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Boletín informativo nº 786
CORREPI :: 24.05.16El sábado pasado una multitud viajó desde distintos puntos del país para ver el recital de La Renga, convocado a partir de las 21:00 en el Circuito El Panorámico, en la localidad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires. Algunos de nuestros y nuestras militantes viajaron con el mismo fin, pero cuando silbaron las primeras balas debieron abandonar el convite para asumir el rol que nos toca todos los días.
Cuando uno asocia las palabras recital y represión, es inevitable que aparezcan las banderas de justicia por Walter Bulacio, Rubén Carballo o Ismael Sosa. Más aún, cuando uno hace un recorrido rápido, encuentra que los escenarios, el accionar y las justificaciones fueron los mismos.
Una vez más, la juventud fue terreno de descarga para la represión policial. En Pergamino sucedió en tres ocasiones distintas: dos a la hora de ingresar al predio y una al momento de la salida. El operativo conjunto dela Policía Bonaerense, la brigada Antimotines y el cuerpo de seguridad privada contratado por la banda “abrió aguas” con golpes de puño, palos, balas de goma y gases lacrimógenos.
El resultado fueron cientos de heridos y decenas de detenidos. El argumento rápido: la necesidad de dispersar el tumulto. Horas más tarde, los medios cómplices dieron su apoyo y legitimaron lo actuado, utilizando como pretexto el carácter aparentemente “revoltoso” de la multitud.
No tardarán en llegar las explicaciones de los responsables políticos y materiales, quienes dirán que los inadaptados de siempre intentaron colarse, motivo por el cual tuvieron que utilizar la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden, como hizo el comisario Miguel Ángel Espósito, responsable del operativo policial que detuvo y provocó la muerte de Walter Bulacio en 1991, cuando justificó la razzia porque los pibes“estaban aglomerados injustificadamente en las inmediaciones del estadio”. Desde entonces, yace en las paredes de la Comisaría 35ª el testimonio de uno de ellos: “Jorge, Walter, Kiko, Erik, Leo, Nico, Nazareno, Betu y Héctor. CAÍMOS POR ESTAR PARADOS”.
Los que recibimos los golpes, los gases y balazos somos los mismos y las mismas de siempre, estemos parados o no; y los que tiran del otro lado también son los mismos de siempre. Nos quieren hacer creer que cuando nos reprimen y buscan dispersarnos es algo natural, porque saben que la fuerza real la tenemos nosotros y nosotras.
No permitamos que nos pasen por encima. Detrás de cada balazo hay una vida, con historia y con futuro, como Walter, Rubén e Ismael, como la tuya, como la nuestra. Por los que ya no están y por los que estamos, no nos quedemos quietos. LAS CALLES SON NUESTRAS.
SUMATE a la Campaña Nacional Contra las Detenciones Arbitrarias
Hace pocos días, en la localidad de Calilegua, provincia de Jujuy, la policía provincial detuvo a un manifestante por gritar “Macri gato” durante un acto público donde se encontraban el actual presidente y el gobernador, Gerardo Morales. El joven (del cual no trascendió el nombre), denunció que “no se les puede decir nada” y que se trataba de un hecho de persecución política.
Este hecho, que fue presentado en los medios oficiales como una anécdota singular, alimento de quienes se nutren de la desgracia ajena, es un ejemplo más de las detenciones arbitrarias cotidianamente. El territorio controlado sobre la base del miedo y la cabeza gacha, el despojo de las calles y la vigilancia entre vecinos, son parte de la estrategia de pobres contra pobres que buscan asegurar las facultades policiales y el resto de las fuerzas de seguridad, fortalecidas y ampliadas durante los últimos meses como pocas veces en democracia.
Los más afectados por esta permanente situación de “libertad vigilada” no es otra sino la juventud en los barrios, los trabajadores y trabajadoras, las comunidades LGBTTIQ, los afrodescendientes, artesanos y personas en situación de calle, que se encuentran a merced de los efectivos con la mirilla en la nuca, merced a ser requisados, golpeados y detenidos en cualquier momento y lugar, con excusas como la averiguación de antecedentes, las faltas y contravenciones, entre otros elementos a disposición de las distintas fuerzas.
En este contexto, en el marco de la Campaña Nacional Contra las Detenciones Arbitrarias, se realizaron actividades en el conurbano y en CABA. En La Plata se llevó a cabo una jornada con una radio abierta, taller de hip-hop y diferentes bandas. También hubo reuniones de coordinación con otras organizaciones para masificar la campaña en zona sur y CABA.
Además, durante el mes de mayo se realizaron talleres en colegios secundarios, como la Escuela de Cerámica y el Bachi Escuela Libre, del barrio de Constitución.
La lucha es por desnaturalizar este perverso accionar de la policía en particular, y del resto de las fuerzas represiva en general. Vaciar las calles y multiplicar la exclusión y marginalidad es lo que quieren, en esas mismas calles es donde van a encontrar la resistencia.
SUMATE (más información sobre la Campaña Contra las Detenciones Arbitrarias).
La reincorporación conveniente
El lunes de la semana anterior, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la reincorporación de 77 efectivos de la Gendarmería Nacional que habían sido desvinculados en 2012 por participar en reclamos salariales, según dicen, por haber tenido un “rol pasivo” en aquellas asonadas. Al mismo tiempo, declaró que actualmente se encuentran bajo revisión otros 445 casos que buscan recibir la misma resolución.
En el contexto que sufre nuestro país, con más de 100.000 despidos en el Estado Nacional y 25.000 en el ámbito privado, como consecuencia de las políticas de ajuste, saqueo y represión llevados adelante por el gobierno de la alianza Cambiemos y los gobiernos provinciales, quedan claras cuales son las prioridades del Poder Ejecutivo.
Cada vez que los trabajadores y trabajadoras que se organizan por sus derechos salen a la calle a luchar por su fuente de trabajo, se cierra el diálogo, cuando no son reprimidos, perseguidos, detenidos y judicializados. Pero en este caso, la reincorporación resulta conveniente.
Para los que creen que el aparato represivo del Estado está integrado por trabajadores, nos remitimos a los hechos que demuestran lo contrario, desde su propia fuente. Como bien sabemos, para muestra basta un botón. Citamos en esta oportunidad las declaraciones de Raúl Maza, vocero del “conflicto” en 2012: “Lo venimos trabajando desde la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP). Queremos poder sindicalizarnos de una manera especial, que no contempla el ejercicio del derecho de huelga porque nuestra tarea de seguridad es esencial”.
Más claro, echale agua.
A mediados de mayo, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el FBI realizaron una capacitación sobre el desarrollo local de los denominados Centros de Fusión, cuyo objetivo sería “impulsar una fuerte interacción entre las fuerzas federales, provinciales y distintos organismos y así, agilizar las investigaciones contra organizaciones criminales”.
Según informaron los medios oficiales, este convenio de capacitación surge bajo la necesidad de que las distintas fuerzas puedan compartir la información sobre organizaciones criminales o bandas delictivas, y contar simultáneamente con distintas líneas de investigación. Los llamados centros de fusión son el espacio físico que compartirán las policías federales y locales, junto con agencias como la Unidad de Información Financiera (UIF), el Servicio Penitenciario Federal, la Gendarmería y las restantes fuerzas.
No es la primera vez que los yanquis intervienen en las fuerzas de seguridad argentinas, como lo han venido haciendo también desde hace años a nivel Continental, con el aval de los sucesivos gobiernos quienes se han turnado, sin excepción, para hacer fila y estrechar vínculos con el imperialismo norteamericano. Al mismo tiempo que forman las fuerzas de seguridad locales, profundizan la entrega y la dependencia.
A mediados de septiembre de 2014, llegó al país un equipo del FBI experto en el desmantelamiento de explosivos y técnicas de investigación antiterroristas, para dar cursos a las fuerzas de seguridad argentinas. Esa capacitación incluía el entrenamiento para el desmantelamiento de bombas, técnicas de investigación posteriores a un estallido e instrucción en procesos de prevención y reducción de daños. Dos años antes de este suceso, el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich propició la creación de un “centro de ayuda humanitaria” en el aeropuerto internacional de Resistencia, construido con la colaboración del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. No dejemos de mencionar que en el año 2008 se informó de manera muy soslayada que los fiscales de todo el país serían “capacitados” por agentes del FBI “en técnicas de investigación criminal”, con la intención de perfeccionar a los fiscales con las más modernas técnicas en criminalística que se utilizaban en los Estados Unidos.
Estos ejemplos, y los casi 6.000 efectivos de las fuerzas de seguridad participaron de cursos de entrenamiento yanquis en los pasados 12 años, nos muestran la sumisión del gobierno al imperialismo yanqui. Bajo la fachada de “capacitación”, lo que se impulsa es instruir a las fuerzas con herramientas para la represión y la persecución, todas dirigidas a aplacar la protesta del pueblo trabajador, con la finalidad de “cuidar” sus intereses económicos.
De Ushuaia a la Quiaca, la criminalización de la protesta.
En las últimas semanas hemos sido testigos de varios hechos de represión en protestas populares. En Tierra del Fuego, cinco referentes sindicales fueron detenidos tras violentos allanamientos en sus domicilios particulares, en el marco de una protesta que llevan los compañeros estatales, hace mas de dos meses, contra el brutal ajuste impuesto por el gobierno de Roxana Bertone (FPV). Después de varios días de lucha, a lo largo y ancho del país, fueron liberados con aberrantes condiciones restrictivas.
Al tiempo que algunos de estos dirigentes recorren la ciudad de Buenos Aires difundiendo su lucha, ocurre otro caso, esta vez en Jujuy. Tres referentes del SEOM, el sindicato de municipales, fueron detenidos de la misma manera en allanamientos, a pesar de haberse puesto a disposición de la justicia, en un operativo al mejor estilo de la dictadura, cerrando calles, llegando en camionetas como si fueran a detener a peligrosos criminales. Los compañeros del SEOM, con el apoyo de todo el pueblo trabajador, lanzó varias medidas de fuerza, paros, asambleas y movilizaciones para exigir la liberación y el cierre de la causa contra estos compañeros.
Sumado a esto, llega la noticia de la represión a los vecinos del barrio San Pedro Pescador, que en una protesta cortaron el acceso al puente Chaco-Corrientes y fueron desalojados por la policía de Chaco con un camión hidrante de bomberos.
El panorama empeora cada vez más. Mientras se escriben estas líneas circulan en las redes fotos de maestras apaleadas por la policía, de nuevo en Ushuaia. El gobierno nacional inauguró sus métodos represivos con Cresta Roja, pocos meses atrás, cuando empleados de la empresa avícola realizaban una protesta en reclamo del pago atrasado de salarios. Siguió el gobierno bonaerense en La Plata, cuando cargó contra los trabajadores frente al municipio. Y se fueron sumando, provincia tras provincia, conflicto tras conflicto.
El mensaje es claro: nos quieren quietos y callados. De este lado nos queda una tarea fundamental, que es la de organizarnos para dar pelea y defender nuestros derechos en unidad.