Boletín informativo nº 772, 30 de septiembre de 2015.

CORREPI

Sumario: 1) El ENA crece al calor de la experiencia. 2) Elecciones: tres candidatos patronales, una misma represión. 3) Las Fuerzas Armadas a las calles. 4) Apoyo de la CGT Azopardo a la “sindicalización” policial. 5) Vivos se los llevaron, vivos los queremos. 6) Próximas actividades.

El ENA crece al calor de la experiencia.

Los días 19 y 20 de septiembre se realizó una nueva reunión del Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA) en la vieja estación provincial del tren, hoy sede del Centro Cultural “El Birri” en la ciudad de Santa Fe, con la presencia de nueve organizaciones antirrepresivas de distintos puntos del país.

El ENA surgió en octubre de 2011, como iniciativa de distintas organizaciones políticas que nos congregamos en un espacio común frente al avance de las políticas represivas del Estado, bajo la necesidad de articular una herramienta de carácter nacional que pudiera dar una respuesta política de conjunto con iniciativa propia, independiente del Estado y todos sus gobiernos. De esta manera, desde el ENA intervenimos de conjunto para denunciar y organizarnos contra el común denominador de hechos represivos que se desatan a lo largo y ancho del país a través del gatillo fácil, la muerte y tortura en cárceles y comisarías, las detenciones arbitrarias (averiguación de antecedentes, contravenciones o faltas y razzias), desapariciones, persecución a los sectores organizados y criminalización de la protesta social.

Nuestra caracterización parte de entender a la represión como una política de Estado inherente al funcionamiento del sistema en que vivimos, orientada por las necesidades e intereses políticos y económicos de la clase dirigente en el poder, que pone a su servicio el funcionamiento de todo su aparato para su desarrollo y garantía. Anualmente, nos juntamos en dos instancias para poner en común nuestra lectura de la coyuntura nacional y planificar a partir de allí una política común que pueda responder desde la acción con unidad. El espacio crece en definiciones políticas y articulación con perspectivas de coordinar las luchas de distintos sectores y hacer crecer la organización a nivel nacional.

Hoy formamos parte del ENA: CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), Coordinadora Antirrepresiva y por los DDHH de Córdoba (CADDHH), Frente Antirrepresivo Santa Fe (FAS), Frente Antirrepresivo de Mar del Plata (FAM), Centro Cultural Estación Esperanza de Rafaela, Biblioteca Popular de Bella Vista de Córdoba, Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) de Comodoro Rivadavia, Agrupación OTOÑO, Colectivo Militante por los DDHH de El Bolsón, Espacio de Lucha Antirrepresiva de Mendoza (ELA), Sociedad de Resistencia de Mendoza, Coordinadora Norpatagónica de Choele Choel, Movimiento Antirrepresivo de Olavarría (MAO), HIJOS La Plata, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, Coordinadora Antirrepresiva de Zona Sur, Plenaria Memoria y Justicia de Uruguay y Militantes Antirrepresivos de Corrientes.

Con motivo de la celebración de esta reunión, también se acercaron a conocer el espacio la Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Monte Caseros, y compañeros docentes organizados de Paraná.

A dos meses de cumplirse cuatro años de su fundación, el Encuentro crece al calor de su experiencia, sobre la base de la organización independiente y la lucha consecuente, que ya está dando sus frutos.

Sabemos que el próximo período, por su situación actual y sus claros antecedentes, vendrá de la mano con un aumento del ajuste y la represión. Por ello debemos redoblar nuestros esfuerzos para que la situación no nos encuentre con los brazos bajos, sino golpeando con un solo puño.

Elecciones: tres candidatos patronales, una misma represión.

En la recta final hacia las elecciones presidenciales de octubre, el tema de la “seguridad” vende como nunca en las campañas de los candidatos, al mismo tiempo que muestra que no hay mucha diferencia entre unos y otros.

El 15 de septiembre, el diario La Nación se tomó el trabajo de analizar “distintas” las propuestas, y tituló: “Seguridad: para los candidatos, un laberinto de reformas con eje en la Policía Federal”, y advierten en la bajada: “Scioli, Macri y Massa coinciden”.

Coinciden, por ejemplo, en el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, apenas con matices sobre la forma de implementarlo, y sin que en ninguno de los casos se les presente como un problema la altísima densidad de uniformados en el territorio porteño. Hay unos 17.500 federales en el territorio porteño, que se suman a la Metropolitana, con alrededor de 5.000 efectivos, más los 2.500 de Prefectura y Gendarmería en la zona portuaria y sur de la ciudad. Un total de 25.000 uniformados, que, en proporción a la cantidad de habitantes, aun duplicando los datos del último censo en atención al flujo de trabajadores del conurbano durante el día, representa uno cada 112 habitantes. La ONU aconseja que haya 300 policías por cada 100.000 habitantes. Los números que arroja hoy la cuenta en la CABA (insistimos, duplicando la población), supera 800 gorras de colores diversos por cada 100.000 personas.

Lo que les preocupa, y por ende matiza las propuestas, son los dineros. El presupuesto nacional para la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal (o sea, todo el sistema de comisarías que se traspasaría) más la Superintendencia de Bomberos, que se integraría en el traspaso, superó en 2015 los 6.000 millones de pesos. Saquen cuentas para 2016.
También coinciden Macri, Massa y Scioli en la propuesta de creación de nuevas agencias represivas. La excusa favorita es la “guerra al narcotráfico” (que las fuerzas de seguridad dirigen).

Scioli habla de una agencia de inteligencia criminal que generaría “planes de acción”. Massa ofrece una unidad especial de información sobre narcotráfico, que además de las cuatro fuerzas de seguridad federales incluirá al servicio penitenciario, la AFI, la AFIP, Aduana y las Fuerzas Armadas. Y Macri propagandiza una agencia especial contra el crimen organizado que define como “FBI local”.

El candidato del FPV dice que en cuatro años quiere triplicar la cantidad de gendarmes y prefectos, y crear una “gendarmería urbana”. Todos dan algún rol mayor al actual a las Fuerzas Armadas en sus esquemas, con el cuento del control fronterizo, las drogas o la inseguridad, y prometen incrementar el número de efectivos en todas las policías, especialmente con el esquema “de proximidad”.

Proximidad para las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil. Proximidad para la represión, después de las elecciones, gane el que gane.

Las Fuerzas Armadas a las calles.

En el camino al 25 de octubre, mientras el macrismo y el kirchnerismo intercambian denuncias recíprocas de corrupción, el candidato presidencial del frente UNA, Sergio Massa, aprovecha para desligarse de ambos espacios y afianzar sus propósitos.

Sin embargo, el líder del Frente Renovador no diferencia demasiado sus propuestas en materia de seguridad de las que se implementaron en los 12 años del periodo kirchnerista. A su ya conocida propuesta política de “mano dura”, que contempla entre sus medidas la construcción de cárceles de máxima seguridad, la creación de policías de “prevención” y la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, se suma la mayor militarización de las barriadas populares. Con un relato que se pronuncia en contra de la “inseguridad”, el diputado pretende instalar las fuerzas armadas en los barrios, cuando sabemos que el crimen organizado, en particular el narcotráfico y la explotación de la prostitución, se vinculan directamente con el aparato represivo del estado.

En Rosario, Massa anunció: “Queremos a las fuerzas armadas acompañando nuestras fuerzas de seguridad en los barrios (…) A partir del 11 de diciembre vamos a tener una política de seguridad que nos va a permitir dar combate y tomar control de los territorios que hoy están tomados por los narcos (…) En las fuerzas [armadas] hay 75 mil hombres en desuso. Queremos que cuiden las fronteras y los barrios”.

Esta idea, no tan novedosa, fue en su momento impulsada por Carlos Menem, y necesariamente remite al propio kirchnerismo, que hizo explícito su acercamiento a las FFAA con el apoyo dado al general César Milani y sus planes para limpiar la reputación del ejército, por ejemplo con la intervención “solidaria” en los barrios inundados.

El Frente Para la Victoria habla de “la continuidad del cambio”. “Cambiemos” es la idea que defiende el Pro. Y el Frente Renovador propone “el cambio justo”, esta vez, de la mano de las fuerzas armadas en los barrios.

Apoyo de la CGT Azopardo a la “sindicalización” policial.

El lunes 28 de septiembre se llevó a cabo un acto organizado por la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP) y la Confederación General de Trabajo de Hugo Moyano, en el salón Felipe Vallese de dicha entidad.

El objetivo del acto fue brindar apoyo a la demanda llevada a cabo por la FASSIP para que el Estado reconozca como organizaciones sindicales las agrupaciones de policías y penitenciarios. El reclamo no es nuevo. Desde la pionera APROPOL (Asociación Profesional de Policías de la provincia de Santa Fe) o SIPOBA (Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aires), éste hoy incorporado a la CTA michelista, hay decenas de agrupamientos de diversas fuerzas de seguridad en el país que reclaman hace décadas su personería gremial, tema que ahora llegó a la Corte Suprema (ver Boletín nº 768).

Entre quienes apoyan la sindicalización policial encontramos un amplio marco de actores políticos. Por un lado, los tres representantes de las principales centrales obreras (Moyano, Micheli y Yasky) quienes, pese a sus diferencias políticas, promueven el “derecho” de los policías a agremiarse, como si pertenecieran a la clase trabajadora, en lugar de ser sus verdugos. El diputado por el Frente Renovador, Facundo Moyano, fue otro de los que intervino a favor de la medida, con el argumento de que la “sindicalización” policial implicaría un salto de calidad para la seguridad ciudadana. Por último, hasta sectores afines y del propio gobierno, como Eugenio Raúl Zaffaroni y el actual director de la Escuela de Inteligencia, Marcelo Saín, sostienen que la medida en cuestión permitiría avanzar en “derechos, deberes y prohibiciones de la policía de modo de generar estructuras más democráticas y menos corruptas, donde los oficiales de menor rango tendrían un respaldo ante los negociados de las cúpulas policiales, quienes en muchos casos dan ordenes ilegales que deben ser acatadas para no sufrir sanciones”.

Por su parte, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, se opone a la sindicalización con el argumento principal de la falta de una ley que lo habilite, apoyándose en el dictamen del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que da a los estados la facultad de decidir el modo y el momento para la agremiación de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Resulta irónico que el acto que busca avanzar en mayores herramientas para las fuerzas represivas se realice en un salón denominado Felipe Vallese, en alusión al joven obrero metalúrgico y dirigente político secuestrado y desaparecido en el año 1962, quien fuera visto por última vez en la comisaría 1ª de San Martín (zona norte de Gran Buenos Aires) donde fue torturado hasta su muerte.

Irónico o perverso, lo que resulta claro es que el avance en demandas de las fuerzas represivas no hubiera evitado su tortura y posterior desaparición, como tampoco lo evitará actualmente con los miles de casos de gatillo fácil y demás formas de represión que sufren los sectores populares diariamente, porque las causas que llevan a la represión en dictadura y en democracia son más profundas, porque son inherentes al sistema capitalista en el que vivimos, en pos de mantener su dominación. De allí que adoptemos al momento de analizar las demandas y los argumentos esgrimidos a favor de la sindicalización policial una perspectiva de clase, que pone blanco sobre negro las verdaderas intenciones que subyacen a la obtención de “mejoras laborales”, desde una perspectiva social sobre aquella individual que utiliza la ideología dominante.

Policías y penitenciarios no pueden ser considerados trabajadores, pues por su función son parte del aparato represivo del estado. Son quienes, pese a provenir en muchos casos de las barriadas populares, sirven a los ricos, garantizan el sistema de dominación y reprimen a los trabajadores, tanto en protestas como a través de esa forma más silenciosa pero con el mismo objetivo de controlar y disciplinar socialmente, como el gatillo fácil. Pues la última imagen que vieron aquellos alcanzados por las balas del estado no fue la de un compañero trabajador, sino la del verdugo cumpliendo con su tarea y jactándose de ella.

Detrás de los promovidos “asuntos gremiales” se incluye la defensa de la función represiva que es encomendada por el estado y la intervención de las fuerzas en cuestiones políticas. Tal es así que desde las estructuras sindicales se promueve la defensa gratuita de policías represores o, como ocurre en países donde se aprobó la sindicalización, se ejerce presión sobre los gobiernos logrando censurar a los medios en noticias sobre hechos represivos, obteniendo más presupuesto, mayor presencia policial en la calle, la rebaja de penas para policías, por nombrar sólo algunas “conquistas”. Asimismo, contra la idea de una cúpula que ordena y una base que acata subordinada, se percibe, desde el agente al comisario, la defensa de la fuerza, la idea de “familia policial”, diluyéndose las posibles diferencias cuando la tarea es reprimir.

Por todos estos motivos, sostenemos que la sindicalización policial, por sobre una cuestión de derechos y salarios, implica una herramienta política de mayor presión que garantiza y legitima el poder de la policía y la impunidad con la que se desempeñan, como expresión inherente del sistema capitalista. La falta de reconocimiento del Estado a partir de una cuestión formal como la falta de una ley, lejos está de cuestionar la función policial.

Nuestra tarea es seguir luchando contra el aparato represivo del estado, organizándonos en la calle, en los barrios y allí donde la represión avance sobre los trabajadores.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

A un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la respuesta del gobierno mexicano a los reclamos de familiares de las víctimas y los movimientos sociales que continúan pidiendo el esclarecimiento del hecho, es la intensificación de la represión y la criminalización de la protesta social.

El 23 de septiembre, dos días antes de realizarse la masiva movilización en el DF que tuvo por consigna principal el pedido de aparición con vida de los desaparecidos y resaltó la responsabilidad del Estado en el hecho, se anunció a través de la página de Facebook Yo SI Soy Ayotzinapa, que normalistas egresados de Ayotzinapa, que trataban de llegar al DF desde la localidad de Chilpancingo, fueron violentamente reprimidos por granaderos estatales. A su vez, Don Margarito (padre de Jhosivani, uno de los 43 desaparecidos) fue atacado con balas de gas cuando intentaba salir de Tixla rumbo al DF. Un día antes de estos eventos, el 22 de septiembre, un grupo de estudiantes (en su mayoría del normal de Atyozinapa) y familiares de los desaparecidos fue detenido por policías que, con la excusa de inspeccionar los vehículos, impidieron el paso de once camiones y vehículos particulares que también se dirigían a la Ciudad de México.

Ante este evento, los jóvenes estudiantes prendieron fuego un vehículo, y, para cerrarle el paso a la policía, lo atravesaron en la carretera. Mientras esto sucedía, otro grupo de policías, que se encontraba escondido, comenzó a lanzar gases lacrimógenos desde los cerros aledaños a los civiles, quienes se defendieron con piedras. Al iniciarse este enfrentamiento, acudieron al lugar otro centenar de policías y gendarmes.

Otros hechos de represión tuvieron lugar contra estudiantes y docentes de zonas urbanas, como el caso de Aldo Santos, militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, colaborador de La Izquierda Diario, quien fuera expulsado de la Escuela Normal Superior de México. También en la región Mixteca de Oaxaca se produjo el asesinato de dos maestros: Ubaldo Eleuterio Cortés Garzón y Alejandro Leal Díaz, este último ex secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La versión oficial dijo que el asesinato fue producto de un asalto, pero existen serias sospechas de que fue un golpe para debilitar al movimiento magisterial.

Vemos en todos estos eventos cómo un gobierno completamente deslegitimado busca desesperado estrategias para recuperar su poder y amedrentar el creciente avance de la lucha popular. A la estrategia represiva, se le suma la estrategia discursiva, que busca imponer una versión oficial de los hechos de Iguala, a la que dio a conocer como “verdad histórica”. La farsa detrás de esta supuesta “verdad” se ha puesto en evidencia a partir de declaraciones de peritos argentinos que participan de la investigación, y de los testimonios de otros normalistas sobrevivientes, dejando en claro que es solo un “manotazo de ahogado” por parte del gobierno para recuperar algo de su legitimidad.

En el contexto de debilitamiento de los partidos principales (PRI y PRD principalmente), emerge el partido Morena, que propone “democratizar las instituciones e introducir paliativos que limiten al capitalismo salvaje”. Personas asociadas a este partido han intentado cooptar a las distintas organizaciones que conforman el movimiento por Ayotzinapa para que se sumen a su propuesta. En contraposición a esto, el socialismo insiste en lo importante de la autonomía e independencia de todo partido político que forme parte del régimen de la alternancia para que se logre el esclarecimiento del hecho y se haga justicia.

A pesar de la creciente represión y criminalización de la protesta, las mentiras y encubrimientos de los medios oficiales, y los intentos de cooptación, a un año de la desaparición forzada de los normalistas, el movimiento por Ayotzinapa ha logrado multiplicar las voces de los 43 desaparecidos y tener repercusión a lo largo de todo el mundo en las multitudinarias movilizaciones y acciones realizadas. Los familiares de las víctimas y todos los que se han sumado a su gesta, tienen bien en claro que el responsable de la desaparición es del Estado, y que no van a lograr avanzar a menos que mantengan una lucha autónoma desde la organización popular.

Próximas actividades. (¡Agenda completa!)

Sábado 3 a las 16:30 hs., en Villa Hidalgo (Huergo y Villalba): Charla sobre el Manual del pequeño detenido junto al FOL

Martes 6 a las 18:30 hs., en la Universidad de Lujá, Panel debate sobre represión.

Miércoles 7 a las 19:00 hs., en el estacionamiento de la facultad de Sociales (UBA): Barra, Bandas, Improvisación teatral de Conurbano Maldito

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