Torturó, mató, se quedó y no lo pescaron

La increible segunda huída de los prófugos de la policía bonaerense.

Sergio Durán, un joven verdulero de 17 años y padre de un hijo, fue detenido por averiguación de antecedentes el 6 de agosto de 1992. Lo llevaron a la comisaría 1ª de Morón, de donde salió moribundo 12 horas después, muriendo camino al hospital. En la primera autopsia, se dijo que había fallecido por “una intoxicación por sustancias que hubiere ingerido”, sin especificar cuáles, y que las marcas que tenía en los testículos correspondían a “señales de rascado”. No había ningún análisis químico que avalara esa hipótesis, y en el informe no se hacía referencia al origen traumático de varias lesiones que presentaba el cuerpo. Ni las marcas de picana en el escroto, ni los dientes rotos, ni siquiera un corte en la lengua y los golpes en la cara significaban nada para el médico forense Carlos Alberto Rossi Alvarez.

Sergio Durán

Los familiares de Sergio, junto con la CORREPI, comenzaron un largo peregrinaje que incluyó marchas, escraches y hasta una huelga de hambre frente al juzgado de Morón. Finalmente lograron arrancar una nueva autopsia, que determinó que la víctima había sido torturada durante más de ocho horas con el “submarino seco” (una bolsa en la cabeza para provocar asfixia) y con una picana eléctrica en los testículos. Las nuevas pericias también determinaron que el joven había sufrido lo que se llama “masturbación violenta”, una práctica sadista para aumentar el dolor de la picana hasta límites inaguantables.

La muerte, decía el nuevo informe, se produjo por un “un mecanismo reflejo que causó un paro cardio-respiratorio”. En otras palabras: Sergio murió de dolor.

Desde entonces su caso se convirtió en paradigmático; era la primera vez desde 1983 que se comprobaba la utilización de la picana en una comisaría de la policía bonaerense, fuerza que inventó esa herramienta de tortura. “La víctima -explicaba en aquel entonces la CORREPI-era un joven de baja extracción socio-económica, prototipo del “sospechoso” a los ojos policiales. Toda la causa muestra el enorme esfuerzo realizado para encubrir a los torturadores, incluyendo la autopsia falsa por la que se encuentra procesado el médico Carlos A. Rossi Alvarez.”

Hasta que el informe anátomo patológico probó el pasaje de corriente eléctrica en los testículos, por el asesinato sólo estaba detenido el subinspector Jorge Ramón Fernández, quien antes de las torturas había sacado a Sergio de la celda diciendo “Vení pibe, que ya te vas”. Fernández, que había guardado silencio desde su detención, habló cuando se conocieron los datos que arrojó la nueva pericia. Cercado, acusó a cuatro de sus compañeros por las torturas: el subcomisario Miguel Angel Rojido, el cabo Raúl Rodolfo Gastelú, el oficial Luis Alberto Farese y el cabo Hugo Nicolosi. Los cuatro acusados integraban el servicio de calle de la comisaría que está pegada al juzgado donde declaró Fernández. Allí se los vio por última vez: mientras el juez redactaba las órdenes de captura, todos se dieron misteriosamente a la fuga. A ninguno lo pudo ubicar la justicia, y en los primeros días de Octubre de 1995 el subinspector Fernández fue condenado en soledad a cadena perpetua.

Mientras tanto, sus cómplices desarrollaban su vida normalmente; no imaginaban que la familia de Sergio Duran y la CORREPI los seguían buscando.

-Prófugos de privilegio.

Raul Rodolfo Gastelú

Las pesquisas continuaron después del juicio que condenó a Fernandez, pero todos los operativos ordenados por la justicia y la fiscalía fracasaban: cuando daban con ellos, los prófugos se escapaban caminando o por los techos, y hasta uno de ellos logró huir de sus perseguidores en un Fiat 147 destartalado. En cambio, testigos y abogados sufrieron todo tipo de presiones. Los presos de la comisaría que atestiguaron lo que vieron padecieron armados de causas por supuestos motines, y varios de ellos murieron sospechosamente. Daniel Stragá, uno de los abogados que llevaba la causa, enfrentó un proceso por desacato cuando denunció que en torno al caso se había tejido un “pacto policial-judicial”.

Pero la suerte de los policías prófugos pareció cambiar en Octubre de 1996, cuando tanto el subcomisario Rojido como el cabo Gastelú fueron ubicados por la CORREPI y los familiares de Sergio. Ambos seguían viviendo en sus viejos domicilios y haciendo una vida normal. Estaban prófugos en su propia casa, a la vista de todo el mundo menos de la justicia y la policía. La CORREPI, con la colaboración del programa de televisión Investigación X, instaló cámaras ocultas en ambos lados, logrando el documento que luego obligó a su detención. En las imágenes se ve a Rojido en su casa de Mar del Plata, junto a su esposa -también policía, hoy comisaria- y saludando con un abrazo a un uniformado que iba a visitarlo en patrullero. A Gastelú se lo ubicó en Moreno, en el barrio Las Catonas, llevando con custodia policial a sus hijos a la escuela, entrando a su trabajo en la municipalidad de Moreno -donde tiene un puesto su esposa- y caminando tranquilamente por la calle.

Con los videos en la mano, los abogados fueron donde el juez Jorge Carreras, que también fue filmado mientras miraba los videos. El juez terminó trabajando de madrugada para detener a los poco escondidos prófugos; sacó de la cama al flamante jefe de la Policía Bonaerense, el Comisario Vitelli y lo comprometió personalmente con las detenciones. Fue el día de la madre de 1996, cuando ambos policías fueron detenidos en sus domicilios. A Rojido lo tuvieron que trasladar rápidamente desde Mar del Plata, por pedido del Jefe de la Unidad Regional, alertado porque “la familiaridad y respeto con que todos sus subordinados lo trataban no le permitía garantizar que, de permanecer el subcomisario allí toda la noche, estuviera preso a la mañana”.

Un año después también fue descubierto el tercer prófugo, Luis Alberto Farese, que a pesar del pedido de captura en su contra siguió cobrando su sueldo de policía normalmente. En un documento de aquel entonces los abogados Daniel Stragá y María del Carmen Verdú, patrocinantes de la familia Durán, decían que “descubrimos que sólo fue cesanteado de la policía bonaerense el 11 de abril de 1997, es decir tres años después de su huida, en el marco de la “depuración” policial posterior al Caso Cabezas. Durante ese tiempo Farese percibió personalmente, exhibiendo su documento y estampando su firma, haberes mensuales por u$s 800 y hasta un retroactivo de u$s 5.000 en marzo de 1996. La policía, que le pagaba el sueldo, jamás lo detuvo”.

Sin embargo, la historia de los prófugos de fuga fácil no terminó allí. En Febrero de 1998, Farese se escapó caminando de la comisaría donde estaba alojado. Nunca más se supo de él. Los agentes Rojido y Gastelú, que estuvieron presos hasta 1999, gozaron a partir de ese momento del privilegio de estar libres hasta ser juzgados. Y, como para compensar la fuga de Farese, fue detenido el cuarto prófugo, el cabo Nicolosi.

El 20 Octubre de 2003, once años después del crimen, comenzó el segundo juicio oral contra Nicolosi, Rojido y Gastelú. Ninguno de los dos beneficiados con la excarcelación se presentó. De Rojido, su mujer -que es titular de una comisaría en Mar del Plata- dijo que “había salido la tarde anterior a hacer trámites y que no supo más de él”. La esposa del cabo Gastelú, por su parte, explicó que este trabajaba de camionero, que el lunes anterior había salido con rumbo a Bahía Blanca y que estaba “preocupada” por lo que le podría haber pasado.

El 21 de octubre de ese año se libró nueva orden de captura nacional e internacional contra los dos torturadores. El juicio continuó sólo contra Nicolosi, que fue condenado a prisión perpetua como coautor del delito de tortura seguida de muerte en perjuicio de Sergio Gustavo Durán.

-La nueva fuga del cabo Gastelú

En Abril de 2004, ocho meses después de su última fuga, Gastelú camina por las calles del barrio de Moreno. Vive en el mismo domicilio que figura en su legajo policial, tiene el mismo trabajo desde julio del 2001 en El Trebol, una concesionaria de la Municipalidad de Moreno , está un poco mas gordo que antes, y parece sentirse muy seguro de su suerte. Por las mañanas desayuna en una estación de servicio, se va a trabajar y vuelve justo para cuando salen sus hijos de la escuela e irse al gimnasio, a lavar la ropa a un lavadero o a ser bendecido en una iglesia evangelista de la zona.

Raúl Rodolfo Gastelú figura en el listado de policías prófugos que el Ministerio de Seguridad de la provincia de Bs. As difunde por internet. Pero allí aparece erronamente como “Gastalu Raúl Roberto”, y la foto que acompaña su pedido de captura es de hace 20 años atrás. ¿Cómo no tener, entonces, elementos para sentirse tranquilo, para dedicarse a mantener una rutina que mucha gente envidiaría?. Por momentos, hasta parece que la vida le sonrie. Se siente con derecho a pensar que lo peor ya pasó, que la protección que le brindan sus camaradas, la desidia judicial y el olvido social juegan de su lado.

Lo que no sabe Gastelú, es que ojos anónimos siguen sus pasos: la solidaridad, la convicción y el dolor de la familia esperan el momento justo para caerle encima. Nuevamente, la CORREPI lo encontó antes que la justicia y la policía. Durante tres meses y medio, miembros de ese organismo antirepresivo vigilaron discretamente todos sus movimientos, registrando su rutina y sus pasos relajados. Y finalmente, con todos los datos en la mano, se recurrió otra vez al apoyo técnico de la televisión, esta vez del programa Puntodoc. No alcanzaba con saber dónde y cómo se mueve; había que filmarlo y hacerlo público, quizás único medio de poner a la justicia entre la espada y la pared para que lo vuelva a detener.

Se usó la misma fórmula que hace siete años atrás, y Gastelú fue filmado desde varios ángulos, comprando un cuchillo para el asado e indicándole al vendedor -que lleva una cámara oculta- para donde queda una calle, advirtiéndole de paso que “ojo, que este barrio está lleno de malandras”. El policía mantiene las mañas, y hasta los detalles; al ser filmado, tenía el mismo gorro que en la cámara oculta de 1996.

Con la cinta de video en la mano, el Martes 13 de Julio la producción de Puntodoc y la CORREPI informaron del hallazgo a la fiscal de cámara que tiene el caso, quien los citó para el día siguiente a las 8 de la mañana en su despacho. Allí recibió copias de los videos, de los planos que había confeccionado la CORREPI, y toda la información adicional. Fue advertida que, por las características del barrio, todo movimiento no habitual de personas o autos sería rápidamente notado. A partir de ese momento, todo quedó en manos del estado. La fiscal consiguió en el curso de la mañana que la sala de feria librara la orden de allanamiento. El fiscal general de Morón, Dr. Federico Nievas Woodgate, informó al Ministro de Seguridad Provincial, Dr. León Arslanián, quien a su vez ordenó que el grupo Halcón (la unidad de elite de la policía provincial) llevase adelante la detención. Finalmente, a cargo del operativo quedó un comisario inspector de apellido Fernández.

El mismo miércoles 14, en las primeras horas de la tarde, el grupo Halcón montó un “operativo de chequeo” en diez cuadras a la redonda del docimilio de Gastelú, con móviles no identificables y hasta con una camioneta traffic, a pesar de que se había advertido al juzgado que cualquier movimiento extraño llamaría la atención de los vecinos. Para los abogados de la CORREPI, la noticia del despliegue policial fue el anuncio de la nueva fuga. “Cuando supimos iban a hacer un operativo antes de actuar -explican Verdú y Stragá- tuvimos la certeza de que Gastelú escaparía. No hacía falta chequear nada, les dimos todo servido en bandeja, con videos, datos concretos y el domicilio perfectamente individualizado. Todo lo que había que hacer era entrar y detenerlo”.

No se equivocaron; el día Miércoles terminó con los policías de elite haciendo el ridículo. Los vecinos llamaron a la comisaría local para denunciar que vieron autos sospechosos, y hasta se presentaron patrulleros para identificar a sus camaradas del grupo Halcón, que -además- no pudieron hacer el allanamiento porque a las seis de la tarde se dieron cuenta de que habían anotado mal la dirección .

Tras el fracaso, los efectivos decidieron permaner cerca del domicilio de Gastelú durante toda la noche; muchos de ellos dormian allí mientras el prófugo se daba el lujo de enviar a su casa la moto en la que se moviliza diariamente. Pocas horas antes, Gastelú se había retirado del trabajo en esa misma moto, sin sospechar que lo estaban vigilando, pero nunca volvió a su hogar; advertido por algún camarada de armas, o simplemente por la torpeza de los que lo tenían que detener se fue con rumbo desconocido.

Así fue el debut de la flamante “unidad especial, integrada por un grupo de agentes reducido y homogéneo, dedicada exclusivamente a intentar revertir el escaso resultado de las búsquedas (de prófugos de la justicia)” anunciada por el ministro Arslanian.

El grupo “reducido y homogéneo” allanó la casa del prófugo en el mediodía del jueves 15, luego de casi 24 horas de “chequeo” . Como era previsible, a Gastelú no lo encontraron. Indignado, un funcionario judicial que intervino en la causa, le dijo a una de las abogadas de la CORREPI que “la próxima vez vamos usted, yo y tres piqueteros”. También para los abogados Verdú y Stragá el contraste de su propia investigación de varios meses con el accionar policial es aleccionador. “Hay dos posibilidades -dice Verdú- O los excelentes efectivos” de Arslanián son unos inútiles absolutos, lo que habla muy mal del criterio del funcionario, o deliberadamente se exhibió la presencia policial en la zona para asegurar la impunidad del torturador”.

“En cualquier caso -explica Daniel Stragá- el ministro Arslanián nos debe una explicación. No buscan a los prófugos, por eso tomamos en nuestras manos la tarea de encontrarlos. Les llevamos la información, y los dejan escapar. Estamos hablando de policías que torturaron a un adolescente durante 8 horas hasta matarlo”.

El Miércoles 21 de Julio, casi al mismo tiempo en el que se publiquen estas líneas, se difundirá el informe preparado por Puntodoc. La emisión del programa televisivo es el punto final del plazo que la fiscalía le dio a la policía para encontrar a Gastelú. Ya está claro que no va a aparecer. Previendo esa situación, Verdú reflexiona que :“Nos queda claro de qué lado estamos nosotros, y de qué lado está el estado, y sus funcionarios. Ahora, nuevamente la causa Durán tiene tres prófugos, que se suman a los de Budge, los casos Sosa, Lencinas y tantos otros. CORREPI los va a seguir buscando, y los vamos a seguir encontrando. Pero ¿a quién le vamos a pedir que los detenga?”