A disciplinar a los laburantes

El gobierno nacional ha demostrado cuál es el perfil de organización sindical que precisa y promueve: en cualquiera de sus estilos, los “gordos” de siempre. Estos son los que Kirchner y Tomada eligen a la hora de negociar contra la clase obrera.

Triste decepción para la CTA al negársele la personería gremial, a pesar que el Degennarismo no es más que una variante reformista y D’Elía es tropa propia del presidente. Ya que los sindicatos establecidos le garantizan al capital la “paz social”, como suelen llamar al control que ejercen sobre el movimiento de los trabajadores, los únicos que se han atrevido a la confrontación han sido las comisiones internas anti-burocráticas.

En el Encuentro Antirrepresivo realizado en diciembre de 2004, CORREPI advertía que el gobierno intentaría “demonizar” a los trabajadores que se propusieran luchar por reivindicaciones salariales o mejoras en sus condiciones de trabajo, tal como había logrado estigmatizar al sector de desocupados organizados como movimiento piquetero que por izquierda no había cedido a sus políticas de cooptación.

El desarrollo de la política de criminalización de la protesta casi siempre fue dirigida contra sectores de desocupados o subocupados. Los presos y presas políticos de la argentina actual pertenecen a grupos piqueteros o a sectores económicamente marginalizados, como los de la Legislatura.

Hasta ahora no había habido represión directa sobre los trabajadores sindicalizados. Se impulsaba, en una primera etapa, el descrédito y la oposición de las capas medias, con el objetivo de aislar socialmente a los trabajadores combativos para apagar el conflicto y acallar la protesta.

Sobre la base de la desinformación, el gobierno tendió a oponer a los trabajadores de subterráneos con los usuarios de ese medio de transporte. Algún funcionario no trepidará en acusar de “zurdos” a los trabajadores que no transaron con la patronal ni con la conducción del Sindicato. El periodismo sistémico se encargó de propagandizar esta versión antiizquierdista y resaltar el carácter “racional” de dirigentes dialoguistas.

Igual política desarrolla el gobierno con los trabajadores del Hospital Garraham, donde los emisarios del ministerio con la bocina de los medios de comunicación se la pasan propalando mentiras como que no hay guardias mínimas o que a algunos niños se los ha puesto en riesgo de vida por la intransigencia en el reclamo de médicos y enfermeros.

Hasta el presente hubo una política preventiva sobre los trabajadores organizados. Sin embargo el 19 de abril de 2005, con la incursión de la policía en Aeroparque acometiendo contra los trabajadores de LAFSA, marca el comienzo de otra etapa en la política del gobierno nacional.

Los trabajadores de LAFSA se oponen a la privatización de la empresa de aviación impulsada después del narcoescándalo de Southern Winds, un excelente negocio para la Secretaría de Transporte y del ministro De Vido. Los trabajadores que recogen la noción de la aerolínea estatal y se niegan al futuro despido pos-privatización, no responden al clásico sindicalismo peronista.

El interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín –adalid “progre” en materia de seguridad- ordenó reprimir a los trabajadores con la excusa de que hacía 15 días que éstos estaban en asamblea permanente en el hall del aeroparque Jorge Newbery. Con el indiscutible guiño del gobierno mandó a la federal, que hizo lo que más sabe y quiere, reprimir. Saldo: 25 heridos. Además dos detenidos, cuya causa fue a dirimirse antela Jueza Servini (que en) Cubría con calificaciones provisorias que en principio son excarcelables pero que pueden tornarse tan rigurosas como lo establezcan las líneas del gobierno y las empresas favorecidas por el mismo.

Es la primera vez que el gobierno reprime directamente a los trabajadores agremiados, y que manda a la PFA para dirimir una lucha antiprivatizadora.

Las inmediaciones del Hospital Garraham aparecieron rodeadas por personal de la PFA. Un conflicto salarial rodeado por las fuerzas de seguridad.

Ni los delegados del Hospital, ni los delegados de Lafsa son recibidos por los ministros de las áreas correspondientes, El gobierno que en un principio quería “ensuciar” a los trabajadores combativos, ahora pasa a una segunda etapa represiva.

Como en el caso de los piqueteros, el gobierno impulsó la deslegitimación para lograr el aislamiento del conflicto. Luego pasa a la represión contra los trabajadores organizados que no responden a las estructuras sindicales tradicionales peronistas. Hasta ayer se los desprestigiaba, ahora ya se los reprime con balas de goma y con jueces siempre genuflexos.

CORREPI, 25 DE ABRIL DE 2005.