Boletín informativo nº 656

De la Rúa, el 20 de diciembre y la carne podrida del PJ.

El 3 de mayo, el CIJ (Centro de Información Judicial, sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia) publicó, bajo el título “Casación Penal confirmó el sobreseimiento de De la Rúa por los incidentes del 20 de diciembre de 2001”, la noticia de que, con el voto de los camaristas Cabral y Madueño, el máximo tribunal penal nacional había rechazado los recursos contra el sobreseimiento del ex presidente por los homicidios y lesiones durante la represión del día final de su mandato.

Prudentemente, nos negamos a opinar sobre el fallo cuando la noticia trascendió a todos los medios. Una y otra vez insistimos a los periodistas que los querellantes en esa causa no habíamos recibido notificación alguna, y que, aunque es habitual que este tipo de información llegue a los medios antes que a las partes, no era razonable que, pasado un día y medio, la sentencia fuera inencontrable. Quien busque hoy esa nota en la página del CIJ (www.cij.gov.ar) no la va a encontrar. La bajaron, lisa y llanamente, porque publicaron una noticia FALSA.

Para que quede claro: el centro oficial de información de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó una MENTIRA. No fue una noticia incompleta o que contuviera alguna inexactitud, sino una total y absoluta falsedad. Un invento que sólo se explica como operación de prensa, anunciando el fin de la instancia penal contra el ex presidente radical, justito el mismo día que el gobierno celebraba que los radicales, y casi todos sus ex socios en el gobierno de la Alianza, votaban en masa junto a la bancada oficialista el proyecto de ley sobre YPF.

El que quiera relativizarlo, puede hablar de un “error”. Pero la verdad es indiscutible: Esta vez, la carne podrida a los medios la tiró el PJ. El Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un nuevo gatillo: el dedo, la mano y el brazo de todos los gatillos.

Matías Lobos fue asesinado el 28 de marzo pasado. En el oeste del segundo cordón urbano bonaerense, en el barrio Los Naranjos, Malvinas -el mismo en el que vivía- por un presunto e insignificante robo, sufrió la persecución del patrullero 11640 de la Comisaría 2ª de Gral. Rodríguez.

Los policías Pancere y Ayeza -ambos subtenientes de la bonaerense- determinaron que Matías y un amigo, que manejaba una moto, eran los autores del robo y salieron a cazarlos.

En los caminos internos del barrio, el policía Pancere le disparó desde atrás y mató a Matías en el acto. Por supuesto, la justificación a la que nos tienen acostumbrados no demoró en llegar: “la policía repelió un ataque en un feroz tiroteo previo”. La persecución se extendió hasta las entrañas mismas del Hospital Municipal de Rodríguez.

Sin embargo, las actuaciones judiciales, siempre proclives a consagrar la impunidad, no pueden ocultar dos razones que desmienten al asesino: un revolver inservible (se pretende portado por Matías aunque fue hallado en el bolsillo de su pantalón) y el tiro que entró por la espalda y salió por la tetilla izquierda, hablan de un inexistente enfrentamiento. A menos que se desafíe la lógica y se considere cierto que un tiroteo se pueda efectuar desde un arma inútil y guardada en un bolsillo, la trayectoria del disparo mortal indica claramente que se trató de un fusilamiento.

La tarea ahora es ardua. Por un lado, evitar que el círculo de la impunidad se cierre. Por el otro, continuar sembrando conciencia sobre la naturaleza sistémica de este nuevo asesinato de un pibe pobre a manos del aparato represivo estatal.

El primer paso está dado: la labor militante de familiares de CORREPI de Moreno, supo unirse a la indignación y bronca de la madre y vecinos de Matías.

El más importante se dará mientras caminemos más allá de la condena contra el dedo que jaló el gatillo, sabiendo que ese dedo pertenece a la mano del estado, el brazo represivo con el que -paradojas de la lucha de clases- la dominante suele firmar sus cobardes sentencias.

Matías Lobos vivió apenas 17 años, sólo porque el dedo, la mano y el brazo de la clase dominante así lo quiso.

Universidad Nacional de La Matanza: especialización en represión.

Con la vieja excusa de la inseguridad, en el partido de La Matanza lograron uno de los sueños que el poder tenía vedado: poner una escuela de policía en una universidad pública.

No es que se respetara la autonomía universitaria antes, ya que en todas las universidades está naturalizado el hecho de contar con patovicas y seguridad privada, en algunos casos armados, como en la UNLaM. Pero esta vez pudieron colocar una sede de la Vucetich, con la cual se estima que en cinco años duplicará la cantidad de verdugos que patrullan los barrios de La Matanza, municipio tristemente célebre por la desaparición de Luciano Arruga, y por infinidad de fusilamientos y muertes en la tortura, a manos de la misma policía que va a ser formada en la universidad, por docentes de la misma.

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, del riñón del kirchnerismo por el sector de Balestrini, sostuvo que “es un logro por el que venimos trabajando hace mucho tiempo: que La Matanza tenga un anexo de la Escuela de Policía Vucetich en su distrito”. Afirma que esta medida va a contribuir a la “formación democrática de la bonaerense”, como si el problema fuera la formación de la policía. Por el contrario, es otro intento por obtener consenso, en lo que este gobierno es un especialista, a pesar de que en el mismo distrito tanto la policía bonaerense como el ejército reprimieron todos los reclamos de los damnificados por el temporal del mes pasado que dejó varios días sin luz y agua a gran parte de la población.

Por otra parte, el kirchnerismo hace rato que quiere sacarse de encima a Daniel Martínez, rector de la universidad, quien está siendo investigado en dos causas: una por amenazas, asociación ilícita, falsificación de instrumento público y defraudación al Estado, la otra por una cuenta no declarada en un banco de Estados Unidos. Martínez, junto con la Liga Federal Universitaria, encabezó actos patoteriles en contra de los estudiantes que todos los días denuncian políticas como éstas. De todos modos, a la hora de reprimir, como siempre, los sectores que se disputan los espacios de poder olvidan sus diferencias en pos de sus intereses comunes, por lo que Martínez y el kirchnerismo de La Matanza van juntos en esto.

Semana tras semana, en nuestro boletín, damos repaso de lo que implica la policía en la calle en los hechos de inseguridad: narcotráfico, trata de personas, negociados de toda clase, manejo de los delitos comunes, ajustes de cuentas y un largo etcétera. El manejo de todo esto es la cuota que la policía le cobra a los poderosos por defender sus intereses.

Ahora les ceden un espacio del pueblo, que luchó largamente por impedir que la policía entre. Hoy no solamente entra en la universidad, sino que forma parte de la matrícula.

Lavando cárceles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al estado argentino que “tome las medidas necesarias a fin de proteger la vida y la integridad de todas las personas detenidas en las unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense”, a raíz de medidas cautelares que realizaron la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el CELS, ambos organismos (uno oficial, el otro oficioso) ligados directamente al kirchnerismo. Esta operación política, de la que ya hemos hablado en el boletín n° 652, parte de la mentira de afirmar que el “problema carcelario” se restringe a ciertas unidades del SPB (a cargo del gobernador Scioli, con quien casualmente el kircherismo está enfrentado) y niega que en todo el Sistema Penitenciario Federal (SPF) el hacinamiento, las nefastas condiciones de vida, las torturas, golpes y muertes son moneda corriente. Este tipo de “medidas” es una más de las operaciones del kirchnerismo, que utiliza los “derechos humanos” para conseguir rédito político.

Las muertes en cárceles y comisarías son responsabilidad del Estado, ya sean estas muertes causadas por las torturas, golpes, o por cualquier acción directa de los agentes represivos o por la omisión de la asistencia necesaria para preservar la integridad y la vida de las personas privadas de su libertad.

Sistemáticamente, durante los casi 30 años de “democracia”, más y más muertes ocurren en situaciones de encierro. Esta semana, sin ir más lejos, en Bragado, Provincia de Buenos Aires, Jonathan Palavecino, de 23 años, quien se encontraba detenido en una comisaría de dicha localidad, apareció ahorcado en su calabozo. La versión oficial explica un supuesto “suicidio” que siempre, en estos casos, ponemos en tela de juicio ya que las más de las veces es el “verso” oficial para encubrir asesinatos de la policía.

En la provincia de Corrientes, en San Lorenzo, Raúl Eduardo Cardozo, de 31 años, falleció a raíz de quemaduras en el 90% de su cuerpo. Raúl había sido detenido en un festival de doma y demorado en la comisaría donde, a raíz del incendio de un colchón en su celda, sufrió gravísimas quemaduras. No así los policías, quienes, como es de esperar, no tienen ni una ampolla en el dedo…

Las cárceles, lejos de cumplir una función de “rehabilitación”, cumplen una función represiva, necesaria para sostener un sistema de desigualdad social. No por casualidad la población que se encuentra allí encerrada, es pobre. Así como en las calles, la policía y demás fuerzas represivas, son las encargadas de mantener el control social, amedrentando, torturando y matando a los pibes jóvenes y pobres, para que no se les ocurra organizarse e intentar cambiar algo de este sistema injusto que diariamente ejerce su violencia sobre ellos, las cárceles son otra pata más de este sistema represivo, y allí también, los agentes penitenciarios se encargan de amedrentar, torturar y matar a los pobres. Como es un hecho que no puede tapar del todo, los gobiernos intentan continuamente lavarle la cara a su aparato represivo.

Proyectos como el que la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, presentó en el congreso, sólo apuntan a lavar la cara a un aparato que, por su función intrínseca, es imposible de reformar. Ese proyecto, de “reestructuración y desmilitarización” del SPF, mediante el cual se propone crear un “sistema público de cuidado y resguardo de derechos en el cumplimiento de la pena”, implicaría una reforma por la cual el sistema penitenciario pasaría a ser un “servicio público, de carácter federal y civil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. Le avisamos a la diputada que el SPF ya depende del Ministerio de Justicia, con lo cual, el “problema” de la conducción civil de las cárceles ya estaría solucionado.

Ni el problema se restringe a ciertas unidades penitenciarias, ni el problema es el supuesto “autogobierno” de las instituciones represivas, pues la conducción ya la tiene el poder ejecutivo. El problema es el sistema. Las cárceles, al igual que la policía, son la pata represiva del estado.

Bernal: cómo la policía resuelve sus conflictos.

La mayoría de las veces que ahondamos en algún crimen vemos que en mayor o menor medida, hay culpabilidad desde las fuerzas represivas del Estado cualquiera sea su uniforme, ya sea por su participación en grandes negocios de droga, prostitución o secuestros, como porque buscan “resolver” problemas personales o familiares.

La semana pasada, Juan Guillermo Moreno, sargento retirado de la Policía Federal, le debía a Guillermo Mouzo una importante suma de dinero y, al tener dificultades a la hora de pagar, decidió saldar la cuestión de la forma que le enseñaron estando en la fuerza, en la única forma que conoce para “resolver” situaciones conflictivas. Decidió ir a la casa de su acreedor y asesinarlo. Mouzo se encontraba en compañía de dos amigos, Sergio Farinola y Gabriel Vilar, a los que el ex sargento disparó también, matándolos en el acto. Cabe destacar que Moreno disparó ocho veces, los ocho disparos fueron certeros, se trataba de un tirador “ejemplar”

Inmediatamente después del episodio, el asesino salió tranquilamente de la casa, donde se cruzó con la esposa de la primera víctima y le habló con total naturalidad, evidentemente tranquilo con la satisfactoria resolución de su asuntito.

Juan Guillermo Moreno no es un “loquito suelto” dentro de la institución policial. Al revisar el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo estatal, que desde CORREPI presentamos todos los años, se puede ver que existe una constante de casos en los que los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a disposición de las fuerzas represivas para cumplir su fin institucional, son usados para resolver conflictos personales o familiares.

Como bien explicaba Rodolfo Walsh “sus conflictos personales y aun sus pequeños incidentes cotidianos suelen resolverse por la vía del arma reglamentaria” (La secta del gatillo alegre: El enigma de La Matanza, Rodolfo Walsh, 1968.).

Próximas actividades.

- Viernes 11 de mayo, a las 11:00, movilizamos frente al TOC 21, Lavalle y Libertad, CABA, a conocer la sentencia contra el policía federal Alberto Segovia, asesino de Mauro Vega.

- Viernes 11 de mayo, desde las 22:00, PEÑA DE LOS 20 AÑOS en el local de CORREPI, Carlos Calvo 2499 (esq. Alberti).

- Sábado 12 de mayo, desde las 14:00, radio abierta en la plaza ubicada en la manzana de Liniers, Mexico, Garmendia y Lavalle de Benavídez, por Marcelo Sepúlveda, asesinado a dos cuadras de allí por vigiladores privados y policías bonaerenses y por todas las víctimas de la represión policial.

- El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.