Boletín Informativo N° 014

DECRETO REPRESIVO - MODIFICACION DEL CODIGO DE CONVIVENCIA
El presidente Carlos Menem impuso por decreto un virtual retorno de los
tristemente autoritarios edictos policiales, otorgándoles facultades para
controlar socialmente a la población. Entre las represivas figuras que
describe este decreto se destacan algunos tipos como “ladrón conocido”,
“merodeador”, “utilización de ganzúas, cortafríos, etc.”, aunque estas
figuras podrían bien encuadrarles a varios funcionarios públicos que se han
destacado a la hora de saquear las arcas públicas, aunque
sin utilizar ganzúas, manojo de llaves, ni barretas.
Pero lo más grave de este esperpento jurídico, es la punición de los
“escraches” promovidos por HIJOS y por nuestra organización. En el inciso
“c” de este decreto se le otorga la facultad a la policía de detener
personas que estuvieren realizando “reuniones tumultuosas que alteren el
sosiego de los vecinos o en ofensa de persona determinada”.
Junto con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre e HIJOS, hemos
repudiado este decreto a través de un comunicado de prensa que puede ser
consultado en nuestra página Web.
Por otro lado, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente
los de la Alianza (Unión Cívica Radical y Frente País Solidario)
modificaron varios artículos del Código Contravencional porteño, con la
excusa de penalizar el ejercicio de la prostitución en la vía pública. En
realidad esta reforma obedece a la necesidad de la Alianza de contar con
instrumentos represivos, en total consonancia con los objetivos del
gobierno nacional. Conviene recordar que el gobierno del precandidato
presidencial De la Rua vino promoviendo, desde hace más de un año, consejos
de seguridad junto con las comisarías barriales, creados con el objeto de
mejorar la imagen de la policía ante los vecinos de la ciudad.

DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS RACISTAS
El jueves 4, la CORREPI presentó tres denuncias ante juzgados federales
contra funcionarios del gobierno nacional por sus conductas racistas,
xenófobas y discriminadoras.
La primera de ellas, suscripta por el abogado peruano Jorge Cárdenas
Candiotti, denuncia al Ministro Corach y al Director de Migraciones Hugo
Franco por
sendas declaraciones donde afirmaron mendazmente que las tres cuartas
partes de los delitos eran cometidos por extranjeros de paises hermanos,
“incitando al odio racial”, conducta expresamente sancionada por la ley nº
23.592.
La segunda de ellas, firmada por la representante de la comunidad paraguaya
Teresita Asilvera Orona, está dirigida al Jefe de la Policía Federal
Baltazar García, su cadena de mandos y el comisario de la seccional 7ma. El
Jefe policial declaró en su momento que el método que utiliza la policía
para seleccionar a las personas que detiene, se basa en la observación de
su fisonomía, aspecto, vestimenta, etc. En esta denuncia se lo acusa, junto
a sus inferiores, por la privación ilegal de la libertad cometida contra
decenas de miles de hermanos latinoamericanos. Sólo en la cría. 7ª, durante
el año 1998 detuvieron a 11.200 extranjeros y en el primer mes del `99 a
1.300 más, de los cuales sólo 35 fueron imputados de algún delito.
La tercera, presentada por abogados de CORREPI, imputa al titular del
Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), Victor Ramos, por
incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que no hizo nada
para frenar la campaña racista desatada por el gobierno, obligación que le
imponía la ley misma de creación del instituto a su cargo.
El dia viernes concurrimos a una concentración ante el Congreso de la
Nación para oponernos a la legislación inmigratoria.

REPRESION A LA CORDOBESA II
El jueves 4 se realizó en la ciudad de Córdoba una manifestación contra la
campaña persecutoria desarollada por el gobierno radical de esa provincia
contra el movimiento popular. La nutrida movilización denunció al Ministro
Oscar Aguad como responsable de la caza de brujas desatada para perseguir
judicialmente la protesta social. Como decíamos en el boletin anterior,
Aguad acusó a 18 activistas políticos, sindicales, estudiantiles y de
derechos humanos, como “desestabilizadores” del gobierno provincial. En
Córdoba la situación social es altamente conflictiva, ya que hay màs de
10.000 trabajadores de la industria automotriz suspendidos, el 27% de la
población debe recibir ayuda alimentaria para sobrevivir, y los empleados
públicos (incluidos los maestros) preveen que en los próximos meses no
percibirán sus magros salarios. La CORREPI sostiene que esta campaña es una
maniobra del gobierno para evitar que su desastrosa gestión, culmine como
la de su antecesor Angeloz, que debió renunciar a raíz de las numerosas y
violentas protestas.
A favor de los perseguidos, la CORREPI lanzó una Acción Urgente Nacional e
Internacional que impida el procesamiento y eventual encarcelamiento de
estos compañeros.
Cabe destacar que el Fiscal de la causa, Carlos Torres de meteórica carrera
judicial gracias a sus contactos con el poder nacional y local, tuvo como
invitado de honor a su casamiento al mismísimo Presidente Menem. Con
relación al juez de la causa, el Dr. Bustos Fierro, la semana pasada en un
insólito fallo, habilitó a Menem para una intentona reeleccionista
claramente violatoria de la Constitución Nacional, motivo por el cual desde
la oposición le iniciaron varios pedidos de juicio político para su
destitución. Torres y Bustos Fierro, ejemplos paradigmáticos de la falta de
independencia del poder judicial, son los funcionarios que pretenden
encarcelar a los luchadores.

ALTO JEFE POLICIAL DE SAN LUIS ACUSADO DE ASESINATOS.
De acuerdo a la versión de un testigo, un alto Jefe Policial de la
provincia cuyana de San Luis, asesinó a balazos a dos niños, Carlos Luna
(10 años) y Fernando Martinez (11), en un hecho ocurrido el 15 de diciembre
de 1989 en una fiesta donde estaba invitado el obispo Laisse, el intendente
de Villa Mercedes y un hermano del precandidato presidencial por el P.J.
Adolfo Rodriguez Saa.
El testigo, tras ser desoido por el Ministro Corach, contó a los medios
provinciales que en una frustrada transacción de cocaína que debía
consumirse en la fiesta, el jefe policial creido de que los dos menores
habían sustraído la droga, los fusiló a quemarropas. Aldo Perisi, el
testigo en cuestión, está siendo amenazado de muerte desde el momento mismo
en que relató lo sucedido, al punto de que la radio en la que se hallaba
fue rodeada por tres patrulleros de la policía provincial, que debieron
retirarse por la afluencia de oyentes que se solidarizaron con Perisi.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Sábado 6 de marzo: Misa en el Bº San Francisco y posterior marcha a la
comisaría 2ª de San Fernando, para exigir el castigo a los policías
asesinos de Victor Vital, “Frente” para los amigos.
Sábado 6 de marzo: Festival por Daniel Bravo, en la calle Pollero al 3.000
en el Partido de La Matanza, organizado por sus familiares y amigos y
auspiciado por la CORREPI La Matanza.

CORREPI