Boletín Informativo Nº 438

POLICÍAS DE GATILLO FÁCIL INIMPUTABLES EN PERÚ
Como los niños o los ancianos, gracias a las once “Leyes contra el crimen” decretadas el pasado domingo por el poder ejecutivo peruano, dentro de las facultades especiales otorgadas por el congreso en abril pasado, las fuerzas de seguridad peruanas podrán hacer libre uso de sus armas sin exponerse a ningún tipo de persecución penal si tal uso resultara en heridos o muertos.

La deteriorada situación en que vive el pueblo peruano ha llevado al gobierno de Alan García a recurrir a la represión sin máscaras para contener las protestas, manifestaciones y enfrentamientos abiertos con el estado. Así las leyes, que contemplan entre otras cosas asuntos vinculados a la lucha contra el narcotráfico, terrorismo, secuestro, pandillaje y lavado de activos, vienen a dar carta blanca a la represión que sea necesaria con tal de aplacar los conflictos sociales. Los 15.000 integrantes de las fuerzas de seguridad desplegados a lo largo y ancho del país podrán utilizar su criterio “en cumplimiento del deber”, al igual que las fuerzas armadas que han sido facultadas para que con el mismo criterio y exoneración adelantada impidan la toma o acceso a edificios públicos.

El presidente del consejo de ministros, Jorge Del Castillo, advirtió que los gobiernos regionales que apoyen la huelga del Sutep (sindicato docente) y se nieguen a aplicar las sanciones a los docentes que no asisten a clases, estarán desacatando una política nacional dictada por el ejecutivo, que establece sanciones económicas y administrativas para los profesores huelguistas. Por otro lado, afirmó que “Las autoridades, como son los presidentes regionales y los alcaldes, no tienen derecho a hacer huelga, porque ellos son parte del estado y el estado no puede estar contra el estado”. Acto fallido de la democracia peruana, quién esté con el pueblo estará contra el estado.

Este representante del gobierno de Alan García, que ayer 28 de julio cumplió nada más que un año en el poder, también explicitó que habrá una condena de hasta 35 años de prisión para los dirigentes que promuevan o encabecen protestas sociales que deriven en acciones de violencia, explicando que la huelga es una “extorsión que busca un beneficio económico indebido”. Con el mismo criterio para definir huelguistas que utilizara el ministro Ginés Gonzáles García en relación a los trabajadores “terroristas” del Garrahan, son por lo menos 300 los detenidos en las manifestaciones peruanas y 18 los muertos de cuya muerte nadie tendrá que hacerse cargo.

¿LE TIENE BRONCA A SU VECINO? 0810-DENU
Córdoba ha sido pionera en materia represiva, como cuando el gobernador peronista De La Sota celebró, con intermediación de Blumberg, un convenio con el Manhattan Institute para que su policía aprendiera a reprimir a la neoyorquina. Ahora, la provincia lanza un nuevo sistema para hacer denuncias por teléfono, mediante la línea 0810-888-3368 (DENU). El novedoso 0810-DENU tiene dos particularidades: es anónimo y no es gratuito.

Por un lado, como las denuncias son anónimas, cualquiera puede llamar para crearle un problema a un vecino molesto, al nuevo novio de la nena o a un competidor en el trabajo. Tampoco se registrará el número del que entra un llamado, y expresamente se contempla que nadie será citado como testigo en la eventual causa judicial. De esa manera lo que se garantiza es el más seguro “buchoneo”, a tal punto que el principal diario cordobés, La Voz del Interior, tituló la noticia con un muy honesto “La policía saldrá a buscar informantes”. Oficialmente se ha dicho que el objetivo del sistema es que la gente pase datos, sin importar tanto, evidentemente, si son reales, exagerados o inventados. Imaginemos la calidad de investigación que se puede desarrollar a partir de un inicio así viciado.

Por otro, el 0810 es pago, y el minuto cuesta como cualquier llamada local. Al no ser una línea gratuita como el devaluado 101 o el más moderno 911 bonaerense, ni tampoco un 0800, como los que se habilitaron localmente o en el resto del país para que la ciudadanía informara datos de algún caso concreto, la compañía telefónica recauda. Pero no se acaba allí la cuestión económica, porque se está estudiando vincular el sistema con el mecanismo de recompensas, con la “colaboración” de una ONG (cuándo no…).

Esta vez, no se importó de EEUU, sino de Brasil, donde el sistema “llame y denuncie” funciona desde hace una década, y según dijo el subjefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, Daniel Saires, “es un éxito”… seguramente para delatores y buches.

ORO VERDE – OLIVA (Balean y procesan pibes por pintar un tanque)
Oro Verde es un pueblito de Entre Ríos, en la costa del Paraná, que tiene policías que para “combatir al delito” disparan en legítima defensa sobre tres aerosoles; que tiene un juez que dice que las palabras “paz”, “amor” y “no a la guerra” son delito calificado, y un intendente radical–militar que denuncia estudiantes que hacen graffitis como “asociación ilícita”.

Un grupo de estudiantes de arte, fotografía y bioingeniería llamados “Vientos de Libertad” tuvieron la subversiva idea de colorear un vetusto tanque de guerra emplazado en la plaza del pueblo Oro Verde. Lo decoraron con originales graffitis que convocaban al amor y la paz, contra la guerra. La policía les disparó, los esposó y los llevó presos.

El intendente de apellido Schmidt, de extracción centenaria pero extinta, los denunció por asociación ilícita, casi mafiosa, casi terrorista. El juez los procesó por daño calificado.

Del derecho penal de autor al derecho penal de expresión; del control social sobre los segmentos pobres al disciplinamiento social de los que pueden difundir idearios feos, como paz y amor sobre el impoluto cuerpo de una maquinaria de guerra.

LOS NIÑOS PRIMERO (LA POLICÍA INFANTIL)
En nuestro Boletín nº 207, del 23 de febrero de 2003, denunciábamos el armado, en la provincia de San Juan, de un grupo llamado “policía juvenil”, integrado en las distintas comisarías, al que la policía provincial incorpora chicos pobres a partir de los 10 años. Poco antes, habíamos alertado sobre similares reclutamientos infantiles de la gendarmería en provincias del noroeste, comparando ambas iniciativas con la instalación de comedores populares en Campo de Mayo como parte de una política de cooptación de las fuerzas armadas y de seguridad, en su permanente búsqueda de consenso, montados sobre las urgentes necesidades materiales que sumergen en la miseria a millones por obra y gracia del mismo sistema que esos uniformados defienden. También nos pronunciamos con dureza cuando el legislador peronista Corvatta propuso la “colimba educativa” como mecanismo de control social para arrancar a los chicos de los barrios y darles una educación represiva que impidiera la toma de conciencia. Hoy ya existen formaciones infantiles asimiladas a las fuerzas de seguridad en provincias como Santa Fe, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego y Entre Ríos.

En Salta ya cumplió 16 años el Cuerpo de Policía Infantil, integrado por 75 unidades con unos 6.000 niños de cinco a doce años a los que se da entrenamiento y disciplina policial. Según la policía, esos niños están afectados a “una tarea preventiva no tradicional”, con el objetivo de que “incorporen criterios de orden, (…) rechacen conductas antisociales y delictuales y se concienticen sobre la autoprotección y la participación comunitaria en la prevención del delito”. En una palabra, que aprendan desde chiquitos a distinguir “sospechosos” de la única forma que lo hace la policía, por su origen de clase, y se desarrollen como buenos ciudadanos que confíen en los perros guardianes del sistema contra sus propios intereses.

En Río Grande, Tierra del Fuego, es la gendarmería la que, desde hace tres años, desarrolla su segmento infantil, con la Agrupación Shiken Tahuer, que se propone dar “una educación complementaria que hace al desarrollo tanto físico como intelectual de los niños, instándolos y desarrollando un espíritu de pertenencia no solo de su lugar sino del país, como así también el respeto a los mayores y a las normas básicas de la relación en el medio donde vivimos”. Fieles a su tradición, seguramente los gendarmes les enseñan tiro al blanco con figuras que representan trabajadores petroleros, maestros o desocupados.

En Concordia, Entre Ríos, existe la EPI, “Escuela de Policía Infantil”, cuyo jefe, el suboficial mayor principal Rafael Maciel, desarrolló la idea después de ver, un 20 de junio, un desfile de los policías infantiles de la ciudad de Rosario. Como en casi todos los casos, no se limitan a instruir a los pibes, sino que involucran a los padres en tareas referidas a la agrupación, logrando así adoctrinar a toda la familia. A los chicos, en palabras del suboficial, “Les enseñamos las tareas de preparación de desfile, saludo uno, saludo dos…, el respeto a la bandera, el respeto a las enseñas patrias, a las autoridades (… ) la disciplina cívico-militar. A todo esto le llamamos “formación vocacional”. Es decir que lo que aprenden aquí no sólo les sirva para que sólo sean policías o gendarmes o estén en las fuerzas armadas. También pueden usarlo si quieren ser médicos, por ejemplo”. Una de las tareas de los mini policías es repartir folletos de propaganda de la fuerza en la calle, y hasta han participado de operativos de Seguridad Vial donde se les encarga hacer las actas de multas. Su próximo proyecto es incorporar Bomberos Infantiles y las “Águilas del Camino”, policías de tránsito. En toda la provincia hay destacamentos similares en San Salvador, General Campos, Colón, Ubajay y Chajarí.

En Jujuy existen 20 agrupaciones de Policía Infantil, con niños entre 6 y 16 años, que como todos sus “colegas” reciben uniformes y entrenamiento policial. Desde 1995 desfilan en fechas patrias con uniformes de combate camuflados y armas simuladas con palos. El propósito expresado es “alejarlos del camino de la delincuencia, la drogadicción, la explotación o el maltrato del que pueden ser víctimas”. El no manifestado, alejarlos de cualquier instancia futura de rebeldía, reclamo de sus derechos, protesta, organización.

Frente a críticas publicadas en un diario hace un tiempo, el jefe de la policía jujeña dejó bien claro el espíritu y el objetivo común de reclutar niños en las fuerzas de seguridad. Dijo, con una enorme sinceridad, “nos proponemos que no haya deformación mental en los chicos”.

MATRIMONIO APALEADO EN VILLA MARTELLI
No es novedad la connivencia de la policía con las empresas de colectivos, que se traduce en oportunos y siempre dispuestos testigos, por un lado, y pericias que siempre favorecen a los colectiveros, por el otro. Muchas veces esa asociación llega más lejos, como quedó en evidencia cuando a raíz de una discusión con un colectivero, el “Chaski” Córdoba fue fusilado por un policía.

Evangelina Aguayo y su marido Marcelo Ippólito, de 28 y 25 años, subieron a las 8:30 del viernes 27 de julio a un colectivo en la terminal de la línea 67 en Villa Martelli. Iban, como todos los días, de su casa a su trabajo. La empleada a cargo de la boletera, con la que Evangelina había discutido el día anterior porque no tenía monedas, se negó a venderles el pasaje. Volvieron a discutir, y para no llegar tarde a su empleo, el matrimonio se bajó y se fue caminando por la calle Dorrego. No habían hecho más que unos metros cuando escucharon fuertes insultos, y unos diez fornidos colectiveros los rodearon y empezaron a pegarles. Enseguida llegó un patrullero de la comisaría 4ª, que hizo lo que siempre hace la policía cuando hay este tipo de situaciones: se llevaron presas a las víctimas.

Marcelo y Evangelina estuvieron más de nueve horas presos sin saber por qué, tiempo durante el cual ella tuvo una crisis epiléptica por los nervios. Después de eso la tuvieron esposada hasta la soltura. Cuando Marcelo protestó y pidió un médico y un abogado, el inspector Suárez, aparentemente a cargo de la dependencia, ordenó que lo llevaran a una habitación donde, bajo su dirección, un uniformado lo sostuvo del cuello mientras otros lo golpeaban en el estómago y la cara, mientras le decían “acá no te hagas el guapito, que acá los guapitos se acaban”.

Cuando ya en su casa leyeron el texto que les dieron al salir, comprobaron que están imputados por lesiones y atentado y resistencia a la autoridad. Marcelo, con marcas visibles en su cuerpo y cara de la paliza recibida, deberá llevar durante un tiempo un collar ortopédico por orden médica. El lunes ambos formularán la denuncia contra los agresores iniciales y sus socios policías en la fiscalía de turno de San Isidro, patrocinados por abogados de CORREPI.

JUSTICIA PARA LEONARDO F. GÓMEZ
El 28 de mayo Leonardo Fabián Gómez (21), preso en la U9 de La Plata, fue asesinado en el penal. Gladys, la mamá de Leo, cuenta que el muchacho fue herido la noche del 27, y recién al otro día por la mañana se le dio alguna atención médica. Este 28 de julio, al cumplirse dos meses del homicidio, organizamos con ella una volanteada y afichada en la zona de la cárcel, denunciando la responsabilidad del servicio penitenciario bonaerense.

Una docena de compañeros, junto con vecinos y amigos de Leonardo, pegamos afiches e hicimos pintadas con la consigna SPB ASESINO, incluso en la pared del frente de la U9. Salió un guardiacárcel a decirnos que saquemos los afiches de ahí, a lo que contestamos que llamen a la patrulla Ciudad Limpia que se encarga de ese trabajo.

Como para confirmar que estar preso es la primera causa de muerte a manos del estado, estábamos en plena actividad cuando llegó la noticia de que Luis Alberto Castañares (26), preso sin condena en el penal de Bouwer, Córdoba, había sido encontrado muerto esa mañana, colgando de una sábana atada a una rejilla de ventilación.

HOTEL BAUEN
En diciembre de 2001 la patronal del Hotel Bauen decidió irse a la quiebra para no afrontar las deudas que tenían con medio mundo, dejando a la deriva la fuente de trabajo y a 80 familias en la calle sin explicación alguna. Los trabajadores se organizaron y recuperaron el hotel que estaba absolutamente vaciado y destruido, y poniendo el pecho crearon la Cooperativa BAUEN, bajo su propia gestión.

Durante los últimos cuatro años los trabajadores reacondicionaron las instalaciones y pusieron en marcha con éxito la gestión, generando más de 150 puestos de trabajo cuando el país pasaba su peor crisis económica. Demostraron que la gestión sin patrón es absolutamente viable y como ellos mismos dicen, “Tal vez sea este el motivo que más incomode”. Como si fuera poco, estuvieron siempre a disposición de organizaciones sociales, políticas, gremiales antiburocráticas o de derechos humanos que precisaran un espacio.

Esta semana el poder judicial volvió a mostrar cómo respalda a los de su clase, contra la clase obrera. La jueza comercial Paula Hualde dictaminó el desalojo y dispuso 30 días para que los trabajadores se retiren del inmueble, en un fallo es hecho a la medida de los que vaciaron el hotel.

Judicialmente los compañeros apelarán la resolución, y se ha iniciado una campaña de resistencia a la medida, que prevé movilizaciones y otras acciones. Como parte de esa campaña, los trabajadores han pedido a distintas organizaciones que hagan llegar su posición a la Cámara Comercial donde tramitará el recurso. CORREPI está elaborando una presentación de las denominadas “amicus curiae”, destacando los logros de la gestión en manos de los trabajadores y reclamando la revocación de la sentencia.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sábado 25 de agosto, 17:00, en la Unión Cultural Armenia, Niceto Vega 4764, charla sobre el Muro edificado por Israel en Cisjordania a cargo del compañero Daniel A. Stragá.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Los sábados, a las 18:00, columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, ex Radio Ciudad, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar, tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

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CORREPI