Boletín Informativo N° 138

HOMENAJE A VICTIMAS DE GATILLO FACIL
Fue en la Villa Uruguay, cerca de Beccar en el norte del Gran Buenos Aires. Allí colocaron una placa, recordando a los dos. Los dos, víctimas de la represión policial, del meta bala de Ruckauf, de la propaganda filofascista de los comunicadores sociales que quieren muertos a los chorros. Allí las dos familias hicieron el homenaje a sus asesinados por las balas del cabo
Emir Champonois. Allí no hubo, como en otros casos, diferenciación entre la “víctima inocente” y “culpable” (cuando se dieron cuenta de la barbaridad ideológica sus mentores del FREPASO cambiaron la “I” de inocente, por otra “I” de indefensa). Ambas familias -CORREPI y los familiares que se nuclean en torno a nuestra organización deben ponerlo de resalto- tanto los padres de Mariano Witis como de Dario Riquelme, rindieron homenaje y exigieron castigo para el
culpable.Witis era un músico que fue tomado de rehén por Dario Riquelme y por otro ladrón, para que los condujeran hasta la sucursal del Banco Itaú. Robaron $ 5.400 y huyeron en un automóvil VW Gol. A las pocas cuadras la bonaerense los “cosió” a balazos. Mariano Witis y Dario Riquelme estaban ubicados en el asiento trasero, y fueron rematados por Champonois.Esta vez no hubo ideas de venganza hacia aquel que comete delitos. No hubo revanchismos como los de quienes piden pena de muerte y terminan siendo candidatas del partido de Patti. Tampoco aquello de que “mi hijo era inocente, bueno, de clase media y el otro era un chorro negro de mierda que se la buscó”. Se puso un monolito y se plantaron dos árboles y se exhortó a que la justicia prevalezca sobre la impunidad.

CONDENA A LA COMPAÑERA MARINA SCHIFFRIN
En un extraño debate oral, casi sin público, la docente y compañera de la Corriente Militante de DD HH de Río Negro y Neuquén Marina Schifrin fue juzgada por un corte de ruta en Bariloche en reclamo por la educación que ocurrió en 1997. El dato destacado de la jornada inicial fue la importante movilización de apoyo a la imputada en la puerta del juzgado federal y -en contraste- la inexplicable actitud del Juez L. Moldes, quien realizó el debate en un pequeño despacho de unos 20 metros cuadrados, de modo que estuvo vedado el acceso al público y hubo severas restricciones para el trabajo de la prensa.
Schifrin fue llevada a juicio oral por un corte de la ruta 237 que los docentes, padres y alumnos en compañía de otros trabajadores estatales realizaron el 21 de marzo de 1997 sobre el puente del arroyo Ñireco. La interrupción del tránsito duró apenas 90 minutos.La compañera llegó a juicio porque, con la dignidad que la caracteriza y en la convicción que los derechos se reinvindican nunca se consideró culpable de nada y a diferencia de otros manifestantes que también fueron procesados,
no aceptó pagar multas ni acogerse a la “probation”.
Durante la audiencia oral Schifrin prestó declaración indagatoria (no lo había hecho en la instrucción) y reconoció que aquel día participó de la movilización y llevaba un megáfono “para amplificar la voz del reclamo popular”. Recordó que la protesta era en defensa de la escuela pública y contra la rebaja salarial que acababa de imponer el gobierno provincial. También
aseguró que al manifestarse sobre la ruta ejercieron “un derecho democrático importantísimo” y que no quisieron afectar a nadie. A la hora de la presentación de pruebas, el elemento decisivo fue el video de casi una hora aportado por Canal 6, que incluye algunas discusiones con automovilistas y pone en evidencia el protagonismo de Schifrin y de otros muchos dirigentes y activistas. También aparecen el entonces delegado de Educación, Daniel Dell´Era, diciendo que no habría revisión alguna de la rebaja salarial y el ex intendente César Miguel, quien les aseguró a los manifestantes que compartía su lucha y les pidió dirigirla contra el gobierno provincial. Como testigos declararon luego los comerciantes Raúl Salomón, Rubén Cortés y
Roberto García, que en una típica exposición individualista y mercantil -muy de clase media indiferente- relataron los pormenores del corte de ruta y los “perjuicios” sufridos. También declararon los represores de la Gendarmería, incluso uno que cumplía tareas de inteligencia, que mencionó a Schifrin como una de las participantes del corte.
A la hora de los alegatos el fiscal Jorge Bagur Creta destacó “la intencionalidad manifiesta de impedir el paso” que tenían los
manifestantes y consideró probado que la docente imputada “incitaba al resto” y era una de las “cabecillas”. Entendió que el delito cometido está penado por el artículo 194 del código penal (que reprime la interrupción o entorpecimiento de medios de
transporte) y aclaró que en su opinión el derecho de peticionar no puede estar por encima del que garantiza el libre tránsito “porque para la Constitución todos los derechos son de igual jerarquía”. Típica alocución de aquel que es el instrumento de la política de criminalización de la protesta social, como si los derechos “constitucionales” no tuvieran jerarquía. Al fiscalillo rionegrino habría que preguntarle si es más importante que alguien se atrase una hora y media o que los pobres se vean impedidos a la educación para siempre.
También debió destacarse el reducido recinto judicial, donde apenas tres familiares de Marina y cinco periodistas pudieron acceder. Otra carácteristica de estos señores representantes de la justicia que pretenden el silencio y la obscuridad para que sus conductas de represores con el código en la mano les permita escapar al repudio del pueblo. Deliberadamente el juez Moldes prefirió recluirse en el mismo ámbito donde se realizan juicios de menor cuantía y no usar la sala de audiencias de la
justicia federal.
Debe ponerse de relieve también que el secretario general de Unter Río Negro, Aurelio Vázquez, y los compañeros de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos Carlos Segovia y Hugo Piucill entraron a la limitada sala de audiencias dispuesta por Moldes, pero se retiraron tras dejar sentado que no estaba garantizadas las condiciones para un juicio oral y
público.Contrariamente a lo ocurrido en el recinto, en la calle más de 200 manifestantes dieron su apoyo a la compañera y mantuvieron varios roces con los efectivos de Gendarmería, Prefectura y policía federal que custodiaban el edificio, que terminó con un par de vidrios rotos.
El fallo se conoció el martes. Marina Schifrin fue condenada a tres meses de prisión en suspenso. La justicia, además, ordenó a la docente “abstenerse de concurrir a concentraciones de personas en vías públicas de comunicación interjurisdiccionales en momentos en que se reúnan mas de 10 personas, durante el plazos de dos años”, novedosa condena absolutamente inconstitucional que pone de manifiesto cuál es el objetivo de los procesos judiciales a los luchadores: sacarlos de la calle, y cerrarles la boca.
Conocemos bien a Marina, compañera de años también en la lucha antirrepresiva, y sabemos que la próxima instancia de lucha popular en Bariloche no la va a encontrar encerrada en su casa y en silencio. Y muchos más que 10 estaremos con ella.

BASE YANQUI EN TIERRA DEL FUEGO
Mediante un decreto provincial el gobierno de Tierra del Fuego se cedió tierras para la instalación de una base norteamericana que realizará “estudios nucleares con fines pacíficos”. y cuya instalación será en la ciudad deTolhuin, que está en el centro de la isla. Diferentes sectores fueguinos se están organizando para impedirlo, teniendo en cuenta que el
decreto provincial es consecuencia de la ley que sancionó la Cámara de Diputados de la Nación, en el año 1998, ley que contempla en los anexos “que podrán realizarse explosiones nucleares subterráneas con fines pacíficos”.
El gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti,firmó el 26 de julio, el decreto Nro.1369, que autoriza la instalación de una base del Sistema Internacional de Vigilancia para la Prevención y Prohibición de Ensayos y Explosiones Nucleares¨. Invoca la ley nacional 25.022 del año1998. El decreto habilita a los integrantes de esta base el libre tránsito por la
provincia si así lo requieren para sus estudios. Esto fue conocido públicamente, recién ahora. Decisiones como esta afectan gravemente a la provincia toda, y a la región. Más aún si tenemos en cuenta, que la instalación de estas bases se impulsa desde los Estados Unidos (estado agresor por antonomasia) y es sabido que los yanquis (y mucho más ahora que dice que hay santuarios terroristas en más de 60 países) los yanquis nunca hacen nada por la paz mundial
En la O.N.U. se realizó el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos y Explosiones Nucleares: ya sabemos los pueblos americanos quiénes son los beneficiados y los perjudicados con estos tratados.
1) En mayo de este año, el presidente norteamericano anunció que su país pondría en marcha la construcción de un ¨escudo defensivo¨, algo que desde distintos gobiernos (Alemania, China, Rusia) se ha denunciado como un peligroso paso a una nueva carrera armamentista.
2) Se han ido instalando bases en varios países latinoamericanos, como en Ecuador, Antillas Holandesas, y pronto en El Salvador.
3) Se denuncia desde organizaciones internacionales y gobiernos, como Venezuela, Cuba y Brasil, que el Plan Colombia amenaza con extender la militarización - y el conflicto colombiano - a toda Latinoamérica.
4) El país del norte presiona permanentemente para implantar el A.L.C.A. - Area de Libre Comercio de las Américas - que en la práctica no será más que el libre tránsito de las empresas e intereses norteamericanos pasando por encima de Constituciones, leyes y pueblos americanos.
La CORREPI se hace eco de la declaración suscripta por el SINDICATO UNIFICADO de los TRABAJADORES de la EDUCACIÓN FUEGUINA que sostiene:
1) Que todo esto responde al delirio bélico de una superpotencia imperialista: los Estados Unidos que tiene al gobierno nacional y provincial a su servicio.
2) Que esta es una avanzada del nefasto A.L.C.A
3) Que no podemos permitir -por nuestra historia, nuestra dignidad, nuestra identidad - la presencia de esta avanzada imperialista en Tierra del Fuego, por lo que los fueguinos exigimos la derogación del decreto 1369/01 del gobernador Carlos Manfredotti.

JUECES PLATENSES: UNA SOLA FIGURA
Parece que en la ciudad de La Plata, sede del gobierno de Ruckauf, los jueces tienen un código penal con un único artículo para reprimir a los trabajadores y al pueblo. Se conoció el viernes que varios gremialistas de la construcción UOCRA-La Plata fueron detenidos acusados de “coacción agravada”. Los detenidos son Juan Pablo Medina, secretario general de la
UOCRA-La Plata, Claudio Berni, secretario adjunto, Rubén Krassuski y Sergio Pintos. Los gremialistas fueron detenidos por los incidentes ocurridos el último miércoles en Ringuelet, cuando se enfrentaron a la Policía. Nada sabemos en torno a la reacción del burócrata MARTINEZ, Secretario General de la UOCRA, que nunca conoció lo que es un fratacho pero que alguna vez llamó a expulsar a los hermanos bolivianos y paraguayos porque le quitaban mano de obra para los argentinos.
Lo que sí podemos asegurar que la figura penal de “coacción agravada” es la misma que se le aplicó a través del fiscalucho Heredia (aquel que estaba supercontento con salir en las fotos de los diarios junto a los detenidos) y del juez Atencio a los integrantes del Movimiento Teresa Rodríguez. Esta semana, ante el cambio de calificación obtenido por el habeas corpus
interpuesto por la defensa de los MTR, el mentado juez reiteró que la conducta de los compañeros constituye “coacción agravada” e insistió en que la causa pase al juzgado federal.

ANTIRREPRESIVO
Está pronto a salir el nuevo número del “Antirrepresivo”. Lamentablemente debió haber salido en julio pero cuestiones económicas de la organización impidieron que esté en la calle. Que le vamos a hacer, CORREPI no tiene ninguna “foundation” que nos sostenga desde el Norte (ACLARACION: Tampoco queremos tenerla)

PROXIMAS ACTIVIDADES
Debido al retraso de este Boletín, las actividades han quedado desactualizadas. Reiteramos las disculpas.

CORREPI