Juárez) tenía vínculos con la policía de todos lados” y mencionó varios policías de San Isidro y La Matanza.

También explicó que Juárez le dijo que por 20 mil pesos arreglaba con la policía para que lo desvincularan de la causa y que, después que se entregó, “una persona visitó a su familia y la amenazó para que no declarara”.

Es decir que este caso, agitado como bandera del reclamo de más “seguridad”, es uno de los tantos hechos delictivos avalados/dirigidos por el estado, y sus funcionarios. Digitan ellos mismos los asaltos, que, gracias a la complicidad de los medios, generan reclamos de más policía. En este caso, como en Ramallo, algo salió “mal”, y uno de los detenidos contó lo que sabia. Ante estas declaraciones, los medios se ven complicados para mantener su discurso, pero no hablan de la recurrente participación de la policía en la mayoría de los delitos. Otra vez, un “caso aislado”.

Como decimos desde CORREPI, siempre salta el botón. No hay delito, sea a gran escala o “chiquitaje”, donde no esté involucrado algún policía. Liberando zonas o participando activamente, encubriendo, dando información o garantizando impunidad. Inseguridad, es la policía en la calle.

PARA EL ESTADO CHILENO, MAPUCHE Y ANARQUISTA ES SINÓNIMO DE TERRORISTA.

Los presos políticos de la comunidad mapuche llevan 40 días de huelga de hambre en Chile. Reclaman que se derogue la ley antiterrorista, que tuvo su génesis en la dictadura de Pinochet y los gobiernos “democráticos” mantuvieron. ¿Para qué, si es útil a sus intereses de clase?

Reclaman también la desmilitarización de sus comunidades y territorios, que se anule el doble procesamiento civil y militar y la libertad de todos los presos políticos mapuches. En un nuevo comunicado, los compañeros informaron que los huelguistas sufrieron drásticas pérdidas de peso y padecen dolores y calambres en todo el cuerpo, además del lógico debilitamiento general, y que hay casos muy graves, como los de Felipe Huenchullan y Camilo Toris Quiñinao, quienes fueron torturados al ser detenidos.

¿Y cuál es la respuesta del estado chileno a estos reclamos? Más represión, obviamente. Intentan alimentar por vía intravenosa a los huelguistas, lo que demuestra la nula disposición para responder a sus legítimos reclamos, los someten a requisas arbitrarias en las cárceles, a golpizas y amenazan a sus familias.

Se sucedieron en los últimos días manifestaciones en todo el mundo para denunciar la atrocidad que el estado chileno está haciendo con la comunidad mapuche y los presos políticos en huelga de hambre. En la ciudad de Temuco (Chile) se reprimió ferozmente una movilización convocada al centro de detención y se detuvo al vocero de los Prisioneros Políticos Mapuche de la cárcel de la ciudad de Angol, Rodrigo Curipan Levipan y a varios manifestantes más, entre los que se encuentran dos menores, ambos de 17 años.

En Córdoba (Argentina) hubo detenidos –ya liberados- en un acto de solidaridad hacia los presos, lo que demuestra que el estado argentino se suma al accionar fascista del chileno y no duda en reprimir a los que se organizan y luchan o muestran solidaridad de clase.

Por otro lado, siguiendo con su política represiva, el estado chileno se lanzó a la caza del anarquista. La nueva estrategia es hostigar a todos los ex-presos políticos y luchadores que tengan fichados en sus registros. Llaman a eso labor de inteligencia y avances policiales, en su desesperada carrera por detener la ofensiva insurreccional contra las instituciones del estado y el capital. Deben mostrar logros televisados, y para eso allanan casas okupas y detienen a ex- militantes lautarinos.

En Chile, el movimiento anarquista está íntimamente relacionado con el okupa. Pero para el estado, todo aquel que se declare antiautoritario, que realice actividades en bibliotecas populares o sea integrante de una banda punk, es un terrorista. Los someten a seguimientos y espionajes, se los arresta arbitrariamente, se les quiere aplicar la ley antiterrorista, se los acusa de asociación ilícita. Los allanamientos cotidianos. En uno de ellos, particularmente brutal, ya que en el se encontraba una mujer embarazada de 8 meses, no se tuvo reparo de secuestrar, entre otros objetos, cartas y fotos de una niña pequeña, vulnerando todos sus derechos.

Esta política no es exclusiva del fascista Piñera, sino que es una continuación del de la “demócrata” Bachellet. En enero de este año fue deportada una compañera italiana a la que se le aplicó la ley de residencia. Su delito: hacer pintadas anarquistas en el centro de Santiago y tener tatuado el rostro de Diego Ríos, otro militante anarquista buscado por el estado chileno, en la espalda. Cuando fue deportada, se la mantuvo esposada en el avión y fue recibida a punta de pistola en Italia.

En estos allanamientos, el despliegue de la fuerza represiva es digno de una película hollywoodense, es que el estado necesita que esto sea mediático y rimbombante para que la opinión pública asemeje a los anarquistas como terroristas y apruebe las políticas represivas, cuando en realidad, esto es lisa y llanamente represión como respuesta a la organización y la lucha del pueblo trabajador.

Presos políticos Mapuches y militantes anarquistas, ambos grupos enfrentados al estado y al capital, son perseguidos y reprimidos porque no pueden ser domesticados y porque saben que sus intereses y los de la clase burguesa son antagónicos. Para el estado chileno esto es terrorismo.

POLICHORROS, DOS MÁS.

Más para la habitual sección que da muestra del accionar de las fuerzas represivas del estado: Queda en familia el asalto perpetrado en el Casino de Concordia, Entre Ríos, el pasado 17 de agosto. Un ex policía federal y su hijo son los dos detenidos sospechados de haber participado del robo. Un operativo montando por media docena de personas, con profundo conocimiento de los movimientos de la seguridad del local, y del momento oportuno para ingresar en busca de la recaudación del fin de semana largo. Se sospecha que el informante podría ser de los custodios del Casino.

Entretanto, en Añatuya, departamento de Belgrano, Santiago del Estero, imputaron a tres policías por recibir coimas: el comisario Lucio Orlando Díaz, y los suboficiales Emil Galeano y Gabriel Mena. Los tres trabajaban en el puesto de control de Fortín Inca. Estiman las recaudaciones en más de $150.000. También por tratarse de negocios familiares, las esposas de los polichorros están imputadas por encubrimiento.

El 7 de agosto fue detenido Mena. Mientras, a los otros dos oficiales, aluden, “los están buscando”. Por supuesto ya empezaron los trámites de excarcelación de Mena y eximición de los otros dos y sus esposas.

Negocios para policías y sus familias, jueces que garantizan la impunidad. Dos elementos inherentes de la política represiva del estado.

MUERTES DUDOSAS EN COMISARIAS (EL FALSO SUICIDIO)

Otra de las tantas “habilidades” desarrolladas por el aparato represivo es mostrar como suicidios a las muertes difíciles de explicar dentro de las dependencias carcelarias o comisarías en cualquier parte del país.

Y otro hijo más de la clase trabajadora que muere en una comisaría. Otra vez la clásica versión del suicidio, empleada sistemáticamente, como parte de un mecanismo muy aceitado, y que sigue siendo efectivo gracias a la complicidad judicial y del doble discurso del gobierno que se proclama defensor de los desaparecidos pero sigue asesinando.

En la Seccional Nº 4 de Pilar, el joven Sergio Gauna, de 23 años, “apareció ahorcado” con un cable de televisión atado a una reja del baño del sector de calabozos de la comisaría de Pilar. Estaba acusado de ser uno de los asesinos del agente Diego D’Andreis en un intento de robo que fue bastante famoso mediáticamente como un caso mas de “inseguridad”. La tarde del día de su muerte, Sergio tuvo visitas de familiares, a los que, sin ninguna señal de depresión, les dijo que tuvieran confianza, porque era inocente y sería liberado en breve.

El 1º de agosto se encontró otro ahorcado en una comisaría de la Ciudad de Resistencia, Chaco. Estamos hablando de Ramón Omar Romero, de 47 años, muerto en circunstancias poco claras donde sólo prima la versión policial.

Uno más, realmente curioso, sucedió en la Unidad 15 de Rio Gallegos. Por motivos no explicados, fue trasladado a la sala de castigos, donde apareció muerto. Qué le paso ahí, en aislamiento, nadie lo sabe. El suicidio es la excusa sistemática cuando matan a golpes a un preso. Hay versiones de que al joven le dieron una paliza impresionante, de esas que bien saben dar los penitenciarios, en “el buzón”, y por eso ocultan el cuerpo del joven, negándole a la familia el derecho de despedir a su ser querido en un velatorio digno al menos.

La divulgación de estos ejemplos, apenas nombrados por la prensa e ignorados por la población en general, debe hacernos tomar conciencia, no sólo de la brutalidad dentro de las cárceles, sino, y sobre todo, de la extensa cantidad de herramientas que tiene el estado para continuar con esta represión invisible, la represión en democracia.