Boletín informativo nº 677

CORREPI

1. Repudiamos las condenas a Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano y el pedido de detención

a Javier Hermosilla y Oscar Coria.

2. Cae un narcocomisario por internas en el gobierno.

3. Primero represión, luego persecución.

4. Torturas y muertes tras las rejas.

5. El Pentágono y la sumisión argentina.

6. Próximas actividades.

Lunes, martes y jueves, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

Viernes 16 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 2012.

Seguí día a día el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en: http://juiciomarianoferreyra.blogspot.com.ar/ o accedé desde nuestra página, cliqueando en la imagen de Mariano.

Repudiamos las condenas a Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano y el pedido de detención a Javier Hermosilla y Oscar Coria.

El 12 de octubre, la Cámara de Casación Penal confirmó la condena de Fernando Esteche y Raúl Lescano, dirigentes del MPR Quebracho, de tres años y ocho meses, y tres años y seis meses de prisión respectivamente, que había dictado en 2010 el Tribunal Oral Federal N° 3, en la causa iniciada tras el repudio realizado contra el impune ex gobernador de Neuquén Jorge Sobisch, uno de los responsables políticos del asesinato del docente Carlos Fuentealba, en abril de 2007. Otros seis militantes de la misma 0rganización fueron condenados a tres años de prisión.

Fernando Esteche no estuvo siquiera presente en la manifestación frente al local partidario de Sobisch, tal como se probó en las distintas instancias judiciales. Fue condenado por “autoría ideológica” y responsabilidad política. Si el recurso extraordinario presentado por los compañeros en el marco de una gran movilización frente a los tribunales no prospera, Fernando Esteche deberá cumplir la pena en prisión. Vale recordar que, cuando se inició el proceso, en 2007, tanto él como el “Boli” Lescano fueron detenidos, encarcelados durante seis meses y liberados luego de 43 días de huelga de hambre.

Así, mientras Jorge Sobisch no pasó ni un día por tribunales, pese a ser responsable del asesinato de Jorge Fuentealba; y Poblete, el autor material, puede salir de la prisión a pasear cuantas veces quiera, en violación a la condena que le impusieron, el estado argentino condena a quienes salieron a repudiar ese crimen.

Simultáneamente, el fiscal federal Paulo Starc de San Martín, que actúa ante el juzgado federal de Tres de Febrero, pidió la prisión preventiva de uno de los principales referentes de la Comisión Interna de Kraft Terrabusi, Javier “Poke” Hermosilla y de Oscar Coria, Delegado de Sector de Kraft despedido en el histórico conflicto del 2009. La Fiscalía General a cargo de Pablo Quiroga apoyó el pedido.

El pedido se basa en haber incurrido en una “reiteración delictual” y “continuar ejerciendo una conducta criminal”, por participar de manifestaciones de los trabajadores de Kraft, ya que son decenas las causas iniciadas ante ese juzgado federal contra los trabajadores de Kraft y Poke Hermosilla por movilizaciones. Igual que en el caso de los trabajadores del Frigorífico Rioplatense, Paty y otros de la zona, manifestarse en la vía pública en defensa de sus derechos es, para el aparato judicial, un delito, y los compañeros deben ser encerrados, para que aprendan a callarse la boca y agachar el lomo ante la explotación de las patronales. En el caso de Hermosilla, además, el fiscal federal hace especial referencia a su “peligrosidad” criminal, ya que, pese a la multiplicidad de causas, el compañero no escarmienta…

Éstas no son situaciones excepcionales, inauditas ni sorpresivas. Se cuentan por miles los criminalizados por luchar durante el “gobierno de los derechos humanos”, lo que demuestra que se trata de una política de estado. En cada caso, jueces y fiscales recurren a argumentos insólitos individualmente considerados, que, en su conjunto, responden a la orden que Aníbal Fernández sintetizara, en nombre del gobierno nacional, hace ya más de siete años: Perseguir a los que protestan con el Código Penal en la mano. Debemos redoblar los esfuerzos para enfrentar la persecución de los que luchan en forma organizada.

Cae un narcocomisario por internas en el gobierno.

La interna entre el gobierno nacional y el de la provincia de Santa Fe hizo que saliera a la luz uno de los cotidianos negociados de la policía con el narcotráfico.

El manejo de la droga por parte de las fuerzas represivas en todo el país, y, en particular por la policía santafesina, es una realidad que nadie desconoce. Mucho menos el pueblo de Santa Fe, que vive cotidianamente los asesinatos por ajustes de cuenta en los barrios entre las bandas y la policía por sus negociados. Un ejemplo que transcendió recientemente fue el asesinato de un militante del FPDS a manos de una banda dirigida por la comisaría del barrio en el que ellos hacían trabajos barriales.

En un pase de factura, el escándalo actual comenzó con la revelación de unas escuchas telefónicas en el diario Página/12, que involucraban al comisario general de la santafesina, Hugo Tognoli, con Carlos Ascaini, jefe de una banda de narcos, en la colaboración con negocios vinculados con la droga en la provincia.

A partir de esto, se generaron una seguidilla de acusaciones que derivaron en la renuncia del comisario general, quien se encuentra bajo “custodia” de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del viceministro de Seguridad de la provincia, quien también debió pagar los platos rotos del destape de olla.

Lo cierto es que, hasta ahora, la investigación no muestra ninguna seriedad. Aún no han pedido el celular desde el que se realizaron las comunicaciones entre Tognoli y Ascaini, con lo cual, lo más probable es que el ex comisario quede libre.

Tanto el gobierno nacional como el de la provincia, se acusan uno a otro de no hacerse responsables de trabajar para “terminar con la criminalidad policial”. Lo cierto es que la cotidianeidad de hechos como éste, marca que estos movimientos no son más que un pase de factura en una interna política y que nada les interesa lo que sí sufre el pueblo a diario como consecuencia de los sucios y millonarios negocios que manejan sus perros guardianes.

Primero represión, luego persecución.

En el boletín anterior hablamos de la represión sufrida por los trabajadores de la Línea 60, cuando fueron desalojados por la gendarmería, con el ex carapintada Berni al mando, luego de la apretada que recibieron por parte de la patota que envió la patronal DOTA.

Luego de esto, el gobierno nacional, a través del ministerio de Seguridad, denunció a los delegados por “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”, delito que tiene una pena que va de los 2 a 8 años de prisión. Lo cínico del caso es que, tras esta denuncia, los funcionarios nuevamente remarcaron que “no buscan criminalizar la protesta social”.

La misma semana, en el barrio jujeño de Islas Malvinas, cientos de vecinos realizaron una protesta en contra de la ampliación de la planta de energía Ejesa y del cableado subterráneo que ésta viene realizando en la zona. Desde hace años vienen denunciando que la gente se muere de cáncer y los niños tienen problemas graves de crecimiento debido a la contaminación producida por esta planta.

Una vez más, el gobierno kirchnerista de Fellner resolvió el problema como siempre lo hace: reprimiendo. El envío de infantería y policías de grupos especiales para desalojar el piquete que realizaban los vecinos en las inmediaciones de la planta dejó como saldo 80 heridos y 70 detenidos.

Tras la represión, el gobierno jujeño imputó a más de 30 vecinos por los delitos de “impedir y entorpecer la normal prestación del servicio eléctrico y atentado calificado”. Como vemos, dos ejemplos calcados de cómo se criminaliza la protesta y se persigue a los que luchan, primero con las botas, luego con el código penal.

Estas prácticas son las que, desde hace años, denunciamos como políticas de Estado, junto al gatillo fácil, las torturas en lugares de detención, los muertos en manifestaciones y la sanción de leyes antiterroristas. Más de 5.000 procesados, que previamente han sufrido aprietes y represión, es el dato contundente con el que afirmamos que este gobierno es el más represor desde 1983, por más que se autoproclame como “el de los Derechos Humanos”.

Torturas y muertes tras las rejas.

Trascendió en estos días que un preso de 43 años, se animó a denunciar las torturas que recibía por parte de dos guardiacárceles del penal de Bower, Córdoba, que lo ataron, picanearon y encerraron en un horno de panadería. Pero aunque los torturadores fueron detenidos, como de costumbre la imputación es por los delitos de “severidades” y “vejámenes”, y no por tortura. Además de la notoria diferencia en la pena prevista, la elección de esas figuras menores excluye la responsabilidad estatal, pues, como lo sentenció la Corte Suprema en el “leading case” del comisario Derecho, sólo la aplicación de tormentos es crimen de estado, y no los paremios, vejaciones o similares.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Scioli, en el marco de su interna con el kichnerismo, impulsa una “Comisión contra la tortura y los malos tratos en cárceles”, que viene a sincerar, tras 9 años de gobierno irchnerista nacional y provincial, y 5 de la gobernación de Scioli… que existe la tortura en las cárceles bonaerenses.

Como para confirmar, una vez más, que la represión en las cárceles, como el conjunto de las políticas represivas, no es propia sólo de un distrito o un partido de gobierno, sino parte de la naturaleza del sistema social en que vivimos, gobierne quien gobierne, en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar) de la “socialista” provincia de Santa Fe, un pibe de 17 años apareció muerto el 24 de octubre a las 3 de la madrugada, con signos de ahorcamiento.

Como reflejo de esa política de estado, la Procuración Penitenciaria Nacional dio a conocer, hace pocos meses, un documento donde denuncia que se duplicaron, en un año, las denuncias por torturas a presos en cárceles federales.

Las torturas y muertes en cárceles, comisarías y lugares de detención de menores representan, junto a los fusilamientos de gatillo fácil, cerca del 80% del total de muertes a manos de las fuerzas de seguridad estatales.

El Pentágono y la sumisión argentina.

En la segunda semana de octubre, se llevó a cabo, en Punta del Este, Uruguay, la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, en el marco del cumplimiento del Tratado Interamericano de Asistencia Recí­proca (TIAR). Horacio Verbitsky escribió dos notas en Página/12 (08/10/2012 y 15/10/2012), explicando la posición de Estados Unidos y tratando de mostrar al gobierno argentino como opuesto a esa polí­tica.

Respecto de Estados Unidos, no hay ninguna novedad. Sigue la misma polí­tica de expansión imperialista que tiene desde, por lo menos, principios del siglo XX. Bajo una supuesta doctrina de defensa, toda su estrategia se basa, a grandes rasgos, en usar el hemisferio occidental de base de apoyo para su expansión a nivel mundial. Verbitsky señala como “nueva” la doctrina de utilizar a las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad, en casos de desastres naturales o sociales, algo que no lo es, ya que, desde hace años, los yanquis la vienen postulando como forma, además, de legitimar al ejército. El Comando Sur organiza ejercicios como el Medrete’s, el Medcap, el Beyond the Horizons o el New Horizons hace tiempo en toda América Latina. Pero, además, ha sido el propio gobierno kirchnerista quien ha implementado, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí­), el desembarco de las fuerzas armadas en las villas miseria.

Otro aspecto que implicarí­a esta polí­tica del Pentágono, serí­a la de utilizar fuerzas armadas del hemisferio en otros lugares del mundo, como exportadores de seguridad. Otra vez, no tiene nada de nuevo, si atendemos a la cantidad de territorios ocupados por fuerzas multinacionales, bajo mandato formal de las Naciones Unidas pero que, en los hechos, no es más que mandato del Consejo de Seguridad, cuando no de Estados Unidos solamente (Haití­, Chipre, Kosovo, Darfur, Timor Oriental). Es para ello que constantemente nuestras fuerzas armadas y de seguridad se entrenan con los yanquis, en ejercicios cuya hipótesis es la realización de operaciones de paz de fuerzas multinacionales, en territorios a pacificar.

Tampoco es nueva la polí­tica de fomento de la capacidad de interoperabilidad, es decir, de dar cursos sobre manejo de armamento, para luego vendérselo a los beneficiarios de los cursos. Es polí­tica del Departamento de Estado yanqui el otorgar becas para cursos y luego vender armamento relacionado con los cursos brindados, desde hace por lo menos una década. Desde 2003 hasta la fecha más de 5.000 integrantes del aparato represivo estatal argentino se han entrenado con los yanquis (ver en la página del Departamento de Estado: Foreign Military Training).

Nada de lo que nos cuenta el autor de las notas es nuevo. La doctrina de agresión del imperialismo yanqui (mal llamada de “defensa”) consiste en unificar doctrina con el resto de las fuerzas armadas del continente, para que éstas puedan ejercer la labor de gendarme en lugar del ejército norteamericano, lo que ahorra costos al imperialismo y lo libera del fantasma de Viet-Nam. En los hechos, las fuerzas armadas locales son ejército de ocupación de nuestros “hermanos del norte”.

El documento de Estrategia de Defensa Nacional, de 2008, del Departamento de Defensa, confesaba sin tapujos que “Este conflicto es una campaña irregular prolongada, una violenta lucha por la legitimidad y la influencia sobre la población. El uso de la fuerza juega un papel, sin embargo, los esfuerzos militares para capturar y matar a los terroristas pueden estar subordinados a las medidas para promover la participación local en el gobierno y los programas económicos para estimular el desarrollo, así­ como los esfuerzos para entender y atender las quejas que a menudo se encuentran en el corazón de la insurgencia. Por estas razones, posiblemente el componente militar más importante de la lucha contra los extremistas violentos no es tanto nuestra propia intervención, sino lo bien que ayudamos a nuestros socios a defenderse y gobernarse a sí­ mismos. Trabajar con y por medio de los agentes locales cuando sea posible para hacer frente a los retos de seguridad común es el enfoque mejor y más sostenible para luchar contra el extremismo violento. A menudo, nuestros socios están en mejor posición para manejar un determinado problema porque entienden la geografí­a local, las estructuras sociales y la cultura local mejor que lo que nosotros jamás podrí­amos. Es la colaboración entre las agencias de nuestros socios internacionales lo que ayudará a los Estados vulnerables y las poblaciones locales en su intento de mejorar las condiciones para erradicar el extremismo y desmantelar las estructuras que apoyan y permiten que los grupos extremistas crezcan”.

(http://www.defense.gov/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf)

Como puede verse, no hay nada nuevo bajo el sol. La misma polí­tica imperialista de siempre, y la misma sumisión de las burguesí­as autóctonas y sus eventuales representantes polí­ticos.

Próximas actividades:

Lunes, martes y jueves, desde las 10:00, estamos en las audiencias por el juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra en Comodoro Py 2002.

Viernes 16 de noviembre, en Plaza de Mayo, presentación del Archivo de Casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 2012.

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El tercer sábado de mes, cada dos meses, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

Los jueves, alrededor de las 19:00, escuchá la columna de María del Carmen Verdú en el programa Aguantando de Pie que conduce, de 18:00 a 20:00, el periodista Herman Schiller en FM 97.3, Radio La Caterva. Seguilo en vivo en fmlacaterva.blogspot.com o escuchá los programas anteriores en www.ivoox.com. Teléfono para mensajes: 4302-1203. Mail: fmlacaterva@gmail.com.

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