CORREPI - Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional

 

 Más plata y tecnología para reprimir mejor.
A menos de un mes de la amenaza de retención de tareas de las fuerzas policiales provinciales, el 20 de abril la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acompañada por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, anunció una ”inversión” de 1.620 millones de pesos en el marco del Plan Nacional de Seguridad.
La gobernadora sostuvo que esta política era “…una señal, concreta de que nos importa la integridad de los agentes”. Entre los gastos de equipamiento previstos, además de 45.000 chalecos antibala, se anunció un anillo de “seguridad digital” para los oficiales, equipamiento tecnológico para pericias de audio y video, lectoras de chapa patente que funcionarán en este anillo, miles de computadoras de escritorio, varios vehículos scanner de última generación para detección móvil de estupefacientes, más vehículos blindados y equipados, motocicletas, lanchas y  motos de agua. Más que su “integridad” parece que les preocupa su capacidad de ejercer contundentemente la represión
El lanzamiento de este plan suena a respuesta frente al reclamo extorsivo protagonizado por las fuerzas policiales por el aumento salarial, que finalmente fue otorgado sin chistar, en un porcentaje mucho mayor al acordado en las paritarias docentes. Por otra parte, la decisión tiene un objetivo claro: aprovisionar a las fuerzas para que continúen cumpliendo con su función represiva.
Nuevamente quedan demostradas cuáles son las prioridades en la agenda política del gobierno. Mientras se intensifica la inversión en el Ministerio de Seguridad, equipando agentes para la eficacia represiva, se vacían los programas del ministerio de Educación y cesa el financiamiento de las políticas públicas inclusivas.

 Fabricar represores desde la cuna.
No es noticia la “policía infantil”. Hace mucho que CORREPI viene alertando sobre los destacamentos de niños que funcionan en distintos puntos del país (ver Boletines nº 207 del 23/02/03, Nº 438, del 29/07/2007 y Nº 577 del 29/09/10).
En esta ocasión, la iniciativa fue aprobada por el Jefe de la fuerza local de Catamarca, comisario general Julio César Gutiérrez. La noticia de la apertura de vacantes fue anunciada por el Facebook oficial de la fuerza, y mientras que algunos usuarios compartieron la publicación, muchísima gente la consideró como algo deleznable. Algunos comentarios incluyen dichos como: “Por favor papis, no condenen a sus hijos a ser represores y asesinos seriales! Un pueblo educado y sin hambre no necesita represores”. Si bien actualmente funcionan algunos liceos, como por ejemplo en Salta, la visualización de éstos está generando cada vez más repudio en un pueblo que está cansado del operar del brazo represivo.
Con el argumento de “Elevar el espíritu patriótico y cultural de los niños, apoyando la educación escolar y familiar a través de múltiples actividades que contemplan todos los derechos del niño y promueven su acercamiento comunitario, inculcándole valores y el respeto de las normas sociales para una armónica convivencia en sociedad”, sabemos que el objetivo es introducir a los niños a sus doctrinas autoritarias y discriminatorias, y filtrar su ideario institucional en hogares y escuelas, con el pretexto de educar “buenos ciudadanos”. Ciudadanos que se alejen del camino de la delincuencia (que la policía organiza y supervisa), del narcotráfico (que ellos mismos gerencian) y el hostigamiento (que la policía imparte.) Es decir, neutralizar desde la cuna cualquier instancia futura de rebeldía, de lucha por sus derechos y de organización.
Se llevan a nuestros pibes para enseñarles el servilismo hacia los que mandan y el odio a los de su propia clase. Esa es la función que cumplen estos cuerpos de policía infantil: que los pibes y las pibas, mañana, sean desclasados, alcahuetes y verdugos al servicio de los explotadores.

 Sean 5 o 194…
El fiscal Federico Delgado, que interviene en la causa que investiga la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de música electrónica Time Warp, aseveró que “todo hace pensar que durante aquella noche hubo una zona liberada donde cada cual podía vender pastillas por cuenta propia (…) En ese lugar se toleraba la venta de droga, ahora hay que ver si también se fomentaba”. El juez Sebastián Casanello agregó: “Había muchísima más gente que la que tenía que haber”, y arrojó la cifra de 20.490 personas cuando el lugar estaba habilitado para 13.000. También remarcó que hubo “responsabilidad mixta”  entre el personal de la seguridad privada, la Prefectura y los inspectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El corte de las canillas, la falta de puestos de hidratación gratuitos, la insuficiencia de ambulancias y médicos, y la sobreventa de entradas, son moneda corriente en eventos donde prima la lógica del lucro por sobre el bienestar de los pibes y las pibas. 
No es un dato menor que la bolsa secuestrada a las 3 de la mañana por prefectura (llena de distintos tipos de estupefacientes) haya sido entregada a las autoridades recién al día siguiente. Una vez más, las prácticas criminales de las fuerzas de seguridad como garantes o parte del crimen organizado quedan expuestas sobre la mesa.  
La complicidad, por acción u omisión, por parte de los organismos de “control” del estado, nos remiten a la masacre de Cromañon, donde 194 jóvenes perdieron la vida en un entramado de negociados y corrupción que salpicó a hasta lo más alto del Ejecutivo porteño.
Como Cromañón, como Once, el caso de Costa Salguero es un ejemplo de libro de los crímenes del capital, en los que esa lógica lucro y ganancia convierte en simple mercancía dispensable la vida de las personas.

 Sin policía, no hay trata.
La noticia, semioculta en la sección de hechos policiales, indica que fue allanado un prostíbulo llamado “Yacaré” en Lomas de Zamora, y cinco mujeres, una de ellas menores de edad, que eran explotadas sexualmente, fueron rescatadas.
Según relataron las víctimas, después que los prostituyentes elegían la chica que los atraía, eran trasladas en un remise a un hotel cercano, donde debían satisfacer lo que se les exigía y regresar a tiempo al local, bajo amenaza de sufrir multas ¡impuestas por los explotadores en caso de desobediencia o tardanza.
El local, a pocas cuadras de la estación de trenes de Lomas de Zamora, tenía entre su clientela habitual a policías de distintas comisarías de la zona, incluido un comisario. En el allanamiento, uno de los “clientes” fue detenido, porque era un policía … con pedido de captura por un homicidio.
Otra noticia similar refiere a Lanús, donde pocos días antes, un policía de la Bonaerense fue detenido por proteger prostíbulos. El oficial, cuyo nombre no dejaron trascender, prestaba “servicios” en el Destacamento del barrio Malvinas Argentinas del partido de Almirante Brown. La denuncia que inició la investigación afirma que el juez de Lomas de Zamora Rubén Baca, junto a un grupo de policías, montaba allanamientos falsos para proteger los prostíbulos en cuya explotación intervenían. En este caso, fueron ocho las mujeres liberadas.
No hace falta pensar mucho. Sin policía, no hay trata.

 Próximas Actividades  (Ver Agenda Completa)

// Viernes 29/04 - Radio “El trampolín” Charla sobre el protocolo antipiquete y gatillos fácil. Sindicato del subte AGTSyP  Carlos Calvo 2363. 18 a 20 hs