Presentación del Archivo 2009

Desde 1996, CORREPI presenta, a fin de año, el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por la Fuerzas de Seguridad del Estado. La elaboración del Archivo surgió de la necesidad de mostrar, desde los datos concretos, el alcance y la extensión de la represión dirigida por los gobiernos que administran el estado argentino. Por eso, este documento es un relevamiento de todos los casos que conocemos en los que el aparato represivo mata, a través de sus distintas agencias y usando diversas modalidades.

Este Archivo no es un pulido trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Sólo podemos afirmar que, permanentemente, incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos.

En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que aparece desdibujada y oculta para la gran masa de la opinión pública. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de militantes, organizaciones, periodistas, y la sociedad en su conjunto, un reflejo, aunque pálido e incompleto, de lo que es el día a día represivo en nuestro país.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, no es, entonces, contribuir a un simple lamento por la creciente cantidad de pibes muertos. Nuestro fin es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación, que requiere, obviamente, opresión.

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:

1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3. No incluimos enfrentamientos reales.
4. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos. A los fines estadísticos, las clasificamos en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes en cárceles y comisarías (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas; muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos; otras circunstancias (desapariciones, etc.).
5. Cerramos la búsqueda de datos entre fin de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluyen en el Archivo siguiente.

A pesar de que los asesinados en represiones a movilizaciones populares, desde Víctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, están debidamente registrados (Teresa Rodríguez, los muertos de Jujuy y Corrientes entre 2000 y 2001, los del 19 y 20 de diciembre de 2001, los del 26 de junio de 2002, Luis Cuéllar y Carlos Fuentealba), es descomunalmente mayor la cifra que corresponde a los ajusticiamientos del gatillo fácil y las muertes por la tortura o en cárceles y comisarías. Esta marcada desproporción (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2826) pone en evidencia la prevalencia de la represión de tipo “preventivo”, que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase.

Los números confirman que, en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983, ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los “presentables” gobiernos “democráticos”, cobró central importancia esta “represión preventiva”, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Qué mejor, para alcanzar ese fin, que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida, y de invisibilización hacia afuera.

Si la pertenencia a la clase trabajadora es la regla casi absoluta, al punto que los pocos casos registrados de víctimas de clase media o alta afectan a quienes estaban en el lugar, con la ropa o el aspecto “equivocados”, el análisis del componente etario permite ratificar que los jóvenes son el blanco favorito de esa política preventiva. Los jóvenes son el sector con mayor potencialidad de rebeldía, y, por ende, quienes primero y más profundamente deben ser disciplinados. Más de la mitad de las muertes corresponde a la franja de varones pobres de menos de 25 años, y el 30,50% del total tenían 21 años o menos.

La distribución territorial de los casos, aun haciendo abstracción de que hay distritos de los que tenemos ninguna o poquísima información, ratifica que el gatillo fácil y la tortura no son patrimonio de una provincia o una fuerza, sino que son utilizados en todo el país, cualquiera sea el color del gobierno local, con expresa preferencia por los grandes conglomerados urbanos que concentran el mayor índice de pobreza, y, por lo tanto, es mayor la necesidad de prevenir la potencial organización popular contestataria. Como se aprecia en los gráficos, la distribución de casos en proporción a la población de cada provincia licua la hegemonía bonaerense, destruyendo el mito de que el gatillo fácil es sólo o mayoritariamente herramienta de los “patas negras”, que quedan equiparados, y hasta superados, según el caso, por sus colegas de otras fuerzas o provincias.

Otra conclusión que surge del estudio de los datos objetivos es que, como dice CORREPI, “no hay purga que pare el gatillo fácil”, ni se puede atribuir superficialmente la continuidad y profundización represiva a “resabios de la dictadura, a “desbordes individuales” o a “planes de estudio inadecuados con poca formación en DDHH”. Es significativa la cantidad de hechos protagonizados por “nuevos cuadros” de las estructuras que, una y otra vez, han sido reformadas, purgadas, descabezadas, capacitadas y sometidas a cursos y talleres de DDHH, muchas veces dictados por dirigentes de ONGs que apuestan a la posibilidad de la “democratización” del aparato represivo del estado.

Se observa, a partir del último tercio de los ’90, que los integrantes de otras fuerzas de seguridad, como prefectura naval o gendarmería, aparecen con mayor frecuencia como victimarios. Ello responde linealmente a la creciente presencia de estas fuerzas, otrora limitadas a las fronteras o los cursos fluviales, en el patrullaje urbano, participando activamente en el control territorial. Gendarmería ha sido también, desde mediados de los ’90, la fuerza favorita a la hora de reprimir conflictos sociales, y la preferida en los crecientes procesos de militarización, como en Santa Cruz o el Hospital Francés. Igual camino sigue la Prefectura, cuyo grupo de elite Albatros tuvo intervención en conflictos gremiales como el de los trabajadores pesqueros de tierra en el puerto de Mar del Plata o el del Casino. No es ajena a este incremento la influencia del entrenamiento y “capacitación” para enfrentar conflictos de baja intensidad, bajo la excusa de la “guerra global contra el terrorismo”, que todas las fuerzas de seguridad, y en particular, sus grupos de choque y desplazamiento rápido, vienen recibiendo, en forma creciente, por parte de EEUU. Además de los cursos, programas de “intercambio”, ejercicios conjuntos y otras iniciativas del Ministerio de Defensa y el Departamento de Estado norteamericanos, hay un constante aporte en tecnología y pertrechos.

Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. Sus integrantes, en la mayoría de los casos, son también personal de las fuerzas, incluyendo exonerados, disponibles o suspendidos por delitos diversos, lo que hemos probado una y otra vez, desmintiendo lo que declama la letra de las leyes y reglamentos. A ello se suma el accionar cada vez más visible de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, “batatas” sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia “privadas”, la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan “batalla entre sectores sindicales”, sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas.

También es constante, aunque con una incidencia muy menor en el total, el número de hechos que podemos denominar “intrafuerza” o “intrafamiliar”, es decir, episodios en los que víctima y victimario resultan camaradas de una misma fuerza, o parientes. Se comprueba así que los integrantes del aparato represivo del estado utilizan, para dirimir sus conflictos personales, sus “internas” y hasta sus problemas conyugales o familiares, los métodos, herramientas y recursos que el estado pone a su disposición para cumplir su fin institucional.

Por último, es necesario destacar la persistencia, como política de estado, de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas, que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de las muertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese a lo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela y complementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento, el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio a calificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con más claridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. Jueces y fiscales, así como compiten por quién usa más tipos alternativos (apremios, severidades o vejaciones), todos excarcelables, y que permiten poner rápidamente en la calle a los torturadores, agudizan su inventiva para caratular escandalosamente “homicidio preterintencional en concurso con vejaciones”, o bien “homicidio calificado en concurso con apremios”, clarísimos casos de tormento seguido de muerte. Mucho menos aplican la figura que alcanza a los superiores jerárquicos por la facilitación de la tortura(1).

En relación a las muertes en las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas que luego fallecen, no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habían sido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes) o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasión para la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten a las policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincide con lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”. Esa defensa institucional de las faltas, contravenciones y la averiguación de antecedentes incluye mantener incumplida la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el Caso Bulacio que ordenó a la Argentina, hace más de seis años, derogarlas por ser contrarias al Pacto de San José de Costa Rica.

1) Nada más claro, para entender esta permanente política judicial en el marco del conjunto de las políticas represivas del estado, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado en 2007, en el caso del comisario de la PFA René Jesús Derecho. Se juzgaba un hecho puntual de tortura, cometido en 1988 por el funcionario en una comisaría. La Corte decidió que, como “en democracia” la tortura no puede considerarse sistemática, se trataba de un delito individual ajeno a la categoría de crimen estatal. Por ende, tampoco era un delito de lesa humanidad. Con ese razonamiento, resolvieron los cortesanos que la acción penal estaba prescripta, liberando al funcionario de toda responsabilidad penal.

Esta décimo cuarta actualización, a fin de 2009, registra 2.826 casos, con un promedio de 20 personas muertas por el estado por mes.
EL ESTADO ARGENTINO ASESINA ALGUIEN CADA 28 HORAS.

Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como “EL GOBIERNO DE LOS DDHH”, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25/05/2003 y el 10/12/2007, y 392 desde entonces.

Nota: Agradecemos a los compañeros y organizaciones antirrepresivas de todo el país que sistemáticamente ponen sus archivos y datos a nuestra disposición para poder realizar este trabajo.

Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- El fusilamiento o gatillo fácil “propiamente dicho”, la mayoría de los casos motivado por la “pinta” de la víctima (joven y pobre) y en ocasiones respecto de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúa verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
2- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Muchos de estos casos son, lisa y llanamente, hechos de tortura seguida de muerte;
3- La muerte de transeúntes o terceros provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro a personas ajenas al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, que suman 52 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real; los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, y los hechos de corte privado, por discusiones familiares o laborales, que son literalmente “liquidados” por el funcionario público usando su condición de tal.
6- Se reconfirma la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.