Boletín Informativo nº 460

Correpi
30.Dic.07 :: Boletines Inf. 2007

SUMARIO
1. El franco de servicio de los agentes de las fuerzas represivas no es el franco del gatillo fácil.
2. Del Viso: Acto y marcha por Sonia Colman.
3. Accidentes, según la justicia tucumana.
4. La tortura no existe, según los jueces de Lomas.
5. Caso Sánchez: Muerto el perro…
6. Próximas actividades.

EL FRANCO DE SERVICIO DE LOS AGENTES DE LAS FUERZAS REPRESIVAS NO ES EL FRANCO DEL GATILLO FÁCIL
Como lo señalamos en nuestro boletín anterior, sin que seque la tinta del Archivo que presentamos el 14 de diciembre, con casi 2400 personas asesinadas por el estado en “democracia”, en el primer mes de mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las muertes por el gatillo fácil se multiplican.

En Quilmes, tras la muerte del joven recolector de cartones Ariel Ramírez, del asesinato de Marcos Antonio Abel Pérez en San Francisco Solano, fusilado por el subteniente de la bonaerense Miguel Gutiérrez desde su Falcon, y la balacera provocada por el policía federal que dejó al borde de la muerte a Leticia Zalazar (18) en Bernal Oeste, casos éstos reportados a principios de mes, se suman los asesinatos en la mañana de Navidad de dos jóvenes identificados como Jorge Ponce y Cristian Sánchez.

Los vecinos de Villa Azul denunciaron que los dos chicos estaban indefensos cuando fueron atacados por el agente de la policía federal Damián Castro, que presta servicios en la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas (DOUCAD, las “tortugas ninja” que vemos en las movilizaciones) e hirió en el cráneo a Ponce y en el hombro a Sánchez provocándole la muerte horas más tarde.

También en la zona sur, en el centro de Lomas de Zamora, durante la mañana del viernes, el suboficial escribiente de la policía federal argentina, Felipe Cavalle, asesinó de dos tiros a un hombre de 30 años dentro de una joyería. El hombre, tal como sostuvieron los testigos, llevaba un arma de juguete. Inmediatamente se presentaron a tomar testimonios efectivos de la federal, la misma fuerza a la que pertenece el homicida.

En tanto, en La Reja, Partido de Moreno, en la noche del martes, un suboficial auxiliar de la policía federal que se desempeña en la Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias, mató de tres disparos con su arma reglamentaria a Hugo Pérez (26), el que, sostuvo el policía, intentaba ingresar a su casa quinta por la ventana del baño.

Esta misma semana en Córdoba, durante la Nochebuena, en la calle Gacitúa 2900 del barrio Las Lilas, Jonathan Páez (20) o Jonathan López según otros medios, fue herido de un balazo, muriendo a las pocas horas en el Hospital Municipal a raíz de los disparos de un policía provincial residente en el lugar que sostuvo intentaba frustrar un asalto a su vecino de enfrente.

Los siete casos fueron producidos por efectivos fuera de servicio con sus armas reglamentarias, las que el estado le proporciona, pero no sólo ese el denominador común. En todos los casos se mezclan el entramado de impunidad, donde abundan desde la excusa de ebriedad del homicida hasta las versiones de enfrentamientos o de intentos de asaltos sin que ellos resulten ni con un rasguño, ni se encuentren armas en manos de las víctimas; armas que se disparan solas o presuntos cómplices que huyen con las armas, y que nunca existen, ya que los jóvenes asesinados se encontraban solos y en estado de indefensión.

Esa trama está garantizada por el espíritu de cuerpo de los policías encargados de la investigación en el lugar del hecho, y la obediencia debida del poder judicial que no pone en disputa la versión policial, igual que los medios, que recaban solamente la fuente policial y desoyen o minimizan las denuncias de gatillo fácil como la de los vecinos de Villa Azul de Quilmes.

Esa garantía de impunidad la seguirán teniendo los agentes de las fuerzas represivas aún en franco de servicio, porque es el estado quien se lleva la vida de un joven cada 40 horas a través de su brazo armado en los barrios pobres de nuestro país.

DEL VISO: ACTO Y MARCHA POR SONIA COLMAN
El sábado 29 de diciembre familiares y compañeros de Sonia Colman convocaron a un acto en la esquina de la Ruta 26 y Valentín Gómez, Del Viso, lugar donde el teniente de la bonaerense Benítez fusiló a Sonia Colman el 23 de diciembre, como lo ínformábamos en el Boletín nº 459.

Con la presencia de numerosos partidos de izquierda, y el aporte no menos numeroso de vecinos del barrio, incluyendo comerciantes que conocían por su trabajo a la pareja, a las 11:00 ya estaba cortado el tránsito y se fueron sucediendo los oradores, referentes de las organizaciones presentes, que reivindicaron la condición de militante socialista de Sonia y su compañero Antonio, y denunciaron la política de gatillo fácil del gobierno.

En representación de CORREPI intervino nuestra compañera María del Carmen Verdú, que señaló que el asesinato de Sonia, apenas a trece días de la asunción del nuevo gobierno, no fue el primero de la gestión Fernández de Kirchner-Scioli, ni el último (ver nota anterior), pues mientras gobiernen contra el pueblo necesitarán del gatillo fácil, la tortura, las detenciones arbitrarias y la represión política. También remarcó que “no se trata de que tengamos una mala policía que puede reformarse, reestructurarse, purgarse, disolverse o desmantelarse: esta es la mejor policía que el sistema puede tener, la que cumple su mandato de ejercer el control social, garantizando la política de entrega, saqueo y explotación. Por eso CORREPI dice que no es un policía, es toda la institución, pero también sostiene que esa institución es el brazo armado del estado, porque el aparato represivo, es el estado”.

Luego, encolumnados tras la familia de Sonia, marchamos hasta la comisaría, donde Antonio Espasa, compañero de Sonia, tomó nuevamente la palabra, agradeciendo la presencia de todos y anunciando que el 23 de enero, cuando se cumpla un mes del homicidio, marcharemos a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.

Antonio ha confiado su representación procesal, y la de sus hijas Laura, Natalia y Melisa, a nuestra compañera María del Carmen Verdú, y a la compañera Gisela Bustos, abogada del partido Izquierda de los Trabajadores, en forma conjunta. Su primera tarea, como ya anunció Antonio el sábado, será controvertir la calificación de “homicidio culposo”, es decir, sin intención de matar, que hasta el momento sostiene la fiscalía, para reclamar la imputación por homicidio calificado, que acarrea prisión perpetua, por tratarse de un homicidio intencional (doloso) cometido por un integrante de una fuerza de seguridad del estado.

ACCIDENTES, SEGÚN LA JUSTICIA TUCUMANA
Semanalmente denunciamos desde CORREPI que el gobierno que se autodenomina el “de los derechos humanos” porque de vez en cuando encarcela en celdas VIP y condena por genocidio algún que otro represor de la dictadura, avala, tolera y hasta asciende a policías asesinos y torturadores que necesita hoy para llevar adelante su política de control social sobre los sectores más castigados por las políticas económicas que implementa día a día. Un papel muy importante de esta política de “derechos humanos” juega el poder judicial que frecuentemente se despacha con fallos que sostienen que en democracia la tortura no es sistemática y que los asesinatos por gatillo fácil son lamentables accidentes.

El 11 de octubre de 2006, el policía Jorge Agapito Verduguez se encontraba en la esquina de Suipacha y San Martín, en la capital tucumana. A pocos metros comenzó una pelea entre dos grupos de adolescentes. Verduguez intervino para separarlos, como no podía ser de otra manera, con su arma reglamentaria en la mano, y efectuando un disparo que impactó en el pecho de César Navarro Murhell, un pibe de 14 años, que se encontraba en el complejo Avellaneda jugando con su hermano.

La Corte Suprema de la provincia del radical K Alperovich, tomando el ejemplo de la “renovada e independiente” Corte Suprema de los Kirchner, ordenó revisar un fallo de la Cámara de Apelaciones en la que dos de sus miembros determinaron que Verduguez cumpla prisión preventiva por el asesinato de Navarro Murhell. La tercera vocal, Elva Graciela Jiménez, consideró por su parte que se trató de un homicidio culposo, es decir una negligencia, y que debía revocarse la prisión preventiva. Con este “aporte”, el abogado del policía recurrió a la Corte Suprema para que analizara el caso.

La Corte desacreditó las justificaciones de los dos miembros de la Cámara y avaló los argumentos de Jiménez porque, sostuvieron, la vocal había efectuado un “meduloso análisis del caso”. De esta manera, se anuló la sentencia de la Cámara y se resolvió remitir el expediente a un nuevo tribunal, por lo que Verduguez podría recuperar la libertad ni bien finalice la feria judicial.

Desenfundar un arma provista por el estado para intervenir en una pelea callejera y efectuar un disparo “disuasivo” que impacte a la altura del pecho de un niño de 14 años es un lamentable accidente para estos notables jueces, garantes de la impunidad siempre que de uniformados se trate. El “orden”, por sobre todas las cosas…

LA TORTURA NO EXISTE, SEGÚN LOS JUECES DE LOMAS
Varias semanas después de que el tribunal oral nº 7 de Lomas de Zamora premiara a los policías Isidoro Segundo Concha y Ramón Quevedo con el regalito de una condena a 4 años de prisión por haber causado a patada limpia la muerte de Jorge “Chaco” González, pudimos leer (no fotocopiar, “tiene que pedirlo por escrito y pagar la tasa”) los fundamentos de la sentencia.

Como decimos siempre, no nos deja de asombrar la inacabable imaginación con que los jueces inventan cualquier cosa para no decir que aquí y ahora, en Argentina, la tortura es una práctica sistemática de las fuerzas de sgeuridad. En este caso, los jueces López Moyano, Lugones y Roldán acudieron a algunos viejos argumentos, como por ejemplo que “la tortura es un trato inhumano”, y en cambio su versión light, las vejaciones, son un “trato degradante”. O sea, que a Chaco lo tiraran al piso, lo esposaran a la espalda, y que uno de los policías tire de las esposas para levantar su torso y abdomen, así el otro lo pateaba a gusto, fue degradante, pero no inhumano.

En segundo lugar, dijeron los jueces que la tortura requiere un grado e intensidad distinto a los vejámenes, que son simple “conducta habitual, repetida mayoritariamente en situaciones de menor entidad”. O sea, que los golpes y patadas hayan causado a Jorge lesiones internas como consecuencia de las cuales agonizó entre grandes sufrimientos dos semanas, para luego morir, no configuró el “grado o intensidad” necesario para hablar de tortura…

También recurren al ya remanido tema del fin del torturador: consideran que no hubo tortura porque la “breve agresión luce gratuita e inmotivada”, porque fue para humillar y castigar, y no para obtener una confesión. Dicho de otro modo, no es la conducta del torturador lo que define el delito, sino la finalidad, como si doliera menos o fuera menos inhumano que te pateen, picaneen o den bolsita porque sí, para humillarte, o para que cantes algo.

Luego, se superan a sí mismos incorporando un novedoso argumento: la tortura, según ellos, no puede ocurrir como en este caso, en la calle y a la luz del día, sino que requiere la clandestinidad, “característica conocida por todos en su aplicación sistemática en centros clandestinos de detención durante el gobierno de facto”. Habría que avisar a policías y servicios penitenciarios que cambien las paredes de las celdas por ventanales vidriados, o que saquen picanas y bolsitas a la vereda, porque si alguien los ve, ya no es tortura…

No falta tampoco el argumento tautológico, de definir una cosa por la cosa definida: uno de los jueces afirma que si la tortura y los apremios, las severidades y las vejaciones no fueran cosas distintas, no tendrían distintas penas en el código…

Lo más significativo del fallo viene cuando llegamos a los atenuantes y agravantes para medir la pena. Como atenuante, sin innovar mucho, computaron “el buen concepto vecinal y la carencia de antecedentes” (¡de la patota de la 5ª de Lomas de Zamora!), pero como agravante consideraron “el enorme descrédito que sucesos de estas características traen aparejada a la institución policial”. Muchachos, sean prolijos, no torturen al aire libre que nos hacen quedar mal…

CASO SÁNCHEZ: MUERTO EL PERRO…
Dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Pero cuando el muerto es un pibe pobre fusilado por el gatillo fácil, ni siquiera muriéndose se acaba la rabia de jueces y fiscales que preferirían tenerlo a él, y no a su matador uniformado, como imputado por un delito. Es permanente que encontremos causas por gatillo fácil en las que la víctima aparece como imputado, casi siempre por algún delito real o inventado contra la propiedad. Y pasan meses o años para corregir lo que no es un error administrativo, sino un perfecto ejemplo de para dónde miran los jueces cuando un policía mata un chico.

A Diego Sánchez lo fusiló el policía Pereyra de la comisaría 39ª el 14 de abril de 2006. Diego andaba por Saavedra, como todos los días, vendiendo trapos de piso y otros elementos de limpieza puerta a puerta. Entró a una panadería, cuya dueña lo echó de mala manera, sin escuchar siquiera su oferta. El pibe vio que la registradora estaba abierta, así que cuando la mujer se fue por el fondo manoteó unos billetes y salió corriendo. El hijo de la dueña lo salió a correr, lo alcanzó y Diego le dio no sólo la plata, sino que tiró también la bolsa con su mercadería, se zafó y siguió corriendo. Ahí fue donde lo vio el federal, de sólo 21 años y salidito hacía meses de la escuela de policía, que siguió la persecución, pero como vio que no lo alcanzaba, resolvió la cuestión con un tiro que le pegó en la ingle y lo mató en el acto.

Hicieron falta un año y ocho meses, y la permanente presión de Carmen Sánchez, mamá de Diego, patrocinada por CORREPI, para que la inefable fiscalía distrital de Saavedra y el juzgado de instrucción se decidieran a declarar cerrada por muerte del presunto autor la investigación del hurto, y formalizaran la imputación por homicidio contra el policía. Por supuesto, no lo detuvieron, ni lo indagaron siquiera. Sólo le hicieron saber que estaba acusado (por nosotros) y que tiene derecho a designar un abogado (que le pagará don Aníbal Fernández) para hacer su descargo por escrito, si tiene ganas.

¿Hace falta preguntarse qué hubiera pasado si Diego sobrevivía al disparo? Estaría preso, esperando un juicio oral, o ya tendría una condena, porque el defensor oficial lo hubiera obligado a aceptar un juicio abreviado.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 23 de enero, a las 11:00, concentración en La Plata, frente a la gobernación, al cumplirse un mes del asesinato de Sonia Colman.

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En La Plata, escuchá Atando Cabos, el programa de CORREPI, los lunes a las 20:00 por Radio Futura, FM 90.5.

Debido al receso estival de la Radio Porteña, ex Radio Ciudad, el programa Leña al Fuego del periodista Herman Schiller, con la columna de opinión de nuestra compañera María del Carmen Verdú, volverá al aire el sábado 2 de febrero en su horario habitual de las 18:00.

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CORREPI

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