Archivo 2011

CORREPI

Introducción, gráficos, tablas y conclusiones a partir de la recopilación de datos de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983/2011.

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2011
1. Introducción
Pasados los primeros ocho años de su gestión, y a las puertas de su próximo mandato por otros cuatro, el kirchnerismo ha demostrado su capacidad de relegitimar las instituciones, fuertemente cuestionadas en la crisis que tuvo su apogeo en 2001, garantizando el recambio de la gobernabilidad de la clase dominante.
En aquel momento, la burguesía encontró en el kirchnerismo el mejor intérprete de las “lecciones” de 2001/2002 y le devolvió la “paz social” que necesitaba para seguir explotando.
Un fabuloso aparato de propaganda, la cooptación de organismos y “referentes” de derechos humanos, el respaldo de un sector considerable de la intelectualidad y de la cultura, dieron al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner el consenso del que carecía en 2003. Consenso imprescindible para implementar, sin costo político perceptible, las políticas represivas destinadas al control y al disciplinamiento social.
Así, con el visto bueno de la “oposición” -unificada y consecuente con los intereses comunes que defienden-, mientras declaman que no criminalizan la protesta ni la pobreza, naturalizan el despliegue represivo mas importante de los últimos tiempos.
Lejos de constituir un “doble discurso”, se trata de toda una política de estado que utiliza su propaganda en materia de DDHH para invisibilizar la represión como herramienta disciplinadora, que se descarga tanto sobre los sectores organizados como los no organizados de la clase trabajadora.
Frente a los pocos hechos represivos que logran trascender el muro mediático, generalmente por la movilización y repudio masivo que generan, el gobierno nacional recurre a diversos mecanismos para desligarse de su irreductible responsabilidad. Si el hecho se produce fuera del ámbito nacional, usan la tesis de la “responsabilidad provincial”, como si los gobernadores no respondieran a la defensa de los mismos intereses y no hubiese una clara política común de carácter nacional respecto del manejo de los conflictos. Así lo vimos en el esfuerzo de desprenderse de su cuota de responsabilidad en los asesinatos del docente Fuentealba, de los integrantes del pueblo Qom, de los manifestantes antirrepresivos Cárdenas y Carrasco de Bariloche, y el muy reciente fusilamiento de la niña Belén Brizuela en La Rioja.
Otro de los mecanismos para sostener su pretendida “ajenidad” de los episodios represivos, es la utilización de patotas de la burocracia sindical, como en el asesinato de Mariano Ferreyra, o de grupos de choque dirigidos por empresarios o terratenientes, como en el caso de los ocupantes de tierras de Libertador General San Martín y de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.
Del mismo modo, apelan a la “división de poderes” para esconder su responsabilidad frente a la persecución judicial que padecen militantes y trabajadores organizados, y para silenciar su más grave consecuencia, los presos políticos, atribuyendo esa forma de represión “con los códigos en la mano” a jueces y fiscales de los que pretende no hacerse cargo.
La creación del nuevo ministerio de Seguridad a fin de 2010, bajo la dirección de Nilda Garré y el Cels, muestra cómo el gobierno se prepara para una etapa en la que deberán reprimir en forma creciente, en el marco de la crisis capitalista mundial. La centralización del mando que controla todas las fuerzas del aparato represivo, es un requisito necesario para incrementar la “eficacia” de la represión en un escenario que promete más descontento social ante el aumento de la pobreza.
Por una parte, con iniciativas como el operativo Cinturón Sur o el operativo Centinela, saturan de uniformados de varias fuerzas las barriadas populares, garantizando a través de esa militarización un mayor control territorial de los que llaman “zonas conflictivas”, caracterización que responde, no a la incidencia del “delito”, que sus propias fuerzas de seguridad regentean y ejecutan, sino a que son los lugares que concentran los mayores índices de pobreza y, por ende, son zonas de potencial conflicto.
Por la otra, esas mismas fuerzas, bajo un mando unificado, son las que, organizadas como si se tratara de verdaderos operativos de contrainsurgencia, tienen a su cargo disolver las manifestaciones obreras, los cortes de ruta o autopistas, las tomas de fábrica, etc., fundamentalmente cuando estas medidas son organizadas o protagonizadas por trabajadores no alineados con la burocracia sindical.
La reiterada sanción de leyes antiterroristas, enviadas al Congreso por el gobierno nacional, obediente a los mandatos imperiales, es parte de la misma política de estado que mata con el gatillo fácil y la tortura, al tiempo que multiplica los procesos contra trabajadores, estudiantes y referentes políticos. Ejemplo de esto último son las causas iniciadas como consecuencia de las luchas de Kraft, Pepsico, Fate, Línea 60, Paty, Frigorífico Rioplatense, el Hospital Garrahan, ADOSAC, etc.
Así como se persigue a los que se organizan y luchan, preventivamente se reprime a quienes deberían organizarse y luchar, para evitar que lo hagan. Al amparo del discurso de la “inseguridad”, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias sirven para meter con sangre la letra que enseña “quién manda y a quién hay que obedecer”. En el mismo sentido debe entenderse la impunidad que garantiza el gobierno a sus represores, poniendo el aparato judicial al servicio de la impunidad de quienes asesinan con el gatillo fácil y la tortura.

2. Por qué hacemos el Archivo
La necesidad, en nuestra militancia cotidiana, de mostrar lo invisibilizado y naturalizado, motivó a CORREPI a intentar, a partir de 1996, la sistematización de los datos disponibles sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
Con estos datos, nos proponemos mostrar que el alcance y la extensión de la represión que padece el pueblo, responde a una política de estado. Un estado dividido en clases, que necesita de la explotación de la amplia mayoría del pueblo por una reducida minoría, y que, para poder garantizarla, inevitablemente hace uso de la violencia y la represión.
Nuestro Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, en cambio, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva, como sucede donde funcionan la organizaciones que, junto a CORREPI, integran el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) -1-. Por eso, convocamos a todo el que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta.
Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. Sirva como ejemplo de esto que, cuando llegamos a la Plaza de Mayo en noviembre de 2010, registrábamos 3.093 casos. Hoy registramos 3.393. De los 300 incorporados al Archivo a partir de entonces, 155 ocurrieron en años anteriores a 2010.
En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

3. Cómo hacemos el Archivo

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas. Este año 2011, debimos incluir, por primera vez, a la flamante policía metropolitana de la CABA, responsable, ya, de cinco asesinatos.
3. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y sólo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad, sino de personas que murieron como consecuencia de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
4. A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de la desapariciones).
5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo del año siguiente.
6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés -2-.

4. Las conclusiones
Los datos registrados, con una acumulación ya de 15 años, permiten extrapolar tendencias y sacar conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que, por más de una década y media, no ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa.
Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números, son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
Notas:
1) Integran el ENA (Encuentro Nacional Antirrepresivo) CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); FAM (Frente Antirrepresivo de Mar del Plata); CADH (Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario); Sociedad de Resistencia (Mendoza), AGARRE (Acción Grupal AntiRrepresiva - Comodoro Rivadavia); Corriente del Pueblo (Jujuy), Jóvenes KURMI (Jujuy), Movimiento Campesino de Jujuy (MoCaJu); Militantes Antirrepresivos de Olavarría; Colectivo de Militantes por los Derechos Humanos de El Bolsón; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos de Cordoba (CADDHH); Pájaros en la Cabeza (Santa Fe); Antirrepresión (Misiones) y Centro Cultural y Social Estación Esperanza (Rafaela).
2) Por ejemplo, los informes sobre Femicidios, que registran un 7% de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, o los informes sobre muertes en cárceles de organizaciones anticarcelarias, y de la propia Procuración Penitenciaria Nacional.

En este gráfico se ponen de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión preventiva: los fusilamientos de gatillo fácil (49% del total) y las muertes de personas detenidas (35%).
Las permanentes campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan estos homicidios contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático, como ocurrió en Bariloche, en Baradero o en La Rioja tras los asesinatos de Diego Bonefoi, Mauro Rotella o Belén Brizuela respectivamente.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad confluyen los inverosímiles suicidios por ahorcamiento o incendios en cárceles y comisarías, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos. La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas por aplicación de las más efectivas herramientas de control social, la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas y contravenciones. Algunas desapariciones, en las que se sabe que la víctima pasó por una comisaría, están listadas bajo esta categoría. Otras lo están en la de “otras modalidades”.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 65 desde 1995. De ellos, 16 ocurrieron durante el gobierno kirchnerista (ver próxima sección, con el balance 2003/2011).


Balance del período 2003/2011

Si acotamos el análisis de los datos a los últimos 8 años, se advierten algunas diferencias significativas en los resultados que permiten caracterizar mejor la forma en que se reprimió durante las dos gestiones de gobierno kirchnerista:

Total de asesinados por la represión estatal 2003/2001:

1.836, que representa el 54,11% del total desde diciembre de 1983

Comparando la gestión de Néstor y Cristina Kirchner con los gobiernos de Raúl Alfonsín (debe aclararse que la información sobre este período es poca y mala, e incluye 25 casos sin fecha precisa), Carlos Menem, la Alianza de Fernando De la Rúa y Carlos Álvarez y el interregno post 2001 de Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde, tenemos que:

1. CHOQUE, Víctor 12/04/1995 Tierra del Fuego Menem
2. RODRÍGUEZ, Teresa 12/04/1997 Neuquén Menem
3. OJEDA, Mauro César 17/12/1999 Corrientes De la Rúa
4. ESCOBAR, Francisco 17/12/1999 Corrientes De la Rúa
5. VERÓN, Aníbal 10/11/2000 Salta De la Rúa
6. MOLINA, Ramón 23/11/2000 Chaco De la Rúa
7. CARRANZA, Félix Fernando 26/12/2000 Córdoba De la Rúa
8. BARRIOS, José Oscar 16/06/2001 Salta De la Rúa
9. SANTILLÁN, Carlos 16/06/2001 Salta De la Rúa
10. GRAMAJO, Roberto Agustín 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
11. SPINELLI, Carlos Manuel 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
12. RAMÍREZ, Damián Vicente 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
13. SALAS, Ariel Maximiliano 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
14. CÁRDENAS, Jorge* 19/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
15. PEDERNERA, Sergio 19/12/2001 Córdoba De la Rúa
16. GARCÍA, Yanina 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
17. DELGADO, Juan 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
18. LEPRATTI, Claudio “Pocho” 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
19. ACOSTA, Graciela 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
20. PACINI, Miguel 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
21. VILLALBA, Ricardo 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
22. PEREYRA, Rubén 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
23. ÁVILA, Diego 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
24. LEGEMBRE, Cristian E. 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
25. GUÍAS, Pablo Marcelo 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
26. FLORES, Julio Hernán 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
27. ENRIQUEZ, Víctor Ariel 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
28. VEGA, José 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
29. ROSALES, Mariela 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
30. BENEDETTO, Gustavo Ariel 20/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
31. MÁRQUEZ, Alberto 20/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
32. LAMAGNA, Diego 20/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
33. ALMIRÓN, Carlos “Petete” 20/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
34. AREDES, Rubén 20/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
35. RIVA, Gastón Marcelo 20/12/2001 Ciudad de Buenos Aires De la Rúa
36. MORENO, David Ernesto 20/12/2001 Córdoba De la Rúa
37. FERREIRA, Sergio Miguel* 20/12/2001 Córdoba De la Rúa
38. ARAPI, Ramón Alberto 20/12/2001 Corrientes De la Rúa
39. TORRES, Juan Alberto 20/12/2001 Corrientes De la Rúa
40. ITURAIN, Romina 20/12/2001 Entre Ríos De la Rúa
41. PANIAGUA, Rosa Eloísa 20/12/2001 Entre Ríos De la Rúa
42. RODRÍGUEZ, José Daniel 20/12/2001 Entre Ríos De la Rúa
43. AVACA, Elvira 20/12/2001 Río Negro De la Rúa
44. ÁLVAREZ Villalba, Ricardo 20/12/2001 Santa Fe De la Rúa
45. RÍOS, Sandra 20/12/2001 Sin datos De la Rúa
46. FERNÁNDEZ, Luis Alberto 20/12/2001 Tucumán De la Rúa
47. CAMPOS, Walter 21/12/2001 Santa Fe De la Rúa
48. SANTILLÁN, Darío 26/06/2002 Buenos Aires Duhalde
49. KOSTEKI, Maximiliano 26/06/2002 Buenos Aires Duhalde
50. CUÉLLAR, Luis Marcelo 10/10/2003 Jujuy N. Kirchner
51. FUENTEALBA, Carlos 04/04/2007 Neuquén N. Kirchner
52. ERAZO, Juan Carlos 05/04/2008 Mendoza Cristina Kirchner
53. VARGAS, Facundo 16/01/2010 Buenos Aires Cristina Kirchner
54. CÁRDENAS, Sergio 17/06/2010 Río Negro Cristina Kirchner
55. CARRASCO, Nicolás 17/06/2010 Río Negro Cristina Kirchner
56. FERREYRA, Mariano 20/10/2010 Ciudad de Buenos Aires Cristina Kirchner
57. LÓPEZ, Roberto 23/11/2010 Formosa Cristina Kirchner
58. LÓPEZ, Mario 25/11/2010 Formosa Cristina Kirchner
59. CHURAPUÑA, Rosemary 07/12/2010 Ciudad de Buenos Aires Cristina Kirchner
60. SALGUEIRO, Bernardo 07/12/2010 Ciudad de Buenos Aires Cristina Kirchner
61. CANAVIRI Álvarez, Emilio 09/12/2010 Ciudad de Buenos Aires Cristina Kirchner
62. REYES, Félix 28/07/2011 Jujuy Cristina Kirchner
63. FARFÁN, Ariel 28/07/2011 Jujuy Cristina Kirchner
64. MÉNDEZ, Esteban 28/07/2011 Jujuy Cristina Kirchner
65. VELÁZQUEZ, Juan José 28/07/2011 Jujuy Cristina Kirchner

* Cárdenas y Ferreira fueron baleados, respectivamente, el 19 y 20 de diciembre, pero fallecieron un año después por las secuelas de las heridas.