A diez años de la rebelión popular

Tras la hiperinflación alfonsinista, Carlos Menem asumió la presidencia prometiendo “salariazo”, e inmediatamente se convirtió en el gobierno del ajuste, la flexibilización laboral y la desocupación. A mediados de los ’90, Menem, que era acompañado por muchos de sus actuales aliados, como Aníbal Fernández, Pichetto o los Kirchner, comenzó a ser desafiado por la resistencia de trabajadores desocupados, estudiantes y jubilados, con piquetes, cortes de rutas, tomas de edificios públicos y movilizaciones. El recambio vino de la mano de una propuesta alternativa de la burguesía, la Alianza UCR-Frepaso, integrada por radicales, peronistas antimenemistas, socialistas, y que incluía señeras figuras del gobierno actual, como Nilda Garré, viceministra de Interior. En menos de dos años, las masas hambreadas recurrieron al saqueo para sobrevivir, mientras el movimiento de desocupados se moldeaba en un marco más organizado. El avance del gobierno sobre los ahorros de los sectores medios los sumó a un panorama de agitado descontento que facilitó la masiva reacción popular cuando, para frenar las permanentes protestas, se decretó el estado de sitio.

El 19 de diciembre, una multitud salió a repudiar el estado de sitio, y, pese a que la represión fue explícita de entrada, ya que esa noche hubo heridos de bala, como Demetrio Cárdenas en Congreso, durante las siguientes 24 horas el flujo de manifestantes sólo creció e incrementó su nivel de confrontación.

El saldo de la movilización, que unió desocupados, obreros, estudiantes y la clase media, en total ausencia de las burocracias sindicales de la CGT y la CTA, fueron 39 compañeros caídos, un gobierno en fuga y un profundo llamado de alerta para la burguesía, que vio deslegitimadas las instituciones de su democracia.

Era tan grande la bancarrota y tan profundo el hastío, pese a la inexistencia de una organización popular con capacidad real para orientar el movimiento de protesta, que la burguesía tardó en encontrar el camino para recomponerse. Se sucedieron las movilizaciones, la toma de fábricas que se lanzaron a trabajar sin patrones, y se consolidaron los espacios organizativos en las barriadas.

Pasado el primer momento de estupor, y aprovechando las debilidades del campo popular, la clase dominante impuso a Eduardo Duhalde la tarea de recomposición, que comenzó a realizar combinando medidas como el reparto de planes sociales con una represión dirigida a desarmar al movimiento de resistencia. El punto culminante de ese proceso fue la represión en el puente Pueyrredón, con un operativo que coordinó fuerzas federales y provinciales, bajo el mando de algunos de los hombres del actual gobierno, como Aníbal Fernández, y que asesinó a Maxi Kosteki y Darío Santillán.

El gobierno que asumió en mayo de 2003, se dedicó a sumar voluntades, a través de una política de cooptación y seducción de referentes de los más diversos ámbitos y orígenes, que pronto conformaron esa especie de protoplasma que reunió, bajo la consigna del “proyecto nacional y popular”, a una buena cantidad de referentes y organizaciones, algunos de los cuales, hasta poco antes, se proclamaban antiimperialistas, anticapitalistas o de izquierda. La incorporación a las filas del partido de gobierno de personalidades con algún pasado más o menos respetable produjo también que otras organizaciones, que mantuvieron una aparente independencia del kirchnerismo, caracterizaran que existía una “disputa” entre sectores progresistas y reaccionarios, con la idea de que hay “compañeros” en el gobierno con los que se puede dialogar y encontrar alguna que otra solución a problemas puntuales.

Las declaraciones oficiales pronto anunciaron la segunda etapa del plan. “No vamos a reprimir la protesta social con esta policía de gatillo fácil”, dijo el presidente a bordo del Tango 01, rumbo a Beijing, anunciando, contrario sensu, que sí lo haría con “otra” policía. El entonces ministro del interior, Aníbal Fernández, aseguró en octubre siguiente que el gobierno “no va a criminalizar la protesta social, pero cuando uno se pasa de la raya hay que cumplir con lo que dice la ley”. Para la misma época, el secretario de seguridad, Alberto Iribarne, aclaró: “Cuando decimos que no vamos a criminalizar la protesta social estamos haciendo esa diferenciación: que una cosa es el delito y otra la protesta social.”

Desde su inauguración, el gobierno peronista que vino a resolver la crisis de la burguesía se propuso no repetir experiencias como la del puente de Corrientes, el 20/12 o el 26/06, para no sufrir reacciones como con De la Rúa o Duhalde. Su discurso de “no represión”, combinado con la intensa campaña a través de voceros y aliados mediáticos que denunciaban la supuesta “inacción” del gobierno frente a la protesta social y exigían una intervención represiva, le permitió pasar a la fase siguiente. Para mediados de 2004, el riesgo de un costo político por reprimir estaba prácticamente conjurado. Paralelamente, dio prioridad, en el uso de la coerción directa, al uso de patotas de la burocracia sindical o de agrupaciones sumadas a su proyecto, logrando, con el mecanismo de la “tercerización de la represión”, simular cierta ajenidad frente a monumentales represiones, que tendrían su climax en el ataque a los trabajadores tercerizados y las organizaciones que los apoyaban el 20/10/2010. Al inicio de su tercer mandato, el kirchnerismo ha consolidado su lugar como el gobierno que más ha reprimido desde 1983, con la sangre de 1898 asesinados con el gatillo fácil y la tortura en sus manos y 17 muertos en la represión directa a movilizaciones y manifestaciones populares. Presos políticos, miles de luchadores encausados, operaciones de espionaje, consolidación y reequipamiento del conjunto del aparato represivo, sobresaturación militar de las calles con la participación de gendarmería y prefectura, son algunas manifestaciones concretas de esa política.

A diez años de la rebelión popular del 20 de diciembre, hoy nuestra tarea es mostrar la única cara del gobierno que vino a resolver la crisis y a garantizar la gobernabilidad burguesa, que no tiene derecho alguno a apropiarse de los compañeros que dieron la vida combatiendo lo mismo que este gobierno defiende.

Nota publicado en Tiempo Argentino: http://tiempo.infonews.com/notas/diez-anos-de-rebelion-popular