A 17 AÑOS DEL ASESINATO DE WALTER BULACIO, EL GOBIERNO SIGUE USANDO EL GATILLO FÁCIL, LAS DETENCIONES ARBITRARIAS Y LA TORTURA CONTRA EL PUEBLO.

El 19 de Abril de 1991 Walter Bulacio fue detenido junto a otras 73 personas en ocasión de un recital de rock, por policías de la comisaría 35º.

El día 26 falleció, a causa de los traumatismos ocasionados por múltiples golpes de los que fue objeto en el traslado a la comisaría y en la misma dependencia policial.

Por este motivo fue acusado el comisario de la policía federal Miguel Angel Espósito. El juez Victor Pettigiani le concedió la excarcelación luego de detenerlo durante dos horas e indagarlo en 1991.

En mayo de 1992 la Cámara sobreseyó al comisario Miguel Angel Espósito. El 5 de abril de 1994 la Corte Suprema hizo lugar a la queja de la querella, revocó el sobreseimiento, y ordenó volver a procesar al comisario.

Luego de este fallo unánime, la jueza María Cecilia Maiza dictó su prisión preventiva en el mes de septiembre.

La fiscalía y la querella presentaron sus acusaciones en abril y mayo de 1996. La fiscal Mónica Cuñarro, considerando a Espósito penalmente responsable por la privación ilegal de la libertad de 73 personas, entre ellas Walter Bulacio, pidió que se lo condenara a la pena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo gracias a gran cantidad de maniobras dilatorias de la defensa y a la complicidad del estado y su aparato judicial la causa quedó paralizada durante años, al borde de la prescripción.
Desde CORREPI denunciamos en todos los foros y por todos los medios a nuestro alcance estas maniobras y su objetivo final de garantizar la impunidad de otro represor, esta vez de la “democracia”. En 1997, al cumplirse el primer año de la paralización del trámite, formulamos denuncia ante la Comisión Interamericana de DDHH, por violación a los derechos garantizados en el Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de DDHH). La denuncia fue declarada admisible, y en diciembre de 2000 la CIDH notificó al Estado Argentino su informe favorable a los peticionarios. El Estado nada contestó y menos hizo, por lo que la Comisión y la familia Bulacio lo demandaron ante la Corte Interamericana de DDHH, que por primera vez dio trámite a una causa argentina originada en un hecho de represión policial.

En 2003 el estado argentino fue notificado de su primera condena internacional en un caso de represión policial. La Corte Interamericana de DDHH, en el caso Bulacio, condenó a la Argentina por la violación de los derechos humanos de Walter Bulacio y su familia, y también dispuso que se revisara el sistema de facultades policiales para detener personas arbitrariamente.

Respecto de la causa interna, el organismo internacional -cuyas resoluciones son obligatorias para el estado argentino- ordenó que se repusiera a la familia como querellante, que se rechazara la prescripción planteada por la defensa del comisario Miguel Angel Espósito por tratarse de un delito de lesa humanidad, y que se continuara sin más dilaciones hacia la sentencia, con una plena investigación y castigo de los responsables por la detención y muerte en 1991 del adolescente.
El estado argentino, cuyo gobierno nacional tanto declama acerca del respeto a los DDHH, sigue sin cumplir la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este 25 de abril como todos los años, recordamos a Walter Bulacio y denunciamos ante la opinión pública las políticas represivas del estado argentino, que en un gobierno democrático y que se llama a si mismo de los Derechos Humanos no solo sostiene la impunidad en este caso sino que cada 40 horas nos mata otro pibe como Walter.

CORREPI-PRENSA

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