Boletín informativo nº 704

CORREPI

Sumario:
1. Jorge Daniel Reyna, como Walter, pero hoy. 2. Gatillo fácil, apaleamientos y guardiacárceles represores en todo el país. 3. Grave condena a trabajador de la línea 60. 4. Vigilar, castigar y negociar. Las comisarías y las puebladas del conurbano. 5. Boudou, la policía federal y la democracia. 6. Agradecimiento a las organizaciones compañeras. 7. Próximas actividades.

Jorge Daniel Reyna, como Walter, pero hoy.

El 26 de octubre, Jorge Daniel Reyna, de 17 años, apareció muerto en la comisaría de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. El pibe vivía en un barrio humilde de San Esteban y había sido detenido esa mañana. La versión de la policía, dice que Jorge se ahorcó con su propia campera en el calabozo. Pero, tal como la experiencia nos muestra cotidianamente, lo que sucede realmente cada vez que los pibes son detenidos es la tortura, disfrazada en democracia como apremios ilegales, y en muchos casos la muerte, como sucedió con Jorge.

Su mamá, Olga Tallapietra, junto con amigos y vecinos, pudo corroborar durante el velatorio que Jorge no tenía marcas en el cuello que probaran el supuesto suicidio, sino que en realidad tenía hematomas en las cejas, mejillas, hombros, brazos y muslos, además de una serie de raspones por todo el cuerpo, prueba de que había sido salvajemente golpeado. Los resultados parciales de la autopsia establecieron que la muerte se produjo por asfixia mecánica (lo que no significa que se colgara él), y confirmaron la paliza recibida.

Días antes del asesinato, Jorge había declarado en la fiscalía de Cosquín “a nosotros el cana nos manda a chorear para que quede bien el comisario del pueblo”. Claramente Córdoba no es la excepción. Igual que en el resto del país, la policía obliga a los pibes a robar y vender drogas y luego los detiene y los tortura. Y cuando alguno “se les queda”, hacen pasar por suicidio.

Como la policía actúa siempre bajo el paraguas del poder judicial, resulta que la fiscal que actualmente lleva la causa del asesinato de Jorgito, María Alejandra Hillman, es candidata a fiscal general del gobernador De La Sota, quien maneja la “narco-policía” de la provincia. Hillman también tuvo su protagonismo en junio de 2012, en un caso similar. Brian Palomeque, un pibe de 16 años, fue encontrado muerto en un descampado de La Falda, tal como fuera amenazado por la policía unos días antes (“Vas a aparecer muerto en un descampado”). Como siempre, estuvieron las dos versiones. La oficial fue que se ahorcó colgándose de un árbol con un cable telefónico. La verdadera, la que surge de la declaración de vecinos de la zona, es que Brian colgaba de una rama incapaz de sostener el peso de su cuerpo, que sus piernas llegaban al suelo y que sus manos estaban atadas. Hillman no sólo aseguró que Brian se había suicidado, sino que, además, ordenó la detención de una gran cantidad de manifestantes que espontáneamente salieron a las calles para repudiar el asesinato.

Del mismo modo, ahora, familiares, amigos y vecinos autoconvocados se concentraron el domingo y lunes en la comisaría y la Plaza San Martín de Capilla del Monte, exigiendo justicia por el asesinato de Jorge. Como figurita repetida, policías de civil infiltrados comenzaron a provocar tirando piedras. Por supuesto, esto era lo que esperaban las fuerzas represivas para responder con palos y balas de goma. Con el correr de las horas la plaza quedó cercada y hubo casi una decena de detenidos, acusados por delitos y contravenciones, que fueron trasladados a las comisarías de La Cumbre y La Falda. Entre ellos hubo varios menores, un periodista de un medio local, un militante del Partido Solidario y el primo y el tío de Jorge.

Los días siguientes, la policía siguió controlando las calles y realizó una cacería de pibes, amenazándolos con el objetivo de desmovilizar la incipiente organización que se estaba gestando en torno del asesinato.

Lo mismo hicieron distintos bloques partidarios enfrentados al delasotismo (FPV, Nuevo Encuentro, UCR, etc.), que trataron de desviar la organización y movilización de vecinos y familiares a través de las vías institucionales de pedido de justicia. Sin embargo, el sábado 9 de noviembre, a la Asamblea contra la violencia institucional de Capilla del Monte se sumaron una gran cantidad de organizaciones sociales que bajo las consignas de juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato, basta de criminalización y persecución policial a los jóvenes, derogación del inconstitucional Código de Faltas y renuncia del secretario de Gobierno, teniente coronel Montero Méndez, llenaron la plaza San Martín.

La muerte de Jorge es por lo menos la cuarta que se produce en 2013 en celdas cordobesas. En septiembre, un pibe de 17 años fue encontrado en la habitación en la que estaba alojado en el Complejo Esperanza, ahorcado con su propia campera. En octubre, Verónica Castaño apareció colgada de una remera en una celda de aislamiento de la cárcel de mujeres en Bower. Y en mayo, Iván Rivadero, de 23 años, fue encontrado colgado en su celda del Pabellón 12 de la cárcel de barrio San Martín.

El mecanismo, tan utilizado cotidianamente por las fuerzas represivas de detener, torturar, asesinar al detenido y luego encubrirlo como un suicidio es una modalidad represiva que tiene por objetivo disciplinar a los jóvenes y pobres y que se enmarca en una política de estado cuyo fin es sostener los privilegios de una clase minoritaria, rica y poderosa por sobre una clase mayoritaria, la de los trabajadores.

En Córdoba, como en todo el país, esta modalidad represiva se ve facilitada con la vigencia de un Código de Faltas no muy diferente a los del resto del país, incluida la ciudad de Buenos Aires, que otorga poder discrecional a la policía para detener personas por conductas que no son delitos, con el agravante de que, en esta provincia, la primera instancia del juzgamiento queda a cargo de la policía.

Desde CORREPI, acompañamos a los familiares, amigos de Jorgito y el pueblo de Capilla del Monte, porque la única forma que conocemos para enfrentar la represión estatal es la organización y la lucha.


Gatillo fácil, apaleamientos y guardiacárceles represores en todo el país.

Bahía Blanca, viernes 16 de agosto de 2013. En la zona del paraje “El Guanaco” de la localidad de Ingeniero White, cerca de Bahía Blanca, Nicolás Alejandro Bazán (14) fue herido con un disparo a la altura del pecho. Le dispararon los policías Raúl Benuzzi y Walter Sabena, de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Coronel Rosales, con asiento en Punta Alta.

En declaraciones a los medios, su abuelo, Juan Carlos Bazán, manifestó: “Salí de la casa de mi hijo y le dije a mi nieto, que venía de entrenar, que me acompañara hasta una quinta. Salimos caminando y, cuando íbamos por la mitad de la calle, se sintieron como cinco o seis tiros que venían del lado de la ruta”. El padre del chico, Alejandro Bazán, aseguro que pidió socorro a los mismos policías que efectuaron los disparos, los cuales se negaron a llevar al pibe al hospital, a punta de escopeta, y siguieron rumbo dentro del vehículo particular en el que se encontraban. Los policías se excusaron diciendo que estaban recibiendo disparos de delincuentes que le habían sustraído dos ruedas de auxilio a la camioneta en la que se transportaban. Por eso, dijeron “respondieron al fuego hacia la zona en la que se encontraba el menor”.

Desde luego que nunca aparecieron los supuestos delincuentes. Nicolás finalmente fue llevado al hospital local, donde evolucionó favorablemente, pese a que no pudieron extraer la bala del pecho.

Hasta el momento, no hay ninguna medida judicial o administrativa que recaiga sobre los efectivos. Clara muestra de la total impunidad con la que se manejan las fuerzas de seguridad, y de cómo todo hecho que los comprometa se pierde en la burocracia que los apaña.

Olavarría, lunes 11 de noviembre de 2013. En la calle 118 y Rivadavia, a la altura del arroyo Tapalqué, un vecino de 33 años, Jorge Javier Ortega, estaba dispuesto a quitarse la vida con una pistola de calibre 22. Su mujer y su padre intentaban disuadirlo. Los vecinos llamaron a la policía.

Según contó después su padre, Ortega estaba sentado frente al arroyo cuando llegaron los sargentos Barbesín y Coria, “expertos” negociadores que neutralizaron la tentativa de suicidio… metiéndole un tiro. Cuando el sargento Coria disparó, la esposa de Ortega, desesperada, prorrumpió en gritos. La detuvieron, la esposaron, la golpearon y la metieron en el patrullero. Ortega, después de ser internado en el hospital, falleció.

El comisario inspector Néstor Ordoqui, jefe de la Distrital, aseguró en privado al padre que se tomarían todas las medidas necesarias para esclarecer el hecho y mandó sus condolencias a la viuda. Esa misma noche, en una entrevista televisiva, el comisario aseguro que la policía hizo lo que debía hacer, que actuaron “razonable y gradualmente” y que “lamentablemente sufrieron (ellos) un accidente de trabajo”.

Con el apoyo de la militancia antirrepresiva de Olavarría integrada al ENA (EncuentroNacional Antirrepresivo), el sábado próximo, a las 19:00, los vecinos se manifestarán en la plaza central, exigiendo justicia por Jorge Ortega, Basta de gatillo fácil y violencia policial.

Corrientes, vieres 8 de Noviembre de 2013. La situación ocurre dentro de la Unidad Penal Nº 6 de San Cayetano, y la conocemos gracias a un video grabado con un teléfono celular.

Las imágenes dejan ver una disputa a golpes de puño entre dos internos dentro de una celda, mientras cuatro efectivos penitenciarios, que observan la pelea a modo de árbitros, que solo interceden cuando uno de los internos se encuentra indefenso en el piso recibiendo el ataque de su oponente.

Por fuera de la celda, se ve a otros tres integrantes de la fuerza en carácter de espectadores, sin mover un mínimo músculo ante la situación, como si fuera un espectáculo de boxeo.

Un hecho espeluznante que afirma el trato inhumano que los internos de las cárceles argentinas.

Según las autoridades, las grabaciones se encuentran bajo control del poder judicial para determinar quienes son los implicados en el hecho.

Pilar, 5 de octubre de 2013. A las 3:30 am, en el boliche “Sopranos”, Joe, de 18 años, tuvo una discusión con un grupo de adolescentes porque se quisieron propasar con su pareja. El personal de seguridad lo sacó del local, momento en que un policía lo increpó. Como el pibe le respondió, el policía sacó su bastón reglamentario y lo golpeó incluso después que perdió el conocimiento.

La firme intervención de la novia, que se interpuso y evitó que lo llevaran detenido en ese estado, logró que fuera trasladado a un hospital.

Cuando los padres radicaron la denuncia en la fiscalía de Pilar, supieron que el uniformado se encontraba prestando servicio como adicional del Servicio de Apoyo Municipal de Pilar (SAP).

Cuatro hechos diversos con un hilo conductor: la “política de derechos humanos” que padecemos a lo largo y ancho del país.

Grave condena a trabajador de la línea 60.

El 12de noviembre, la jueza Raquel Slotolow, a cargo del Juzgado Correccional nº 2 de Campana, condenó a Marcos Siriscevic, chofer de la línea 60, a siete meses de prisión de efectivo cumplimiento por “violación de domicilio”.

Pero resulta que, en marzo de 2012, la patronal había decidido despedir a Siriscevic por la actividad gremial que venía desarrollando en la empresa, intentado con ello aleccionar al conjunto. El juicio por su reincorporación aún está en trámite. Desde el momento del despido, Siriscevic siguió concurriendo a su lugar de trabajo para reunirse en la sala gremial con sus compañeros, que se encuentra a diez metros de la entrada, lo que era conocido y consentido por la empresa.

Como siempre, hay que separar la realidad de los argumentos seleccionados del gran menú al alcance de los jueces, que, en cumplimiento de su función, buscan dejar en claro quiénes mandan y para qué sirve el aparato judicial. El objetivo del fallo es sentar precedente de que si la empresa te despide, ni te acerques a oler la puerta. Busca dejar en claro que, ante el despido, la empresa pretende la rendición incondicional de los trabajadores. A lo sumo están dispuestos a que vayamos a transitar los pasillos de tribunales a pelear unos pesos de indemnización, que pagarán siempre y cuando sean condenados y no se insolventen.

Cuando la patronal no logra que aceptemos mansamente la indemnización, echa mano a los otros remedios que usa para solucionar sus conflictos con los trabajadores: represión y persecución judicial. Por eso, debemos gritar bien fuerte, ¡ABSOLUCIÓN A MARCOS SIRISCEVIC!

Vigilar, castigar y negociar. Las comisarías y las puebladas del conurbano.

La gorra arregla“, grita la pared escrachada de la comisaría de José León Suárez. Cientos de vecinos de villa La Cárcova no aguantaron más y salieron a gritar su bronca por el asesinato de Enzo, un pibe de la esquina, que quedó en el medio de un ajuste de cuentas entre dos bandas de transas.

Arruina guachos“, dice también la pared escrachada de la comisaría 6ª de Villa Recondo, en Celina, partido de La Matanza. José Barrientos, un pibe de 23 años, fue acribillado por una banda que vestía uniforme y gorra institucional y hasta dejó tirado un cargador 9 mm oficial de la Policía federal. Cientos de vecinos indignados fueron reprimidos en las puertas de la comisaría.

La guerra de transas y narcos se ha desatado. El negocio de la policía también.
Es imposible hablar de aquella sin vincular a esta última. Es la guerra por la conquista del territorio de los pobres, que de tanto en tanto (y cada vez más corto el entretanto) se come de un balazo a cientos de pibes como Enzo, como José.

Las bandas están en el barrio o entran a él con el expreso aval de la policía. Dirimen sus internas y establecen sus límites ante los ojos de la policía que espera el resultado, para después negociar con el ganador. En el negocio de la inseguridad de los pobres, vale todo, desde las armas y “disfraces” provistos por la institución, hasta la remoción hipócrita de la cúpula de la seccional cuando los vecinos estallan y algún canal de TV “descubre”, que la muerte muchas veces desciende de un patrullero.

Es la inseguridad de los pobres: transas, narcos y policías en las calles. Como tal, debe entenderse diferente a la inseguridad que mediáticamente se ha impuesto como preocupación electoral. El mecanismo es perverso, pero efectivo: quieren que los pobres pidan seguridad al estilo de los otros. Y la respuesta no se hará esperar: intervienen la comisaría, cambian sus autoridades o mandan 150 efectivos de gendarmería o prefectura para hacerse cargo del próximo negocio.

Cuando mandan los operativos a los barrios, refuerzan el patrullaje, ingresan a las villas o instalan sus cuchas en los alrededores, lo que en verdad están haciendo es marcar definitivamente el territorio y ocuparlo en términos militares. Será territorio liberado para disfrutar sus rentas cloacales, aunque a veces se arme algún bardito por la muerte de un “negrito de mierda”. Es una muestra del sistema en el que vivimos, el negocio ilegal que espeja al legal, la variable de ajuste en uno y otro serán siempre los pobres.

No se trata, entonces, de pedir que las “fuerzas del orden” cumplan su función, porque la cumplen a la perfección: cuando ellas matan están disciplinando. Cuando negocian, también. Son las fuerzas del orden impuesto, un orden que sólo contempla para los pobres el lugar de la magra sobrevivencia.

El padre de Enzo, en la pueblada en José León Suárez, dijo: “Nos cansamos del miedo, o nos unimos o nos matan a todos“. Como las paredes que gritan “autodefensa, organización, confianza únicamente en las propias fuerzas“, aunque simplemente se lea “La gorra arregla“.

Boudou, la policía federal y la democracia.

A principios de noviembre, durante la semana de la policía Federal (sí, la Federal no tiene sólo un día, tiene una semana), el presidente en funciones, Amado Boudou, no ahorró palabras de elogio y de confianza en esa fuerza del aparato represivo estatal.

Entre otras alusiones, dijo que “la policía debe tener un compromiso con el pueblo”.

Si revisamos la historia, no sólo de nuestro país, sino de todo el mundo capitalista, la policía jamás tuvo ese compromiso. Siempre estuvo comprometida con las clases dominantes, nacionales y extranjeras, que oprimen y explotan a sus pueblos. Esto no debe llevarnos al error de pensar que Amado Boudou esté planteando un cambio radical en las fuerzas policiales, de tal manera que, ahora sí, se comprometan con las luchas populares. Muy por el contrario, cuando habla de pueblo, en realidad habla de su clase y de sus intereses.

Lo mismo sucede con el jefe de la policía, el comisario Román Di Santo, quien en el mismo acto llegó a expresar que la policía federal es una “leal custodia de la democracia”. Le faltó agregar, al final de la frase, la palabra “burguesa”.

Así como en la Grecia antigua, la democracia ateniense era la democracia de los esclavistas, y no de los esclavos, que carecían de todo derecho, en el capitalismo la democracia es de los capitalistas. La diferencia es que ya no hay prohibiciones expresas para las clases dominadas, sino que es la misma organización social la que coloca, a las grandes mayorías trabajadoras, en la imposibilidad material de tener derechos.

En realidad, la lealtad es con la burguesía y no con su democracia. En todas las etapas de la historia de nuestro país, cuando los militares vinieron a coartar todas las libertades democrático-burguesas, la policía jamás estuvo del lado de los que lucharon contra los gobiernos cívico-militares. Por el contrario, fueron un fiel apoyo de las dictaduras. Baste recordar que fue la policía federal la que inventó la picana eléctrica, como método de tortura, durante la dictadura de Uriburu, que luego la usaron los militares en los años ’70 y que se sigue usando en democracia.

El discurso de Boudou siguió por los carriles esperados, señaló la “articulación” entre las diferentes fuerzas del aparato represivo, como la policía bonaerense, gendarmería y prefectura, en lo que no es más que un operativo de militarización de los barrios pobres, que ha instalado retenes de vigilancia por toda la zona metropolitana, y que lleva adelante una política de control social que ni Menem logró implementar.

El comisario Di Santo, ante tantas palabras elogiosas, también agradeció la reforma estatutaria que desde 2005 incrementó de 34 mil a 40 mil la cantidad de efectivos, y el incremento de un 90% del plantel docente de la escuela de cadetes. Le faltó agregar que también agradecía “… el vertiginoso aumento del presupuesto para las fuerzas de seguridad, que pasó de 2.960 millones de pesos en 2003 a 25.900 millones de pesos en 2013, es decir, un aumento del 1.096% en 10 años.” (Correpi, Boletín informativo n° 700).

Tampoco agradeció que, en la última ley de presupuesto, se incrementaran las partidas presupuestarias, para esa fuerza, en un 13,4%, ni que, como expresamente blanqueó el proyecto de ley de presupuesto: “… se fortalecerá la formación, capacitación y especialización profesional; se afianzará la articulación de las fuerzas policiales y de seguridad nacionales entre sí, y con las fuerzas policiales de las provincias, se continuará con la adquisición y modernización de equipamiento de seguridad y de comunicaciones; se avanzará en el diseño e implementación de herramientas que faciliten la prevención y la disminución del delito; y se fomentará la participación comunitaria en la política de seguridad, entre otras acciones

¡Cómo no van a estar comprometidos con esta democracia!

Agradecimiento a las organizaciones compañeras.

CORREPI es una organización pequeña y con pocos recursos, que se propone una tarea inmensa, la de profundizar la lucha contra la represión que los gobiernos descargan contra el pueblo trabajador. Las extraordinarias jornadas que se desarrollaron desde el inicio del juicio por Walter Bulacio, y que culminaron el viernes 8 con el Festival en Plaza de Mayo, hubieran sido de mucha menos trascendencia sin la solidaridad, el apoyo y el compromiso militantes de quienes se sumaron a la convocatoria de CORREPI y se pusieron al hombro cada actividad como si fuera propia.

Por eso queremos expresamente agradecer a todos y cada uno de los compañeros y organizaciones que hicieron el aguante en las audiencias; que se movilizaron el día del inicio, de nuestro alegato y del veredicto; que contribuyeron a las necesarias finanzas para cubrir los gastos; que difundieron las actividades, pegaron afiches y repartieron volantes; que co-organizaron el festival en la facultad de Filosofía y Letras para reunir fondos; en fin, que de cualquier manera aportaron a que pudiéramos hacer de esta instancia en la causa Bulacio un acontecimiento en la lucha antirrepresiva.

Por la magnitud de la actividad, queremos señalar en particular el incalculable aporte de las organizaciones para que fuera posible el Festival en Plaza de Mayo, y agradecer muy especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras que literalmente pusieron el cuerpo para garantizar la seguridad.

Gracias enormes a todos, compañeros. Nos vemos en la lucha.

Próximas actividades:

Viernes 29 de noviembre, 16:30, en Plaza de Mayo: Una sociedad de privilegios, se sostiene con represión. A las 16:30, acto con la presentación del informe anual de la situación represiva, las luchas, y los datos del Archivo de Casos 2013.

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