Quinto Encuentro Nacional Contra la Represión y la Impunidad

Buenos Aires, noviembre de 1999.
Resoluciones:
COMISION 1 - CAMBIO DE GOBIERNO: CONTINUIDAD DEL SISTEMA REPRESIVO
COMISION Nº 2: EL DISCURSO DE LA SEGURIDAD COMO HERRAMIENTA REPRESIVA
COMISION Nº 3: PERSECUCION POLITICA
COMISION Nº 4: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

COMISION 1
CAMBIO DE GOBIERNO: CONTINUIDAD DEL SISTEMA REPRESIVO

Los anuncios de las futuras autoridades dificultan pensar en una breve “primavera democrática”, como la que intentó mostrar la Alianza en la Ciudad de Buenos Aires mediante la derogación de los edictos y la sanción de la versión original del Código Contravencional. No sólo no hay proyectos para acabar con la miseria, la exclusión, la desocupación, la falta de salud, de educación (aunque existen mínimos anuncios sobre vivienda) sino que se anuncia claramente la continuidad de los planes económicos.
En consecuencia, es probable que el malestar social siga en aumento, por más que algunas organizaciones sindicales pretendan acordar con las nuevas autoridades.
Dentro de este panorama, debemos analizar no sólo las políticas implementadas a nivel nacional y en cada una de las provincias, sino también los anuncios que vayan haciendo las futuras autoridades. Todo ello sin perder de vista los nuevos posicionamientos de los distintos actores sociales, inclusive dentro del campo de los derechos humanos.
Hasta ahora, el futuro gobierno nacional muestra una voluntad de profundizar la represión interna en sus diversas formas.
Podemos destacar entre los elementos de carácter nacional la voluntad de llamar en forma urgente al Consejo de Seguridad Interior, para coordinar las actividades represivas entre el gobierno nacional y los provinciales, como así también el anuncio de un proyecto de ley destinado a reducir las excarcelaciones (es decir, a aumentar aún más el porcentaje de detenidos no condenados, que ya hoy es altísimo).
A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, los dos temas más importantes son la voluntad de unificar los distintos programas de control barrial que se llevaban a cabo desde los ámbitos nacional y local y, por otra parte, la futura seudo-transferencia de una parte de la Federal a la Ciudad. El proyecto de “creación” de la Policía de la Ciudad consiste en un terrible híbrido: existiría un cierto grado de traspaso del mando sobre la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, sobre la cual el Jefe de Gobierno tendría ingerencia -p.ej., en el momento de la designación de su jefe- aunque sin desgajarla de la fuerza. Ello implicaría perpetuar el poder de la Federal (con su tradición de represión a la oposición política y a los luchadores sociales, en la que encuadra perfectamente la existencia de centros clandestinos de detención en numerosas reparticiones de la fuerza, y la reiterada aplicación de torturas a presos comunes en períodos constitucionales) sobre los habitantes de Buenos Aires, en lugar de aprovechar el mandato de la constitución de la Ciudad de crear una policía propia para una discusión profunda acerca de los requisitos que deber cumplir dicha fuerza y sus integrantes.
En la Provincia de Buenos Aires, las autoridades electas anuncian una desembozada profundización de la violación de garantías constitucionales.
El gobernador electo Ruckauf, quien después de favorecer el aniquilamiento de los “subversivos” en los años `70, ahora reclama “meter bala” a los delincuentes (calificación que para estos individuos no incluye a quienes tienen uniforme ni a los criminales de cuello blanco), insistió en la necesidad de denunciar el Pacto de San José‚ de Costa Rica (aunque sus amigos de la Iglesia difícilmente lo acepten, ya que ellos interpretan que ese Pacto prohibe el aborto) y anticipó que designar como Ministro de Seguridad a Rico (el carapintada que consiguió la ley de obediencia debida para proteger a sus compañeros genocidas) y como asesor al torturador Patti (ex-Pata Negra, veterano de la Dictadura Militar).
El discurso de Ruckauf es plenamente coherente con sus antecedentes reaccionarios e incluye la reunificación de la Bonaerense bajo el comando de uno de sus miembros (tal vez Fogelman, de larga fama por la “investigación” del asesinato de Cabezas). La investigación de la masacre de Ramallo ya quedó escondida en las últimas páginas, sin que la grave denuncia de que se trató de un hecho planificado por la Bonaerense hubiera siquiera ocupado el merecido espacio en los medios.
No debemos olvidar que el vencido candidato aliancista a vicegobernador, Melchor Posse, ya se había reunido con los “sin gorra” para prometerles reconsiderar su vuelta a la Bonaerense. Podemos suponer que, con un discurso menos fascistizante, la Alianza probablemente hubiera continuado (y profundizado) la línea represiva anterior. De todos modos, aún está por verse la actitud de los parlamentarios provinciales de la Alianza frente a los reclamos justicialistas de otorgar más poder a su Policía.
La situación político-social de cada una de las restantes provincias tiene sus particularidades, que motivan la existencia de semejanzas y diferencias de detalle en la política represiva, sobre las que esperamos poder debatir en el presente encuentro.
No desconocemos la existencia de distintas lecturas políticas sobre el futuro accionar del gobierno nacional aliancista en materia de persecución a los que luchan (sindicalistas, desocupados, sin techo, etc.). Hay quienes confían en un menor nivel de criminalización de la protesta social, mientras que otros, fundados en la continuidad de la línea económico-social y en la experiencia de los gobiernos provinciales aliancistas (Chaco, Río Negro, Córdoba -hasta hace escaso tiempo-, Chubut -donde se produjeron las dos primeras condenas por corte de ruta-). Este tema se tratar particularmente en la Comisión 3.
En cuanto a la política del futuro gobierno nacional aliancista con relación a la impunidad de los responsables del terrorismo de estado (y al accionar que desarrollar en la materia el partido justicialista), también se trata de un tema objeto de debate dentro del campo popular. Deben analizarse tanto los posibles elementos de continuidad entre los gobiernos nacionales como las diferencias, sin dejar de lado las diferencias de posición internas.
Entre las declaraciones y acciones políticas recientes para enmarcar esta cuestión debemos considerar tanto la votación por la simple derogación de las leyes de punto final y obediencia debida (postura mayoritaria tanto en la Alianza como en el PJ, a pesar de la promesa hecha por el hoy vicepresidente electo Carlos “Chacho” Alvarez a los organismos de DDHH -recibida con desconfianza que resultó justificada-) cuanto las declaraciones de los presidentes entrante y saliente en contra de la extraterritorialidad de la ley penal en la causa que tramita ante el Juzgado del español Garzon (mientras el actual dice que rechazar cualquier pedido de captura de plano, el presidente electo plantea que lo remitir a la Justicia, aunque sin derogar el Decreto 1001 que prohibe toda colaboración con dicha causa, además de las claras definiciones de los juristas de la Alianza en contra de la extradición de los genocidas).
En definitiva, la tarea que nos proponemos no es sencilla. Se trata nada menos que de analizar los elementos que nos permitan caracterizar debidamente el nuevo marco institucional, a fin de adecuar nuestra propia política a esta situación.

CONCLUSIONES DEL DEBATE EN LA COMISION – INFORME AL PLENARIO:

La continuidad del sistema represivo a partir del cambio de gobierno no produjo mayores discusiones en la Comisión. Acordamos de inmediato que la asunción de las nuevas autoridades no modificará en sus líneas generales el funcionamiento del aparato represivo, entendido como esencial herramienta del sistema para garantizar su reproducción. Hubo diversas apreciaciones en cuanto al tiempo que pueda mantenerse cierta expectativa popular de algunas promesas democráticas, lo que se dependerá fundamentalmente de la evolución del conflicto social, de su profundización, y de la implementación más temprano que tarde de políticas fuertemente represivas por parte del gobierno aliancista para neutralizarlo.
Se expresaron diversas opiniones sobre el valor que puede tener el resultado electoral, y en particular el de la provincia de Buenos Aires, como termómetro de la situación social de lucha y confrontación con el sistema, variando las posturas de acuerdo con la posición de cada uno frente al sistema electoral.
Caracterizamos la represión policial como funcional y esencial para el sistema, con la particularidad de que la intensidad de la represión explícita se vincula con el uso, por parte del enemigo, de otras herramientas que le permiten obtener consenso y legitimación. En este sentido, debemos estar atentos al esfuerzo que hace el poder para reconvertir democráticamente a personajes con largas historias represoras, así como para naturalizar ideas que desmovilizan y llevan a la apatía. A través de la aceitada relación entre represión y consenso logra el sistema instalar el enfrentamiento del pobre contra el pobre y del pueblo contra el pueblo.
Ante la evidente desarticulación del campo popular nos planteamos como imperativo coordinar las luchas y sostener la unidad en la acción. Aunque nuestro objetivo común último sólo será alcanzado cuando se produzca una profunda transformación social, trabajando con unidad en la acción podremos incidir en un aumento de la conciencia social y del nivel de confrontación general al conseguir pequeñas conquistas concretas de la larga agenda democrática pendiente -sea una condena a un represor, la libertad de un compañero o la restitución de un chico secuestrado.
Acordamos que es válida la utilización de las instituciones del sistema en nuestra lucha en la medida que las entendamos como herramientas de denuncia y movilización para confrontarlo, siempre atentos para no caer en situaciones en que lo legitimemos.

PROPUESTAS CONCRETAS:
1. Reclamar la derogación del Decreto 111 que prohibe toda contribución de la justicia argentina con los juicios en el exterior;
2. Que quienes concurran a una, otra o ambas marchas de la Resistencia lo hagan responsabilizando al PJ – Alianza y sus cómplices por la impunidad y la represión.
3. Libertad a todos los presos políticos;
4. Motorizar una campaña amplia contra la designación de Rico como ministro de seguridad bonaerense;
5. Acompañar a los Familiares de Víctimas de la represión policial en su nueva entrega del Archivo de Casos al ministro del interior de la Alianza;
6. Dar todo el apoyo y solidaridad posible de maneras concretas a la lucha del pueblo correntino;
7. Anulación efectiva de las leyes de impunidad y los decretos de indulto.

COMISION Nº 2:
EL DISCURSO DE LA SEGURIDAD COMO HERRAMIENTA REPRESIVA
1. Denunciamos el engaño que domina el discurso político y comunicacional dominante en materia de “seguridad”.
La verdadera seguridad para la inmensa mayoría del pueblo -trabajadores, desocupados, cuentapropistas, jóvenes, amas de casa- depende del acceso a múltiples derechos: trabajo, educación, vivienda, salud, justicia, que no te roben, servicios públicos adecuados, etc.
Las políticas y los discursos que identifican la seguridad con que no te roben son doblemente reaccionarios: sólo protegen la seguridad de los ricos y, a la vez, distorsionan el conjunto de reclamos de millones de humildes y excluídos haciéndolos funcionales al ajuste y la marginación.
En síntesis: el discurso “pro-seguridad” dominante en la política y la TV sólo defiende los intereses de las minorías ricas, aunque consiga legitimidad en el engaño de millones de personas.

2. La mano dura y el “meta bala” que se declaman sólo recaen y recaerán, en la práctica, sobre los pobres. Los delitos de las clases altas, por el contrario, están mas impunes que nunca.
Ningún empresario, político o militar roba estéreos o garrafas, ningún villero se enriquece en la función pública o exportando armas. Si verdaderamente preocupa la cantidad de delitos, deben ser investigados y castigados todos los crímenes y muy especialmente los cometidos por los poderosos.
Es inaceptable que se llame “delincuentes” a presos que están procesados y no condenados (más del 70% de ellos) mientras se trata como a señores a Pedro Pou, Oscar Camilión o Franco Macri (libres pero procesados por delitos de “cuello blanco”).

3. Los delitos y las prácticas violentas que parecen haber crecido en los últimos años -especialmente los robos violentos y los delitos con armas- están indisolublemente ligados a profundos y persistentes fenómenos socio-económicos y culturales (desocupación crónica, expulsión de jóvenes del sistema educativo, desmantelamiento de redes de contención social, prácticas inescrupulosas en las más altas esferas del poder, etc.).
En este contexto la “guerra contra la delincuencia”, la pretendida solución militar de los robos es una gigantesca trampa: sólo conducirá a otorgar más y más poder a los aparatos policiales, recortando las libertades públicas de las mayorías populares.
En otras palabras: lo que se origina en la inequidad social y la impunidad no se supera con mas cárcel y policías, sino con justicia social e igualdad.

4. La mano dura ya empezó hace tiempo y solo aportó mas violencia social. Entre policías y agencias privadas hay el doble de uniformados respecto de hace 10 años; circulan millones de armas en la calle y los hogares; se construyen permanentemente nuevas cárceles y siempre están llenas; los jueces aplican condenas mas duras y los casos de “gatillo fácil” van en aumento año a año. Sin embargo parece haber más robos, arrebatos, hurtos, etc.
Acá no hay ni hubo “mano blanda”. Hace años que rige la mano dura cuyo fracaso es evidente. No es la dureza represiva la que mitigará el hambre, la desesperación ni las prácticas de la marginalidad, sino el trabajo, la educación y la libertad.

5. Un gran objetivo del discurso de la “seguridad” es recuperar prestigio -en un contexto de incertidumbre mundial y local sobre el rumbo de la economía- para los encargados de defender el orden social cuando desaparece o se achica el consenso: los aparatos policiales y militares.
La AMIA, Cabezas, el “gatillo fácil” o Ramallo hablan a las claras del protagonismo policial en los más horrendos crímenes. Pero esas mismas referencias y, muchas otras, hablan además de las facilidades de las policías para elevar en su interés la temperatura de la “inseguridad” en la percepción social. La experiencia nos ha enseñado, y nos convoca, a buscar la mano policial no sólo donde “reprime al delito” sino también, en muchos casos, allí donde se gestan los hechos en los que esa represión se justifica.

6. Los discursos que describen a la “delincuencia” como un grupo social poderoso y bien organizado sólo apuntan a justificar la inconducente y peligrosa “solución militar del delito”. Sin negar la existencia de algunas organizaciones muy profesionalizadas de asaltantes, narcos o estafadores, lo cierto es que la mayoría de las personas que son detenidas, encarceladas o condenadas por la justicia penal son jóvenes, pobres y que han fracasado cometiendo delitos menores contra la propiedad.
La “guerra” planteada por el discurso dominante no es en consecuencia contra la delincuencia sino contra los pobres y, según las necesidades sistémicas, contra los disconformes, los rebeldes, los subversivos.

7. Las conductas que la ley sanciona como delitos son (o deberían ser) aquellas que agreden bienes socialmente valiosos -la vida o la libertad, por ejemplo-. No es cierto que les preocupen nuestra vida, nuestra libertad o nuestros bienes a los genocidas de ayer y represores de hoy que pisotearon nuestras vidas, nuestras libertades y nuestros bienes. Tampoco es cierto que les preocupe si nos roban el sueldo a los que aplican planes económicos que dejan sin sueldo y sin trabajo a millones de hermanos.
Los reaccionarios y derechistas que enarbolan el discurso de la “seguridad” sólo lo hacen con fines políticos inconfesables: dominar socialmente con el miedo, legitimar la represión al pueblo o buscar mediante engaños votos para las elecciones.

8. La manipulación mediática le ha hecho creer a millones dos nuevas mentiras: una, que de todas las preocupaciones y angustias que padecemos -desempleo, falta de educación y salud, bajos salarios, robos, etc.- lo más urgente es resolver la llamada inseguridad. Y otra, que ello es posible de manera mágica, con medidas enérgicas, terminantes, rapidísimas.
Hay que evitar caer en la trampa de Grondona sobre lo “urgente” de frenar el delito y lo “solucionable sólo a largo plazo” que sería el desempleo o la corrupción. Es exactamente al revés: hay que enfrentar urgentemente la desocupación, el hambre y la corrupción para desactivar la violencia social horizontal y el miedo.

9. No cabe duda que millones de compañeros -muchos de ellos, bien de abajo- han hecho propias las mentiras de los poderosos en materia de “seguridad”. Pero no es menos cierto que una de las mentiras de la campaña de “ley y orden” es la de mostrar que “todos” opinan/opinamos lo mismo.
¿Se expresa mediáticamente la opinión de los adolescentes y los jóvenes sobre la policía?, ¿se consulta a las mamás de la villa para saber porqué los chicos están tan “violentos”?, ¿se escucha la voz de los millones que son posible carne de cañón del sistema penal o sólo la de aquellos que no tienen ningún riesgo de ser detenidos o procesados?.

10. La “inseguridad” se convirtió en un ordenador y modelador social de primer orden y casi no hay medida, discurso o acción que, parida en esa matriz, no ponga en discusión la legalidad o legitimidad de algún derecho, garantía o libertad individual mas o menos vigente.
Sin embargo la “inseguridad” casi no ha ingresado en la agenda de los “derechos humanos” (entendiendo a esta como una lucha no sólo de los organismos específicos sino de un conjunto de organizaciones políticas, sociales y culturales a las que podríamos considerar alineadas con “los derechos humanos”).
En ese contexto aparece como una necesidad imperiosa de la militancia democrática y comprometida con los intereses de las mayorías postergadas construir un enfoque y criterios programáticos para intervenir en el debate y la lucha por la justicia y la igualdad y contra la “seguridad” de los Ricos.

CONCLUSIONES DEL DEBATE EN COMISION – INFORME AL PLENARIO:

La comisión coincidió, en casi todas las intervenciones, en la necesidad de construir un antidiscurso en tanto respuesta unitaria ante el avance de la represión.

Los ejes de este antidiscurso se consensuaron en los siguientes puntos:

1- La Denuncia.
a. De la represión. En este sentido denunciar la criminalización del conflicto social como metodología represiva del Estado para garantizar el orden social. Esta metodología está dirigida alternativa o simultáneamente hacia: jóvenes, pobres, gays, inmigrantes, travestis, prostitutas, lesbianas, y otros sectores que potencialmente puedan llegar a desestabilizar o desarticular el régimen vigente.
b. De los mecanismos de control social que se están implementando como experiencias pilotos en villas, zonas rojas, (sectores marginales en términos generales), a través de consejos barriales del delito y la violencia, foros de seguridad bonaerense, etcétera.
c. De la policía en tanto organización criminal. Denunciar que la institución policial controla redes de prostitución, juego clandestino, drogas, tráfico de armas, coimas, poner énfasis en el comercio de armas para robos (venta o alquiler de las mismas), de planos de bancos para asaltos, etcétera. Todo ello sin dejar de tener presente que la agencia policial es el brazo armado de un Estado delincuente que se basa de ésta para garantizar su poder.
d. Del modelo económico como generador de inseguridad a través del desempleo, la inestabilidad para sectores poblaciones cada vez más amplios.

2 - Atacar las incoherencias del sistema.
a. Por medio de un discurso que se base en datos concretos que permitan revertir al dominante que, sostenido en la mentira y la desinformación genera, a través, de la manipulación estatal y mediática un conjunto de datos falsos que repercuten en la generación de la sensación de inseguridad.
b. La impunidad de que gozan los genocidas provoca en la conciencia social una naturalización del concepto. En este sentido se torna necesario desarticular lo que se instaló en el discurso en tanto paso inicial para evidenciar la impunidad de los asesinos de hoy.
c. En síntesis, para algunos temas es necesario producir rupturas ya que de lo contrario estaríamos legitimando.

En cuanto al concepto de inseguridad que se manejó a lo largo del debate, coincidimos en que nuestro antidiscurso concibe como inseguridad la desigualdad ante la ley, la falta de trabajo, de educación, de salud, de vivienda. Destacando las incoherencias del discurso que culpa de todos los males a la pobreza, desvinculándola de la concentración de la riqueza.

Nos parece esencial que este antidiscurso esté orientado hacia amplios sectores sociales, los cuales están siendo influidos por la ideología fascista, generando un análisis con contenido de clase.

Como metodología concreta de difusión de los contenidos se coincidió en salir a la arena de debate y lucha con nuestro antidiscurso. Generar conciencia en los jóvenes, las madres, en este sentido los familiares de víctimas del gatillo fácil expresaron la importancia del “boca a boca”, el no tener miedo, no esperar a que nos escuchen los medios, en resumen enfatizaron la necesariedad de realizar un fuerte trabajo de base.

Para finalizar creemos necesario aclarar que el antidiscurso debe ser dinámico dado que los mecanismos que despliega el Estado para garantizar el orden social no son un proyecto acabado (el mismo es constantemente resignificado y reformulado).

COMENTARIO FINAL

En el trabajo de Comisión uno de los temas que se discutió es la cuestión de las respuestas o propuestas frente al tema de la seguridad. En tal sentido, se coincidió en que nuestro lugar no es el del diseño, sugerencia o propuesta de políticas de seguridad, es decir políticas criminales. Se enfatizó en no perder nuestro horizonte el cual se encuentra demarcado por la defensa integral de la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Coincidimos que frente a aquellos que nos proponen cursos de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad nuestra posición debe ser contundente, la competencia de los organismos de Derechos Humanos es la de denunciar las violaciones sistemáticas perpetradas por el Estado.

COMISION Nº 3
PERSECUCION POLITICA

El 15 de noviembre de 1999 comenzó en Neuquén el Juicio por “atentado contra la autoridad policial” contra diez sindicalistas afiliados a los gremios de estatales ATE y docente ATEN. El gravísimo “delito” del que se los acusa es que se produjo la rotura de un vidrio y tres barrotes en la Legislatura provincial.
Esto es una vulgar excusa, lo que se quiere castigar es la actitud de lucha de esa dirigencia sindical que encabezó movilizaciones exigidas por los trabajadores en reclamo por evitar rebajas en sus salarios de un veinte por ciento.
Para los dueños del poder real y para sus sirvientes de las Legislaturas, de los ejecutivos provinciales y nacionales, así como para el poder judicial, es un delito manifestarse contra medidas injustas. Es un delito pretender defender los derechos de los jubilados y desocupados.
Mientras el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados Raul Castells, está en la Cárcel de Florencio Varela, a pesar de no registrar ninguna condena en su contra, decenas de grandes estafadores gozan de la más completa impunidad. En los mismos tribunales en donde se le negó a Castells el derecho al arresto domiciliario, se lo autorizó para dirigentes de la “mafia” futbolera como es el caso de Lalín y Distéfano.
Son varios miles de casos, el de luchadores que están siendo sometidos a proceso con acusaciones de la más variada índole: por participar en algún corte de ruta, por pretender que no se desmantele una fábrica, por el simple hecho de manifestar en las calles.
No se ha visto que se procese y condene a los grandes empresarios y poderosos financistas que no abonarán el impuesto del fondo para los docentes. Se procesa a los que quieren impedir el cierre de una fuente de trabajo, pero no a los empresarios que provocan miles de despidos sin siquiera abonar las miserables indemnizaciones que marca la ley. Se procesa a los luchadores populares y se deja en libertad a miles de asesinos y torturadores por aplicación de las Leyes de O. debida y Punto Final, que se complementan con los Indultos de Menem.
Esto no es extraño, desde siempre las leyes las dictaron los poderosos…para que la cumplan los pobres.
En las condiciones actuales post-electorales del país, de acuerdo con las declaraciones de los dirigentes de las tres fuerzas que hegemonizan el poder formal en la Argentina, las perspectivas no son precisamente optimistas. Los ajustes anunciados se traducirán en mayor desocupación, mayor deterioro de la salud de nuestro pueblo, una educación solo accesible para los más ricos, y todo esto se expresará en mayor conflictibilidad social.
Según datos oficiales publicados hace pocos días, el 10 % mas pobre de la población, con un ingreso mensual de entre 50 y 150 pesos por mes, ha reducido sus ingresos entre agosto de 1998 y el mismo mes de 1999, en un diez y medio por ciento. Entre tanto el 10 % más rico que percibe entre 1500 y 35000 por mes, ha aumentado sus ingresos en casi un 5 %.
Como consecuencia de esto ahora se dan las siguientes cifras: el 20 % más pobre de la población recibe solo el 4 % del total de los ingresos, en tanto que el 20 % más rico se lleva algo más del 55 %. Resultado final, los mas ricos reciben en promedio 14 veces mas que los mas pobres.
En 1981 de cada 100 chicos en edad de concurrir al preescolar sólo lo hacían 28, a la fecha el porcentaje sólo asciende al 35. Un estudio del Fondo Internacional de la Naciones Unidas para la Argentina a la Infancia (UNICEF), realizado por su filial Argentina determinó que entre niños de condición humilde de Florencio Varela, Lomas de Zamora y el barrio Las Flores de Rosario, casi la mitad obtuvo un rendimiento por debajo del que corresponde a su edad. Sintetizaban los investigadores “Algunos niños pobres ingresan a la escuela con sus posibilidades de aprendizaje hipotecadas… hay que invertir rápidamente desde la educación y las políticas sociales. Si no se los está condenando al fracaso y la marginación”.
Todo lo que estamos señalando, si bien tiene relación con la herencia de la dictadura militar, es un proceso de pauperización, de empobrecimiento, de exclusión, que continúa contra nuestro pueblo desde 1983 hasta la fecha. Dieciséis años de gobiernos constitucionales, casi nada han hecho para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Al contrario, el fenómeno de la exclusión ya ha logrado que mas del 30 % de la población esté “oficialmente” incluida en la condición de pobre. Sabemos que estas cifras oficiales son falsas, pero aun si fueran correctas esto indicaría que más de 11 MILLONES de personas están en la pobreza.
La criminalización de las luchas tiene una de los puntos más altos de expresión con la existencia de presos políticos en nuestro país. Utilizando los métodos de la dictadura militar se procedió a la más feroz represión a la toma del cuartel de la Tablada. Utilización de armas químicas (fósforo), ataques masivos luego de la rendición tortura a prisioneros sobrevivientes y desaparición de algunos de ellos. Todo bajo la mirada complaciente del entonces presidente Raul Alfonsín. A esto siguió un juicio que burló todas las garantías de los encausados y donde se permitió a los fiscales todo lo que se prohibió a la defensa.
Justamente en estos días está presente en el país una delegación de la Comisión de Interamericana de DDHH, organismo oficial de la OEA, que ha exigido en varias oportunidades la revisión y declaración de nulidad de lo actuado en el juicio sobre los hechos de la Tablada. Ni las actuales autoridades se hacen cargo de ese planteo, ni los ganadores de las elecciones pasadas toman compromisos sobre el tema.
Casi la misma situación se vive en el caso de los presos de la Organización ORP y también se ha actuado desde el gobierno, como “agentes” del dictador Fujimori, y de la Justicia militar chilena para tratar de extraditar a los luchadores políticos y sociales peruanos y chilenos.
La “criminalización” de las protestas y las luchas sociales, el mantenimiento de rehenes del poder (presos políticos), la manipulación de la información mediática sobre seguridad y las recientes declaraciones de Ruckauf y De la Rua indican que desde el poder se están diseñando políticas represivas mas duras.
Gran parte de las luchas sociales, de acá en adelante, se verá más y más relacionada con la temática de la “seguridad” y de la represión a los sectores populares. El sistema capitalista en su desarrollo actual, básicamente a través del modelo neo-liberal, genera cada día más exclusión, con lo que objetivamente nos encaminamos a un nuevo salto en el nivel y calidad de la represión.

CONCLUSIONES DEL DEBATE EN COMISIÓN – INFORME AL PLENARIO:

A partir del eje del tema planteado, se han tomado en cuenta dos aspectos, los vinculados a los Prisioneros políticos y los Procesados, imputados y condenados políticos.
En ambas situaciones se puso de relieve la notoria injusticia que conlleva un ataque a la igualdad que reclamamos, los más pobres e indefensos son castigados y procesados y los poderosos, como María Julia, Yoma, Alderete, etc. jamás son perseguidos ni enjuiciados.
El código penal actual es eficaz para perseguir luchadores populares, convirtiendo en delincuentes a quienes en defensa de sus derechos realizan peticiones o protestas y se los encuadra en los “delitos” de corte de ruta, daños a la propiedad, resistencia a la autoridad, como en el caso de Raul Castells, encarcelado por solicitar bolsas de alimentos en el Hipermercado Wall Mart y acusado por “extorsión”.
Señalamos que debemos tener muy en cuenta “quién” sanciona y al servicio de quienes esta este poder judicial, arribando a la conclusión de que tanto el poder judicial, como las FFAA y la policía responden a una política de la clase dominante, lo mismo que el poder legislativo, que dicta las normas que luego esos organismos ejecutarán.
Debemos evitar que desde el poder se intente alcanzar consenso entre la población y de esa forma se legitime en la conciencia popular que en esta “democracia” el que no acata las normas, el que no se somete a la “legalidad”, de ser despedido y desalojado con una orden, debe ser sancionado, desnaturalizando el derecho legítimo de peticionar y protestar.
Lo anteriormente analizado -los prisioneros políticos y perseguidos por reclamos sociales- para nada nos excusa de la responsabilidad que debemos asumir hacia los 40 mil presos que pueblan las cárceles de nuestro país, tratándose casi todos ellos de pobres, necesitados y sometidos a trato aberrante.
Por ello es que reclamamos una lucha nacional coordinada, por el cese de la persecución policial y judicial a la extensiva lista (que algunos estiman en 2500 personas) de luchadores sociales afectados a procesos por su resistencia al plan de superexplotación, exclusión y miseria, mediante acciones populares -cortes de rutas, tomas de locales- contra las privatizaciones, despidos masivos, fuente de trabajo, etc. Se recomiendan escraches a los jueces involucrados en esos procesos.
Exigimos el inmediato desprocesamiento y el sobreseimiento de todos estos luchadores. Mientras tanto, exhortamos a los organismos populares a intercambiar en forma urgente la información de datos, con el objetivo de arribar a una lista veraz y actualizada de datos de los compañeros sometidos a procesos judiciales por los hechos antes descriptos. Asimismo, instamos a las entidades sindicales a las que pertenecen los afectados, a bregar consecuentemente por los reclamos que hemos señalado.
Planteamos la inmediata libertad de todos los presos políticos: Raúl Castells, los de La Tablada, los de la ORP, los trasladados aquí desde Brasil (Hermanos Paz), los requeridos de extradición por Perú (Mera Collazo y su esposa) y Chile (Claudio Molina Donoso ) y con énfasis reclamamos el cese de la persecución judicial contra dirigentes de 8 organismos de DDHH por el comisario Colotto (juicio por injurias). Reafirmamos que los presos no son de una u otra organización, son rehenes de este sistema, nos pertenecen a todos, y convocan la solidaridad generalizada popular.
Por último, estimamos insoslayable trabajar para el éxito de la marcha de la Resistencia, que se hará en la Plaza de Mayo en el mes de diciembre de 1999, con el espíritu que venimos desenvolviendo.

COMISION Nº 4:
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

En América Latina, la crisis y la ofensiva económica imperialistas sobre nuestros pueblos cobraron una envergadura inusitada durante esta década. Han llevado al endeudamiento de toda la región, el empobrecimiento y pérdida de las riquezas, a la miseria creciente de sus pueblos y la proliferación de una población subocupada, desocupada y marginalizada.
El rechazo popular sacudió las viejas columnas políticas de los partidos que han sostenido el sistema mal llamado neoliberal y abrió un período de recambios políticos orientados hacia un nuevo engaño imperialista “la tercera vía”. A la par también se han producido nuevos procesos políticos donde los oprimidos han tratado de confrontar con el imperio y los poderes económicos locales. Colombia, Venezuela, Brasil, México, Paraguay, Ecuador, Uruguay son países de nuestro continente donde desde uno y otro ángulo, los pueblos intentar armar puntos de resistencia política y movilizadora a la explotación.
Luchas de trabajadores, de campesinos y en algunos casos con sus propias autodefensas, de organizaciones armadas, de poblaciones originales, de mujeres, jóvenes y estudiantes han comenzado a abrir una transición a una nueva situación en América Latina que ha empujado al Dpto. de Estado, al Pentágono, la CIA, la DEA y a toda la reacción fascista del continente a mantener y relanzar viejos y nuevos planes represivos.
Entre ellos podemos mencionar:
1. Sostenimiento del control social y la represión global sobre las poblaciones populares, desocupadas y marginalizadas con el pretexto del tráfico de drogas, la seguridad y la guerra contra la delincuencia. Muertes policiales y gatillo fácil en toda la región.
2. Sostenimiento con dinero, armas e impunidad de organizaciones paramilitares que masacran a poblaciones rurales y urbanas en Colombia, México, Brasil, Paraguay y Bolivia.
3. Asesinatos y encarcelamientos de luchadores políticos y populares. En todo el continente en la última década hubo 200 periodistas asesinados. En Colombia hay más de 400 dirigentes sindicales detenidos. Miles de presos políticos en Perú y más de 400 en Chile. En estos dos últimos casos, encerrados en cárceles de extrema seguridad en condiciones inhumanas, sin visitas, atención médica ni recreos. No son considerados presos sino bajo el rótulo de terroristas y subversivos, con peticiones de cadenas perpetuas o penas de muerte con total indefensión jurídica.
4. Maniobras de la CIA contra Cuba (Juegos Panamericanos, acusaciones de tráfico de drogas, patrocinio a la “gusanería” de Miami, boicot a la Cumbre Iberoamericana) para aislarla con el objetivo de sostener y fortalecer el bloque a la isla.
5. Tendencia de la Administración Clinton de darle curso a la intervención militar a Colombia, comprometiendo a los gobiernos de la región. La acepción narcoterrorismo acuñada en 1984 por el embajador yanqui Lewis Tambs en Colombia ha sido la mejor excusa para la nueva invasión yanqui en América Latina.

La llegada del nuevo milenio no es ajena a los planes imperialistas. La concreción del otrora Tratado Torrijos- Carter no implicará el retiro de tropas yanquis en el Canal de Panamá. Contrariamente a lo supuesto, los yanquis están diseminado su Comando Sur por todo el continente. Si bien la prioridad –ante el avance del pueblo colombiano- se concentra en el Caribe, el resto de los países ya forman parte de esa expansión militar norteamericana.
Las islas de Aruba y Curaçao cuentan con más de 2.000 marines. A partir del 31/12/99 Puerto Rico gozará de la presencia de 25.000 marines constituyéndose en la cabecera de playa para la invasión a Colombia y para reforzar las provocaciones hacia Cuba. Honduras, mantiene la política de base de operaciones yanquis, mientras que la presidenta panameña Moscoso ya aceptó la permanencia de 3.300 soldados yanquis en su país.
La directa agresión yanqui sobre el pueblo colombiano es el objetivo inmediato de semejante desplazamiento militar zonal. La triste excusa de la lucha contra el tráfico de drogas, que supuestamente atenta contra los intereses internos de USA (cuando en realidad son el país con mayor consumo de estupefacientes y el mayor “lavador” de dinero del narcotráfico) ha permitido la “inversión” de mil millones de dólares en armas y pertrechos militares para los generales y para los paramilitares y así sembrar el renovado terrorismo de estado en la región. Un reciente documento del Capitolio admite que EEUU provee de imágenes satelitales para cubrir los desplazamientos de las FARC y ELN, y la denuncia periodística informó que la CIA estaba contratando mercenarios brasileños para el ataque por la Amazonia.
Perú y Ecuador (a los que se podría sumar Argentina) cubrirían la frontera sur. El funcionario fujimorista (ex agente de la CIA) V. Montesino declaró que ambos países tendrían un rol protagónico en una operación multinacional contra la subversión en Colombia. A este respecto, Fujimori y Adhuad han instalado sendas bases militares en Iquitos y El Coca, cercanas a la frontera con Colombia. Los asesores yanquis quieren dominar los ríos (vías de comunicación que unen esas regiones con la provincia del Caquetá)
Hace años Bolivia cuenta con asesores yanquis en la región norteña de El Beni, incrementada en los últimos años con la asunción del genocida Banzer.
Argentina –con la política de relaciones carnales- ha violado su propia legislación interna permitiendo una delegación militar en territorio salteño. Con la excusa de tratarse de una oficina de la DEA, gendarmes y policias provinciales están bajo la supervisación de militares yanquis. Otro objetivo del imperialismo ha sido la Pcia. de Misiones, donde en el límite con Brasil se han entrenado los boinas verdes.
La ofensiva yanqui no es solo militar. Diplomáticamente los países de AL han soportado la visita de Barry Mc Caffrey en el mes de agosto para “convencer” a los títeres de la necesidad de la invasión a Colombia.
La creación de un organismo supranacional sobre la base de la OEA para combatir el “terrorismo” ya ha comenzado a funcionar a mediados de este año. Impulsado por Corach, y con el justificativo del atentado a la AMIA, el verdadero objetivo quedó demostrado a través de la ejemplificación del término y la acción “terrorista”: la toma de la embajada japonesa por el MRTA.
De la Conferencia de Mar del Plata del año pasado, también resultó suspicaz la preocupación de los participantes por los movimientos campesinos e indigenistas. Con ello se creó una nueva doctrina de la seguridad nacional “globalizada” y con incidencias internas. La legalización del Plan Cóndor bajo supervisión de la OEA.
Para finalizar, la profusa intervención y creación de sedes del FBI en diversos países so pretexto de cooperación y ayuda técnico-criminalística para la resolución de crímenes de transcendencia pública.

CONCLUSIONES DEL DEBATE EN COMISION – INFORME AL PLENARIO:

Se aprobó el documento de discusión propuesto por la CORREPI, con la incorporación de los siguientes puntos:
1. El apogeo ideológico, hasta 1994, del imperialismo y sus planes económicos neoliberales, comenzó a ser sacudido por distintos procesos de resistencia en Latinoamérica. Vimos el 1º de enero de ese año la irrupción del EZLN; el desarrollo en Brasil del MST; en Ecuador las huelgas generales que lograron la renuncia de A. Bucarán; luchas campesinas en Paraguay y procesos vividos en nuestro país con paros, cortes de ruta, etc., hasta llegar en estos días a la asunción de Chávez en Venezuela con expectativas populares creadas en su torno, el triunfo electoral del Frente Amplio como primera fuerza en Uruguay y por supuesto el proceso más alto de Latinoamérica, la lucha del pueblo colombiano.
2. Rechazamos enfáticamente la legislación reporesiva emanada de las Conferencias Antiterroristas (Perú, 1996 y Mar del Plata, 1998), derivadas de Santa Fe II, que han tenido como objetivo reducir al opositor político a “terrorista”, buscando nuevos raciocinios para justificar la creciente represión. Los únicos terroristas son los que imponen planes de hambre, los que financian el paramilitarismo y los que junto a éstos encarnan el terrorismo de Estado.
3. La evolución del ajuste de políticas represivas se realiza a través de la concepción de una renovada de la Doctrina de la Seguridad Nacional en regional o continental, sostenida por el imperialismo sobre su base militar y por los gobiernos títeres de América Latina; además se implementan nuevos procedimientos jurídicos supralegales en los que las fuerzas policiales locales colaboran con las de otros países en la persecución y detención de refugiados políticos, como ha sucedido recientemente en Argentina con Molina Donoso (Chile) y Mera Collazo (Perú). Mientras genocidas como Pinochet y los 98 argentinos reclamados por Garzón defienden la soberanía y la territorialidad, no hay fronteras para la persecución y detención de luchadores populares. En los casos concretos, proponemos que se redacten cartas de solidaridad y se visite a los compañeros en las cárceles.
4. También debemos expedirnos sobre la peligrosidad de instaurar un Tribunal Penal Internacional que con la excusa de los delitos de lesa humanidad terminará sancionando a todos aquellos que luchan contra el imperialismo.
5. Destacamos la presencia en la comisión de una compañera colombiana, dirigente exiliada del gremio de Docentes Universitarios, que destacó que la ingerencia yanqui en su país es orquestada por la burguesía colombiana, y que para ellos ya hay intervención, a partir de la presencia de asesores, ayuda y entrenamiento militar, y el financiamiento del tesoro de USA. Desde luego saludó toda muestra de solidaridad con el pueblo colombiano.
6. La agresión imperialista de la OTAN a Yugoslavia rompió el viejo orden mundial por ellos pergeñado para inaugurar una nueva etapa de intervención militar sobre los pueblos del mundo que se levanten contra sus intereses, como es el caso de Colombia.

RESOLUCIONES:
• Declaración por la anulación de la sentencia de muerte y la libertad inmediata de Mumia Abu Jamal y Abdalá Ocalam.
• Luchar por la liberación de todos los presos políticos de América Latina y del mundo, como los de GRAPO y ETA en España.
• Convocar y participar activamente en la marcha por la libertad de los presos políticos el 3 de diciembre , y contra la extradición de Molina Donoso y Mera Collazo
• Activar la firma del petitorio que enviaran cuatro organismos de trabajadores de Brasil contra la intervención imperialista en Colombia y contra la represión interna en ese país, para ser entregado en las embajadas de USA y Colombia.
• Formar una comisión de abogados para presentar una denuncia por el delito de tortura contra el Estado peruano ante las autoridades judiciales argentinas, sobre la base de la extraterritorialidad de los delitos de lesa humanidad, con un obvio objetivo propagandístico.

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