Boletín Informativo N° 045

1- PINOCHET A ESPAÑA PARA SER JUZGADO Después de muchas alternativas
judiciales y políticas, que llevan más de un año, el juez inglés Ronald
Bartle autorizó la extradición a España del ex dictador chileno Augusto
César Pinochet, para que sea juzgado por 34 casos de tortura y conspiración
para la tortura. Esos cargos son una ínfima parte de lo que era la causa
originalmente, y de lo que realmente le hizo la dictadura pinochetista al
pueblo chileno. Mientras el pueblo chileno festeja la decisión, en España
se preparan para recibir al preso, hecho que puede demorarse hasta un año
debido a los trámites que restan. Por su parte, a los fascistas seguidores
del general sólo les queda apelar a una solución “humanitaria”, aunque
tratándose de Pinochet suene paradójico. Pretenden apelar a la edad y el
deteriorado estado físico del general y obtener por lo menos una lujosa
prisión domiciliaria en España como tiene en Londres, y de máxima su
libertad. Desde Correpi sabemos de los debates que se desataron respecto
del peligro de la globalización de la justicia, y del riesgo de que en el
futuro la OTAN pueda emprender misiones contra un país del Tercer Mundo
para llevarse detenido a un mandatario que no fuera del agrado de
Washington. Obviamente estamos de acuerdo en que eso sería nefasto y que lo
de Pinochet puede ser usado como un precedente favorable a esa política. Si
en el futuro eso sucediera, tomaremos postura frente a casos concretos, por
ahora festejamos con el pueblo chileno la prisión del dictador. Los
pinochetistas están sumamente preocupados, ya que por su estado de salud,
creen que puede morirse en la cárcel. Que así sea.

2- MARCHA DEL MST DE BRASIL
Después de haber realizado en agosto de este año la Marcha de los
Cien Mil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil
está realizando una Marcha desde Rio de Janeiro hasta Brasilia, cubriendo
una distancia de 1.580 km. Durante el recorrido están haciendo charlas,
debates y cursos en cada pueblo por el que pasan, recibiendo la solidaridad
y el apoyo de sus habitantes. El objetivo de la Marcha, según declarara
Joao Pedro Stedile, dirigente del MST, se puede explicar en tres partes:
primero “demostrar al pueblo brasileño que hay otras formas de hacer
política, que no sean esperar elecciones cada dos años, ya que organizarse
y luchar también es hacer política”; “el segundo gran objetivo es
demostrar la gravedad de la crisis que atraviesa Brasil, ya que en la
historia del país es la más grave crisis que se atravesó”; y por último,
“hacer un gran debate con el pueblo brasileño sobre cuál es la salida de
esta situación”, debate al que el MST lleva su propuesta de no pagar la
deuda externa, redistribuir las ganancias, imponer impuestos a las
riquezas, crear planes de vivienda y empleo, reforma agraria, etc. Frente a
un gobierno que alcanzó cifras record de imagen negativa, ya que según las
consultoras el 92% del país quiere que se vaya Cardoso, ya están
apareciendo las pintadas con la consigna “Fora FHC” (Fernando Henrique
Cardoso), como crónica de un final anunciado.

3- GATILLO FACIL EN LA ROSADA Y LA “DEFENSA DEL INTERES PUBLICO”
El 2 de octubre de 1999 el Ministro del Interior, Carlos V. Corach,
informó a los medios de prensa que uno de sus custodios había sido víctima
de una tentativa de robo con armas, que afortunadamente repelió con
eficacia matando a uno de los ladrones y deteniendo al otro.
Al día siguiente salió a la luz la verdadera historia: el cabo de la
Policía Federal Jorge Fabián Goyochea vio desde su auto una señorita
sentada en un banco de la Avenida Monteverde, en Claypole. Paró el auto y
comenzó a hacerle algunas proposiciones que la mujer no tenía interés en
aceptar. Del otro lado de la avenida, Marcos Viera vio que alguien
molestaba a su novia. Colgó el teléfono público desde el que llamaba a su
madre, dejó atrás al amigo que lo acompañaba, y cruzó corriendo. El policía
respondió a la protesta de Marcos con un tiro en el pecho, sin bajarse del
auto. Marcos alcanzó a caminar una cuadra hasta su casa antes de caer
herido de muerte.
La circunstancia fortuita de que este homicidio de gatillo fácil ocurriera
en territorio bonaerense con un protagonista federal dificultó la puesta en
marcha del aparato encubridor, por lo que Corach tuvo que retractarse y
admitir que su custodio estaba detenido por homicidio simple, mientras el
presunto segundo ladrón declaraba como simple testigo antes de volver a su
casa.
Goyochea declaró que su domicilio real es Balcarce 50. La Casa de
Gobierno en la que nadie, ni siquiera el Presidente, vive. Hasta hoy no
informó otro domicilio. Constituyó domicilio legal en Boedo 864, Lomas de
Zamora. La Delegación de la Policía Federal local. Sus abogados defensores
se presentaron como “pertenecientes al Servicio Jurídico de la Policía
Federal Argentina, División Asuntos Penales de la Dirección Gral. De
Asuntos Jurídicos, ambos abogados del Cuerpo de Abogados del Estado y en
defensa del interés público”.
En su siguiente presentación, estos abogados solicitaron -en defensa del
interés público, es de suponer- que su cliente y camarada fuera alojado en
la misma Delegación de la Policía Federal de Lomas de Zamora en la que
constituyeron domicilio. El juez lo aceptó, de modo que hoy Goyochea está
detenido en su propio domicilio procesal.
A continuación, los defensores -siempre en defensa del interés público-
presentaron un pedido de excarcelación extraordinaria, basado
exclusivamente en el hecho de que por tratarse de un funcionario público no
se profugaría. El juez lo está estudiando y aún no se ha pronunciado.
Cualquier ciudadano imputado por la comisión de un delito tiene el derecho
de no declarar, y la obligación de proporcionar sus datos personales con
corrección. Ocultar o falsear el domicilio real es un indicio grave de la
intención de eludir la acción de la justicia. Pero si el imputado es
policía y custodio de Corach, puede decir que vive en la Casa Rosada y los
jueces le creen.
Cualquier ciudadano tiene el derecho de designar un abogado particular
para que lo defienda, al que obviamente debe pagar honorarios. Si no puede
o no quiere contratar un letrado, el Estado le proporciona gratuitamente
los servicios de un defensor oficial. Pero si el imputado es policía y
custodio de Corach, puede designar como defensores particulares a los
Abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, que
seguramente cobran su sueldo del presupuesto nacional para cumplir otras
tareas.
Cualquier ciudadano sabe que su abogado tiene por función defender el
interés particular de su cliente. Pero si el imputado -aunque el delito sea
homicidio- es policía y custodio de Corach, los abogados actúan en defensa
del interés público.
Todo ciudadano debe cumplir una serie de requisitos legales para ser
excarcelado. Pero si el imputado es policía y custodio de Corach, basta con
invocar la condición de funcionario público para pedir la excarcelación.
Un policía federal acusado de homicidio es para el Ministerio del Interior
un asunto de defensa del interés público.

4- LA MASACRE DE RAMALLO
La masacre de Ramallo, más allá de la intoxicación periodística que originó
y de la utilización del tema en la campaña electoral, ha puesto a la vista
de quienes se empeñaban en mirar para otro lado un hecho sobre el cual
CORREPI viene insistiendo hace años: la participación activa, como
informantes, entregadores, proveedores de armas, garantes de zona liberada,
etc., de funcionarios policiales en la comisión de los mismos delitos sobre
los que se montan las campañas de “mano dura”. Así como 15 minutos después
de la masacre de la AMIA o del asesinato de José Luis Cabezas dijimos que
había policías involucrados, y en ambos casos se confirmó mucho después lo
que al principio era tildado de tesis conspirativa, ya no es posible
discutir que el asalto al Banco Nación fue organizado y ejecutado con la
intervención decisiva de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
La sospechosa muerte de Martín Saldaña, uno más de las decenas de
“ahorcados inexplicables” de las comisarías bonaerenses, cobró un espacio
en los medios que ninguna de las víctimas de este método de
“ajusticiamiento policial” tuvo hasta el presente, precisamente porque
además de Saldaña y Hernández en Ramallo también murieron un gerente y un
contador del banco. Sin perjuicio del trabajo concreto en la causa, en la
que la viuda de Saldaña es patrocinada por abogados de CORREPI, no tenemos
dudas de que el detenido fue asesinado para silenciarlo, dentro del marco
de un robo perpetrado por la policía, y seguramente también “entregado”
para exhibir su propia “eficiencia” en la “lucha sin cuartel contra la
delincuencia”.
Mientras tanto, el ministro Soria, el mismo que junto al diputado Picheto
firmó el primer proyecto de Ley Antiterrorista que la movilización y la
denuncia pública lograron parar, se esfuerza en demostrar que “estas son
cosas que la Bonaerense le hace a Duhalde”, como si la policía de la
provincia de Buenos Aires no fuera el ejército de ocupación que Duhalde
fortaleció y utilizó cada vez que quiso para aplicar sus políticas
represivas. No se trata, evidetemente, de “cosas que le hacen a Duhalde”,
sino, en todo caso, de disputas internas por porciones de poder entre las
diferentes facciones que se vienen alternando en la cúpula de la
Bonaerense, respondiendo a diversos intereses personales eventualmente,
pero todos parte de un mismo cuerpo represivo y brazo armado de un mismo
sistema represor.

PROXIMAS ACTIVIDADES:
Martes 12: Los compañeros Osvaldo Gonzalez y Delia Garcilazo viajarán a la
Provincia de Corrientes para participar como oradores de la Marcha semanal
que
organiza la Comisión Provincial de DDHH, exigiendo justicia por el
asesinato del
dirigente ruralista Gustavo Gómez y otros casos de represión policial.

Miércoles 13 y Jueves 14: La Comisión Provincial de DDHH de Corrientes,
nuestra compañera Delia Garcilazo y compañeros del Chaco participarán en
una serie de actividades en la Plaza de la Dignidad correntina.

Viernes 15: Marcha a los consulados chileno y peruano en defensa de los
compañeros cuya extradición requieren ambos gobiernos y reclamando la
libertad de todos los presos políticos.

ENCUENTRO NACIONAL ANTIRREPRESIVO: Comunicamos a todos los compañeros que
el V Encuentro a realizarse en Buenos Aires el sábado 20 de noviembre casi
con seguridad será en la Facultad de Derecho de la UBA en Av. Figueroa
Alcorta y Pueyrredon, muy cerca de la estación ferroviaria de Retiro.

CORREPI