Héctor Eusebio Sosa: La prueba de que es una política de estado
El inspector del COT que hoy agredió a un trabajador que sólo le pidió que corriera su patrullero para poder sacar la camioneta, es el mismo que, como cabo 1º de la Bonaerense, fusiló tres pibes entre 1999 y 2006. Una prueba cabal de que, gobierne quien gobierne, el gatillo fácil es política de estado.
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El 6 de febrero de 1999, un pibe de 15 años y otro de 17 escapaban de tres policías que los corrían por los pasillos de la Villa 25 de San Fernando. Habían entrado a robar en una carpintería y los pescaron. Desarmados, corrieron hacia su barrio. Pronto, una vecina les abrió la puerta de su casa y los escondió bajo la mesa de la cocina. Para disimular, la mujer se puso a barrer la vereda, pero pronto los policías, con el entonces Cabo 1º Héctor Eusebio Sosa a la cabeza, la tiraron a un costado y entraron.
“No tiren que me entrego”, escuchó Inés. Y luego vino la andanada de disparos. El “Frente”, como todos conocían a Víctor Manuel Vital, de 17 años, quedó tendido bajo la mesa con cinco heridas producidas por cuatro disparos. Tres le pegaron, de arriba hacia abajo, en el tórax, la cabeza y la axila. El cuarto tiro pegó en la mano, con la que se cubrió la cara, volvió a entrar en el mentón y salió arriba de la oreja. El pibito de 15 recibió un disparo en la cabeza. Lo dieron por muerto y lo arrastraron afuera, pero sobrevivió.
Un año después, cuando una pericia probó que el Frente estaba agachado bajo la mesa con las manos en alto, Sosa, conocido en el barrio como el “Paraguayo” que manejaba la droga y reclutaba pibes para robar, fue detenido por homicidio y se fijó fecha de juicio.
En 2001, una semana antes del juicio oral, el fiscal y la defensa hicieron un acuerdo de juicio abreviado por homicidio “en exceso de la legítima defensa”. El Tribunal 1 de San Isidro admitió el trámite abreviado, pero prefirió absolver a Sosa. CORREPI interpuso recurso de casación, y logramos anular ese fallo, pero el nuevo juicio, ante el Tribunal Criminal nº 3, terminó con una escandalosa nueva absolución.
Sosa nunca fue apartado de la fuerza, y el 2 de diciembre de 2002 lo ascendieron a sargento, antes incluso de que se realizara el juicio oral.
La Nochebuena de 2006 volvió a matar, esta vez a Jonathan Lorenzo (19) y Jorge Andrés Martínez (24), que iban en moto con un tercer pibe. Sosa los empezó a perseguir con su patrullero, a tiro limpio. Agotó su cargador y siguió tirando con el arma de su compañero. Hizo más de 20 disparos. Jonathan recibió tres disparos en la espalda y Jorge otros tres en la espalda y nuca. El tercer chico recibió tres balazos, pero sobrevivió.
Esa causa fue rápidamente archivada, sin siquiera dar tiempo a las familias a constituirse como partes acusadoras.
Cuando Sosa ingresó a la policía bonaerense, gobernaba Raúl Ricardo Alfonsín. Cuando mató al Frente, el presidente era Carlos Saúl Menem. Fue absuelto por primera vez durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y ascendido a sargento en la gestión de Eduardo Duhalde. Su absolución en la causa del Frente, y el archivo de la causa por los otros dos pibes, ocurrieron cuando gobernaba Néstor Kirchner. Con Cristina Fernández siguió en la fuerza, y fue incorporado por el intendente Sergio Massa al COT.
Hoy, con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, sigue en lo suyo, que es lo de ellos, recargado: la represión, esta vez a un trabajador que sólo le pidió que corriera su patrullero para poder mover una camioneta en horario de trabajo.
Su imagen en una cama de hospital, amparado por la funcionaria de la Dirección de Protección Ciudadana (¿?) de la Municipalidad de Tigre, mientras el trabajador que agredió tiene una pierna fracturada, y su prontuario, son cabal prueba de que no es un policía, es toda la institución. Y no es una manzana podrida o un loquito suelto, ni un psicópata reclutado por error. Es una política de estado.