A PARTIR DE AHORA TODOS SOMOS CULPABLES

LA AMPLIACIÓN DE FACULTADES POLICIALES AGRAVARÁ LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD QUE DICE SOLUCIONAR

La ampliación de poderes a la policía para realizar procedimientos, revisar, interrogar y detener a los ciudadanos sin previa orden judicial, no soluciona el problema de la inseguridad; por el contrario, lo agrava.

El aumento de facultades policiales es una solución falsa al problema de la inseguridad

La ineficacia de las políticas preventivas de la policía no se debe a la falta de facultades policiales. Actualmente, la policía ya cuenta con facultades para detener y hacer requisas ante situaciones de urgencia y de sospecha. Pero, la policía sigue utilizando como única forma de prevenir el delito mecanismos autoritarios como las detenciones indiscriminadas o los operativos masivos de control.
Sin embargo, las encuestas de victimización demuestran que la amplia mayoría de la gente descree de estas políticas represivas. Asimismo, las investigaciones realizadas en la Ciudad de Buenos Aires evidencian que estas facultades “preventivas” son utilizadas con los peores resultados: de 1700 personas detenidas por mes, sólo en el 1 por mil de los casos existían razones para la detención. No puede aceptarse que la policía base su capacidad de investigación y prevención en detener personas de forma masiva, en revisar indiscriminadamente los autos, la ropa y las demás pertenencias de las personas.

La ineficacia de las investigaciones tampoco se relaciona con la falta de facultades. Las nulidades en los juicios son el resultado de policías que desconocen las leyes que precisamente deben respetar. Por otro lado, tanto las investigaciones de los delitos simples como de los más graves —como la investigación del atentado contra la AMIA, o el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas—, se obstaculizan no por la falta de facultades policiales, sino justamente por las irregularidades y los delitos cometidos por funcionarios policiales al amparo de las facultades que hoy poseen, tal como ha puesto en evidencia por ejemplo el reciente informe de la Procuración General de la Nación.

El aumento de facultades policiales conlleva un agravamiento de los problemas que ya existen.

Las nuevas medidas olvidan que la propia policía es un factor central del problema de la inseguridad. La violencia policial, la falta de respeto por la ley, las redes de ilegalidad y corrupción, y la resistencia a los controles políticos, judiciales y ciudadanos, son notas distintivas del accionar de las policías. La nueva ley aumentará la discrecionalidad y eliminará los ya pocos controles existentes. ¿Quién controlará a la policía con estas nuevas atribuciones?

Con mayores facultades policiales aumentará la discriminación y la conflictividad social. En su accionar, las policías discriminan a los jóvenes, los pobres, los desocupados, los inmigrantes, los solicitantes de asilo y sectores minoritarios por su identidad sexual. En su práctica cotidiana, las policías los tienen en cuenta como objetivo, para operativos de control de tipo militar. El aumento de facultades discrecionales impactará directamente contra estos grupos. El incremento de la violencia contra los mismos sectores atacados por el resto de las políticas sociales, sólo aumentará la desigualdad y la violencia social.

El dilatamiento de la intervención de los jueces hará aún más lento el proceder judicial. La nueva ley prolongará aún más los extensos plazos con que cuenta la justicia y demorará también las decisiones que establecen la responsabilidad de las personas en la comisión de delitos.

Las soluciones reales pasan justamente por el lado contrario

La muerte de las personas, incluidos los agentes policiales, se evita con la reducción de los niveles de violencia institucional y no con su incremento.

Se debe fomentar un mayor control por parte de la sociedad, el ministerio público y la justicia. Desde la política se pretende atacar el problema de la inseguridad y ésta es una actitud loable. Ahora bien, los argentinos vivimos en un estado de inseguridad que abarca, entre otros aspectos, la inseguridad laboral, la inseguridad salarial, la inseguridad previsional, la inseguridad sobre la salud y la inseguridad sobre nuestro futuro. En este contexto, los argentinos padecemos también una situación de inseguridad en las calles. Por ello, reducir el problema de la inseguridad a un debate sobre las atribuciones de tal o cual fuerza, constituye una negación del problema real.

La contundencia de las conclusiones anteriores permite deducir que la ampliación de facultades no busca ser una solución al problema de la inseguridad sino sólo una la exhibición efectista de legisladores y funcionarios para mostrar su preocupación por un problema al que no desean abordar seriamente ni de modo real.