Boletín informativo nº 785

  Las calles son nuestras

El jueves 12 de mayo se realizó una masiva marcha en defensa de la universidad pública y en contra de las políticas impartidas por el gobierno sobre la educación estatal. La multitudinaria jornada de protesta, que convocó mayoritariamente a docentes, estudiantes y personal no docente, fue acompañada también por agrupaciones de izquierda y populares, con o sin intervención en el ámbito estudiantil. No se veía una movilización estudiantil y docente de semejante magnitud desde 2001, cuando el entonces ministro de economía de la Alianza, Ricardo López Murphy, recortó el presupuesto universitario y miles salieron a la calle a repudiarlo. El punto de partida de la convocatoria fue en Plaza Houssay, desde donde se marchó hasta al Ministerio de Educación, para terminar en Plaza de Mayo.

Esta movilización se dio en el marco de una lucha que ya lleva varias semanas, con paros docentes y clases públicas. Calles y estaciones de subte fueron improvisadas como aulas para dictar clases y visibilizar un conflicto que los grandes medios de comunicación ignoran o exhiben a cuentagotas. Las reivindicaciones del movimiento son el aumento del presupuesto universitario, para poder hacer frente al incremento de los servicios; recomposición salarial para los docentes y personal no docente; el boleto educativo y un aumento en la cantidad de becas. Es importante mencionar que también se exigió el cese de los despidos, la reincorporación de los cesanteados y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.

“Lo esencial es invisible a los ojos… del gobierno”; “Los científicos no queremos volver a lavar los platos”; y “Total Antonia va a ir a una facultad privada, ¿no?”, fueron algunos de los carteles artesanales que aportaron originalidad a la marcha.

Los más de 50 mil manifestantes, que ningún medio de comunicación oficial se atrevió a mostrar, fueron la clara muestra de un colectivo que no va a dar el brazo a torcer en su defensa de la educación pública y sale a luchar a la calle doblegando una vez más, con la fuerza de la movilización, el protocolo antipiquetes.

 Criminalización de la protesta en Tierra del Fuego y Jujuy

Esta semana, están en la ciudad de Buenos Aires algunos de los cinco dirigentes sindicales detenidos en Ushuaia y liberados varios días después, en el marco de una protesta de trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, de la salud, municipales y otros sectores, que lleva más de dos meses de paros, movilizaciones, cortes de ruta y un acampe frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego.

La protesta es una clara respuesta y rechazo a la escalada de ajustes aplicada por el gobierno de Rosana Bertone (FPV) con un paquete de leyes votado por la Legislatura provincial, que establece la suba de la edad jubilatoria, el impuesto al consumo y varios recortes de planes sociales, entre otros ataques a los trabajadores.

“No queremos ejercer la represión. Pero con un grupo de estas características es muy difícil” sentenció el vicegobernador Juan Carlos Arcando, poniendo de manifiesto la criminalización de la protesta y liberando el posterior accionar de las fuerzas de seguridad. Esa misma noche se realizaron allanamientos en los domicilios particulares de los gremialistas, intimidando y golpeando a los dirigentes y sus familiares.

Detenidos e incomunicados por más de tres días, en horribles condiciones de alojamiento, los compañeros fueron liberados a fuerza de la lucha en la isla y en todo el país. El juez Javier de Gamas Soler (imputado por encubrimiento en el atentado a la AMIA) les impuso escandalosas condiciones restrictivas para otorgar la libertad, como la prohibición de acercarse a menos de cien metros de cualquier edificio público provincial y sus funcionarios (incluidos policías), orden de permanecer en su domicilio de 22 a 6, etc. Un verdadero estado de sitio judicial, que ataca a las libertades democráticas y la tutela sindical de los cinco dirigentes, de la mano del cerco mediático para evitar que la crisis institucional se difunda en los medios de comunicación.

Es necesario remontarse al año 2006, en Las Heras, provincia de Santa Cruz, para encontrar un episodio represivo de similar masividad y voltaje.

Mientras los compañeros fueguinos recorrían la ciudad de Buenos Aires difundiendo su lucha, en el marco de una amplia campaña solidaria encabezada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, llegó la noticia de la detención, en Jujuy, de tres referentes del SEOM, el sindicato de municipales. De nuevo los allanamientos violentos y las órdenes de captura para quienes se habían puesto a disposición de la justicia, y la negativa a liberarlos pese a que los delitos imputados (atentado y resistencia a la autoridad, daño y lesiones) son el clásico “combo manifestación” y permiten la excarcelación.

Nuevamente vemos el accionar coordinado de la justicia, el poder ejecutivo y sus fuerzas de seguridad, cuando de reprimir se trata, con el objetivo de neutralizar las protestas de los sectores populares y disciplinar a todo el pueblo trabajador. Pero la lucha sigue, los trabajadores fueguinos y jujeños siguen movilizados y los apoya todo el pueblo trabajador.

 Macri y Angelici, un solo corazón

Una vez más el PRO atacó al pueblo, esta vez de la mano de la dirigencia del Club Atlético Boca Juniors. El 4 de mayo, una patota del PRO del barrio de La Boca, intimidó y agredió a las organizaciones sociales y vecinos que concurrieron a una reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, con el saldo de varios heridos, algunos de gravedad.

Todo sucedió durante una asamblea comunal en la que militantes de distintas organizaciones, que participan en la multisectorial La Boca Resiste y Propone, exigían que no se cambie el destino para viviendas sociales de los terrenos previstos hace años para ese fin, que fueron recientemente licitados, de manera fraudulenta, para la construcción de un estadio-shopping de los dirigentes-empresarios del Club Atlético Boca Juniors.

Los agresores estaban comandados por un conocido puntero de la zona (antes Radical, ahora PRO), Rodolfo “El Cordobés” Corzo, quien además es empleado de la Comuna 4 y responde políticamente al jefe de la Junta Comunal, Jorge Apreda (también del PRO) La patota del “Cordobés” no interrumpió y agredió a los compañeros de la multisectorial, y la reunión finalizó con amenazas, golpes, sillazos y cuchillazos. El episodio, garantizado con la complicidad policial que liberó la zona, ocasionó heridas de gravedad a más de uno, y puso en riesgo la vida de Matías Scínica (de Boca es Pueblo), un claro intento de homicidio.

Por eso denunciamos el carácter deliberado de las agresiones, ya que los militantes que resultaron heridos son referentes importantes de la lucha que se está impulsando contra los negociados de dirigentes del club, empresarios y militantes del PRO. El derecho a la vivienda es una vez más vulnerado por el lucro capitalista. CORREPI se puso a disposición de los compañeros de Boca es Pueblo, a quienes acompañaremos en sus querellas contra los agresores y sus jefes políticos.

 Otra vez sopa…

Dos hechos delictivos, ocurridos recientemente, vuelven a poner a la vista la criminalidad que reina en la policía. Son hechos que, a la vez, salpican al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que protege a los miembros de la fuerza implicados en casos de corrupción.

En este caso, se trata del superintendente de La Plata, Fernando Grasso, señalado por recibir coimas provenientes del negocio del narcotráfico, la prostitución y el juego clandestino. También recibía pagos, luego distribuidos en las distintas dependencias policiales, por proteger desarmaderos ilegales y boliches sin autorización, pasando por los servicios de seguridad truchos de los supermercados chinos y centros comerciales. El hecho saltó a la luz cuando se encontraron 36 sobres con 153 mil pesos en la sede policial de la Departamental La Plata, cada uno con la inscripción de a qué dependencia correspondía. Cabe aclarar que, por semejante hallazgo, sólo se han desafectado a cinco policías, pero ninguno de ellos era el “destinatario” de los 36 sobres.

Como si esto fuera poco, circula la información de que Grasso fue asaltado meses atrás, en la autopista La Plata - Buenos Aires, oportunidad en que le habrían sustraído alrededor de medio millón de pesos provenientes de estas recaudaciones irregulares, hecho que suena a “mejicaneada” entre ellos.

El otro caso, que también tuvo lugar en ciudad de La Plata, refiere a un robo de características muy particulares. Una pareja fue asaltada por ladrones que utilizaban el uniforme completo de la policía bonaerense y forzaron la puerta con un ariete igual a los que usan en los allanamientos. En el medio del asalto, una de las víctimas les advirtió a los “delincuentes” que esperaban la llegada de un familiar y que si descubría lo que estaba sucediendo, llamaría al 911. Pero ellos, sin preocuparse, les dieron una inquietante respuesta: “No pasa nada, nosotros somos la Policía”.

 Femicidio a la bonaerense.

Durante el mes de mayo, los medios de comunicación dieron a conocer un nuevo caso de femicidio en el que se encuentran involucrados oficiales de la policía bonaerense.

Un oficial del Comando de Patrullas, Axel Riquelme, mató de un tiro en la cabeza a su pareja Natalia Liva, y luego se pegó un tiro, aunque sobrevivió. No es un dato menor que la víctima también era agente de la policía de la Provincia de Buenos Aires y que estaba cursando el primer trimestre de su embarazo.

De acuerdo al testimonio del hermano de la mujer, la pareja estaba discutiendo en el interior de su vivienda de la localidad de Isidro Casanova, cuando se escuchó el ruido de los disparos. Según su relato, al acudir al lugar, encontró al policía gravemente herido, por lo que fue trasladado al hospital Paroissien, donde fue intervenido quirúrgicamente y hoy se encuentra en estado reservado. En ese mismo escenario, Natalia había fallecido.

El último informe elaborado por el Observatorio de Femicidios en Argentina concluye que una mujer muere cada 30 horas a causa de la violencia machista.  Las estadísticas expresan en números el hecho de que ser mujer es una de las primeras causas de muerte en nuestro país. Y como ya hemos afirmado en otras oportunidades, un dato preciso que manejamos desde el Archivo de CORREPI es que la mitad de los casos en que la víctima es mujer son femicidios cometidos por policías, mientras que el 20% del total de feticidas llevaban uniforme.

Por eso afirmamos que este femicidio no constituye un hecho aislado causado por un oficial “descarriado”, sino que se trata de otro caso de violencia de género que no escapa a la intervención represiva del aparato estatal.