ALIANZA PARA LA REPRESIÓN

ALIANZA PARA LA REPRESION

“Yo me sigo considerando progresista, en la medida en que por esa calificación se piense en alguien con sensibilidad hacia los sectores populares” dijo el nuevo ministro del Interior Federico Storani a la revista “Trespuntos” poco antes de asumir. “Creo haber estado siempre de ese lado”, completó.
A la semana demostró que su única sensibilidad hacia los sectores populares fue expresar “consternación” por los muertos del pueblo correntino que él mismo decidió reprimir y matar.

El ministro Storani, que pertenece a un gobierno que favoreció desde sus primeras medidas económicas a los sectores financieros, defendió a la gendarmería usando la repetida historia de los “provocadores”, y diciendo que no utilizan calibre 22. El periodista Jorge Lanata mostró, desde Corrientes, un folleto sobre el armamento especial que usan los gendarmes, un fusil liviano de tiro rápido, que descarga municiones calibre 22 largo, Magnun.
Solamente en el Hospital Escuela había 38 heridos, 18 de arma de fuego.
Storani defendió a los asesinos, se defendió a sí mismo y a su gobierno, diciendo que la orden de reprimir la tomó un juez federal. Trató de librarse de responsabilidades, alejándose de la represión y de los asesinados. Pero si el Ministro del Interior no es capaz de controlar a la gendarmería, si semejante masacre depende sólo de la decisión de un Juez, Federico Storani debería denunciar a los responsables y renunciar.
En un primer momento, el gobierno, intentó la negociación a través del sindicalista Mendibil y la CTA. Fracasaron debido a la intransigencia de los trabajadores nucleados independientemente de los partidos del sistema en el Cabildo Abierto y los Autoconvocados. Entonces desataron la represión para que el interventor Mestre (radical-menemista) llegara con el terreno preparado. El “progre” Storani advirtió que era necesario “pacificar” la provincia, sin diferenciarse del “reaccionario” Nosiglia.
Mestre, que demostró su calidad de ajustador en la provincia de Córodba (descuentos de hasta 30 % en los salarios, intentos constantes de privatización de entes públicos, 25.000 despidos, etc.) y de represor (con su policía que es la segunda del país en materia de gatillo fácil y una permanente política de persecución a luchadores sociales y de derechos humanos), llega a Corrientes recién el lunes 20.
La represión estuvo debidamente orquestada. Nuestros compañeros de la Comisión de DD HH advirtieron días antes: “Para el gobierno es difícil reprimir pero también es difícil conceder porque todas las provincias se van a ir al humo”. Ahora el interventor va con el dinero de los salarios atrasados, después de la masacre. Conceden los fondos pero sin dejar de demostrar el poderío de sus fuerzas represivas para que el ejemplo de las muertes sirva como disciplinamiento social y atemorice otros alzamientos populares.
Conviene detenerse un momento en el plan usado por los Gendarmes, tal como lo describieran nuestros compañeros de la Comisión de DDHH de Corrientes. En horas de la madrugada se acercaron algunos camiones hacia el corte. Los camioneros querían pasar, los autoconvocados se opusieron. Comenzaron los debates en una punta del puente. Mientras esto ocurría, los gendarmes cruzaban desde Chaco (Provincia gobernada por la Alianza) con balsas para atacar por la retaguardia a los manifestantes. En un momento dado, los camioneros aceptaron retirarse, pero uno de los camioneros adujo que había pinchado una rueda. Su conductor bajó a reponerla. Desde la caja de ese camión bajaron 30 gendarmes. Storani niega conocer estos hechos.
El ministro Storani dijo que la Gendarmería se defendió de las provocaciones de infiltrados que habían llegado de otras provincias. Su antecesor Corach argumentaba lo mismo en similares ocasiones. Siempre encuentran infiltrados en las puebladas.
Es el macartismo de la “intencionalidad política” de provocadores, activistas, etc. Cada vez que hay levantamientos populares contra las políticas de exclusión, hablan de infiltrados. Cada vez que reprimen al pueblo, no son ellos culpables por las condiciones que desatan las puebladas, sino los multifacéticos extremistas, viajeros empedernidos que se las arreglan para estar en todos los conflictos.
Después de la represión, la necesidad de difamar a los trabajadores, desacreditar sus justos reclamos, para hundirlos en la “duda” mediática. La acefalía de la SIDE es otro elemento que no puede soslayarse, igual que la olímpica “borrada” de De la Rua, que únicamente puso su cara en el clerical jubileo del Obelisco. Todo confluye para demostrar que no hubo improvisación alguna.
Hay un dato de interés para desmentir al ministro y al secretario de Seguridad: de los 60 heridos, 59 son correntinos, nacidos y criados.
En una semana, De la Rua mató lo que Menem en 10 años. Para los que se esperanzaban con la democracia aliancista, para los que creían que, aunque se mantuviera la misma política económica, no iba a haber represión, para más de un organismo de DD HH que apostó sin disimulo a la Alianza, a los siete días no pueden negar que su apoyo electoral fue a la Alianza para la represión y la impunidad.
Terminemos también con las absurdas teorías del “Menem lo hizo”, como la monja Pelloni que dijo que en Corrientes reprimió la Gendarmería menemista para desestabilizar a De La Rua.
De la Rua eligió proseguir con la misma política económica y social que Menem. Decidió seguir hambreando al pueblo. Y necesariamente decidió también reprimir al pueblo, porque decidió asumir la crisis económica financiera del país y pagar todas y cada una de las exigencias fondomonetaristas. La represión es funcional al sistema economico social elegido por el presidente.
De la Rua, Chacho Alvarez, Storani, Meijide son los responsables políticos de la masacre de Corrientes, que es decir sus asesinos junto a Chiappe. Seguramente el represor Chiappe está libre gracias a la ley de punto final o a la obediencia debida. Sigue, como entonces, haciendo lo que sabe hacer: reprimir a la gente.
Además de los muertos y los heridos, son responsables de los detenidos y de la campaña desatada para disciplinar con la amenaza de capturas por el delito de sedición. Storani es responsable también de esa persecución política.
Esto era previsible. El que no lo quería ver, era porque apostaba por interés, por derrotismo o por estar engañado, a la Alianza. De la Rua escribe notas lacrimógenas de su puño y letra. Alvarez, le echa la culpa a la policía local, para deslindarse la responsabilidad que le cabe por los muertos de su gobierno.
De la Rua cumple lo que prometió en su campaña electoral, cuando se paseaba encabezando paramilitares desde un anuncio de propaganda. Se puso delante de la represión.
El pueblo Correntino nos ha dado una lección de entusiasmo, entereza, dignidad y valor que todos los luchadores y todo el pueblo debemos seguir.
La sangre de los muertos del puente y la de Gustavo Gómez, asesinado unos meses antes para “disuadir” a los autoconvocados, pasará a la historia de la resistencia del pueblo argentino frente a los agentes de los opresores, los explotadores y la dominación extranjera.