Boletín Informativo N° 103

ABOGADO DETENIDO POR USURPACIÓN
El día miércoles 10 de enero por la tarde fue detenido César Matoso en un campo de Monte Grande, a cuyos ocupantes asesoraba como abogado. Fue acusado del delito de usurpación, e imputado como cabecilla y promotor de la reinvindicación de tierras por sus defendidos.
La denuncia fue realizada en Comisaría por el apoderado de una empresa que estaba cercando 30 hectáreas, sobre un total de 180 que tiene el campo. Ese mismo día por la mañana los ocupantes del campo habían hecho, con patrocinio de Matoso, una denuncia en Fiscalía contra los extraños que estaban cercando el campo.
Por supuesto el fiscal de la UFI 1 intervino a raíz de la denuncia de la empresa, mientras que la denuncia del poseedor aún no fue despachada.
Hay varías declaraciones en sede policial que acusan a Matoso de ser el que ordenaba a la gente e incitaba a la toma de tierras, tan contradictorias reconocen que las personas ingresaron al lote con permiso del poseedor, que la misma empresa
reconoce como tal en la propia denuncia.
Matoso fue detenido y la gente se replegó frente al avance de la Infantería, pero no se retiró del terreno.
El día jueves a primera hora los abogados de CORREPI León “Toto” Zimerman y Claudio Pandolfi se presentaron en la Fiscalía para asumir la defensa de César. Asistieron a Matoso en la indagatoria y solicitaron la excarcelación.
Otra persona que fue detenida junto con Matoso recuperó la libertad el día jueves a las 7:00 horas desde la Comisaría, aunque se le imputa idéntico delito.
Durante el jueves se empezó a organizar la concentración de vecinos de los barrios en tribunales. El viernes el Juzgado planteó que tenia 5 días para resolver la excarcelación, y que usaría ese término. Los abogados de CORREPI reclamaron en forma dura que se resolviera de inmediato, teniendo en cuenta que el delito imputado es excarcelable, y es muy fácil verificar el domicilio y la ausencia de antecedentes penales de un conocido abogado de la zona como Matoso. Por la tarde los compañeros advirtieron al tribunal que la gente se estaba movilizando y llegaría a cortar la ruta si no había respuesta en el día.
Alrededor de las 5 de la tarde se produjo el corte del acceso a Tribunales de Lomas de Zamora, en Larroque y Camino Negro, impulsados entre otros por ATE Sur. La policía amagó reprimir, sacándose gorras y placas, pero la gente no retrocedió.
Ante ello el Fiscal (UFI 2) presentó un escrito al Juzgado de Garantías diciendo que se generaría una situación peor sino había respuesta rápida al pedido de excarcelación.
Finalmente, y ante la llegada de más gente de distintos barrios, el juzgado decidió la excarcelación el viernes a última hora.
Es muy interesante ver que en los fundamentos de la excarcelación, además de reconocer que Matoso carece de antecedentes y es un letrado conocido del foro, el juez anuncia la “decisión de evitar un conflicto mayor frente al corte de calles y la obligación de reprimir si éste continuaba”. Por ello y de acuerdo con la sugerencia del fiscal decide conceder el beneficio (y así lo pone por
escrito en los considerandos de la resolución).
Matoso recuperó la libertad mientras la gente lo esperaba al costado de la calle, bajo la amenaza de volver a cortar sino salía.
No es la primera vez que el aparato estatal golpea a quienes se suman a un reclamo popular aportando su solidaridad. De idéntico delito fue en su momento acusado León “Toto” Zimerman, hoy defensor de Matoso, cunado fue detenido junto a los curas que asistían a los pobladores del asentamiento entonces llamado La Sarita, luego rebautizado “Agustín Ramírez” en homenaje al luchador social asesinado por la policía en 1988. Igual que ahora, se acusó al abogado de los ocupantes de ser el autor ideológico de la toma de tierras. Es que en la lógica del sistema, sostener y defender el derecho de los desamparados a tener un pedazo de tierra donde vivir es asociarse ilícitamente para promover usurpaciones.

VENEZUELA: HASTA LOS FISCALES RECONOCEN LAS POLÍTICAS REPRESIVAS
Transcribimos a continuación una nota publicada en el portal español www.informativos.net en la que un fiscal venezolano admite que la policía de su país realiza ejecuciones extrajudiciales. Claro está, a pesar de su denuncia, el fiscal utiliza el discurso del “abuso” y el “desborde”, limpiando la cara del Estado al que prefiere catalogar como inepto antes que como expresamente represor. A pesar del intencionado esfuerzo del funcionario para disimular lo sistémico de la represión policial, resulta útil constatar que la ideología de la mano dura, la tolerancia cero y los pregones de guerra a la delincuencia con los diversos matices que ofrecen las “políticas de seguridad ciudadana” son plenamente continentales, siguiendo al pie de la letra las doctrinas emanadas de los “think tanks” neoyorquinos.

FISCAL VENEZOLANO ADMITE POSIBLE EXISTENCIA DE POLÍTICA DE EXTERMINIO DE DELINCUENTES
viernes, 12 enero 2001 @ 22:39 CET Autor: Aram Aharonian
El Fiscal General venezolano, Isaías Rodríguez, aceptó la posible existencia de una “política de exterminio” contra los delincuentes por parte de la policía, como lo han denunciado organismos de derechos humanos y algunos abogados.
Isaías Rodríguez aseguró que es posible que algunos funcionarios policiales estén “tomando la justicia” por su mano y, por ende, generando más violencia.
Las cifras delictivas en el país hablan por si solas: más de 7.000 muertes violentas y más de 2.600 violaciones durante al año pasado, y, aún más cerca, tres menores de edad asesinados el lunes pasado por balas perdidas, evidencian que la violencia “desbordó” la capacidad estatal de administrar justicia y prevenir el delito.
La presencia de “escuadrones de la muerte” no es nada nuevo en Venezuela, pues hace ya casi veinte años existió el tristemente célebre caso de los pozos de la muerte en el estado Zulia, al oeste del país, donde se encontraron una cantidad indeterminada de cadáveres de personas desaparecidas.
Y es por ello que la Fiscalía General no descarta este hecho, “no las niego, porque es una práctica de todas las policías del mundo, no solamente de aquí”, estimó Rodríguez, con lo cual el propio Gobierno reconoce que los derechos humanos están “afectados”.
“Esa política en el país es vieja. En todos los lugares del mundo las policías, sin tener instrucciones determinadas por parte del Estado, acuden a veces a esas prácticas”, reconoció el nuevo fiscal general, hasta hace dos semanas vicepresidente de Venezuela. La posición del fiscal permitiría afirmar que a las muertes violentas que se producen en Venezuela, 60 como promedio cada fin de semana, se suma esta supuesta acción policial, aún no confirmada por el Gobierno.

CUATRO AÑOS DE LUCHA POR MAXI Y POR TODOS
Hace cuatro años, el 12 de enero de 1997, la policía bonaerense asesinaba a Maximiliano Maidana (17) en el acceso al edificio en que vivía. Maxi estaba terminando el secundario, jugaba al fútbol en la 5ª división de River, y era el hijo mayor de Mabel Maidana, uno de los referentes más conocidos en la agrupación de Familiares de Víctimas de la represión. Mabel, acompañada por su esposo Juan Carlos y sus hijos menores, ha venido organizando cada año actividades en la fecha del cumpleaños de Maxi y en el aniversario de su asesinato. Su inserción en el Barrio San Pablo (Talar de Pacheco) posibilitó también que durante todo el año participe y organice charlas y debates en colegios junto con otros integrantes de CORREPI zona norte, familiares de la zona e HIJOS zona norte.
En este cuarto aniversario casi un centenar de vecinos del barrio, la mayoría jóvenes de la edad que tendría hoy Maxi, cortaron la intersección de la Panamericana y la Ruta 197, clásica cita para concentrar antes de la marcha. Estuvieron presentes familiares de chicos asesinados por la policía de la zona norte y oeste, entre ellos Delia Garcilazo y Sabina Sotelo. Después de sostener el corte un buen rato, marchamos hasta la comisaría de Talar de Pacheco, en la que prestaban servicio los policías asesinos. Mabel habló dando la espalda a la dependencia policial, explicando que lo hacía para simbolizar la forma en que el Estado, después de matar a su hijo, le viene dando la espalda en estos cuatro años, negándole el derecho al debido juicio y castigo de los asesinos. Dijo que aunque perdamos una batalla legal como ocurre con su causa, en la que no hay procesados siquiera, ganaremos la guerra a largo plazo si perseveramos en la lucha antirrepresiva sin transar y sin conciliar con el enemigo. Después se paró de frente a la comisaría, y en la cara de los policías les dijo lo que pensamos de ellos. Finalmente encendió cuatro velas, una por cada año desde la muerte de Maxi, y las colocó sobre el umbral policial. “Así, por lo menos, se van a tener que molestar en salir a la vereda para sacarlas”, dijo con su habitual ironía.
La columna volvió al Barrio San Pablo, donde había una serie de actividades previstas bajo el lema “Conozcamos a Maxi”.

PRECINTO CINCO: LAS CELDAS DE LA MUERTE
El 22 de enero de 1999 siete jóvenes detenidos en una celda del Precinto 5 (ex Comisaría 10º) de la ciudad de Córdoba murieron incinerados tras quemar los colchones en protesta contra los vejámenes y malos tratos a los que eran sometidos por parte del personal policial de ese Precinto.
Adrián Moreno, Hugo González, Gabriel Emilio Carreras, José Luna, David Américo Charra, Mariano Ezequiel Nieto y César Fernando Barboza estaban detenidos –algunos de ellos desde hacía más de un mes- en esa Comisaría y fueron sometidos a la pena de muerte, por la acción y omisión de los policías que nada hicieron para sacarlos de la celda mientras se incendiaban.
Desde el inicio, tanto el gobierno provincial a cargo en ese entonces de Ramón Mestre, como los funcionarios judiciales actuantes, coincidieron en calificar a este crimen como una “lamentable tragedia”. Así se expresaron el fiscal de feria que intervino al principio, Marcelo Sammartino y el ministro de Gobierno, Oscar Aguad. El entonces jefe de Policía, comisario Máximo Lazcano se unió al coro para justificar el aberrante accionar de sus subordinados y el actual jefe de policía, comisario Luis Iturri, quien era por entonces subjefe de la fuerza, observó la misma actitud pues fue quien acompañó a Sammartino al día siguiente de la masacre.
La causa judicial, tramitada por ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito II – Turno 3, a cargo de Liliana Sánchez, sufrió dilaciones e irregularidades, habiendo rechazado la fiscal innumerables pruebas que avalan la tesis de que los policías demoraron en abrir la celda entre 20 y 25 minutos, tiempo suficiente para que los siete jóvenes perecieran asfixiados y finalmente calcinados.
La Fiscalía calificó la causa como “homicidio culposo”, por lo que los cuatro policías Julio César Allende, Claudi Mendoza, Carlos Moyano y Julio César Rojas) están en libertad, aunque los familiares pidieron el cambio de carátula y de calificación penal. A dos años del crimen, todavía no hay fecha fijada para la etapa del juicio oral.
El asesinato de estos siete jóvenes no fue un hecho aislado, semanas antes de ese hecho otro joven, Diego Cuello, había muerto calcinado en el Precinto 6 de esta ciudad. A la lista se suma también José María Martínez, quien en 1999 pereció quemado en la subcomisaría de Del Campillo. Tampoco es una exclusividad cordobesa. Basta recordar la masacre de la Comisaría 5ª de la Plata, o la de Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe, la de la Pampa o de Formosa. Hoy mismo, al cierre de este Boletín, llegan las noticias de una violenta represión en una cárcel de Río Negro con capacidad para poco más de 150 internos, abarrotada con casi 400 detenidos, 24 de los cuales fueron hospitalizados después de ser aplastado un motín reclamando mejores condiciones de vida.
Los Familiares de los Siete Jóvenes del Precinto 5 vienen realizando marchas todos los días viernes para exigir justicia, para que este crimen no perpetúe la impunidad que reina en nuestro país desde las épocas de la dictadura militar.
Seguirán reclamando justicia para nuestros jóvenes y para todos los que sufren la represión de la policía y de las fuerzas de seguridad en la marcha y acto el próximo 22 de enero a las 20 horas frente al Precinto 5, a la que convocan a todo el pueblo cordobés.

SUPERMERCADOS Y SUPEREXPLOTACIÓN
Nuevamente los supermercados son noticia como símbolo de la hiper explotación capitalista. La semana pasada un muchacho de 19 años, que en pocos meses iba a ser padre, se suicidó en el COTO de Floresta después de que le notificaron su despido. Antes de quitarse la vida, tomó el micrófono con el que habitualmente promocionan las “ofertas” y explicó a los clientes lo que le pasaba. Las autoridades del supermercado se apresuraron a cerrar el sector donde cayó el joven, mientras seguían atendiendo al público como si sólo se hubiera desmoronado una lata de tomates. Parte de los clientes exigieron el inmediato cierre del local e instaron al resto a dejar sus compras de lado, como repudio a la política explotadora de la patronal supermercadista. Mientras los indignados vecinos cerraban el acceso al supermercado con los carritos y los compañeros de trabajo exhibían un cartel con la frase “Supermercados COTO: carne joven y barata”, un supervisor del comercio intentaba explicar que el joven Juan Carlos Molina “se había suicidado por problemas psicológicos”. Juan Carlos trabajaba de cadete, por un sueldo de $ 200, desde que al cumplir los 18 años salió del Hogar de Menores en el que vivía dispuesto por un juez por carecer de familia. No tenía antecedentes penales.

PROXIMAS ACTIVIDADES:

Lunes 15 de enero: Tercer aniversario del homicidio de Walter Repetto, a manos del policía bonaerense Carlos Docampo. Misa y marcha en Ciudad Evita.

Miércoles 17 de enero, 19:00: reunión de la Coordinadora por la Libertad de Emilio Alí en la CTA Capital, Av. Belgrano 1996.

CORREPI