Boletín Informativo N° 009

Las recientes iniciativas oficiales contra los inmigrantes de países limítrofes forman parte del modelo de exclusión social de amplias mayorías populares. Lejos de constituir una novedad, esta campaña sólo “blanquea” una política sistémica contra los extranjeros latinoamericanos, que hoy el gobierno expresa con toda claridad proponiendo proyectos legislativos, pero que se ha venido aplicando con menos visibilidad aunque similar eficacia en los últimos años. Ya en 1994 CORREPI caracterizaba, a los jóvenes, los pobres, las minorías discriminadas y los extranjeros de países limítrofes, como las víctimas preferidas de las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil. El control y el disciplinamiento social ejercidos desde el poder mediante esas herramientas represivas, ha tenido y tiene por blanco a los hermanos latinoamericanos, entre otros sectores social y económicamente desprotegidos. Sólo en una comisaría del barrio de Once, por ejemplo, 12.500 extranjeros fueron detenidos durante 1998 y 1.300 desde que comenzó 1999. De esas 52 personas detenidas por día, sólo un total de 25 (el 1,9 %) quedaron acusadas de cometer delitos penales (Clarín, 25/01/99).
La discusión de políticas inmigratorias refiere necesariamente al concepto de nacionalidad, y es entonces que se advierte la primera gran falacia del discurso oficial. El gobernador Duhalde dijo que “antes de pensar en los extranjeros, debemos pensar en los argentinos”. Pero, ¿de qué hablamos, cuando hablamos de nacionalidad? ¿Nos referimos a los “colonizadores-conquistadores” (inmigrantes) de la cruz y la espada de los siglos XVI y XVII? ¿Al patriciado criollo de 1810? ¿A los desclasados europeos que en 1920 constituían el 50 % de la población argentina? ¿O a los dueños históricos de la tierra, desplazados, masacrados y marginalizados durante 500 años?
Si queremos discutir de nacionalidades, debemos ante todo reconocer la identidad indoamericana, partida y dividida arbitrariamente conforme las necesidades del incipiente mercado en los tiempos de la demarcación de las fronteras virreinales y durante el período de las guerras de independencia continentales. Pues, ¿quiénes comparten más identidad cultural, el nacido en Villazón, Bolivia y su vecino jujeño de La Quiaca, o cualquiera de ellos con un porteño nieto de piamonteses y gallegos? Las fronteras impuestas en América Latina por el poder entonces imperante no respetaron las nacionalidades y pertenencias culturales que quedaron divididas, lo que se comprueba en cualquiera de las zonas limítrofes.
Hoy se estigmatiza a peruanos, bolivianos o paraguayos haciéndolos responsables de la desocupación y del incremento delictual. Hace no mucho tiempo, se los culpó por “sucios” de los brotes de cólera. Poco falta para que se les imputen también los numerosos accidentes de tránsito. Ya los medios resaltaron excesivamente que las víctimas fatales en un choque en la Panamericana el pasado jueves no eran argentinos nativos…
En los difíciles intentos de caracterizar al inasible “ser nacional” pocos hubieran omitido incluir a los inmigrantes que nuestra Constitución, y en especial el preámbulo expresa y deliberadamente llaman a poblar el suelo argentino, y que eran funcionales al modelo agroexportador.
Igualmente funcional a ese modelo era la mano de obra barata de los trabajadores golondrina, que respondiendo a políticas de Estado eran enviados hoy a recoger la cosecha de fruta en Río Negro, mañana a la zafra tucumana y pasado a la vendimia en Mendoza.
Menos sencillo resulta incluir en el fenotipo nacional a quienes pertenecen a comunidades poco significativas en cantidad e influencia cultural, algunos de cuyos miembros, sin pasar siquiera por la burocracia de los trámites de nacionalización ni aprender el idioma del país, alcanzaron cargos de importancia en la Aduana como el cuñado Ibrahim Al Ibrahim, u obtuvieron pasaportes argentinos en tiempo record usando para la foto la corbata del Presidente, hecho del que se ufana Monser Al Kassar.
Hoy las formas globales de la economía capitalista imponen la ignorancia de las fronteras en lo que refiere a la colocación de capitales, eliminando las barreras aduaneras como en el caso del MERCOSUR.
Esas mismas fronteras que no existen para las empresas supranacionales son las que se cierran ahora frente a la inmigración no europea. No se han visto en los últimos días detenciones de alemanes, suizos o neozelandeses a los que les hubiere vencido la visa de turista…
Hace tiempo que voceros del gobierno como Miguel Angel Toma argumentan que la desocupación es una consecuencia del alto número de trabajadores extranjeros radicados legal o ilegalmente en el país. Dejando de lado que no se refieren a los altos ejecutivos de empresas extranjeras
-incluso las de servicios privatizadas que cuentan con buena parte de personal jerárquico no argentino-, lo cierto es que el desempleo resulta directamente de la actual dinámica capitalista mundial. Por otra parte, los números oficiales del INDEC demuestran que los extranjeros que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires apenas rondan el 8 % del total de empleados, y siempre recordando que esos datos computan por igual al albañil chileno, el obrero boliviano y al gerente yanqui o europeo de Coca Cola, Carrefour, Telefónica o Edenor (encuesta permanente de hogares, octubre de 1998).
En tercer lugar, la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos cuya expulsión se propugna con esta campaña se ocupa -igual que muchos de los argentinos en proceso de exclusión- en tareas subalternas, de ínfima remuneración, que no parecen significativas a la hora de elaborar el mapa de la desocupación.
No podía faltar en esta ofensiva oficial la caracterizada opinión del Ministro Corach, quien afirmó que el 77 % de los autores de delitos menores como hurtos y arrebatos y el 58 % del total de delincuentes son extranjeros. Nuevamente las estadísticas oficiales desmienten el aserto, que lejos de ser un exabrupto es la confirmación de la decisión política represivasólo un 5 a 6 % del total de condenados por delitos en la Justicia Nacional es inmigrante, mientras que en otras provincias, como Santa Fe, apenas alcanza el porcentaje de no argentinos condenados al 0,4 % (declaraciones del Gobernador Obeid a Página/12, 26/01/99). Como ya hemos señalado en otros textos, se identifica el excluido/marginal con el delincuente, equiparando “erradicar el delito” con “aniquilar la subversión”, definiendo por necesidad instrumental a todo pobre como potencial “enemigo interno” que debe ser neutralizado, eliminado o expulsado.
No puede obviarse en este punto la coherencia oficial al convertir en “expulsable” a todo latinoamericano, con la política seguida en torno de los procesos de extradición. Mientras asistimos a los esfuerzos del gobierno para impedir la extradición del nazi Priebke, quien partió despedido por un efusivo abrazo policial, o a las demoras para enviar al genocida croata hacia un proceso manifiestamente connivente, el reconvertido Juez Marquevich demuestra lo rápida que es la justicia argentina cuando se trata de entregar dos militantes peruanos a los jueces sin rostro de Fujimori, condenándolos a la tortura y a un régimen carcelario de inimaginable inhumanidad.
La inmigración ilegal, que tanto preocupa a estos funcionarios, sólo es posible masivamente con la participación organizada de sectores vinculados al poder, como lo prueban las frecuentes denuncias sobre corrupción y otros delitos en las oficinas públicas encargadas de “controlar” el ingreso y egreso de personas del país. Como ocurre con muchos delitos, que se producen al amparo de zonas liberadas o con armamentos e información provistos por miembros de las fuerzas de seguridad, el manejo de contingentes de inmigrantes traídos con engaños para ser explotados de manera esclavista o para ejercer la prostitución requiere de una infraestructura que sólo pueden obtener organizaciones mafiosas con cobertura oficial.
Concluimos entonces que, así como la política estatal se orienta, en el caso de los “negros nacionales”, a la exclusión social y a la represión indiscriminada, se expulsa a los no nacionales transfiriendo el problema a los países de origen. De una u otra forma, se saca a los que para el sistema son “indeseables” de las fronteras sociales o políticas, aplicando en el último caso los principios de cooperación continental acordados bajo la advocación del Departamento de Estado yanqui en la Conferencia de Mar del Plata. En esta suerte de reconversión de la “doctrina de la seguridad nacional” en “doctrina de la seguridad social”, se encuentra una continuación del Plan Cóndor, internacionalizando el capital y nacionalizando la represión.
La característica esencialmente xenofóbica de todo el sistema, contradictoria con las propias leyes antidiscriminatorias formalmente vigentes, es una muestra acabada de la hipocresía funcional al capitalismo de la política argentina en materia de Derechos Humanos, y no deja de ser significativo que los argumentos del Ministerio del Interior coincidan plenamente con la consigna más defendida por el PNOSP y otros nazis locales”Inmigrantes, Fuera Ya”. La búsqueda de consenso social a través de la estigmatización como delincuente del inmigrante de países limítrofes tiende, a su vez, a dividir el campo popular, enfrentando a los pobres entre sí.
Debemos insistir en la recuperación de la identidad indoamericana, reinvindicándola como condición específica del proceso liberatorio continental. Debemos admitir que el concepto de “seguridad” es eje de la división de clases, y que es irreconciliable la seguridad de las mayorías populares con la seguridad burguesa puramente propietarista.
Debemos remarcar el carácter insostenible de conceptos como la nacionalidad para los detentadores del poder, defensores de la globalización sin fronteras al tiempo que claman por la aplicación del derecho nacional cuando lo que se globaliza es -como en el caso de Pinochet- una fisura de la impunidad.

CORREPI