Boletín informativo nº 745

4.278 que ya son 4.304.

El 28 de noviembre de 2014 presentamos, en Plaza de Mayo, la actualización anual el Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal 1983/2014. Eran, hace apenas seis semanas, 4.278 nombres. Hoy, y sin haber empezado a contabilizar casos de 2015, que ya son varios, son 4.304.

De los 26 nuevos nombres agregados al Archivo desde el día del acto, 21 fueron asesinados en el mes de diciembre: Dos en la provincia de Córdoba, diez en el conurbano bonaerense, tres en ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, tres en la provincia de Santa Fe, uno en Santiago del estero, uno en Mendoza y uno en la ciudad de Buenos Aires. Los otros cinco casos son de fechas anteriores al 1º de diciembre de 2014.

Dieciséis de los ventiséis casos nuevos fueron fusilamientos de gatillo fácil. Seis fueron muertes en comisarías cárceles o lugares de detención de chicos. Uno está desaparecido, otro fue forzado a caer en un barranco y dos fueron producto de violencia intrafamiliar con un policía en el medio.

Con estos nuevos registros, 2013 pasó a registrar 243 casos totales, y 2014 llega a los 200. La experiencia nos anticipa que aún quedan muchos asesinatos de gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones que todavía no conocemos y que quizás nos lleguen en el curso de 2015.

Éste es el panorama cotidiano de la represión en Argentina, que requiere como nunca antes de más organización y lucha.

Miguel Bru: la desaparición no es condicional.

El 17 de agosto de 1993 Miguel Bru fue detenido por la policía bonaerense y llevado a la comisaría 9ª de La Plata, donde lo torturaron hasta que murió. Luego, su cuerpo fue desaparecido y se fraguaron los libros de la comisaría para eliminar todo rastro de su presencia en el lugar.

Ese mismo año, ese mismo mes, Eduardo Duhalde, por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo orgulloso a los medios; “Tenemos la mejor policía del mundo”.

Veintiún años después, Miguel sigue desaparecido. En el año 2000, después de siete años de un proceso que puso al descubierto lo sucedido, a pesar de los intentos de silenciarlo por parte de jueces y fiscales, sólo cuatro de los policías que mataron a Miguel fueron condenados: el ex oficial Walter Abrigo y el ex sargento Justo López, que se desempeñaban en el servicio de calle, recibieron prisión perpetua; el comisario Juan Domingo Ojeda y el suboficial Ramón Cerecetto, fueron condenados a tres y dos años de prisión respectivamente.

Obviamente Ojeda y Cerecetto están en libertad hace rato. Abrigo murió en prisión, y ahora, al filo de fin de año, el sargento López podrá pasar las vacaciones en libertad, ya que le otorgaron la libertad condicional.

Miguel forma parte de una lista de más de 200 personas que fueron desaparecidas a manos de las fuerzas de seguridad del estado desde 1983. Tampoco es el único caso donde los pocos responsables que son enjuiciados y condenados, incluso a prisión perpetua, quedan libres más temprano que tarde.

Así sucedió con los asesinos de Sergio Durán, quien también en agosto, pero de 1992, fue torturado hasta la muerte en la comisaría 1ª de Morón. Jorge Ramón Fernández, condenado a prisión perpetua en 1995, fue excarcelado por los mismos jueces que lo sentenciaron antes de cumplir 10 años preso. Hugo Nicolosi, prófugo por varios años, fue condenado de por vida en 2003, pero ya se encuentra en libertad. Raúl Rodolfo Gastelú, también prófugo, capturado y nuevamente fugado, fue nuevamente encontrado por CORREPI y condenado a perpetua en 2005. La corte provincial todavía no tuvo tiempo de revisar su sentencia, por lo que, como técnicamente no está firme, saldrá en breve. El subcomisario Miguel Ángel Rojido y el oficial Luis Alberto Farese aún están prófugos.

Ni hablar del asesinato, también en la tortura, de Diego Gallardo, caso en el que uno de los cuatro sentenciados a prisión perpetua, el oficial Gnopko, llegó excarcelado y se fue excarcelado pese a la condena. Y estos son sólo dos casos de muestra de una política judicial sistemática, que se ocupa de neutralizar los resultados que obtienen la organización y la lucha. Así, el mismo estado que tuvo que condenarlos, se encarga de garantizar su libertad de una u otra forma.

Aún así, la lucha no se detiene, no sólo para vuelvan a prisión, sino también para que ningún otro pibe tenga que saber qué es la tortura en una comisaría o en una cárcel.

Torturas en comisaría de Mariano Acosta: A veces no queda otra que condenar.

“Fue una noche de golpiza. Nos amenazaron diciéndonos que si zafábamos de ésta terminaríamos en un zanjón. Los policías formaron fila y nos golpeaban mientras pasábamos. A mí me llevaron al baño y me daban en los testículos mientra me gritaban y se reían porque no iba a tener hijos”.

“A mí me levantaron en la calle y me llevaron a mi casa, ahí estaba mi hermano y los policías reclamaban fierros que por supuesto no teníamos. Nos llevaron a la segunda, nos colgaron de un caño de la ducha y los mismos que golpearon a Maxi después nos dieron a nosotros”.

“A mí me dijeron que mi hijo estaba en la comisaría, pero en la próxima aparecería en un zanjón”.

Son extractos de los testimonios que dieron Maximiliano Silva, José Mancini y la madre del primero ante el Tribunal Oral nº 1 de Morón, durante el juicio que terminó con la condena del policía bonaerense Ángel Sosa a la pena de 15 años de prisión por aplicación de torturas.

Sosa prestaba “servicios” en la comisaría 2ª de Merlo, en la localidad de Mariano Acosta. Los hechos por los que resultó condenado se produjeron la noche del 12 de agosto de 2010, en las mismas circunstancias en que desapareció Fabián Gorosito, cuyo cuerpo fue encontrado tres días después en un zanjón (ver Boletín nº584).

En agosto de 2013, el asesinato en la tortura de Fabián Gorosito quedó impune, cuando el tribunal oral nº 5 de Morón absolvió a 11 policías en un debate escandaloso, con una sentencia que consagró la trama de complicidades institucionales.

El policía Sosa había logrado eludir ese juicio, con el argumento de una afección psíquica que dilató su juzgamiento. Pero le salió mal.

Advertidos los jueces del nuevo tribunal de la conmoción generada con la absurda absolución de los torturadores y asesinos uniformados de Mariano Acosta, esta vez dictaron fallo condenatorio, aunque, por cierto, lejos de ser ejemplar, pues la tortura tiene un máximo de 25 años de prisión y a Sosa le dieron sólo 15.

La habitualidad de la tortura en lugares de detención ha sido sistemáticamente negada por los responsables políticos e institucionales. En este caso, como en miles más, la facultad de detener arbitrariamente, con la averiguación de antecedentes o las faltas y contravenciones, funcionó como carta de legitimación para que, después, la policía se despache a gusto en la comisaría.

“Te levanto con la ley, te verdugueo en su nombre” parece ser la máxima que emplean.

Pero detrás de estos guapos (eso sí, con marrocas, grillos y rejas) hay toda una trama institucional que los ampara y legitima: con eufemismos como apremios ilegales, severidades, malos tratos y otras delicadezas por el estilo, desde el poder suelen encubrir una de los más abominables prácticas que registra la historia de las injusticias humanas.

La tortura es, sin lugar a dudas, una herramienta de disciplinamiento social que el estado tolera, mirando para otro lado hasta cuando condena y permite que el torturador permanezca en libertad. Por eso sorprendió este fallo, porque, como excepción a la regla, en este caso se tuvo por probados los tormentos, se ordenó la detención de Sosa y se lo remitió al penal, desde donde deberá esperar las sucesivas instancias.

Porque se suman los casos en que siempre hay varios policías danzando con la tortura y con la muerte y son los jueces y los sucesivos gobiernos pretendidamente democráticos quienes no sólo dejan, además promueven estas prácticas con el impulso que brinda la impunidad.

No tienen que vanagloriarse ni los jueces que condenaron a Sosa ni los funcionarios que ahora lo repudian. Ellos, todos ellos, saben que por cada Sosa que va preso, hay muchos más que siguen torturando, y que sólo la visibilización y la desnaturalización suelen convertir en condena lo que casi siempre es bochornosa absolución.

Una y otra, visibilidad y desnaturalización de la tortura, se consiguen luchando organizadamente contra toda política represiva estatal.

Cúpula policial con prontuario.

En el engranaje del aparato represivo cordobés, como en todo el país, cada parte es esencial para que esta maquinaria opresora funcione. ¿Cómo se podría prescindir de los altos jefes policiales? Aun con serias causas penales a cuestas, la cúpula policial de Córdoba sigue en funciones.

El comisario general Julio César Suárez está imputado desde el pasado mes de octubre por “coacción”, ya que amenazó al periodista Dante Leguizamón, a raíz de las notas publicadas sobre la represión que en el barrio Los Cortaderos ante las protestas por el fusilamiento de Alberto Fernando “Were” Pellico.

“Yo me voy a encargar de vos”, amenazó el comisario, ascendido al máximo escalafón policial de la provincia de Córdoba luego de los amotinamientos y el narco-escándalo de 2013. No contento con realizar al menos 12 llamados al teléfono del cronista y calificarlo de mentiroso por medio de la cuenta oficial de Twitter de la Policía de Córdoba, se apersonó en el canal de TV dónde trabaja Leguizamón.

Para condimentar este breve relato hay que remarcar que Suárez, momentos después de recibir la notificación sobre su imputación, contó con el apoyo y respaldo explícito del gobernador José Manuel de La Sota. Impunidad bancada de principio a fin.

Por otro lado, la Jefatura también contiene al comisario Inspector Ramón Antonio Juárez, acusado por “coacción” y “abuso de autoridad” desde julio de 2013, cuando fue denunciado por una joven de 24 años a la que acosó durante un operativo en la localidad de General Roca. Juárez recibió el premio por sus delitos: lo trasladaron de la departamental de Gral. Roca a la ciudad de Córdoba, donde quedó a la cabeza de la Dirección de Control de Servicios Operativos.

El comisario mayor Ariel Ávila es otra de las cabezas comprometidas en la Jefatura cordobesa. A cargo de la división de Delitos Complejos desde enero a mayo de este año, se encuentra imputado desde 2009 (junto al suboficial Rubén Adrián López) por el delito de “falsedad ideológica”, tras falsificar y alterar oficios judiciales para obtener ilegalmente sábanas telefónicas, con propósitos que la justicia manifiesta desconocer, pero que no pueden ser otros que la tarea de espionaje.

Desde la División de Análisis e Investigación en las Comunicaciones, Ávila y López enviaban documentación trucha con nombres y teléfonos para solicitar las sábanas y el registro completo de mensajes de texto, sin ser solicitados por ningún juez o fiscal.

¿Fueron separados de sus funciones? Ni por cerca. Hasta mayo último siguieron en funciones sin inconveniente alguno, incluso con acceso a las sábanas telefónicas mencionadas. Recién en 2014, ante el avance de la causa, se los puso en situación de tareas pasivas, ante lo cual el comisario pidió directamente su retiro. Pero de la maquinaria del palo y gatillo, no era de esperarse una respuesta más acorde: en noviembre último, el tribunal de Conducta Policial y Penitenciario levantó la sanción a ambos efectivos. La maquina de la represión, siempre aceitada.

Un cadete adelantado.

La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento de Elías Iván Vera, “estudiante” de la Escuela de Suboficiales de la PFA, acusado de defraudación por usar la tarjeta de débito de su compañero de cuarto y falsificar la firma en los comprobantes de compras por casi tres mil pesos.

Aludiendo a una confusión, el aspirante a policía intentó despegarse de las acusaciones realizadas por su compañero Sebastián Vanzetti, pero la justicia desestimó que fuera un mero error ya que el hecho ocurrió al menos en tres oportunidades.

Es interesante ver cómo en un delito tan menor la Justicia ratifica el procesamiento contra un efectivo (o aspirante), desestimando las tretas que los uniformados puedan usar para zafar, mientras que, en casos de fusilamientos de gatillo fácil, torturas o detenciones ilegales, el argumento de “error/confusión” es aceptado sin más, pregonando que las dificultades para desenfundar y disparar contra la cabeza de una persona pueden ser sólo deslices del “oficio”.

En la sociedad donde la integridad de una tarjeta de débito tiene más valor que la vida de un pibe, es fácil luego escuchar a los pseudo-“sindicatos” policiales esgrimir que los asesinatos del aparato represivo del Estado son “accidentes laborales”.