Boletín Informativo N° 123

CLAUSURAN COMISARIA
La Justicia dispuso la inhabilitación de la comisaría de Benavídez, en el Pdo. de Tigre, para alojar menores detenidos, debido a la denuncia que formularan varios chicos presos de que eran golpeados y torturados sistemáticamente por funcionarios policiales.
La resolución fue adoptada por la jueza de Menores de San Isidro Diana Pincardini, quien además instó a la Suprema Corte Provincial y al Consejo Provincial del menor a que arbitren los medios para que los menores no sean alojados más en comisarías.
El impulsor de la denuncia fue el Defensor de Menores Carlos Bigalli, conocido por su prédica contra las torturas y malos tratos, quien además reiteró que es ilegal alojar menores en dependencias policiales.
Pero lo realmente ilegal es el método de castigo a todos los detenidos en la Pcia. de Buenos Aires, que no es otra cosa que el castigo generalizado (tanto a mayores como a menores) y el sistemático “bolseo” a que son sometidos.
La medida adoptada por la justicia de San Isidro, si bien útil, para lo único que sirve es para que la seccional cerrada no sea más un centro de tortura de menores. Ya los “guardianes del orden” pasarán a utilizar otra dependencia.
Los jueces deberían, en vez de inhabilitar comisarías, dejar de tolerar la tortura y dejar de ser cómplices de policías torturadores. En vez de perseguir aquellos que someten a suplicios a los detenidos, lo que hacen habitualmente los impolutos magistrados es entender que las secuelas de la tortura fueron “autolesiones”, o que las denuncias de ser torturados son hechas para perjudicar a su brazo armado o para “mejorar la situación procesal del detenido”. Y cuando no les queda otra alternativa, en vez de calificar como “tortura”, caratulan “apremios ilegales” lo que les permite la excarcelación del policía en apuros y una condena que nunca supera los tres años, siempre en suspenso.

RECHAZO A LAS FACULTADES REPRESIVAS
Amnistía Internacional, Sección Argentina, el CELS y nuestra organización expusieron en una conferencia de prensa realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación el rechazo a las mayores atribuciones policiales impulsadas por el gobierno de la Alianza y que ya cuenta con la aprobación de los diputados.
Marcelo Avila por A.I., Gustavo Palmieri por el CELS y Gerardo Etcheverry por la CORREPI fueron los voceros de la crítica a esta nueva legislación que lo único que promoverá será mayor represión y más restricción a las libertades públicas. Sostuvieron las tres organizaciones que el aumento de facultades policiales es una solución falsa al problema de la inseguridad y que la ineficacia de las políticas preventivas de la policía no se debe a la falta de facultades policiales. Actualmente, la policía ya cuenta con facultades para detener y hacer requisas ante situaciones de urgencia y de sospecha. Pero, la policía sigue utilizando como única forma de prevenir el delito mecanismos autoritarios como las detenciones indiscriminadas o los operativos masivos de control. Con mayores facultades policiales aumentará la discriminación y la conflictividad social. En su accionar, las policías discriminan a los jóvenes, los pobres, los desocupados, los inmigrantes, los solicitantes de asilo y sectores minoritarios por su identidad sexual. En su práctica cotidiana, las policías los tienen en cuenta como objetivo, para operativos de control de tipo militar. El aumento de facultades discrecionales impactará directamente contra estos grupos. El incremento de la violencia contra los mismos sectores atacados por el resto de las políticas sociales, sólo aumentará la desigualdad y la violencia social.
Los convocantes estuvieron acompañados por el diputado nacional Alfredo Bravo del P. Socialista Demócratico, el diputado porteño Abel Latendorff del P. Socialista Auténtico, Juan Carlos Capurro del Comité de Acción Jurídica y Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los que adhirieron a estos postulados. Otras organizaciones como Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, MEDH, APDH, APDH La Plata, Familiares y organizaciones antirrepresivas del interior apoyaron nuestra postura mientras que el ridículo Secretario de Seguridad Mathov alertaba a los senadores que se mudaría a la cámara alta hasta que no le aprueben las leyes para reprimir.

REPRESION EN EL NOA
El Noroeste argentino volvió a ser escenario de la represión de los gobiernos nacional y provinciales de Salta y Jujuy, así como de la criminalización de la protesta social a través de jueces genuflexos a los dictados de sus respectivos ejecutivos.
El día miércoles por la mañana los desocupados enrolados en la Corriente Clasista y Combativa que estaban acampando frente a la Gerencia Regional de Empleo de la Pcia. de Jujuy fueron desalojados por la policía. Los uniformados jujeños montados a caballo arremetieron contra las carpas, destruyendo las tiendas y los enseres de los trabajadores.
Reagrupados, los trabajadores decidieron marchar por las calles céntricas en protesta por la represión. Allí fueron nuevamente atacados por los policías que intentaron impedir con balas de goma y gases lacrimógenos la movilización. Inmediatamente se produjeron fuertes enfrentamientos con rotura de vidrieras, barricadas y hasta el incendio de un automóvil. También un importante saldo de heridos tanto de parte de los desocupados como de la policía. Se produjeron una treintena de detenidos entre los cuales se encontraba Carlos Santillán del SEOM de Jujuy y lider de la CCC. Si bien el viernes el Perro Santillán recuperó la libertad hasta el domingo permanecían encarcelados más de 20 compañeros.
En Salta, esta semana se llegó al colmo de la represión judicial. De manera inédita hasta este momento, se procesó al dirigente del P. Obrero, José Barraza y se imputó a otros 14 piqueteros por el delito de sedición en concurso real con el delito de corte de ruta. El Juez federal ABEL CORNEJO atribuye a Barraza formar parte de un grupo de personas que actuando de manera sistemática y organizada en el Departamento de San Martín, corta la Ruta Nacional Nº 34, tantas veces como le plazca, infundiendo temor y amenazas al resto de la población. Consideró el juez que desde los hechos ocurridos en Tartagal el 10 de noviembre de 2000 después de la muerte de Anibal Verón se sucedieron una serie de hechos que son contrarios a la Constitución Nacional. Dice que el robo de una importante cantidad de armas del depósito judicial del Poder Judicial de la Provincial, el incendio de la Comisaría Nº 41 de General Enrique Mosconi, la toma de rehenes a policías, más la posterior manifestación en ciudad de Tartagal, las continuas amenazas de voladuras de torres de provisión de energía eléctrica y de caños de suministro de agua potable, los episodios de febrero de este año, cuando se amenazó incendiar una planta de la empresa Refinor en Campo Duran, son pruebas del estado de “sedición” en la Provincia.
Entre los “organizadores” se encuentran Barraza y los demás luchadores imputados cuyo objetivo es promover “el caos y la postración de las instituciones republicanas” y supone la subversión del sistema representativo de gobierno.
Para mayores datos, por más que Barraza adujo ser del Partido Obrero, como esa organización perdió su personería jurídica en Salta, el juez la considera fuera de la ley y por ende, un partido fuera del sistema.
Estas resoluciones judiciales (con la connotación de fortaleza que pretenden establecer) sumadas al resto de imputaciones, procesamientos y condenas como las de Castells y Alí, son el mejor basamento para que el gobierno nacional pueda disponer el estado de sitio ante la avanzada de las protestas populares.

REPRESION AL PARO
El viernes 8 de junio se llevó a cabo el quinto paro nacional contra el gobierno de la Alianza dispuesto por la CGT de Moyano y la CTA. Por más que los organizadores no llamaron a un paro activo sino más bien todo lo contrario, se desarrollaron a lo largo del país diferentes manifestaciones y movilizaciones contrarias a la política económica y social de De la Rua y Cavallo.
Con ello, la represión, especialmente en la Pcia. de Buenos Aires donde el gobernador Ruckauf y los intendentes de su propio partido como el de La Plata y de la oposición como el marplatense Aprile dispusieron operativos policiales tendientes a acallar la protesta y en su caso, detener a los manifestantes.
Así en Mar del Plata, el jueves por la noche fueron detenidos dos compañeros del Movimiento Teresa Rodriguez, Carlos Peineipil y Cristian Godoy. Estos, que viven en las cercanías de una estación de micros locales donde se cometieron atentados, fueron detenidos por la policía en la vía pública, a varias cuadras del hecho, sin ningún tipo de pruebas que demuestren su supuesta “culpabilidad” con la rotura de parabrisas y sabotajes a la empresa de transporte.
Por otro lado en La Plata, los manifestantes, en coincidencia con el boicot contra capitales españoles (principales responsables de la quiebra de Aerolíneas Argentinas) se dirigieron frente a la sede de Telefónica realizando un escrache. En esa oportunidad, y en algunos casos a más de 15 cuadras del lugar del escrache, la policía bonaerense bajo los cargos de “Daño Calificado, Lesiones y Resistencia a la Autoridad Agravada”, detuvo a 15 compañeros. Entre los detenidos se encuentran uno de los líderes de la CTD “Trabajo y Dignidad”, Hector de La Cuadra (”Cala”), el dirigente de Quebracho Fernando Esteche, el militante del Peronismo que Resiste y del Polo Social Diego Rubaja, un compañero de la Agrupación Estudiantil 20 de Febrero.y varios militantes de la CTD de distintos barrios de la periferia platense.
Ante la medida represiva, los manifestantes han instalado un campamento desde el que reclama la libertad de los compañeros frente a la Comisaría 1º y frente a la fiscalía.
Al día de la fecha, sólo un menor fue liberado. Además el día sábado la policía impidió a los familiares de los detenidos que les alcanzaran comida y ropa limpia, en una medida vejatoria que únicamente pueden tomar sino fuera que cuentan con el consentimiento del juez de turno y del poder político.

POLICIAS UNABOMBERS
En los noticieros televisivos del viernes pasado, junto con la evaluación del quinto paro nacional contra el gobierno de la Alianza, se mostró como un hecho relacionado el atentado sufrido en un jardín de infantes de la ciudad de Mendoza. Por la mañana estalló un artefacto incendiario en el colegio, sin producir víctimas, afortunadamente. Todo señala que se trata de una muestra de poder de sectores policiales, no sólo de policias exonerados de la fuerza, como informaron algunos medios gráficos el sábado, sino que estaría implicado personal activo también. Recordemos que el jueves fue puesta una bomba a 15 mts. del despacho del ministro de seguridad Orquin, quine calificó a los autores del segundo atentado en el colegio como “hijos de mil putas”. Parece que los muchachos están enojados por la reforma policial, y preocupados por un asunto de manejo de dinero de comisarios en servicios adicionales.

PROXIMAS ACTIVIDADES

11, 13 y 14 de junio desde las 8.00, las 10.00 y las 9.00 horas respectivamente en la sede del Juzgado de John O`Connor y Costanera se llevará a cabo el juicio oral a los asesinos de Titi Almonacid, asesinado en Bariloche por la policía el 2 de febrero de 2000. La Corriente de Militantes de DDHH de Río Negro y Neuquén convoca a movilizarse al juzgado las tres jornadas.

Viernes 15: El compañero Gerardo Etcheverry participará en una mesa redonda sobre la represión en la ciudad de Paraná, organizada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Entre Ríos.

Sábado 28 de Julio: French 596 esquina Pintos, San Fernando: “Chocolateada” para los chicos del barrio organizado por los familiares de Víctor “Frente” Vital en su cumpleaños.

CORREPI