Boletín informativo nº 775

  Un mes de macrismo y las balas que se vienen.
Al momento de redactar esta nota, se cumple un mes de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación y de la alianza Cambiemos al frente de la administración del Estado.
La primera batería de medidas promovidas por el gobierno –mayormente  mediante la ejecución de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)-, con una devaluación del 40% producto del levantamiento del cepo al dólar, la baja de retenciones para la exportación, el aumento de tarifas en servicios públicos a partir del retiro de subsidios estatales, la preparación de un nuevo endeudamiento externo, vino de la mano con la declaración de emergencia en materia de seguridad a nivel nacional, la confirmación de la facultad policial para detener personas arbitrariamente mediante el  fallo del Tribunal Superior de la ciudad, el traspaso de la Policía Federal y el anuncio de dictado de un protocolo para reprimir la protesta social.
Así, dieron sus primeros pasos sobre las espaldas del pueblo, con un saldo de más de 15.600 trabajadores y trabajadoras despedidos de las distintas dependencias estatales, provinciales y municipales. En promedio, hubo 520 despidos diarios, mientras la administración del ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, con Alfonso Prat Gay a la cabeza, entregaba 320 millones de pesos a las cúpulas de la burocracia sindical para el manejo de obras sociales, buscando sellar la alianza que les permita la contención del conflicto social.
Al mismo tiempo, los ejemplos más concretos llegaron solos, con los pies sobre la tierra: la represión a los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja en la autopista Ricchieri, a los empleados del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) en la casa de Gobierno de la provincia de Neuquén, y finalmente la balacera descargada sobre los despedidos y despedidas de la Municipalidad de La Plata el viernes 8 de enero, con decenas de heridos y detenidos en cada caso, demuestran la decisión política del macrismo de abrirse camino  a balazo limpio.
 

El 23 de diciembre, el director de la sección “política” del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, resumía mejor que nadie uno de los lineamientos más urgentes en la agenda que se le sugiere a Macri: “Otro desafío que tiene el Gobierno es el de administrar la represión sin provocar muertes.”
Si hay una ventaja que sabemos reconocer en los portavoces de la clase dirigente ilustrada, es su gran capacidad de síntesis y tino a la hora de objetivar sus preocupaciones inmediatas en relación a los objetivos estratégicos comunes que los convocan a defender un grupo político. En efecto, saben que, históricamente, uno de los elementos que generan mayor repudio y conflictividad social es el asesinato de militantes en un contexto de movilización y protesta. No es para ellos un problema la muerte, sino lo que puede provocar. Tampoco es para ellos un problema la represión, sino una necesidad cabal, como bien deja en claro Morales Solá, y tantos otros grupos políticos, medios hegemónicos y aparatos sindicales y territoriales que velan por los mismos intereses, y aportan su gramo de conciencia al consenso social necesario para legitimar esta práctica.
En esto de generar consenso,  hasta los “opositores” aportan lo suyo, como lo hizo el ex juez Raúl Eugenio Zaffaroni en Página 12: “No cortar calles ni rutas, dejar pasar los vehículos, ocupar una parte nada más. No dar pretexto a la criminalización. (…) Sin violencia. Sin dar excusas a la represión. Si alguno lo intenta, o es un infiltrado o es alguien a quien se debe contener de inmediato”.
El problema es nuestro, si no sabemos reconocer, como pueblo trabajador, que los lineamientos del modelo actual ya están puestos sobre la mesa desde hace rato, y que eso nos convoca a estar cada vez más atentos, más organizados, y con la mayor unidad posible. Que no haga falta que nos repriman, y menos aún, que nos maten, para que nos demos cuenta de la necesidad y el compromiso histórico al que nos convoca esta nueva etapa para resistir de conjunto.

  El TSJ avaló el sistema de detenciones arbitrarias.
Causó mucho revuelo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que ratificó la “legalidad” de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente. Aunque no sea una novedad, ya que se cuentan por decenas las sentencias similares de otros tribunales de todo el país, incluso de la Corte Suprema de la Nación, no es cuestión menor que, precisamente cuando se consolida en la Ciudad de Buenos Aires una mega fuerza policial, la justicia local brinde semejante espaldarazo a la más fabulosa herramienta de control social con que cuentan los gobiernos, a través de sus policías.
La experiencia cotidiana en la militancia antirrepresiva confirma que más de dos tercios del total de personas detenidas por la policía, en todo el país, son víctimas de esa facultad policial de detener personas “para identificar” o “averiguar antecedentes”.
Las policías -y desde que participan del patrullaje urbano, también la prefectura y la gendarmería- tienen la posibilidad de detener personas “sospechosas” por lapsos variables, según la jurisdicción. En todos los casos, está regulada como una “facultad”, es decir, una potestad dependiente sólo del “atinado criterio del funcionario”, que es una forma elegante de decir “olfato policial”.
En el acta policial se suele leer: “Encontrándose los oficiales X e Y recorriendo la jurisdicción en prevención de delitos y contravenciones, advirtieron la presencia de un sujeto masculino, el cual, al avistarlos, incurrió en una actitud sospechosa”. Ejemplos  concretos de esa “actitud sospechosa”: “ponerse de pie cuando arribó el móvil”, “acelerar el paso en dirección opuesta a los suscriptos”, “desviar la mirada buscando pasar inadvertido” o “adoptar una actitud de  intranquilidad y nerviosismo”.
No hay mucho más que explicar: en nuestro país, cualquier policía puede detener en cualquier momento a cualquiera.
Que tenga o no sus documentos de identidad es anecdótico, aun cuando muchas de las leyes que regulan esta facultad requieran que concurra la falta de identificación.
Que las víctimas de las detenciones arbitrarias nunca sean rubios adolescentes de colegios privados ni ejecutivos en autos de alta gama, confirma el carácter de clase del sistema.
Que la Corte IDH, en el Caso Bulacio, ordenara hace casi 13 años al Estado Argentino derogar éstas y otras normas que habilitan detenciones arbitrarias, demuestra que ningún gobierno está dispuesto a perder tan poderosa herramienta para el control social.
Que los jueces, mucho más a menudo de lo que trasciende, avalen estas prácticas represivas, como lo hizo ahora el TSJ de la CABA, confirma que no es un policía… es una política de estado.

  Traspaso de la PFA a la Ciudad.
Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se dieron el gusto. Bajo la atenta mirada de la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, firmaron el acuerdo que transfiere buena parte de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, con la perspectiva, de acá a un par de años, de la unificación de ambas fuerzas en un solo cuerpo represivo.

El acuerdo, que deberá ser aprobado en sesión extraordinaria de la legislatura de la Ciudad del próximo 18 de enero, establece que unos 17.000 efectivos federales, de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, con sus 54 comisarías; la Policía Montada, Bomberos y la Guardia de Infantería, se sumen a los 6.500 de la Policía Metropolitana, mientras que el resto de la PFA acotará su función a los delitos federales, con delegaciones reforzadas en todo el territorio nacional.
En una breve pero contundente intervención, Macri destacó que, desde que su gobierno en la CABA creara la Metropolitana, hubo muchas instancias de coordinación con la PFA, pero que a partir de ahora ambas fuerzas actuarán bajo “un solo comando…  que redunde en mayor eficiencia y permita más policías en la calle”. Esas “instancias de coordinación” tuvieron como principales hitos las represiones del Parque Indoamericano (con tres muertos), del Hospital Borda (con trabajadores y periodistas heridos) y de la Sala Alberdi (con balas de plomo que hirieron a dos trabajadores de prensa de la RNMA y un manifestante), lo que pone en contexto el objetivo del traspaso.
No es un dato menor que, mientras la cúpula de la Metropolitana asistió completa al acto, no lo hizo el jefe de la PFA, comisario general Román Di Santo. La máxima autoridad federal presente fue el Superintendente de Seguridad Metropolitana, comisario mayor Guillermo Calviño. Precisamente uno de los dos jefes de la PFA imputados por el apoyo que esa fuerza prestó a la Metropolitana el 12 de marzo de 2013, en la represión por el conflicto de la Sala Alberdi. Se rumorea que Calviño sería ascendido en breve a comisario general, y asumiría como Jefe de la PFA en la etapa de transición y consolidación de la fuerza unificada, seguramente como premio por lo mismo que lo estamos acusando desde CORREPI y la RNMA.
Según el último censo, la CABA tiene algo menos de tres millones de habitantes. El promedio de policías cada 100.000 habitantes en Argentina, según la información disponible, es de 558. Con la unificación, la CABA pasará a tener 700 policías cada 100.000 habitantes, o, si se quiere, un policía cada 142 habitantes, índice altísimo incluso a nivel internacional, a los que hay que sumar los efectivos desplegados en los barrios por prefectura y Gendarmería, y los agentes de seguridad privada.
La primera preocupación presidencial, al anunciar el traspaso, fue asegurar a ambas fuerzas que cada una conservará sus particulares beneficios. “Ningún efectivo va a perder los derechos que hoy tiene”, los tranquilizó a todos, “sólo se van a mejorar las condiciones”. Más allá de diferencias en las remuneraciones básicas, la posibilidad de hacer o no adicionales, las diferencias escalafonarias, etc., y de la realidad que la única forma de que todos conserve sus “beneficios” es que los de cada fuerza se extiendan a la otra, el mensaje fue bien comprendido: nadie va a tocar las “cajas” que manejan a partir de la extorsión, el gerenciamiento del crimen organizado y la explotación del crimen del menudeo.
Completa el cuadro el anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que el poder ejecutivo nacional va a promover “un paquete de leyes penales para mejorar la seguridad a nivel nacional como complemento para profundizar las penas (…). Queremos evitar lo que se denomina en la jerga judicial puertas giratorias”. O sea, más policías con comando político común, más penas y más presos, que no serán los delincuentes de uniforme ni los empresarios vaciadores y explotadores, los únicos que disfrutan de la puerta giratoria.

  Repudiamos los aprietes y amenazas recibidos por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
El jueves 30 de diciembre, a la madrugada, cuatro personas ingresaron por la fuerza al edificio donde funciona la radio de Asociación Madres de Plaza de Mayo, golpearon al operador de guardia y tiraron huevos al frente. Cuando la Asociación denunció el ataque, señaló que el hecho se sumó a una seguidilla de llamadas telefónicas con amenazas de muerte recibidas por Hebe P. de Bonafini.
El episodio debe verse en el contexto que inauguró el diario La Nación, cuando, a 24 horas del triunfo electoral de Mauricio Macri, editorializó reclamando el cierre de los juicios contra los crímenes de la dictadura y definió a los represores como “presos políticos”. La rápida y lúcida respuesta de los trabajadores de La Nación, que repudiaron el editorial del 23 de noviembre de 2015, recuerda el precedente de 1987, cuando los gremios gráficos intentaron evitar, con un recurso de amparo, que se publicara una solicitada de apoyo a Jorge Rafael Videla, y confirma que el reclamo de justicia y castigo a los genocidas es fruto de décadas de lucha y movilización en las calles, y fue ganando un consenso cada vez más mayor en amplios sectores de la población.
El operativo de aparición, luego desmentida, de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, se inscribe en la misma línea, al abrir terreno para cuestionar el trabajo realizado respecto de los nietos recuperados, mientras confirma la validez del reclamo de que se abran los archivos secretos, tanto del Estado como de la Iglesia.
Quienes compartimos la lucha contra la impunidad del genocidio debemos estar alerta, repudiar y movilizarnos ante estos ataques de la derecha, más allá de las diferencias o simpatías con el blanco elegido, porque no es una cuestión de solidaridad solamente, sino de defensa propia.

  La “narco-legitimación” de la represión.
Entre tantas promesas de Mauricio Macri durante la campaña electoral, una de las principales fue duplicar el personal de las fuerzas de seguridad, ligada al “combate contra el narcotráfico” y la “inseguridad”.
“Les ratifico que no vamos a mirar para el costado, vamos a enfrentar este tema con todas nuestras fuerzas, porque Argentina necesita liberarse de este flagelo. Esto recién comienza, y les vamos a dar batalla sin cuartel, en cada rincón donde se encuentren” dijo el presidente.
Sin embargo, la realidad nos muestra que esta política, lejos de estar dirigida a combatir al narcotráfico, es la excusa de la hora para la represión y el control social, mientras, a cada paso, se confirman los lazos del crimen organizado con el aparato represivo estatal y su mandante, el poder político.
Hace unos meses, en la audiencia celebrada en la Corte Suprema a raíz del expediente en el que el Sindicato de Policías de la provincia de Buenos Aires reclamó su reconocimiento como organización gremial, su abogado argumentó que la sindicalización “va a permitir resistir las órdenes ilegales”.Cuando el juez Juan Carlos Maqueda preguntó a qué órdenes ilegales se refería, el abogado respondió que es habitual que el poder político ordene a la policía medidas orientadas a la protección del narcotráfico, la trata de personas, robos, etc. Vale aclarar que la respuesta no generó ni un gesto de sorpresa en los jueces Maqueda, Lorenzetti y Highton de Nolasco.
Es sistemático que, cuando se trata de justificar el fortalecimiento de las fuerzas represivas, los gobiernos utilicen este tipo de argumentos, mientras que las medidas concretas prueban por sí mismas que estás destinadas a otra cosa.
Así ocurrió, por ejemplo, con el Consejo de Seguridad y la Secretaría de Seguridad, cuyo rol en la represión al pueblo trabajador no requiere más prueba que su historia, creados, respectivamente, por Raúl Alfonsín después de La Tablada y por Carlos Menem tras el atentado a la AMIA.
La proyectada Agencia Federal, y el resto del paquete que viene presentado como “combate al narcotráfico” no traerán más que represión para sostener el ajuste.