AntiRrepresivo: Editorial - Agosto 2004

1.- BLUMBERG Y SU CRUZADA
El secuestro y asesinato de Axel Blumberg en marzo de este año generó la irrupción de su padre en el escenario político nacional. El ingeniero textil devenido en un “líder involuntario” según Mariano Grondona, se ubicó como referente y gurú de la seguridad nacional a partir de su tragedia personal. Su Cruzada por Axel, centrada en un petitorio a las autoridades con el aval de millones de firmas de ciudadanos, es otro ataque represivo contra el pueblo: más mano dura y menos derechos y garantías para los sectores radicalmente excluidos.
En su convocatoria inicial se mezclaron sectores medios y altos con madres y familiares de los pibes humildes asesinados por la policía, quienes muy pronto vieron que no era con ellos que se alineaba el canoso empresario. Este prefirió rodearse de personajes como Ruckauf, Casanovas o Durrieu al grito de “ley y orden”.

Desde su primera aparición pública CORREPI caracterizó al “líder involuntario” como un integrante -y ahora vocero- de los sectores más reaccionarios para promover una fuerte corriente de opinión favorable al endurecimiento del sistema penal y a la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad. Estuvimos solos en aquel momento, ya que incluso importantes organizaciones populares anunciaron que acompañaban “con sus propias consignas” la marcha en la Plaza Lavalle, lo que no modificaba la naturaleza antipopular del acto, ni el contenido del famoso petitorio, conocido por menos de la mitad de quienes lo firmaron. [1]
El tiempo confirmó nuestra posición. Fue necesario que Blumberg dijera lo que dijo de Sebastián Bordón y que designara a un conocido fascista como su abogado para que esos apoyos desaparecieran.

Desde su instalación como figura pública, Juan Carlos Blumberg, especie de Mirta Pérez ilustrada [2], fue objeto de una suerte de tironeo entre esos sectores que lo rodearon desde un principio y el propio gobierno nacional, que es mucho más prolijo a la hora de exponer su política represiva. El hombre era el personaje ideal para promover y propagandizar una corriente de opinión pública favorable a una serie de proyectos que desde hacía mucho tiempo dormían en despachos oficiales, algunos desde hacía varias administraciones. Inviable sin consenso, finalmente vieron la luz integrando el Plan Nacional de Seguridad [3].

Hasta el presente sólo se han implementado o comenzado a implementar las medidas del Plan y las reformas legislativas que más claramente señalan su carácter represivo, casualmente aquellas que poco o nada tienen que ver con la supuesta prevención de delitos como el padecido por la familia Blumberg, sino que fortalecen el aparato represivo del estado a la vez que satisfacen viejas exigencias de la política continental del imperio, contenidas en los viejos proyectos de Ley Antiterrorista.

Blumberg, mientras tanto, fue recibido por el Presidente Kirschner. La prensa informó, sin que el gobierno lo desmintiera, su compromiso a realizar gestiones ante empresas privadas para financiar la Fundación Axel.
Es de conocimiento público que tanto el empresario como su videlista abogado han viajado a Estados Unidos, donde se entrevistaron con funcionarios políticos y policiales para gestar convenios de “perfeccionamiento y capacitación” de las fuerzas de seguridad con la policía yanqui, y luego a Europa, donde la visita al Papa fue foto de tapa de los diarios argentinos. [4]

2.- EL DEBATE EN EL ESTADO - CÓMO REPRIMIR CON CONSENSO Y SIN COSTO POLÍTICO
En el marco de nuestra democracia formal, nunca ha sido materia de debate entre los distintos sectores del poder si se reprime o no, sino cómo se ejercen esos necesarios mecanismos de control social y disciplinamiento. Aquella división entre “manoduristas” y “garantistas” refleja en realidad la diferencia entre quienes sinceran sus ansias represivas y apuestan al apoyo histórico que el autoritarismo tiene en algunos sectores sociales argentinos, y los que prefieren buscar el consenso de quienes tienen tanto horror al desorden como al terrorismo de estado.

Son mucho más aparentes que reales las infladas controversias sobre las políticas represivas del estado que pueden esquematizarse entre el discurso del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. No se trata de un verdadero debate de ideas acerca del rol del estado, sino de una discusión acerca de su aparato represivo: cómo se puede reprimir más y mejor, con el menor costo político. Ese es el nudo de la cuestión.

Los distintos intereses económicos representados en las variantes políticas que ejercen el poder marcan el ritmo del maniqueo debate. Los voceros de las empresas privatizadas y de los inversionistas extranjeros permanentemente agitan con la necesidad de “seguridad jurídica”, y reclaman palo y a la bolsa ya. Se publican artículos en diarios del exterior, como El País de Madrid, alertando sobre la desconfianza que el problema piquetero produce en potenciales inversores, y hasta don Roger Noriega se preocupa públicamente por la seguridad del emporio McDonald.

Raúl Alfonsín reclama reprimir “la violencia del palo”, y el ministro de economía Lavagna y el de seguridad bonaerense, León Arslanián salen en su apoyo, de manera más o menos explícita.
Del otro lado del escenario, los Fernández y Gustavo Béliz cumplen su tarea de ser “la voz de la cordura”, defendiendo una y otra vez la decisión del gobierno nacional de no reprimir con la fuerza. En una jugada magistral para desprenderse del costo político de la necesaria represión, le pasan la pelota al poder judicial, lo que implica la judicialización del conflicto.
El permanente repiqueteo belicista (de Béliz) instando a los jueces “a actuar con el código penal en la mano” responde a la lógica de no querer cargar con el costo político de la represión. Todos la quieren usar, pero ninguno sabe cómo hacerlo sin perder consenso. De allí que aunque en apariencia haya dos discursos, como intenta presentarlo el Diario La Nación en su edición del domingo 11 de julio de 2004, prosperan las iniciativas de articulación de fuerzas federales y provinciales como los proyectos “Policía de Buenos Aires II” y la “Fuerza Federal de Paz”.

En la entrevista queda clara la esencia de la discrepancia. Dice Béliz: “…en el caso en el que se produzca una actividad delictiva para cuyo cese se corra algún tipo de riesgo de agravar la situación, se consulta a un juez y a un fiscal para que dispongan qué hacer”. Y responde Arslanián: “Hay que diferenciar muy bien dos tipos de situaciones, la de flagrancia y la del hecho consumado. En la flagrancia debemos actuar autónomamente. A partir del momento en el que toma intervención un juez, la fuerza pierde capacidad de acción autónoma y depende de la directiva judicial. Nosotros decimos que si intentan tomar una comisaría tenemos el derecho, la facultad legal y la obligación de usar la fuerza, aunque es un recurso extremo.”

Pero a renglón seguido, aclara Béliz: “El uso de la fuerza en términos racionales, proporcionales y directamente encaminados a hacer cesar una situación en que se pueda violar la ley, el Estado la tiene como monopolio y no está en tela de discusión. Lo que hay que medir es que la reacción en un determinado tipo de manifestación no genere una situación de violencia mayor.”
O sea, “no vamos a hacer un Puente de Corrientes, un 20 de diciembre o un 26 de junio porque sabemos que se generaría una reacción antirrepresiva y nos pasaría como a De La Rua y a Duhalde, y nosotros hemos aprendido esa lección. Sin consenso no reprimimos”. A dos años de transcurrida la última masacre, y pese al éxito parcial de la política de deslegitimación y de cooptación de los movimientos populares encarada por el gobierno, debe haber sido para ellos un trago duro de pasar la multitudinaria marcha del 26 de junio.
Es esa búsqueda de consenso lo que marca la política del gobierno nacional. Para obtenerlo no desperdicia la oportunidad de agitar con éxito el supuesto discurso contrario. Es así que algunos –muchos- creen que es mejor apoyar este gobierno “un poquito popular” antes que correr el riesgo de que se fortalezcan los López Murphy, Macri y otros ejemplares de Jurassic Park como el marido de la locutora chilena.

3.- LA BRONCA POPULAR
Paralelamente, todo sirve para instalar la idea de que “así no se puede seguir”. Como uno de los objetivos es lograr consenso para reprimir a los movimientos piqueteros no transversales, todo lo que ocurre se les endilga, sea o no fruto de su movilización.

Los vecinos de Tres Arroyos apedrean una comisaría, y el fiscal dictamina que, como la mayoría eran pibes de 15 o 16 años, eso prueba que alguien los manipuló, cuando no hace falta explicarle a un adolescente pobre que la policía es su enemigo.
Los familiares de víctimas de gatillo fácil impiden la inauguración de una comisaría en Villa Tesei, y a la semana llenan de huevos y pintadas otra, y los diarios titulan “piqueteros atacan comisaría”. De la policía de gatillo fácil, de la auténtica bronca popular, no se dice nada.
Un diputado provincial kirschnerista toma una comisaría federal porque uno de sus militantes fue asesinado, y el hecho se discute en los medios como si “los piqueteros” hubieran instalado una nueva modalidad de lucha: tomar comisarías. Las autoridades provinciales anuncian sanciones y exoneración para el comisario “que se deje tomar una comisaría”. El mensaje es claro: o disparan, o los echamos.

La prensa, como en el caso Blumberg, cumple un rol funcional a la creación de consenso tanto al apoyar al padre dolorido que quiere justicia como para denostar a quienes no concuerdan ni con las exigencias de la derecha más recalcitrante ni con las soluciones lavadas del gobierno. Por un lado, mantienen la agitación de la “inseguridad”. Por otro, reeditan escenas setentistas contra la “violencia” piquetera, a la que no sólo La Nación o Radio 10 han comparado con organizaciones armadas.
Finalmente, se silencia la otra cara de la represión del estado, la que no ataca organizaciones sino indiscriminadamente individuos: los más débiles y vulnerables. El gatillo fácil, la aplicación sistemática de la tortura y las detenciones arbitrarias no sólo no han decrecido, sino que los índices aumentan en todo el país. En distintas provincias, como Santa Fe, se relegitiman las facultades policiales para detener a cualquiera sin motivo, y se incumple la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó al estado argentino revisar y modificar su legislación interna en materia de detenciones arbitrarias.

No sólo siguen vigentes herramientas como la averiguación de antecedentes y las contravenciones, sino que se avanza sin cesar hacia más facultades para reprimir, como ocurre en estos días en la ciudad de Buenos Aires con la sanción del nuevo Código Contravencional. En la Audiencia Pública convocada por el Gobierno de la Ciudad, que denunciamos como una farsa y cuyas conclusiones fueron totalmente omitidas en el debate legislativo, fue ampliamente mayoritaria la postura contraria al sistema contravencional, pese a lo cual insisten medios y funcionarios en que “los vecinos” sostienen el código.
La oposición a la reforma represiva del código es presentada por los medios como exaltada y revoltosa minoría de inadaptados; minoritaria turba, ruidosa y soez, integrada por piqueteros, prostitutas, travestis y vendedores ilegales, de comportamiento irascible y procaz [5], eficaz modo de relegar el debate sobre el sistema de faltas y contravenciones a esos sectores marginados, a quienes sin dudas afecta primordialmente, porque son parte del segmento social que debe ser disciplinado y del que forma parte la enorme y empobrecida mayoría del pueblo argentino, esa que todavía busca su destino.

NOTAS:
[1] Según el Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana que dirige la ex funcionaria duhaldista y asesora en la materia de seguridad del ex presidente Carlos Menem, Paola Spatola, que encuestó a la concurrencia al acto del pasado 22 de abril frente a los tribunales, el 99,5 por ciento de los asistentes afirmó estar de acuerdo con la propuesta de Blumberg, pero sólo el 44% dijo conocerla. El resto, más de la mitad de los manifestantes, admitió ignorar el contenido del “petitorio”.
[2] Diputada fascista que querella por injurias al compañero Daniel Stragá por haber afirmado que hace política de derecha a partir de la muerte en un asalto de su hijo.
[3] Sobre el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad, ver documento de CORREPI en www.correpi.lahaine.org
[4] Vale destacar que en Miami, por ejemplo, Blumberg se reunió con John Timoney, el “tercer hombre”, luego de Rudy Giulianni y William Bratton en materia de “Tolerancia Cero”, encargado de entrenar la policía iraquí después de la invasión yanqui y actual comisionado de policía en Miami. Más datos en http://www.rebelion.org/argentina/040514cru.htm , “La Cruzada Blumberg y la doctrina Bush en Argentina”, por Sebastian Hacher.
[5] La Nación, 11/07/04, nota editorial “Código nuevo, vicios viejos”.

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