Boletín informativo nº 638

CORREPI

1. Más muertos en cárceles y comisarías…; 2. … Y más muertes por el gatillo fácil; 3. La “fiesta de la democracia”: a los DDHH rogando, y con la patota dando; 4. Reformas para someter mejor y más democráticamente; 5. Los anuncios de Garré.

Más muertos en cárceles y comisarías…

En las dos semanas que transcurrieron desde que presentamos el Archivo 2011, sólo tomando nota de lo que se publicó en diarios nacionales y provinciales, debimos registrar 12 casos nuevos de personas asesinadas por el gatillo fácil, o en cárceles y comisarías.

Doce personas que elevan a 3.406 la cuenta de las muertes por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 1983; a 1.838 la cuenta kirchnerista, desde el 25 de mayo de 2003, y a 880 la de la actual presidenta.

De esos 12 casos, uno ocurrió en 2010, otro a principios de 2011, uno en agosto, tres en noviembre, y 6 en la primera semana de diciembre.

Empezando por las comisarías, en la segunda quincena de noviembre, Daniel Gustavo Romero (25) fue detenido por la policía en San Luis del Palmar, Corrientes. Unas pocas horas después, apareció ahorcado, con varios golpes en el cuerpo.

Lo mismo pasó el 2 de diciembre con Maximiliano Acosta, de 18 años, detenido por una contravención en la comisaría de Morteros, provincia de Córdoba; el 3, en la de Pergamino, con Néstor Barriz, de 72, y el 6, en San Isidro, con Adrián Ponce de León, un hombre de 38 años con problemas neurológicos, que fue detenido por hacer escándalo en la calle. Los tres (dos de ellos detenidos por una contravención) aparecieron debidamente ahorcados.

En cuanto a las cárceles, en los últimos días de noviembre, Gastón Morales (25) apareció ahorcado en la cárcel de Almafuerte, Mendoza. El 1º de diciembre, en otro penal mendocino, el de San Felipe, hubo un motín en reclamo por las espantosas condiciones en que viven los presos. Cuando el motín terminó, se encontró el cadáver apuñalado de Alejandro Verardo Iraola, de 37 años. También apuñalado, pero en el penal de San Martín, provincia de Buenos Aires, murió Luis Molina, de 24. Su familia denuncia que los penitenciarios lo encerraron con otro interno, armado, que tenía orden de matarlo.

Hace casi 60 años, Rodolfo Walsh decía sobre estos recurrentes “suicidios”: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella”. (“La secta del gatillo, el enigma de La Matanza”).

… Y más muertes por el gatillo fácil.

Mientras los vecinos y familiares de Maximiliano Acosta, el chico asesinado en la comisaría de Morteros, Córdoba, se movilizan reclamando justicia, apoyados por los compañeros de las Coordinadora Antirrepresiva y por los DDHH de Córdoba, ya sumamos, también, nuevos casos de fusilamientos por gatillo fácil al Archivo.

El 1º de diciembre, en San Miguel, un policía fusiló a Miguel Ángel Manzano, de 30 años, que escapaba desarmado después de robar un poco de dinero en una estación de servicio. Y el 3, en el barrio Itatí de Rosario, un policía, desde su auto, mató de un disparo en la nuca a Luis Darío Rodríguez, de 26, que iba en moto con la novia y había frenado en la misma barrera baja.

Hace 4 años, cuando Cristina Fernández reemplazó a su marido en la presidencia, escribimos en el boletín de CORREPI: “El que termina ha sido un gobierno explotador, represor, de derecha, como lo será, aún más intensamente, el que viene”.

Hoy, que ya dio inicio el segundo mandato de la presidenta, y el tercero consecutivo del peronismo kirchnerista, podemos decir exactamente lo mismo sin temor a equivocarnos.

Nos esperan otros cuatro años de “profundización del modelo”, que necesitará más represión para que el pueblo trabajador agache el lomo y aguante la explotación, la inflación y los tarifazos. Cuatro años más con la fuerza de la represión, la fuerza de la policía, la gendarmería y la prefectura en los barrios, cuatro años más con la fuerza de las patotas de la burocracia sindical y de jueces y fiscales contra los trabajadores.

Frente a ese panorama, debemos poner todo nuestro esfuerzo en la organización y la lucha para defendernos.

La “fiesta de la democracia”: a los DDHH rogando, y con la patota dando.

El sábado pasado se llevó adelante la “fiesta de la democracia”, y en su discurso inaugural, la presidenta reelecta se mostró sin disimulos: pidió a los trabajadores que sean “agradecidos” con el derecho a huelga, y los llamó a no “extorsionar”, poniendo como ejemplos de acciones delictivas la lucha de los docentes en Santa Cruz y de los ferroviarios.

Cristina calló, desde luego, que los compañeros docentes tuvieron que soportar meses en las rutas heladas, ante la negativa de la gobernación a escucharlos; que tuvieron que enfrentar reiteradas veces el ataque de las fuerzas de seguridad, que una y otra vez intentaron desarmar la lucha, sacando delegados a la madrugada de sus casas o deteniendo la caravana de apoyo desde Buenos Aires, sin olvidarnos de la represión sufrida cuando acampaban frente al ministerio en capital federal.

Tampoco mencionó que, cuando su gobierno prefiere no poner la cara y pagar el costo político de reprimir abiertamente, mientras se enmascara detrás de la bandera de los DDHH, en Santa Cruz, como en todo el país, aparecen las patotas de la burocracia sindical u otros grupos afines.

Donde quedo más clara la utilización de esa “tercerización de la represión” fue, precisamente, en lo que la presidenta llamó “el conflicto con los ferroviarios”, cuando la patota sindical comandada por Pedraza, delfín del gobierno, quiso callar el reclamo de los trabajadores tercerizados a los tiros, matando a Mariano Ferreyra.

Así funciona el derecho a huelga kirchnerista. Sobre los trabajadores antiburocráticos y combativos, que no se venden y que pelean por lo que les corresponde, cae, una y otra vez, el palo del estado, blandido por sus fuerzas represivas o por la represión tercerizada.

Lo vemos todos los días, en la línea 60, que acaba de sufrir otro ataque patoteril; con los QOM, con Cristian Ferreyra, en el Indoamericano y en Jujuy, con la exigencia de vivienda digna; en los sindicatos, donde empresas y gobierno delegan la represión a la burocracia.

Y se repitió, en estos días, en la línea 135 de colectivos del Grupo DOTA. El trabajador Germán Amor fue despedido, como respuesta a su actividad gremial, lo que motivó la lucha por su reincorporación. El compañero recibió amenazas telefónicas anunciando que “si no se dejaba de joder iba a terminar en el Riachuelo”. Luego, las amenazas fueron en persona, por parte del delegado sindical de la empresa, Rodríguez Leovino, que le dijo que “no joda” más con el juicio y que no ande más por la empresa. El 6 de diciembre, la escalada llego a la agresión física. El mismo Rodríguez Leovino lo atacó a golpes y lo amenazó con un arma de fuego, dentro de la empresa y con el silencio de la patronal.

Desde CORREPI llamamos a luchar contra la represión, herramienta del estado para oprimir a la clase trabajadora y el pueblo, en todas sus formas.


Reformas para someter mejor y más democráticamente.

Es bien sabido que toda crisis del capitalismo la paga el pueblo trabajador. También que cada crisis da una oportunidad para el poder político de someter más y más. En aras de mantener la “paz social”, para que los ricos duerman tranquilos en sus countries, nos exhortan a ceder derechos y conquistas ante los ajustes y la precarización, ateniéndonos a la represión en caso de no aceptarlos.

Históricamente, la provincia de Buenos Aires ha sido un foco de conflictividad social pronunciado, debido a su concentración poblacional. Por eso, la política represiva de los diversos gobiernos se enfocada constantemente a esta provincia.

No obstante haber infestado el conurbano bonaerense de fuerzas policiales y militares, en un contexto de crisis económica, el gobierno se enfrenta al desafío de mantener a raya el reclamo social sin asumir un costo político tangible que ponga en tela de juicio su rol de “conciliador de clases”.

La estrategia es, por supuesto, más fuerzas represivas sometiendo en las calles. Y la excusa es, otra vez, una reforma de la policía bonaerense, basada en la creación de las policías de Prevención Municipal y de la policía Judicial. Las fuerzas municipales estarán bajo el mando directo de los caudillos bonaerenses, y su creación está argumentada en un proceso de descentralización de la Bonaerense, propuesto, a la vez, por sectores progresistas ligados al estado (y que siempre tienen un espacio en los grandes medios de comunicación) que han contribuido a la construcción de la engañosa teoría de la “democratización de la fuerza”, formulando y reformulando propuestas y proyectos de ley que tienden a disfrazar la función represiva de la policía, y a negar la sistematicidad de la criminalidad policial en connivencia con el poder político y judicial.

Estos sectores sostienen que el modelo de control civil de la policía rompería con la concentración del poder en la cúpula y le daría a la fuerza transparencia y eficiencia en la lucha contra el delito. También reciben con beneplácito la integración de los miembros de la policía Comunitaria con la comunidad, ya que los agentes de estas fuerzas serán habitantes de los municipios y cumplirán permanentemente sus funciones en el territorio, articulándose con sectores civiles y organismos estatales.

Lo que no dicen, es que la implementación de este tipo de fuerzas “democráticas” ya se ha cobrado víctimas. Tal es el caso de Rodolfo Emanuel Zapata, asesinado en septiembre de 2010 por agentes de la Dirección de Prevención Urbana de Zárate, que lo conocían bien porque lo forzaban a robar para ellos y lo mataron cuando se negó, y que fueron encubiertos por todo el poder político municipal bajo el mando del intendente Osvaldo Cáffaro, responsable de la fuerza.

La otra pata de la mentira es la creación de la policía Judicial. Ésta tendrá como función reemplazar a la policía bonaerense en la investigación de delitos complejos. En una entrevista al diario Página/12, la procuradora general de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo, detalló que “los policías judiciales serán científicos, que llevarán a cabo las investigaciones bajo los órdenes de un fiscal y que contarán con herramientas de alta tecnología para realizar análisis que van desde la genética (estudios de ADN) y las ciencias forenses, hasta las comunicaciones”. Como si el origen en los cuerpos profesionales y técnicos de la policía federal hubiera hecho menos represor al comisario Rubén Santos, co-responsable de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, o como si la gendarmería, que dispone hace años de esa tecnología de punta, nunca hubiera reprimido trabajadores ni hubiera asesinado a Aníbal Verón y otros compañeros.

La lectura que hacemos desde CORREPI, contempla a todos los luchadores “identificados” por la policía y la gendarmería en protestas, perseguidos y encarcelados por fiscales y jueces que defienden los intereses de las patronales. Sumado a los anuncios de la implementación del sistema biométrico de identificación de personas, y el avance de las leyes antiterroristas, la policía Judicial será un aporte más al rol del poder judicial en la persecución a los sectores movilizados ante la explotación, la exclusión y el sometimiento.

Los anuncios de Garré.

Nilda Garré, ratificada como ministra de Seguridad nacional, evidentemente viene haciendo bien su trabajo. Militarizó los barrios porteños y del conurbano con el Plan Cinturón Sur y el Plan Centinela y utilizó sus fuerzas para reprimir innumerables luchas, como la de los docentes de ADoSaC.

Horas más tarde de que le pusieran de nuevo la estrellita en la frente, informó que va a ampliar el Cinturón Sur a la zona de Constitución, particularmente a la zona de la Plaza. Garré quiso mostrar preocupación por el nivel de inseguridad de la zona, gran centro de robos, prostitución, trata de personas y narcotráfico, pero claro, sin mencionar que todos estos delitos son patrimonio de la comisaría local. El real objetivo del plan no es desarticular todo ese aparato, sino continuar con el plan de control social que se viene desarrollando.

Por la Plaza Constitución transitan diariamente más de un millón de trabajadores. Un gran porcentaje trabaja en negro, o en condiciones sumamente precarias. Trabajadores que se van a ver vigilados por policía montada, infantería y cámaras de seguridad, 50 de las cuales ya están instaladas. Es decir, el mismo trabajador que siente día a día en carne propia las mayores injusticias, va a encontrarse constantemente acosado, con miedo a levantar la cabeza para reclamar lo que le corresponde. Constitución es, también, habitual lugar de reunión de luchadores, como el caso de los trabajadores tercerizados del Roca y los de la línea 60.

En el mismo discurso, Garré manifestó su “buena relación” con el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Situación bien esperable, pues ambos tienen el mismo interés de represión hacia el pueblo, así como vienen utilizado los mismos métodos.

- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

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CORREPI

Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
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