AMPARO CONTRA EL “PREMIO POR MATAR”

Fue presentado hoy ante la Justicia de la ciudad de La Plata un Recurso de Amparo contra la política de “mano dura” del gobernador Ruckauf, que ha aumentado a índices superiores a todos los años anteriores la cantidad de homicidios, lesiones, torturas y detenciones arbitrarias cometidas por la bonaerense.
Los peticionarios del amparo son el Dr. Marcelo Ventura Peña, abogado platense que impulsó la iniciativa en representación de sus hijas menores de Delia Garcilazo y Mabel Maidana, integrantes de Familiares de Víctimas de la Represión Policial e Institucional, patrocinadas por María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Resultó asignado por sorteo el Juzgado Civil y Comercial nº 1, del Dr. E. Rezzónico. “Hicimos este amparo porque estamos desamparados” dijo Mabel Maidana en la conferencia de prensa brindada en la sede de la CTA platense al mediodía, recordando que su hijo Maxi fue asesinado el 12 de enero de 1997 por efectivos de la comisaría de Talar de Pacheco que dispararon contra un grupo de menores que jugaba en un auto abandonado, al mismo tiempo que Maxi, un amigo y su padre pasaban caminando hacia su casa.
Delia Garcilazo manifestó que el decreto de Ruckauf que promete un incentivo dinerario a los policías que realicen “actos de arrojo” equivale a precio a la cabeza de todos los que circulen por la provincia, y que “si desde 1983 las policías de todo el país ya han matado a 800 personas desarmadas, ahora que les prometen una recompensa, van a salir a cazar aún más jóvenes, pobres, y todos los que por sus ropas entren en su noción de sospechosos”.
Los abogados Ventura Peña y Verdú explicaron a la prensa que la acción está dirigida a que la justicia ordene a Ruckauf y a la policía abstenerse de ejecutar el conjunto de órdenes y medidas que conforman estas políticas de mano dura y tolerancia cero que, bajo el mentiroso disfraz de la presunta “guerra a la delincuencia”, consisten en actos criminales que ponen en peligro cierto a todos los ciudadanos, en violación a sus derechos constitucionalmente garantizados. “Es cierto que los actos de naturaleza política no son revisables por el poder judicial”, dijo Peña, “pero cuando lo que se lesiona es nada menos que el derecho a la libertad, la integridad física y la vida de las personas, la justicia tiene el deber de intervenir para restituir el goce pleno de esos derechos amenazados”.
En el escrito presentado, se hace referencia a los más recientes casos de gatillo fácil, torturas, muerte de rehenes y transeúntes por la policía, y se citan las declaraciones públicas, resoluciones y normas emanadas del gobernador Ruckauf y de los jefes policiales que conforman la versión más violenta y evidente de las políticas represivas en el país.