Boletín Informativo N° 004

TORTURAS EN SAN MARTIN
El 7 de noviembre a la madrugada, los jovenes Pablo Acosta, su hermano Cristian y Diego Dosanto fueron detenidos por personal de la Cria. 1ª de San Martín con el pretexto de haber participado en desórdenes en las inmediaciones de un local bailable.
En el momento del arresto los jóvenes fueron agredidos con puñetazos y puntapiés; al llegar a la comisaría (entre las 3:00 y 4:00) las palizas se agudizaron provocándoles severas lesiones en distintas partes del cuerpo. Los responsables fueron alrededor de 10 policías. Como la azotina fue ocasionada en el patio de la seccional pudo ser observada por numerosos testigos, incluida una mujer que se encontraba en el lugar. Ante la tortura presenciada, la mujer se dirigió directamente al Juzgado de turno para radicar la denuncia, que sugestivamente fue soslayada por los funcionarios. Recien al mediodía, a raíz de la casual denuncia telefónica de los damnificados, cesó el maltrato con la presencia del Fiscal y el Defensor oficial, que ordenaron la libertad de los Acosta y Dosanto.
Se ordenó la declaración de los testigos, de las víctimas, se hizo ronda de reconocimiento y se procedió a la detención de los policías Gamboa y Acosta.
Las víctimas patrocinadas por los abogados de la CORREPI, Dres. Gabriel Lerner y Nelly Ayala se presentaron como particulares damnificados en la causa, y se dispuso el procesamiento sólo de esos uniformados y la elevación a juicio oral por el delito de apremios ilegales. Además de imponer la impunidad para los restantes implicados, nuevamente el Poder Judicial, ante evidentes hechos de tormento, utiliza la figura atenuada de los apremios ilegales para permitir la tortura. Recordemos que el delito de tortura tiene una pena que oscila entre los 8 y 25 años de prisión, mientras que los apremios ilegales tiene una pena de 1 a 5 años y es excarcelable. Obviamente, los compañeros Ayala y Lerner intentaran controvertir esa calificación legal.

SECUESTRO E INTIMIDACION A TESTIGO DEL CASO BRU
El viernes 4 de diciembre, cinco individuos a bordo de un Falcon verde sin patente y exhibiendo pistolas 9 mm (o sea cinco policías) secuestraron a los hijos de 2 y 4 años del testigo principal de la causa de Miguel Brú, Jorge Ruarte.
Miguel Brú desapareció el 17-8-93, tras realizar una denuncia contra policías de la Comisaría 9ª de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Ruarte, que declaró en la causa, explicó que estando detenido en esa dependiencia presenció que Miguel era víctima de torturas, como el llamado “submarino seco” (dificultación de la respiración por colocación de una bolsa de polietileno en la cabeza). También afirmó que Miguel fue sacado dentro del baúl de un automóvil de la comisaría, presumiblemente muerto. No es la primera vez que Ruarte es víctima de intimidaciones de parte de la policía para impedir que mantenga sus dichos en el juicio oral que se debatirá el año que viene. Varias veces fue amenazado, y también sufrió una paliza por parte de unos hombres similares a los secuestradores de sus hijos.
Rosa Brú, madre de Miguel, imputó el aberrante hecho al recientemente excarcelado policía Justo López como autor intelectual. Felizmente, los chicos de Ruarte fueron entregados en la casa de su abuela. Esta es una metodologia habitual para amedrentar a todos aquellos testigos de casos donde se encuentran involucrados policías.

MARCHA DE LA RESISTENCIA
Los días 9 y 10 de diciembre se realizó la 18 Marcha de la Resistencia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, bajo la consigna “Contra el hambre y la desocupación, Combate y Resistencia”.
Nuestra organización asistió como cada año, sumando a la memoria histórica la problemática actual, con la consigna “Contra el gatillo fácil y la represión, combate y resistencia”.
Además de Hebe de Bonafini, habló una compañera de Hijos de Tucumán, una ex-diputada paraguaya, el dirigente gremial jujeño Carlos “Perro” Santillán. Tanto Hebe como el Perro hicieron un llamamiento a no confiar en la Justicia del sistema que encarceló a Videla, Massera y otros represores con el beneficio de la detención domiciliaria. Desde nuestra óptica, esta Marcha fue más masiva y participativa que las de los años anteriores.

DENUNCIA OKUPA ROSARINO
En los últimos días, hemos tomado conocimiento de una denuncia pública acerca de la detención y posterior tortura de un joven okupa en la comisaría segunda de Rosario. Este muchacho había participado de la ocupación de un galpón ferroviario abandonado, donde junto a otros jóvenes habían instalado un centro cultural, que fuera desalojado hace unos meses por orden del Juez Federal de dicha ciudad. El integrante del Centro Kultural Independiente ha sido víctima del operativo “Tolerancia Cero” (el nombre esta bastante claro), implementado por la fundación “Libertad” (!!!) y el gobierno de la provincia. Este operativo de saturacion policial lleva a nuestros jovenes a las comisarias solo por “PORTACION DE CARA”.
En la madrugada del domingo 6/12 fue detenido un integrante del Centro Kultural Independiente junto con otro joven que intentaba robarle su camisa. Los llevaron a la comisaria II, de Rosario. Allí, el “okupa”, fue golpeado, atado y VIOLADO, obligado a beber orín y sometido a todo tipo de brutalidades.
Los compañeros rosarinos convocaron a una marcha el viernes 11 de diciembre, a las 18 hs. desde la Plaza Sarmiento hasta la Comisaria II, para denunciar estas violaciones permanentes a los DERECHOS HUMANOS. Más información y adhesiones a: redchiar@tau.wamani.apc.org

PROXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 19: Desde las 16hs. hasta las 22hs. en el Centro Cultural Andrecito Artigas, ubicado en Bartolomé Mitre 3.630 de Capital, se desarrollará una jornada contra la Ley Antiterrorista y la Seguridad. Habrá una Feria de Fanzines, publicaciones políticas y de derechos humanos, una radio abierta, y una mesa debate con compañeros de CORREPI y familiares de víctimas de gatillo fácil. Se cierra con un recital de grupos alternativos.

Miércoles 23: A un año del asesinato de Matías Córdoba, los familiares y amigos, junto a CORREPI y CORREPI LA MATANZA, convocan a una concentración frente al Juzgado de Transición nº 1 del departamento judicial de La Matanza, calle Entre Ríos al 3300, esquina Indart. La causa judicial, a pesar del esfuerzo de la familia Córdoba y sus abogados de CORREPI, no ha avanzado en esclarecer el hecho, en una muestra más de la impunidad que rodea a los asesinos de uniforme.

CORREPI