Boletín Informativo N° 150

ESPIANDO A LA CORREPI
Después de haber descubierto que el Servicio Penitenciario bonaerense tiene una lista negra integrada por abogados de CORREPI a los que vigila, el día miércoles 12 declaró ante el Juez Lavié de La Plata el Inspector Mayor del SPB Carlos A. Scheffer, titular de la Secretaría de Informaciones de la institucional carcelera.
Scheffer, quien ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense en 1974 y seguramente actuó como represor en las cárceles de Camps, reconoció que ordenó investigar a través del Despacho 02/01 a los Dres. León Zimerman, Daniel Stragá, María del Carmen Verdú, Gabriel Lerner, Sergio Smietniansky y Gerardo Etcheverry (de CORREPI); al Dr. Rubén Tripi del CeproDH y a los Dres. Luis Valenga y María Fernanda Doldán Aristizábal -vinculados a CORREPI y conocidos defensores de DDHH. La orden - formalmente - consistía en requerir que cada vez que alguno de ellos concurra a una unidad, le sea informado, aclarando a qué detenido visitaron.
El oficial Scheffer argumentó que en enero de este año “los servicios” que su dependencia destina a diferentes cárceles le alcanzaron una nota anónima que, plagada de exageradas faltas de ortografía y redactado en un forzado estilo “tumbero”, acusaba a los abogados antirrepresivos de “armar embrollo para pirar con fierro”, indicando que ellos “tienen fierros y ayuda de afuera” para facilitar motines y fugas.
El “servicio” bonaerense, calificó a esquela sin fundamentos, sentido ni lógica por lo que consideró que no era necesario hacer la denuncia ante un fiscal, pero igual (ya que estaba) ordenó que se le informara por escrito cada vez que alguno de los letrados mencionados visitaba un interno en cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Lo más cierto es que a pesar de reconocer que la denuncia “carecía de todo viso de seriedad”, aún hoy la orden interna de espiar a los abogados de CORREPI se mantiene vigente y está claro que, con la excusa de ese anónimo -que pudo ser redactado de apuro para justificar la orden una vez descubierta- se registraron las concurrencias a cárceles efectuadas por los integrantes de la organización a presos políticos y luchadores sociales represaliados como Emilio Alí, Raúl Castells, Roberto Martino y los 57 presos del MTR, además de aquellos internos deseosos de denunciar homicidios o torturas ocurridas en las cárceles.
Algunos otros datos brindados por el represor también resultaron patéticos: Por ejemplo sostuvo que el objeto de la medida era “brindar cobertura y protección a los abogados del listado”, y que las tareas de inteligencia realizadas son habituales y ordinarias, aunque nunca antes se habían dispuesto similares medidas respecto de otros abogados, sean comunes o de derechos humanos.
La Comisión de Defensa de la Defensa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Dr. Juan Carlos Abud, Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y representantes del Colegio de Abogados de La Plata y de Quilmes patrocinaron a los abogados involucrados ya que las instituciones profesionales entendieron la cuestión como violatoria del libre ejercicio de la profesión y discriminatoria tanto para los letrados afectados como para sus defendidos, además de constituir el hecho un grave riesgo para unos y otros.
CORREPI califica el hecho un ataque directo contra nuestra organización que, evidentemente, con su actividad ha hecho lo suficiente como para ser merecedora del disgusto de los represores. También consideramos que hemos abortado una denuncia falsa que podría haber traído aparejado represalias hacia los compañeros. No podemos descartar que hayan planificado una “cama” contra algunos miembros de la organización.

SEXTA ENTREGA DEL ARCHIVO DE VICTIMAS
Medio centenar de familiares de víctimas del gatillo fácil se congregaron el viernes 14 en Plaza de Mayo para presentar a la opinión pública la sexta actualización del ARCHIVO que recopila los casos conocidos por CORREPI de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en la Argentina. Desde las cinco de la tarde y hasta pasadas las ocho de la noche una radio abierta difundió las adhesiones que fuimos recibiendo de organizaciones de DDHH, partidos políticos y centros de estudiantes, mientras distintos compañeros se alternaban ante el micrófono para traer su testimonio. Así hablaron Lilian Camacho del Movimiento Boliviano por los DDHH, Silvina del Movimiento Teresa Rodríguez, Juan Manuel de HIJOS, quien lo hizo en nombre de la Multisectorial por la Libertad de los Presos Políticos, León “Toto” Zimerman por CORREPI y Delia Garcilazo de Ríos en representación de los familiares de víctimas.
La absurda escena que ofrecía la Plaza, con un pesebre viviente organizado por el Gobierno de la Ciudad de un lado y los partidarios del carapintada Seineldín reclamando la libertad del coronel golpista al son de la Marcha de San Lorenzo del otro, no opacó la actividad que Aníbal de Santa Revuelta gráficamente describió “Estamos entre las hostias y las botas”. Un importante despliegue policial controló de cerca el acto, pero afortunadamente no hubo incidentes. Además del aporte artístico de los solidarios compañeros de Santa Revuelta, siempre dispuestos a sumarse a estas iniciativas, tocaron Libres o Muertos, viejos amigos de CORREPI.
Destacamos como uno de los hechos fundamentales que además de los familiares de víctimas de la represión policial que vienen desde hace años trabajando paralelamente a CORREPI, fue masiva la presencia de los padres y hermanos de muchos casos muy recientes, algunos con los que ni siquiera habíamos tenido contacto previo, que el viernes tuvieron su bautismo militante y, confraternizando con sus compañeros de dolor iniciaron el camino de la lucha colectiva en su reclamo de juicio y castigo a los asesinos. Igualmente importante fue la presencia de dos compañeras del grupo Madres del Dolor de La Rioja que viajaron especialmente para participar de la jornada. Desde Florencio Varela se acercaron los compañeros del Movimiento Teresa Rodríguez, trabajadores desocupados que marcaron con su presencia en la Plaza la necesidad de confluir en las luchas populares sumando esfuerzos para combatir al sistema que tanto mata a nuestros hijos con balas policiales o de hambre.
A las seis y media de la tarde una delegación de los familiares integrada por Sabina Sotelo, Pedro Ortiz, Norma Castro, Estela Bretas y Marina Luna (Madres del dolor La Rioja), María Esther Brun, Mateo Meza, Alberto Barreto, Noemí Jaez y Oscar Ríos cruzó la calle Balcarce para entregar en el Ministerio del Interior -símbolo de las políticas represivas del estado- una copia del Archivo. Como todos los años, burocracia mediante, regresaron a contarnos, a través de Pedro Ortiz, que un empleadito administrativo fue quien los recibió, para sellar hoja por hoja el Archivo que irá a parar al mismo cajón donde están los cinco anteriores -si es que Corach y Storani no se llevaron los suyos de recuerdo. Reafirmaron los familiares que participaron de la entrega que ese acto simbólico no contiene “petición” alguna, sino que, en la persona del ministro del interior Mestre, se resume el carácter represivo estatal.
Como dice un párrafo de la carta abierta de los familiares que encabeza el Archivo: “El gobierno nacional y los gobiernos provinciales siguen teniendo las fuerzas de seguridad que necesitan para ejecutar sus políticas de hambre y exclusión a través de la represión, aunque se quieran lavar la cara con “purgas” o “reestructuraciones” mediáticas, mientras ejercitan el “meta bala”. Los escuadrones de la muerte que practican la “limpieza social” en las villas y barrios pobres, sobre los que venimos alertando desde hace años, hoy motivan acordadas de la Suprema Corte bonaerense, la misma que como máximo órgano judicial de la provincia es el garante final de la impunidad de los asesinos. (…) La Justicia del sistema, además de amparar como de costumbre a sus patrones políticos, legitima cada vez más las cotidianas violaciones a los derechos humanos de los pobres, de los jóvenes, de los excluidos, es decir, de los “sospechosos” de siempre. Los jueces y fiscales sólo son garantistas cuando se trata de proteger al asesino de uniforme para reproducir la impunidad y sólo son duros en la aplicación de las leyes para reprimir a los pobres. Contra ellos, todo vale, especialmente Meter Bala, mientras los que sí van presos son los luchadores sociales, los que cortan rutas para reclamar trabajo, los que piden comida frente a un supermercado. Nuestros muertos no eran, en su mayoría, militantes ni luchadores sociales. Casi todos responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos, lo que dificulta a algunos dogmáticos con anteojeras caracterizarlos como víctimas de una violación a los Derechos Humanos. Los muertos de nuestro Archivo son los hijos y hermanos de los que cortan rutas porque hasta el derecho de huelga les ha sido arrebatado por este sistema injusto que cada día viene por más. Sus muertes no fueron “errores” o “excesos”, sino el resultado de las políticas represivas implementadas para reproducir y ampliar la explotación.”.
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CORRIENTES: A DOS AÑOS DE LA MASACRE
1999- 17 de Diciembre- 2001
Durante 1999 el pueblo correntino dio dado muestras de su combatividad contra el modelo económico y social impuesto por el menemismo a nivel nacional, los autonomistas y liberales a nivel local y las sucesivas intervenciones federales. Los trabajadores se habían autoconvocado en torno de una Plaza que llamaron de la Dignidad. Entre el 10 y el 17 de diciembre de ese año, los Autoconvocados volvieron a tomar el Puente General Manuel Belgrano que une Corrientes con la provincia de Chaco por quinta vez en seis meses. La Gendarmería enviada por el presidente De la Rúa y su ministro de Interior, Federico Storani, desalojó a los correntinos sembrando horror y muerte y poniendo de manifiesto cómo sería la política de la Alianza recién estrenada en el gobierno para con el pueblo argentino: Ajuste y represión.
La maniobra de guerra, ordenada por el Comandante Chiappe, fue ejecutada por alrededor de 300 efectivos de Gendarmería el 17 de diciembre de 1.999 a partir aproximadamente de las 4:00 de la mañana. Utilizaron el factor sorpresa, en horario nocturno, en la mayor oscuridad, gracias al provocado estallido de la central de energía ubicada a pocas cuadras del Puente, con el uso de lanzagases, de balas de goma y posteriormente de balas de plomo y el poder logístico necesario. Por las características se trató de un dispositivo preparado minuciosamente para dejar sin reacción posible a los manifestantes que ocupaban el Puente Gral. Belgrano. El objetivo expresado fue lograr el desalojo, pero el velado y el real fue sembrar el terror dentro de la población y de esta manera “disciplinar” al pueblo correntino o como dijo el apenas nombrado interventor, y hoy, Ministro del interior Mestre, poner “orden” ante la anarquía. Para ello, la irrupción de las tropas de Gendarmería en los barrios aledaños, la intrusión en los domicilios particulares de algunos vecinos y la instalación de francotiradores - algunos con indumentaria de civil - en los techos de las casas y en las azoteas de los edificios contiguos a la Avenida 3 de Abril.
Como sostuvieran los compañeros de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes “No es casual que hechos como el sucedido en Corrientes se reproduzcan con preocupante asiduidad a lo largo y a lo ancho de la República” y que ante los reclamos populares, la exclusiva respuesta del Estado Nacional y los Estados Provinciales sea la represiva.
La causa penal iniciada por la Comisión Provincial y la CORREPI ha dado vueltas de manera dilatoria para garantizar la impunidad. Recién en octubre de 2.000 la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Corrientes era el tribunal competente para entender en las denuncias presentadas. A pesar del tiempo transcurrido y que varias víctimas se habían constituido en querellantes y actores civiles, ninguna actuación judicial fue realizada durante ni después de resuelto el conflicto de competencia. Nadie fue indagado por las muertes de Escobar y Ojeda o en relación con alguno de los heridos. A Chiappe lo citaron como testigo.
Actualmente y en otra muestra de la decisión de mantener la impunidad, la Cámara Federal de Apelaciones no se ha expedido respecto a la recusación al Juez Federal Soto Dávila.
CORREPI se hace eco de las palabras de Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes que a dos años de estos trágicos sucesos dice: “Estamos nuevamente, como lo haremos siempre, demandando Justicia con lo único que no podrán arrebatarnos: la memoria, que es nuestra reivindicación y nuestra venganza. La memoria habla y dice: Mauro Ojeda- Francisco Escobar: Presentes - No los olvidaremos.”

POSTALES DE LA MISERIA
La miseria desplegada por el sistema capitalista sobre los argentinos sencillamente es inconmensurable. Una depresión económica que está presta a cumplir 4 años, el cierre de la mayoría de la actividad productiva, el mayor índice de desocupación de la historia, mientras que los sectores de las finanzas, banqueros y las empresas multinacionales que compraron las empresas estatales rifadas acrecientan diariamente sus ganancias.
El pueblo sufre. El día jueves hubo un paro “de compromiso” de la burocracia sindical. Hubo movilizaciones en varias provincias. En Neuquén hubo represión de parte de la policía de Sobisch (cada vez mejor equipada). En Córdoba, la policía de De la Sota también reprimió a los trabajadores. El viernes los trabajadores de la provincia de Buenos Aires tenían que cobrar el sueldo prometido de la semana pasada. Al llegar a los cajeros no les pagaban. Hubo movilizaciones en distintos municipios y toma del Banco Provincia por maestros y estatales. Uno de los manifestantes se quejaba “A los policías ya les pagaron. No en patacones sino en pesos. A ellos sí, así los tienen contentos para cuando Ruckauf los mande a reprimirnos a nosotros”.
El viernes por la tarde, en los mismos barrios de emergencia donde en 1989 hubo saqueos, de la Rosario de la miseria partieron hambreados a apropiarse de alimentos y así salvar su necesidad básica. La policía de Reuteman reprimió a los pobres. Un chico de 8 años sufrió un tiro de bala de goma en el pecho. Postales de miseria y de represión.

NAVIDAD SIN PRESOS POLITICOS
CORREPI como integrante de la Multisectorial por la Libertad de los Presos políticos exige de los poderes públicos la libertad de los compañeros, el cese de las persecuciones a los luchadores populares y la Amnistía ya para todos los represaliados. El día viernes 21 a partir de las 20 hs. se hará un recital solidario en Plaza de Mayo, tocando grupos como las Manos de Filipi, Santa Revuelta y Libres o Muertos, entre otros.

CORREPI