ALLANAR A LOS POBRES. De Mercedes a todo el país.

ALLANAR A LOS POBRES. De Mercedes a todo el país

Los periodistas orondos le acercaban grabadores y micrófonos al fiscalito mercedino que, también orondo, se ufanaba de lo exitoso del procedimiento.

Procedimiento, enésimo, que los “hercúleos” (estos no son centauros como Quantín) que encabeza el Dr. Uncal, hacen sobre la población de Moreno. El jefe del ministerio público de la ultracatólica Mercedes se caracteriza por armar olímpicos allanamientos sobre los pobres mortales de Las Catonas, una especie de Fuerte Apache más al oeste.

Los fiscales tienen que pedir autorización a los jueces de garantías para allanar domicilios. Tienen que fundar en motivos suficientes para vulnerar uno de los principios básicos de la constitución, que es el art. 17, la propiedad privada. Claramente, la propiedad privada de los ricos, pues en esta ocasión, y haciendo uso de las nuevas medidas antisecuestros (¡que fuerte suena! ¿no?) de la administración Felipillo Solá, ahora, allanar las casas de los pobres la puede ordenar un juez de menor cuantía, como es el Juez de Paz de Moreno. Un juez entre cuyas nimias facultades no está garantizar nada, sino aplicar los códigos de faltas, o sea judicializar el control social.

Y este juecezucho ordenó no uno sino 32 allanamientos. Total a los pobres, ni justicia.

¿Para qué se dedicó Uncal a allanar medio Moreno?. Los periodistas, más hinchados de “inseguridad” que nunca, lo repetían a emisoras radiales o televisivas: la comisaría de Moreno se llenó con 40 detenidos.

Cuarenta personas fueron privadas de su libertad. En veintiocho casos se “justificó” la detención manoteando alguna contravención (12), o recurriendo a la utilísima averiguación de antecedentes (16), es decir, sin imputar delito alguno. Los catorce casos restantes de referían a causas criminales.

Vale decir, infinidad de personas fueron perturbadas en su descanso y en su vida cotidiana para meter presos a doce tipos que tenían requerimiento judicial. Es bueno aclarar que tener requerimiento judicial o fiscal no significa necesariamente pedido de captura, como el fiscalillo adjunto pretendía hacer creer a tanto periodista ignorante y crédulo. Es frecuente que se libren comparendos para testigos de los que se ignora el domicilio, o que se han mudado, que nunca son “levantados”, y que en la práctica los policías manejan como si fueran órdenes de captura.

Ahora, ¿cuáles eran las razones para tan rimbombante procedimiento? Encontrar “arsenales” (no de Sarandí) sino de fuego. Un montón de armas, generalmente de uso civil, que supuestamente los morenenses tienen la obsesión de portar para defenderse de la “inseguridad” (social) que los agobia y que medios de comunicación, fiscales y policía tienden siempre a insuflar para propaganda y beneficio.

Lo que medios, fiscales o periodistas mitológicos no hacen (y menos aún jueces, y Uncal menos que menos) es allanar casas quintas, barrios privados o countries donde los pudientes y gente de bien se pueden armar hasta con misiles “aire-negro”, sin cometer más delito que la comprensión de su posición de clase.

Daniel A. Stragá
CORREPI) 25 de marzo de 2004