Boletín Informativo N° 096

REPRESION EN CLARIN
La semana pasada el “Gran Diario Argentino”, expresión del megamedio integrado por ese medio gráfico, Radio Mitre, Artear (Canal 13 y Todo Noticias), Página 12, y varias radios de Frecuencia Modulada y repetidoras del interior del país, decidió despedir a más de un centenar de periodistas de su planta. En realidad, se trató de todos aquellos que participaron en una asamblea para exigir a la patronal que los incorpore a la planta permanente pues estaban sin registrar y sin relación de dependencia. En dicha asamblea también se habian electo los delegados de los trabajadores que se iban a oponer a los “delegados” que fueron elegidos por la Sra. de Noble, propietaria del diario.
Democráticamente, Clarín decidió expulsar a todos los trabajadores, incluso los delegados, desconociendo la personería gremial y los principios del Estatuto del Periodita, cuyo principal es el de Estabilidad Laboral.
Los trabajadores se concentraron en las puertas del diario en protesta por los despidos. El Ministerio del Interior, en apoyo de la medida del diario, mandó la guardia de infantería de la Policía Federal que reprimió a los trabajadores que intentaron ingresar a sus lugares de trabajo. Cuando ello ocurría, el sábado y el domingo pasado, los trabajadores recurrieron a CORREPI. Desafortunadamente, dejaron sus mensajes en el estudio de dos de los abogados de la organización y en el contestador automático de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Lamentamos profundamente no haber podido acudir.
Salvo honrosas excepciones fueron contados los periodistas que se solidarizaron con los trabajadores de Clarín. La enorme mayoría de los políticos también brillaron por su ausencia. No sea que queden mal con “el” medio.

CARTA DE CORREPI A RAUL CASTELLS
Cerca del juicio oral que enfrentará el dirigente de los jubilados Raúl Castells, y ante su decisión de desechar cualquier defensa técnica en el debate, hace unos días el compañero Sergio Smietniasky le entregó una carta suscripta por la CORREPI en la que expresamos nuestra opinión en torno a su situación procesal y las derivaciones del caso. Transcribirmos la misma a continuación:
Buenos Aires, 13 de octubre de 2000.

Querido Compañero Raúl Castells:

La COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI) está conformada por militantes independientes, sin adscripción a ninguna fuerza, y compañeros de diferentes partidos políticos que coinciden en la caracterización del fenómeno represivo y de las formas de lucha utilizables.
En nuestra bastante larga y reconocida trayectoria hemos asumido la defensa -a veces técnica, pero sobre todo política- de numerosos represaliados por las policías, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas o las instituciones del estado nacional o provinciales. En ningún caso hemos hecho el menor examen sobre la pertenencia de la víctima a determinada fuerza política, gremial, estudiantil o social, con la única salvedad de que nunca hemos asumido defensas de represores, explotadores del pueblo, militares o policías. Aún cuando en muchos casos, personalmente, algunos de nuestros miembros no han tenido identificación plena con los represaliados, y hasta hemos tenido fuertes discrepancias con algunas políticas, hemos asumido, sin condicionamientos, las tareas de solidaridad con decisión.
Tampoco hemos permitido que nuestra organización solidaria sea utilizada por fuerza partidaria alguna, ni para el lanzamiento de políticas ni para la promoción personal de ninguno de sus miembros. Es obvio decir que, siendo una organización pluralista, participativa y profundamente democrática, nunca hemos impedido, censurado o rechazado -ni habremos de hacerlo en el futuro- la actividad que algunos de nuestros miembros puedan tener fuera de nuestro ámbito, sin que jamás se mezclaran las pertenencias ni se confundieran las representaciones.
Nuestra postura ha sido siempre clara en esta materia. Fuimos de los primeros en advertir que, ante la resistencia popular al sistema, la represión circunscripta al control social se dirigiría frontalmente a los sectores en lucha. Denunciamos, junto a otros grupos sociales y de DDHH, la criminalización de la protesta social, proponiendo una campaña de amnistía para los luchadores populares imputados en causas judiciales.
Tu procesamiento y prisión nos ha convocado a la inmediata e incondicional solidaridad, como hubiera ocurrido con cualquier represaliado por encabezar el justo reclamo de alimentación de miles de compañeros jubilados que viven en la indignidad y la miseria, y como posteriormente hiciéramos con la detención del compañero Emilio Alí.
Nos enteramos ahora, por tus declaraciones en diversos órganos de prensa de izquierda y a través de compañeros que han conversado el tema contigo, que has resuelto enfrentar el inminente juicio oral sin abogado defensor, pues tu idea es denunciar en la audiencia a la justicia del sistema, negarle legitimidad para juzgarte y provocar la ruptura.
Como ya te lo habrán dicho los compañeros Sergio Smietniansky y Mario Villarreal, compartimos esa caracterización de la justicia burguesa (no vamos a descubrir la pólvora en el siglo XXI) pero en esta particular coyuntura nos parece que sería un error garrafal, de graves consecuencias que exceden tu propio destino, facilitar las cosas para que esos jueces corruptos y fascistas te condenen.
Esencialmente hemos analizado la cuestión desde lo político: una condena a Raúl Castells en esta causa implica la inmediata obtención para el sistema de un precedente que será más que útil cuando le toque el turno a Emilio, y a los que sigan. Del mismo modo que tu condena será enarbolada por la clase dominante y servirá para que ejerzan más disciplinamiento sobre los que se atreven a reclamar, será un factor desmovilizador en los grupos dispersos que confluyen en la utilización de herramientas de lucha novedosas, como las movidas populares a supermercados desde los barrios y asentamientos.
Nuestra convicción, sustentada en muchas experiencias anteriores, es que las campañas de solidaridad amplias y persistentes son un factor esencial para decidir la suerte de los compañeros represaliados, y que la movilización popular presionando a los órganos de la justicia del sistema ha sido determinante a la hora de torcerle el brazo para lograr las absoluciones de Panario, Christiansen y Estrada, Martínez, Gatti y Natera, recientemente Alí, Berrozpe y Meza, y muchos otros. Pero en todos esos casos la solidaridad activa políticamente orientada interactuó con las defensas técnicas de los compañeros, que, con mayor o menor grado de compromiso por parte de quienes la ejercían, fue un elemento más en una estrategia conjunta.
Esas experiencias confirmaron que la presión política de la movilización condiciona pero no garantiza los resultados de los juicios si, simultáneamente, no hay un ejercicio efectivo de todos los recursos técnicos disponibles. Dicho de otra manera: cuando los jueces absuelven lo hacen fundados en cuestiones técnicas, aunque salgan a buscar esas razones formales empujados por la movilización popular.
Las sentencias de los juicios de Neuquén, de Comodoro Rivadavia, de Ushuaia o de la Catedral tienen en común que en todos ellos las absoluciones se lograron porque en las audiencias de los juicios se probó la inexistencia de delito a través de la destrucción del tipo penal imputado a los compañeros. Por ejemplo, el defensor de los compañeros marplatenses en el juicio de la Catedral hizo un brillante alegato sobre la judicialización del conflicto social, caracterizando el proceso como “un juicio a la pobreza”. Pero además del planteo político impecable, se encargó de desbaratar la calificación legal, demostrando que no había, aun en la lógica del derecho penal burgués, elementos para condenar por el delito de usurpación. Si sólo hubiera hecho lo segundo, quizás el resultado final hubiera sido el mismo técnicamente, pero sin el contenido altamente combativo que dio al juicio el contexto de denuncia del sistema penal. Si sólo hubiera hecho lo primero, estaríamos satisfechos con su desempeño político, pero muy probablemente hoy lamentaríamos la condena a los compañeros.
Hay algunas cuestiones procesales a tener en cuenta. Si en la primera o segunda jornada del juicio anunciás el alejamiento de tus defensores particulares, el tribunal se limitará a festejar el menor trabajo que tendrá, al tiempo que ordenarán al defensor de oficio que corresponda por turno hacerse cargo. Aunque te niegues a aceptarlo, la defensa en juicio es un derecho irrenunciable del imputado, por lo que, aun en tu ausencia y contra tu voluntad, el defensor oficial hará lo que le de en ganas, utilizando la estrategia procesal que le parezca. Se reanudará la audiencia cuando el defensor haya estudiado la causa –en el caso de Tablada II demandó menos de una semana-, y para la opinión pública (da) la “defensa de Castells” seguirá existiendo. Claro que el defensor oficial podría, por ejemplo, “defenderte” argumentando que el día de la toma de Wall Mart estabas mirando un partido de fútbol en tu casa.
Encarar una defensa técnica con compañeros comprometidos con la causa popular permitiría, en cambio, apuntar a demostrar que no hay delito en exigir comida a quienes les sobra para alimentar a los desposeídos, coordinando lo que pase afuera y adentro de la sala de audiencias.
No queremos que seas condenado, pero más aún nos preocupa que tu actitud –digna y respetable- sea utilizada por la justicia del sistema para facilitar la condena de otros compañeros como Emilio Alí, que enfrenta un proceso muy parecido al tuyo, en mayor aislamiento y desde el encierro en Batán. Tenemos la obligación fraterna de advertirte que el juicio de ruptura que has anunciado es un error político que mostrará sus consecuencias cuando otros compañeros sean condenados por tribunales que recurran al “antecedente Castells”, del mismo modo que tu situación sería más comprometida si tus jueces tuvieran sentencias condenatorias de Neuquén, Ushuaia o Mar del Plata para usar en tu contra.
Te pedimos una última reflexión, para que lleguemos a la audiencia con las mejores posibilidades de agregar otro capítulo de triunfo en la pelea contra la criminalización de la protesta social. No hace falta aclarar que, decidas lo que decidas, seguiremos estando a tu lado, reclamando tu libertad.
Un solidario abrazo,
CORREPI

OTRO OBRERO MUERTO POR EL NEOLIBERALISMO
Aníbal Verón, chofer de micros, 36 años y padre de 5 hijos, había ido a cortar la ruta con otros excluidos. Hacía 9 meses que no cobraba de una empresa de transporte de propiedad de un pariente de los Romero, los señores feudales de Salta.
La zona del corte es la de Tartagal y General Mosconi, una de las más ricas del país en gas natural y petróleo. Una zona que fue próspera cuando la mayoría de los habitantes trabajaba para la estatal YPF. Una zona que aceleró su decadencia en 1991 con la ola privatizadora del menemismo. La privatización significó trabajadores despedidos e inconmensurables ganancias para los nuevos dueños, el grupo español Repsol (en los primeros nueve meses del 2000 ganó 1.550 millones de dólares)
En mayo había habido importantes cortes de ruta en la misma zona. También había habido represión provincial y nacional. Aunque el secretario de la presidencia no se acuerde, la Nación además de dádivas mandó la gendarmería.
Como el pueblo quiere “trabajos dignos” -como dijera el lider de los piqueteros Pepino Fernández-, nuevamente el pueblo reclamó dignidad en la ruta 34. El gobernador Romero a esa hora departía junto a empresarios y políticos en Mar del Plata en el coloquio de los capitostes de la explotación argentina enrolados en “IDEA”. En ella el joven Romero iba a presentar un moderno “paper” acerca de sus promesas a los empresarios para que vayan a “invertir” en su provincia. Y para que la oferta prosperase era indispensable sacar a los molestos pobres que cortan la ruta. Su promesa para los marginados fue la represión. A las 8:30 del viernes 10, Aníbal Verón caía muerto de un tiro en la cara por parte de la policia salteña.
Como con Víctor Choque, como con Teresa Rodriguez, como Ojeda y como con Escobar, la resistencia al neoliberalismo cobraba una nueva víctima. Los trabajadores tenían un nuevo muerto. Y De la Rua, y su Alianza para el Ajuste y la Represión su nuevo muerto. En menos de un año, su tercer muerto.
Como también dijo Fernández “sólo nos dan muerte”. La reacción popular se hizo sentir y el pueblo salió a destrozar el hotel lujoso de los Romeros, la municipalidad, la empresa Atahualpa para la que trabajaba Verón y la comisaría, que quemaron, golpeando a los policías autores o cómplices de la muerte. En la seccional encontraron bolsas de comida que el clientelismo político no había querido repartir entre los menesterosos. Rescataron para el pueblo las armas con que la policía reprime a los trabajadores. Esa fue la preocupación de la ministra de “Desarrollo” Social, otrora defensora de los derechos humanos Fernández Meijide, y esa es la preocupación de los enviados del autodenominado progresista ministro del Interior, Fredy Storani, que no quiere negociar con los piqueteros hasta que no devuelvan las armas.
Y como la Alianza ya había reprimido necesitaba ajustar ese mismo día. En el mentado coloquio, De la Rua -como si nada hubiera sucedido- definía nuevas políticas de empobrecimiento de los sectores populares y entrega del país.
En horas de la tarde del viernes, la izquierda y algunos organismos de DD HH salimos a protestar frente a la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires y marchamos hacia la casa Rosada. Allí nadie se encontraba porque todos estaban intentando seducir a los capitalistas en Mar del Plata.
En esa ciudad, el gobernador Romero calificó a los piqueteros de delincuentes y los comparó con ladrones de bancos. Negó responsabilidad por el calibre de la bala que mató a Verón. Igual que en Corrientes inventaron que fueron calibre 22 o 32 como si el pueblo fuera imbécil y no supiera que usan esas balas para lograr impunidad, como si su cuñado, su esposa y los demás piqueteros no hubieran visto a Aníbal caer a su lado, baleado por la policía.
-Si no conseguimos trabajos dignos, nos morimos en la ruta- terminó Pepino Fernández.
La lucha continúa y para seguir imponiendo el neoliberalismo, los Menem, los De la Rua, van a seguir ensangrentando el país. Eso sí, Aznar y Clinton, en defensa de sus intereses, apoyaron y se solidarizan con De la Rua. Juzgue Ud. mismo.

PROXIMAS ACTIVIDADES
Del 13 al 18 de Noviembre: Organizados por distintos sectores populares y de derechos humanos de la zona Norte (vinculados a CORREPI) se desarrollará en las localidades de Don Torcuato, Rincón de Milberg, Talar de Pacheco y Virreyes, un Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular. El intendente de Tigre, Ubiedo (de trayectoria colaboracionista durante la dictadura) en repudiable actitud amenazó con prohibir las actividades porque no cuentan con autorización del municipio.

Noviembre 25: Sexto Encuentro Nacional Antirrepresivo en la ciudad de Córdoba.

Noviembre 27: Juicio contra el lider de los Jubilados, Raúl Castells por haber reclamado comida en un supermercado. llamamos a movilizarse a los Tribunales de Lomas de Zamora, camino Negro y Larroque, a las 9:00.

Diciembre 7: Fiesta de CORREPI para recaudar los dineros necesarios para organizar la Jornada Antirrepresiva del 18 de diciembre, quinta entrega del Archivo de Casos y aniversario de la masacre de Corrientes.

CORREPI