Boletín Informativo N° 142

Correpi
20.Oct.01    Boletines Inf. 2001

SUMARIO

1- \”Toto\” diputado.
2- Se siguen matando entre ellos
3- Milicos explotadores
4- Se viene el neoantiterrorismo
5- Contra la Gendarmería asesina
6- Proximas Actividades

TOTO DIPUTADO

Informamos en el boletín anterior que nuestra organización fue prescindente con respecto a las elecciones del domingo 14 de octubre. Sin embargo no podemos menos que alegrarnos con la diputación obtenida por nuestro compañero León “Toto” Zimerman por la Tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires. Toto encabeza la lista de Izquierda Unida y su labor como defensor de derechos humanos -y en especial su actuación antirrepresiva- le valió el respaldo de la voluntad popular. Es de destacar que sus votos no provinieron de sectores de clase media sino de los barrios populares que el Toto caminó en defensa de los “sin techo” o en el patrocinio de las familias de pibes asesinados por el gatillo fácil.
CORREPI en pleno (los que lo votaron y los que no) estamos orgullosos del Toto y sabemos que su banca estará a disposición del pueblo y la lucha antirrepresiva. Desde ya tiene en carpeta algunos proyectos como la derogación del código de Faltas provincial, de la averiguación de antecedentes y de la ampliación de poderes a la bonaerense.

SE SIGUEN MATANDO ENTRE ELLOS
Parece que no paran. Se aplican “mano dura”y se siguen “metiendo bala” entre ellos. Esta semana un sargento de la PFA destinado a Interpol le disparó a un agente. Aunque en ámbitos de la Federal quisieron hacerlo pasar como un accidente parece que entre ambos hubo un intercambio agrio de palabras que resolvieron a los tiros. A manera de defensa el agente le puso la mano al cañon de la reglamentaria del sargento y la bala terminó alojada en el estómago. Está internado en terapia intensiva muy grave.
El tema es: si se muere, ¿lo venderán como caído en cumplimiento del deber?

MILICOS EXPLOTADORES
En la localidad de Llaucha de Pareditas a 120 km. de la ciudad de Mendoza, la dictadura militar continua vigente. A 18 años de la institucionalidad los milicos siguen siendo dueños y señores del patrimonio y vida de aquellos que soportan su poder. Y viene de añares. En 1947 y luego de una expropiación de 111.000 hs. en el departamento San Carlos (donde se ubica las Pareditas) esas tierras que eran trabajadas por campesinos fueron a manos del Ministerio de Guerra para campo de maniobras. En 1979 pasaron a depender directamente del Ejército. A partir de esa fecha se obligó a los paisanos que vivían y trabajan en tareas agropecuarias a firmar contratos de alquiler de sus chacras. Debieron firmar “en blanco” sin saber qué suscribían. Nunca se les otorgó copia. Pero se los obligó a pagar un canon mensual desde entonces para poder realizar sus tareas. Además se les cobran multas por ganado no declarado, por pago fuera de término y por pastoreo fuera del área asignada.
La situación no ha variado en estos 25 años, manteniéndose inalterables los estados de explotación y extorsión de parte del Ejército sobre los campesinos. Actualmente se los obliga a pagar sumas que oscilan entre los 350 y 1000 pesos trimestrales. Lo más inconcebible es que deben pagar extorsionados con sufrir desde desalojos a destinos más trágicos. Aunque es la institución castrense la involucrada, la maniobra contra los campesinos tiene una cara visible en el suboficial principal Trape de Campo de Los Andes que es el “cobrador”.
Sin embargo, desde hace unas semanas las once familias de Llaucha de Pareditas decidieron denunciar esta situación para ponerle fin al sistema feudal impuesto por el Ejército. Encabezados por la trabajadora del campo Maryzuli García y con el patrocinio del Dr. León Zimerman radicarán la denuncia ante la justicia federal mendocina.

SE VIENE EL NEOANTITERRORISMO
Ya no será el Chacho Alvarez quien impulse “protegernos” del terrorismo, sino que habrá otros pseudoprogres que expliquen la globalización, se remonten a la AMIA, evoquen las Torres gemelas neoyorquinas o el sobre con Antrax, para empezar a restringir cada una de nuestras libertades democráticas, generar nuevos espías que sólo espíen a la oposición o a los organismos de derechos humanos contrarios al sistema o que impulsen que los milicos hagan inteligencia interna.
El gobierno de De la Rua ya ha elaborado un nuevo proyecto de ley antiterrorista, que obviamente debe guardar entero consentimiento con la embajada del país más agresor de la tierra. Según la información con que cuenta la CORREPI, esta nueva iniciativa represiva permitiría llenar los llamados “vacíos legales” y actualizar algunas figuras jurídicas que para ellos no han surtido los efectos deseados.
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, adelantó que se estudia “la creación de instituciones que no existen, como el testigo protegido, encubierto”. También criticó las limitaciones de la ley de arrepentido y, además, expresó que, ante los casos de terrorismo, es necesario asignar a los jueces una competencia tal que les permita actuar en distintas jurisdicciones, de manera de poder investigar aun a organizaciones que se hallen fuera del país. Claro, lo que no habrá explicado el ministro es que seguramente, en el marco de tratados bilaterales con USA, se permitirá so pretexto del terrorismo, que jueces yanquis vengan a meter las narices en asuntos argentinos, como ya han demostrado que lo hacen en Mexico y Colombia con el narcotráfico.
Para la concreción de esta iniciativa legal ha convocado a fiscales con “experiencia” en casos de atentados terroristas, y seguramente se convocará a juristas y especialistas en el tema. Para darle barniz democrático seguramente convocará a algún organismo de DDHH -no le faltará candidato- que le de el marco constitucional a una nueva vuelta de rosca en materia represiva. También contarán con “prestigiosos” periodistas que sabrán crear opinión pública favorable.
Y si sale semejante ley, que no haya la menor duda que los piqueteros, las organizaciones de izquierda y combativas, serán los sujetos a investigar con la nueva legislación en la mano.

CONTRA LA GENDARMERIA ASESINA
La Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes ha difundido una síntesis de la querella criminal promovida por familiares de víctimas y heridos de los sucesos del 17 de diciembre de 1999 en la convicción de que estos hechos afectaron a la sociedad toda en ocasión de efectuar legítimos reclamos reivindicativos. Los representantes de las víctimas presentaron el 3/10/01 QUERELLA CRIMINAL contra el Comandante de Gendarmería Nacional, (Ricardo Chiappe), y todos los autores, partícipes, cómplices y encubridores de la Masacre del Puente, al tiempo que reclamaron un resarcimiento civil contra los mismos, más Gendarmería Nacional, Ministerio del Interior de la Nación y Secretaría de Seguridad de la Nación.
En su presentación, dicen los querellantes “Estamos aquí ante un homicidio (y tentativas de homicidio) calificado por la alevosía del accionar delictivo, por la intención de crear un peligro común y por la pluralidad de agentes. En efecto, las fuerzas federales actuaron sobre seguro, apostando tiradores en viviendas aledañas a fin de seleccionar a sus victimas, que si estaban preparados para el impacto de una bala de goma o la molestia producida por los gases, estaban totalmente inermes ante los proyectiles calibre 22 largo”.
“Los informes posteriores de Gendarmería - avalados luego por el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional- daban cuenta de elementos infiltrados entre los autoconvocados y de francotiradores que presuntamente disparaban con armas de repetición.- Sin embargo, aún con el fenomenal dispositivo de vigilancia y de control montado por la GN en el lugar de los hechos y en sus adyacencias NO SE LOGRO DETENER A UNO SOLO de estos supuestos infiltrados y/o francotiradores…mientras que resultaron veintiocho manifestantes heridos y dos muertos, todos ellos con proyectiles calibre 22 largo. Analizando estas cifras, solo podemos llegar a una solución lógica: si había francotiradores en la avenida 3 de abril o en sus adyacencias, estaban situados frente a los manifestantes y no entre ellos.”
Finalmente peticionan la instrucción, procesamiento, juicio y condena a los responsables de los atentados, señalando que “Los posteriores hechos de Salta revelan con claridad meridiana la reproducción de las tendencias violentas, arbitrarias y abusivas de las fuerzas de seguridad del Estado, que no se inhiben a tiempo en el marco del sistema legal”.
Debemos recordar que la causa en la que se investiga la masacre, largamente demorada en su investigación por la decisión política de la justicia tanto provincial como federal, fue iniciada respecto de la Gendarmería y el Gobierno Nacional por la denuncia formulada en representación de CORREPI por María del Carmen Verdú y Raúl Schnabel el día 22 de diciembre de 1999, cuando a días de la masacre se constituyeron en Corrientes para colaborar con los compañeros de la Comisión Provincial de Derechos Humanos.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 26 de octubre: En Córdoba, organizado por UniDHos - Coordinadora Antirrepresiva, charla sobre la represalia judicial a la protesta social e informe sobre la situación de los compañeros detenidos y procesados, con participación de Claudio Pandolfi y María del Carmen Verdú por CORREPI, compañeros de la Comisión por la Libertad de Diego Quinteros y Carlos Bértola, Roberto Martino del Movimiento Teresa Rodríguez de F. Varela y otras organizaciones a confirmar.

Lunes 29 de octubre, 19 hs.: Charla en la Universidad Nacional de Derecho en Rosario a cargo del compañero Daniel Stragá y un compañero de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Represión, organizada por la Pampillón.

Sábado 3 de noviembre, en Maipú 73, Primer Encuentro Nacional de Organizaciones de DDHH, hacia la conformación de una mesa nacional, conforme se resolviera en el Encuentro de Neuquén.

Domingo 4 de noviembre, en Maipú 73, continuación del Encuentro, para constituir una Mesa Nacional de Organismos para la Defensa de los Presos y Luchadores políticos y Sociales.

Sábado 24 de noviembre: Charla en Trenque Lauquen sobre represión policial, a cargo de los compañeros Gerardo Etcheverry y Delia Garcilazo, de CORREPI y Comisión de Familiares, organizado por la Comisión por los Derechos Humanos de Trenque Lauquen.

Viernes 14 de diciembre, 17 hs.: Entrega de la Sexta Actualización del ARCHIVO DE CASOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LA REPRESIÓN EN ARGENTINA, en el marco de la habitual Jornada en Plaza de Mayo.

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