Boletín informativo nº 632

Compañero Antonio Bitto, ¡PRESENTE!

El domingo 30 de octubre murió el compañero Antonio Bitto, referente del MTR 12de Abril y co-fundador del Bloque Piquetero Nacional. Quedan sus más de cincuenta años de lucha consecuente e infatigable. Quedan su compromiso de clase y su solidaridad revolucionaria.

Desde CORREPI, extrañaremos la incondicional predisposición con que siempre aportó a la lucha antirrepresiva, una pelea que siempre reconoció como central, y que lo contó presente, invariablemente, en cada una de nuestras actividades.

Seguiremos juntos en cada movilización, en cada marcha, en cada acción para denunciar al estado, estado mayor de la clase dominante, a su represión y a todas sus formas de explotación.

Compañero Bitto, ¡PRESENTE! en la sociedad del futuro, sin privilegios de clase y por los caminos del Hombre Nuevo, AHORA Y SIEMPRE.

La sentencia ESMA, el pasado y el presente

Una de las noticias importantes de esta semana fue la condena a 17 represores de la ESMA en el primero de los juicios orales por ese centro clandestino de detención. ¡Qué alegría fue escuchar que se van a pudrir en la cárcel!

Mientras se leía la sentencia, a muchos nos habrá pasado que nos pusimos a recordar tantas cosas…

Cuando el presidente del tribunal anunció la perpetua a Astiz, imposible no recordar a ese mismo milico, feliz y despreocupado, paseando al pie de la cordillera, el 1º de septiembre de 1995, cuando un guardaparque lo reconoció, y le encajó una soberana piña… CORREPI se sumó a la defensa del compañero Alfredo Chávez, que fue a juicio por pegarle al Ángel Rubio, y estuvimos muchos primeros de septiembre con él, en Bariloche, para recordar ese día de bronca digna.

Cuando le llegó el turno al Tigre Acosta, cómo no acordarse de esa noche de invierno, cuando volvíamos, por Callao, de una marcha en Congreso por la libertad de los presos políticos de La Tablada. Frente a un local de comidas rápidas, alguien gritó: “¡Miren! ¡Es el Tigre Acosta, está ahí adentro!” y en segundos se armó el escrache.

Pero cuando leyeron la condena al ex comisario Ernesto Frimón Weber, muchos pensamos en el presente. En su hijo, el comisario de la federal Ernesto Sergio Weber. A Weber padre, en la ESMA, le decían 220, o El Maestro, porque les enseñó a los marinos a usar la picana “como se debe”. Su hijo, “policía de la democracia”, era subcomisario en 2001, cuando comandó el grupo de ataque de la federal que fusiló, en Av. de Mayo y 9 de Julio, a Diego Lamagna, a Gastón Riva y a nuestro compañero Carlos Petete Almirón.

El subcomisario Weber se ganó el ascenso a comisario, firmado por Néstor Kirchner y Aníbal Fernández, después de mostrar su excelencia en el mando de tropa el 16 de julio de 2004, cuando fue uno de los que dirigió la represión frente a la legislatura de la ciudad, que nos costó 17 compañeros presos por más de dos años.

Y ahí, dejamos de prestar atención a lo que el juez leía, y pensamos cómo, de los dos Weber, uno le sirve al gobierno como lastre que puede ser tirado por la borda, que puede ser entregado, juzgado y condenado, mientras que el otro, tan represor como el padre, tuvo toda la protección necesaria como oficial jefe de la policía federal en ejercicio, y disfruta ahora, lo más tranquilo, de su jugoso haber de retiro.

En el juicio oral de la ESMA, como en todos los juicios contra los represores de la dictadura, el gobierno que acaba de revalidarse para su tercer mandato fue querellante, es decir, ocupó el rol de acusador que se reconoce a la víctima del delito. El mismo gobierno que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura, el mismo gobierno que tiene presos políticos, y que, a lo largo de su gestión, tuvo más de 100 compañeros en sus calabozos. El mismo gobierno que condena como delincuentes a los trabajadores que se movilizan para reclamar mejores condiciones de trabajo y a los militantes que se organizan para luchar por una sociedad diferente. El gobierno que obedece sin chistar al poder imperial, y paga compulsivamente la deuda que no es nuestra; mantiene tropas aplastando al pueblo de Haití y sanciona, una tras otra, leyes antiterroristas al gusto del GAFI.

Hicimos un cálculo sencillito: el juicio de la ESMA duró 22 meses. En ese mismo tiempo, el aparato represivo que dirige el gobierno, mató, con el gatillo fácil y la tortura, por lo menos 550 jóvenes pobres.

La condena de la ESMA, como las anteriores, como las que vendrán si los tribunales se apuran un poco y no se siguen muriendo represores, no se la debemos, ni un poquito así, a Néstor y Cristina Kirchner, ni a nadie en este gobierno.

Fue con la lucha y la movilización de un pueblo que no transó con el olvido y el perdón que se mantuvo vivo el reclamo de juicio y castigo. El gobierno que asumió en 2003 andaba necesitado de consenso, y sacó la cuenta: Ganaba todo si permitía la reapertura de los juicios, y no perdía nada, porque su aparato represivo no descansó nunca en Astiz, Acosta, Donda o Weber padre. Los Kirchner y su tropa se montaron sobre el reclamo histórico, sostenido por una lucha en la que ninguno de ellos participó jamás, y lograron así cooptar a casi todo el movimiento de derechos humanos, que los entronó como “el gobierno de los DDHH”.

Repetimos: en el mismo tiempo que llevó juzgar a Astiz y compañía, el gobierno de los DDHH nos mató medio millar de pibes. Sabremos con exactitud cuántos el próximo 25 de noviembre, en Plaza de Mayo, cuando presentemos la actualización 2011 del Archivo de CORREPI.

No tiene derecho a alzarse con un mérito por el que no pelearon cuando no les servía, ni a apropiarse de una lucha a la que fueron ajenos, mientras, día a día, aplican TODA LA FUERZA DE LA REPRESIÓN, PARA PROFUNDIZAR SU MODELO DE EXPLOTACIÓN.

“Gatillo fácil te gritan al pasar…”

La política de estado del gatillo fácil no se toma descanso, ni elecciones, ni aunque cambien (o no) los gobiernos.

El domingo 23 de octubre, en Formosa, la prefectura disparó a quemarropa, siguiendo su “olfato”, contra una lancha en la que viajaban dos jóvenes que trabajaban de “paseros”. Uno de ellos, cayó herido al agua, donde murió ahogado ante la mirada impávida de los prefectos, que sí se apuraron para detener al otro chico, brutalmente golpeado a tal punto que ellos mismos lo llevaron después al hospital.

En el resto del país se vive, todos los días, la escalada represiva que aplica el estado para disciplinar y evitar que se organicen las clases más explotadas del sistema, a través de la represión preventiva con el gatillo fácil, la tortura y la muerte en comisarías y cárceles.

En Laferrère, Pcia. de Buenos Aires, una oficial de la policía metropolitana hizo uso de toda su preparación en materia de seguridad, que no es otra que disparar contra cualquier pibe que parezca “sospechoso”. Ante un intento de robo por parte de tres jóvenes, la oficial sacó su arma reglamentaria y le disparó en el pecho a uno de los chicos, quien murió en el momento.

Estos dos casos de gatillo fácil son sólo una muestra de una situación que es cotidiana, por ser una política de estado aplicada sistemáticamente, gobierne quien gobierne, aunque el gobierno kirchnerista conserva y consolida su “primer puesto” represivo, con más de 1.800 muertes por gatillo fácil, tortura o muerte en cárceles y comisarías, más de la mitad de las ocurridas desde 1983.

Mientras matan como siempre, pero cada día más, nos hablan de “política de DDHH”; mientras militarizan el país entero, nos hablan de “seguridad ciudadana”; mientras le dan más equipamiento y presupuesto a las fuerzas represivas, nos hablan de “progresismo”.

Por más purgas o nuevas fuerzas que inventen, los asesinatos por gatillo fácil aumenta sin parar. Es que el actual gobierno no hace otra cosa que defender los intereses de los ricos y poderosos, y para eso tiene que reprimir, porque la seguridad de los ricos es la represión de los pobres.

Más trabajadores perseguidos por luchar

El jueves 27 de octubre, los delegados Catalina Balaguer y Leonardo Norniella, ambos de la comisión interna de Pepsico, fueron citados a declarar por la justicia de San Martín, por haber participado en cortes de la Panamericana en 2010 en reclamo de condiciones de trabajo y contra la tercerización laboral y los despidos.

Gracias a esa medida de fuerza, por la que hoy estos compañeros son procesados, los trabajadores de esta empresa lograron la efectivización de 80 trabajadores que permanecían bajo la tercerización de una agencia de trabajo.

Esta lucha, que muestra la solidaridad entre los trabajadores y la iniciativa de defender condiciones dignas de trabajo, son convertidas por la empresa, el aparato judicial y el gobierno, en delitos.

Así lo hicieron con los ferroviarios, luego de que la patota de Pedraza asesinara a Mariano Ferreyra, donde los trabajadores, peleando por sus condiciones de trabajo, fueron acusados del “delito” de extorsión tras el corte de vías.

También lo hicieron con los trabajadores de Kraft, María Teresa Rosario y Jorge Penayo y el dirigente del PO, Néstor Pitrola, todos procesados por los cortes de la Panamericana en 2009, durante la enorme lucha contra los despidos. El mismo juez federal de Tres de Febrero, Mariano Larrea, es el que dictó el procesamiento a Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense, a Vilma Ripoll del MST, a los compañeros de Kraft y Pepsico, y tiene, sólo es su juzgado, una veintena de causas similares contra compañeros luchadores.

Este mismo mes, fue ratificado el procesamiento de uno de los delegados de la empresa Paty, Hugo Costilla por pelear por aumento de salario.

Decididamente, las empresas cuentan con una política clara por parte del gobierno y su aparato judicial para intentar poner freno a la lucha independiente de la burocracia sindical, y garantizar los negocios empresarios.

La Cámara Federal de San Martín que confirmó, ya, algunos de esos procesamientos, hace unos años, “curiosamente”, sostenía que el entorpecimiento del tránsito, cuando el objetivo de la medida no es el corte sino un reclamo por un derecho no podía ser catalogado como delito. Pero claro, eso lo dijeron Sus Señorías cuando los imputados eran los rubios vecinos de Vicente López, encabezados por su intendente “Japonés” García, que se oponían a la ampliación de la autopista porque afearía sus lujosos barrios.

Otra cosa es cuando se trata del reclamo de miles de trabajadores, que sufren las peores condiciones de trabajo, cobran salarios miserables y son atemorizados con el despido en forma permanente. Esta justicia no es para los trabajadores y el pueblo, sino que, como parte del aparato estatal, cumple su rol, y, gobierne quien gobierne, defiende los intereses de la clase dominante.

¿Al servicio de la comunidad?: poli-extorsionadores, poli-encubridores, poli-golpeadores y poli-violadores.

La criminalidad, como siempre decimos, es una constante de la institución policial. Es que la policía, lejos de estar “al servicio de la comunidad”, es quien regentea todos los negocios sucios y “productivos”, desde el narcotráfico, los grandes y pequeños robos, hasta las redes de trata. Prueba de esto es que, si pasamos revista a los boletines semanales de CORREPI, las notas sobre este tema ya son un clásico.

Esta semana tenemos varios delitos policiales, de los pocos que salen a la luz.

En el Bajo Flores, Víctor Michael Lázaro Castillo fue detenido por un grupo de policías, de ocho comisarías distintas, quienes lo secuestraron pidiendo un rescate de 20 mil pesos, a cambio de no inventarle una causa por drogas. Le dijeron que sabían que su mamá tenía un restorán en el Abasto y, como cuenta Castillo, “me dijeron que si querían me liquidaban de un tiro, me dejaban tirado y me ponían droga sin que nadie se enterase”. El aterrado hombre juntó 10 mil pesos. Hoy tres de esos policías, el subinspector de la Comisaría 23ª, Mariano Comello Potes, el agente de la 28ª, Gastón Eduardo Aragón y el suboficial mayor de la 34ª, Juan Manuel Ferragud Marcucci, van a ir a juicio. En el momento de las detenciones, el ex cabo Carlos Daniel Maidana logró escapar y permanece prófugo.

Un sargento de la División Defraudaciones y Estafas, de quien la justicia reserva su identidad, está procesado por falso testimonio e incumplimiento de sus deberes, ya que se le había encomendado la tarea de desgrabar escuchas telefónicas relacionadas a delitos en el barrio de La Boca, y este sargento, en seis oportunidades, informó que en las escuchas no había datos relevantes para la investigación. Claro, era mentira. Seguramente una mentira muy bien paga.

En el barrio de San Nicolás, el canillita Hernán Hector Cígola fue detenido por policías de la federal, quienes le pidieron plata a cambio de no armarle una causa por “lesiones”. El canillita pagó $1.100 para lograr su libertad. Los policías implicados son el inspector Marcelo Roberto Tapia, el subinspector Fernando Maximiliano Alfaro, el ayudante Saúl Ignacio Paz y el suboficial César Alberto Rojas, ya procesados.

Un policía de Ensenada, que cumple funciones en un destacamento de Gonnet, amenazó de muerte a su mujer y a sus hijos. En enero de este año, golpeó al hijo de su pareja y luego amenazó de muerte a su esposa, quien lo denunció, por lo que la causa fue a juicio oral. La semana pasada, este policía amenazó a su mujer con matarla, matar a sus hijos y luego suicidarse para evitar ir a la cárcel, si perdía la custodia del hijo de ambos.

En cuanto a delitos sexuales, en Necochea, dos policías de la bonaerense están acusados de abusar sexualmente de una nena de 12 años y en Rawson, un policía tiene dos denuncias de abuso sexual contra dos niños. Este último caso se hizo público ya que la gente, por temor a este poliviolador que anda suelto, lo escrachó con carteles que dicen “policía violador”.

No solo nos matan un pibe por día con el gatillo fácil y las torturas y nos reprimen cuando nos organizamos para luchar por mejores condiciones de vida, sino que, además, son los que se encargan de enriquecerse con todo negocio sucio que ande por ahí. Se cae de maduro que inseguridad, es la policía en la calle.

Torturas en Berisso, en Chaco y en el Hospital Fiorito.

A Néstor Ariel Cannizzo (33) lo golpearon hasta provocarle convulsiones, y luego lo abandonaron a su muerte, en la comisaría 4ª de Berisso, el 22 de octubre pasado. La familia y amigos movilizaron hasta la seccional de Villa Argüello para escrachar y denunciar lo sucedido. La respuesta fue la fuerte presencia de infantería y balazos de goma. La mujer de Néstor, Susana Santana, contó que “lo devolvieron con la cara destrozada por los golpes y con un brazo desacomodado. Así fue como lo velamos”, y denunció que la autopsia no registra los golpes. Damián, su hermano menor, dijo que vio cuando “la policía estaba dentro de la casa, no tenía orden de allanamiento y lo tenían contra el piso golpeándolo y pisándole la cabeza”.

En Chaco, Sergio Valenzuela, fotógrafo del diario La Voz del Chaco, fue atacado por efectivos del sistema 911 de la policía, golpeado en la cabeza, torso, manos, piernas y boca, y detenido arbitrariamente, en el barrio Provincias Unidas de Resistencia. El subsecretario de Seguridad provincial, Javier Oteo, en un intento por mostrar una imagen “progre”, aclaró (aunque hay aclaraciones que oscurecen) que, “en caso de constatarse lo denunciado, sería más grave”, porque, pocos días atrás, iniciaron “un curso de derechos humanos destinado a los agentes del 911”.

Como ya relatamos en el Boletín nº 631, la tarde del 18 de octubre, Jonathan Damián Alí, de 19 años fue brutalmente torturado por policías de la bonaerense, dentro del Hospital Fiorito de Avellaneda, donde se encontraba internado.

Mientras la fiscalía respondió con medidas concretas, como el secuestro de toda la documentación del hospital y una docena de declaraciones testimoniales, a la movilización encarada por la familia con el apoyo de CORREPI, que logró dar estado público al hecho, las autoridades del Fiorito intentaron de forma desfachatada, silenciarlo. En el momento del cierre de este Boletín, supimos que, después de una semana y media de luchar con todas sus fuerzas para sobrevivir, Jonathan murió.

Tortura. Aunque en democracia quieran usar eufemísticamente el término “apremios”, es una política de estado, igual que en la dictadura.

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.