Boletín informativo nº 783

1. Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias

Mañana, viernes 22 de abril, casi un centenar de organizaciones nos movilizaremos de Congreso a Plaza de Mayo, a las 17:30, para concluir con un acto unitario que dará inicio a la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, en coincidencia con el 25° aniversario de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio.

Con la asunción de Macri como presidente, y su batería de medidas para descargar el ajuste y el saqueo sobre las espaldas del pueblo trabajador, hemos visto, en menos de cuatro meses, cómo se han profundizado las políticas represivas en todo el territorio nacional.

De la mano de la declaración de emergencia en materia de seguridad nacional, el traspaso de la Policía Federal al ámbito metropolitano, y la aprobación del protocolo antipiquetes, cobró particular importancia el fortalecimiento y ampliación de las facultades policiales –y de las demás fuerzas de seguridad- para detener personas arbitrariamente.

A lo largo y ancho del país, las fuerzas han recibido directivas para usar a fondo todas las herramientas existentes para interceptar, pedir documentos, requisar y detener personas en cualquier momento y lugar (averiguación de antecedentes o detención para identificar, faltas y contravenciones, etc.), en una escalada que incluye bendiciones judiciales, como el fallo de principios de enero del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, o el posterior de la Corte que habilitó el uso de las picanas portátiles Taser.

Quieren controlarnos, que nos quedemos en nuestras casas, que desconfiemos de cualquiera, y, peor aún, que nos apuntemos con el dedo entre nosotros y nosotras.

Saben que la fuerza real está del lado del pueblo trabajador, y no atrás de un escritorio en un palacio, una oficina o una comisarí­a, ni atrás de un uniforme, sea de azul, oliva, té con leche, camuflado o de saco y corbata.

Quieren vaciar las calles para tener todo controlado, y no podría haber peor escenario que permitírselo. Confiemos en nuestra propia fuerza, las calles son nuestras.

Los esperamos este viernes, y los días que siguen, para enfrentar este enorme desafío, para poner de pie una Campaña con la fuerza capaz para enfrentar cada atropello, cada avance, cada detención.

Lobos camuflados.

A lo largo del mes, distintos medios de comunicación difundieron noticias sobre el “malestar” en la Bonaerense, con manifestaciones que incluyeron efectivos retirados de la fuerza. Dada la regularidad de la protesta, realizada los días jueves en la Casa de Gobierno de ciudad de La Plata, los policías metieron presión aprovechando el poder del que disponen, y con una amenaza concreta: si no hay aumento, habrá comisarías abarrotadas de detenidos.

Pidieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, para destrabar el conflicto luego de que se conociera que el incremento propiciado por la gobernadora María Eugenia Vidal para el primer cuatrimestre de este año.

Bajo la consigna “Es por tu dignidad”, el SIPOBA (organización que nuclea la Bonaerense y pretende ser reconocida como su sindicato oficial) convocó “a todo el personal activo, pasivo, familiares, organizaciones y agrupaciones policiales a marchar por la violación de nuestros Derechos Humanos y por la falta de consideración y respeto hacia los trabajadores policiales”.

Pero ¿Qué define a un trabajador? ¿La relación con quien nos contrata? ¿El motivo del intercambio desigual? ¿El vínculo con quienes están en nuestra misma situación? El concepto de clase trabajadora ha tenido, a lo largo de la historia y más contemporáneamente, diferentes lecturas y enfoques. No dejamos de tenerlas en cuenta. A la clase trabajadora se la vive, se la sufre, se la padece, se la maldice, se la llena de orgullo y de dignidad. Es material, concreta y muy tangible.

Y quienes somos parte de ella, damos a cambio lo que sabemos y lo que podemos sin el estímulo el placer, ni del deseo, sino de algo más palpable y punzante, que es la necesidad. Y a partir de esta igualdad de condiciones deberíamos solidarizarnos. Entonces cabe advertir que los policías jamás incluyen a los trabajadores que se encuentran en lucha permanente por el cumplimiento de sus derechos.

¿A qué se refiere la Bonaerense cuando menciona “nuestros Derechos Humanos”? Porque saben con claridad que sus derechos están lejos de ser universales, que no existe igualdad con los trabajadores cuando los patrones y los políticos los mandan a romper nuestras cabezas con sus bastones, o cuando nos fusilan por la espalda y ejercen el terror para someternos en el barrio.

No es solamente la relación asalariada lo que define a alguien como trabajador. La función social de las fuerzas de seguridad como garantes del orden social establecido, los coloca no sólo por fuera de los potenciales lazos de solidaridad de la clase trabajadora, sino directamente en el campo de los patrones y los políticos que buscan menguar la desigualdad social con la presencia y la represión policial.

Por eso, repetimos: ¡el policía no es un trabajador! ¡Es un represor!

¿Qué se esconde detrás del cierre de las comisarías en Rosario?

El ministro de seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció días atrás un plan que incluye el cierre de las comisarías en la ciudad de Rosario. En este sentido, las 32 seccionales policiales comenzarían a funcionar como centros de recepción de denuncias, pero no tendrían personal operativo ni detenidos. Asimismo, se planteó que los 6.000 efectivos realicen tareas únicamente vinculadas a la prevención, es decir, que patrullen las calles y barrios.

Si bien este discurso busca fundamento en el rol protagónico que las comisarías tienen en los hechos delictivos (zonas liberadas, narcotráfico, redes de trata, etc.), por detrás se esconden los verdaderos fines del despliegue de las fuerzas en las calles, despliegue que se viene dando desde hace mucho, y ahora se incrementa sustancialmente. En la provincia de Santa Fe, la militarización en los barrios comenzó a tener un gran peso a partir de la aprobación de la Ley de Emergencia en Seguridad nº 13.297, que se puso en marcha en diciembre de 2012. En los primeros meses, se invirtieron más de 220 millones de pesos destinados a la compra de distintos insumos. Gastan millones de fondos públicos en la ocupación en los barrios, pero no hay un peso para revertir la situación de miles de personas en condiciones de pobreza estructural, económica y cultural.

Semejante despliegue de fuerzas no provocó la disminución de los delitos. Al contrario, sigue habiendo cada vez más circulación de armas, narcotráfico, etc., al tiempo que, lejos de “pacificar” y brindar la seguridad prometida, se incrementó la represión.

El discurso oficial del gobierno, los medios de comunicación y una porción de la población que lo reproduce, sostiene que con un mayor número de fuerzas represivas en los barrios, la seguridad se verá resguardada. Pero los hechos demuestran su falsedad. El plan que propone cerrar las comisarías y destinar las fuerzas de seguridad a patrullar los barrios está bien lejos de buscar “la prevención del delito y la disuasión” y está ligado a la defensa de los intereses de las clases dominantes. Porque para defender la gigantesca concentración de riqueza, también es necesario militarizar.

Para el pueblo: control, policía y represión.

Varias veces, en los pasados días, los manteros vieron afectada su jornada laboral por fuertes operativos policiales con la consigna de reprimir. El operativo que se montó por días sobre la avenida Avellaneda, entre las calles Segurola y Nazca, contó con unos 500 efectivos de la policía Federal y la Metropolitana. También se apostaron en la zona varios móviles.

El barrio de Flores fue testigo del violento accionar de las fuerzas policiales el 13 de abril, cuando, cerca de las 9:30, un grupo de vendedores cortó el cruce de Avellaneda y Cuenca y comenzaron a movilizarse hacia la calle Bogotá al grito de “Acá, si nosotros no trabajamos, no trabaja nadie”. El momento de mayor tensión entre los trabajadores y la policía ocurrió sobre la avenida Nazca, donde diversos grupos intentaron reiteradas veces cortar la avenida en su totalidad. La respuesta del aparato represivo fue la utilización de gases lacrimógenos y disparos de bala de goma hacia los manifestantes.

La policía terminó logrando su cometido: dispersar la manifestación, con un saldo de 25 heridos, y 20 detenidos según informó Omar Guaraz, referente de la organización de vendedores libres, que seguirá peleando su derecho a trabajar.

Las persecuciones no van sólo hacia aquellas personas que desean tener un trabajo digno y una jornada laboral sin interrupciones. Desde hace semanas, en Salta, la policía viene recrudeciendo la persecución y represión hacia las personas trans. Los operativos policiales se están profundizando en el marco de un debate sobre “la zona de convivencia” en el Consejo Deliberante, y ante una campaña de prensa profundamente homofóbica y reaccionaria que busca desprestigiar y criminalizar a las mujeres trans.

Las únicas trabajadoras sexuales en Salta que todas las noches son reprimidas son las trans. Para ellas, en estos últimos tiempos, se han vuelto moneda corriente la discriminación, las golpizas y los actos de humillación por parte de las fuerzas policiales, que arremetan contra ellas con escopetas, itacas, armas de alto calibre, balas de goma y pistolas de aire comprimido.

“Trabajamos con miedo” son las palabras de una de las chicas luego de ser agredida una vez más por el GOPAR (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo), fuerza de elite que, cabe aclarar, tiene su ámbito de actuación en situaciones de grave disturbio. Por otra parte, según lo establece la Ley de Identidad de Género, en caso que la policía resuelva “despejar la zona”, la tarea debe ser llevada a cabo por personal femenino, y no masculino como se puede apreciar en los vídeos tomados por el programa de televisión DNI.

Ante las denuncias de los medios defendiendo a las chicas, la policía ha respondido que intervinieron debido a supuestas quejas de vecinos. Con total impunidad declararon que solamente se las “invitó a circular y despejar mediante el diálogo”, cuando más de una chica hoy sigue teniendo frescas las heridas causadas por los balines.

Desde ATTTA (Asociación de Travestís Transexuales y Transgéneros de Argentina) circuló un comunicado de repudio hacia estos actos cometidos por la policía, que instó al gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Carlos Garavano, al Poder Legislativo y Judicial de la Provincia de Salta a tomar medidas urgentes en el asunto para frenar con la violencia sistemática contra las mujeres trans.

Todas estas situaciones se dan dentro de un marco político que le otorga cada vez más facultades represivas a los policías, por orden y cuenta de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad.

Próximas Actividades

//Jueves 21/ 04 - 15:00hs: Radio Abierta en Plaza Matheu (La Plata) por campaña contra las detenciones arbitrarias.

//Viernes 22/04 - 17.00hs: Acto y Movilización de Congreso a Plaza de Mayo: lanzamiento de la Campaña contra las Detenciones Arbitrarias

//Domingo 24/04- 15:00hs: Mesita de materiales en Parque centenario