Boletín Informativo N° 234

CORREPI ANTE LA CIDH

El pasado miércoles 27 de agosto representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibieron a diferentes organizaciones para recibir sus informes sobre la situación de DDHH en Argentina, entre ellos CORREPI y los organismos tradicionales.

Los compañeros Ramiro Geber y Daniel A. Stragá expusieron acerca de la continuidad de la política de gatillo fácil, no sólo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país, y la tolerancia a la tortura que demuestran los poderes ejecutivo, judicial y aún el legislativo, con la pretendida confusión entre hechos de tortura que se califican como apremios ilegales u otras figuras menos gravosas para los policías involucrados.

A la vez, los compañeros informaron a la CIDH sobre el proyecto de ley de amnistía que impulsamos junto a más de 40 organizaciones del campo popular buscando poner fin a la criminalización de la protesta social. El comisionado Robert Goldman recibió una copia del texto y de la lista de adherentes. También anunciaron que en breve acompañaremos a la Comisión de DDHH de Corrientes y a las víctimas del Puente de Corrientes en la denuncia ante el organismo regional por la masacre inaugural del gobierno de De La Rua, debido a la inacción judicial en investigar y castigar a los culpables.

A lo largo de las exposiciones quedó de manifiesto la profunda diferencia ideológica que nos separa de la mayoría de los organismos tradicionales, ya que se llegó a debatir en el seno de la reunión el rol de las fuerzas de seguridad en esta etapa kirchnerista. Sobre la base de la bienvenida anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, muchos organismos parecen desconocer las violaciones a los DDHH contemporáneas.

Mientras que la Sra. Mabel Gutiérrez de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Laura Conte del CELS sostuvieron que en materia de derechos civiles y políticos el nuevo gobierno era un ejemplo de respeto a los derechos humanos, y Perez Esquivel del SERPAJ puso su acento en la violación a los derechos económicos y sociales, la Sra. Estela de Carlotto fue mucho más allá en su apreciación. Textualmente afirmó que su organización, junto a otras, participaba en proyectos de formación en DDHH de la policía porque “en la Fuerzas de seguridad no está todo podrido y que existen cuadros jóvenes en las fuerzas de seguridad que no tuvieron que ver con la época del proceso y que nada tienen que ver con hechos represivos, se manejan dentro de la ley” (sic).

Nuestros representantes debieron salir al cruce de tan peligrosa opinión, recordando que durante los tres meses del gobierno de Kirchner hemos recibido un promedio de tres denuncias de ejecuciones policiales por semana, lo que significa que la política de gatillo fácil está intacta; que la mayoría de los autores de torturas u homicidios son “cuadros jóvenes” que eran infantes o adolescentes en la epoca de la dictadura, y que la designación de Béliz, Quantin o Campagnolli como gerentes de la “seguridad” implica segura represión.

Desgraciadamente para Argentina, los funcionarios de la CIDH se llevaron la imagen de un país que ha avanzado en materia de DDHH. Incluso llegaron a sostener que se debe disminuir la litigiosidad ante la Comisión. En buena medida tienen razón, ya que se deben priorizar aquellas causas que efectivamente sean de DDHH, no las pecuniarias como las planteadas por ahorristas estafados por bancos privados y por el “corralito”.

IMPUGNACION A CANDIDATA A DEFENSORA

Se están llevando a cabo las audiencias públicas para designar a los defensores del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Una de las postulantes es Alicia Pierini, antigua directora de DDHH y después Subsecretaria de dicha área durante el menemato. Con la firma de los compañeros Pedro Ortiz por Familiares de Víctimas y de Daniel A. Stragá en representación de CORREPI formulamos la impugnación de Pierini por considerar que cuenta con antecedentes que la inhiben para defender los DDHH y los intereses populares.

Concretamente Ortiz denunció que en una reunión que un grupo de familiares tuvo con la funcionaria, Pierini negó categóricamente la existencia de gatillo fácil por parte de la Policía Federal –aun cuando los compañeros se cansaron de enumerar casos de nuestro Achivo-, con lo que demostró una visión emparentada con esa fuerza de seguridad.

Stragá a su turno recordó que durante la gestión de la hoy diputada Pierini se dictaron los vergonzantes indultos para los genocidas, y que apenas asumió su cargo en el ejecutivo, en mayo de 1991, estaba en plena ebullición la causa Bulacio. Como ha sido público y notorio, desde el ministerio del Interior a cargo del superior de Pierini, Julio Mera Figueroa, se desplegó una estrategia a favor de la impunidad del comisario Espósito que incluyó la designación de un abogado del poder como Argibay Molina para su defensa y cuyos honorarios salieron de las arcas reservadas de esa cartera.

CORREPI impugnó a Pierini porque queremos que “se vayan todos”, y especialmente los amanuenses de Menem.

ESCRACHE A MATHOV

El viernes 29 de agosto unas 150 personas nos congregamos en Callao y Corrientes para marchar a la calle Tucuman al 1600 para escrachar al ex secretario de seguridad interior de De la Rua, Enrique Mathov.

Convocados por nuestra organización, la familia de nuestro Petete Almirón y el movimiento piquetero 29 de Mayo (del que Petete también formaba parte) y con la participación de HIJOS, la LIga Argentina por los Derechos del Hombre, la Comisión de Familiares de los Caídos del 20 de diciembre, el CEPRODH y los compañeros del Grupo de Artte Callejero, le expresamos a Mathov todo el repudio popular por su figura y por las políticas que llevó adelante.

Alrededor de las 19:00 partimos encolumnados por Callao, doblamos en Tucumán y antes de llegar al domicilio de Mathov hicimos un alto frente al Comité Capital de la Unión Civica Radical, recordando que fue ese partido el responsable de varias masacres a lo largo de su “centenaria” historia. Desde la Semana Trágica hasta la Patagonia Rebelde, pasando por la masacre del pueblo correntino, los asesinatos en Salta y el 19 y 20 de diciembre de 2001 -de los que De la Rua, Storani y Mathov son personalmente responsables-, los radicales siempre han dado cátedra de cómo reprimir al pueblo.

La dirección de Tucuman 1621, 6° piso, Dpto. “L” es la oficina de Mathov. No vive allí pero la dió como domicilio particular en la causa que lo tiene procesado por los sucesos del 20 de diciembre. Claramente Mathov temía que lo fuéramos a escrachar a su casa y tomó la precaución de falsear su domicilio real. Fuimos a su estudio, ahora pero pronto iremos a su domicilio particular, porque “a donde vayan los iremos a buscar”.

Al llegar al edificio de Mathov, Martha Almirón, la mamá de Petete, se acercó al portero eléctrico y tocó el 6° “L”. Por supuesto nadie respondió. Desde la calle pudimos ver que las luces de la oficina de Mathov se apagaban para simular que no había nadie. Lo mismo hicieron Julio Talavera y Claudia Aguilera, ambos de HIJOS, lesionados el 20 de diciembre por la Federal a cargo de Mathov. En ese momento desde el apartamento lindante cayó un balde de agua sobre los manifestantes. Decidimos no reaccionar ante una clara maniobra de provocación que se unía a la absoluta ausencia visible de personal policial.

A continuación hizo uso de la palabra nuestro compañero Cherco Smietniansky que nos recordó el perfil y la conducta guevarista de Petete, que cayó luchando junto a su pueblo. A continuación habló el compañero Gustavo del M 29 y finalmente la compañera Mary, esposa de Gastón Rivas, quien leyó el documento consensuado por las organizaciones convocantes. El texto del mismo se puede leer en un envío aparte de este boletín.

Este escrache es una muestra más de que no olvidamos ni perdonamos, y que es en la calle, con la movilización, donde se ejerce el poder popular. Como decía siempre Petete, el único camino sigue siendo la lucha.

DE LA RUA: CON UNA AYUDITA DE LA JUEZA

La jueza menemista Servini “que encubría” le dictó una falta de mérito a De la Rua. Siempre lo quiso encubrir, como cuando no lo imputó por los homicidios, cuando ignoró durante más de un año la orden de la Cámara de indagarlo por las muertes y heridos, cuando lo dejó pegar tres faltazos sin mosquear, permitiéndole ir cuando a De la Rua se le cantaran las ganas. Debieron ser los abogados de CORREPI quienes le pidieran la captura para que se tuviera que romper el contubernio de impunidad.

Ahora la jueza le dictó una falta de mérito. O sea, según ella, no tiene elementos para procesarlo por el nimio delito de homicidio y lesiones culposas (por imprudencia o negligencia) por el que la Cámara ordenó indagarlo. La magistrada decidió creerle al represor De la Rua cuando argumentó que ignoraba lo que estaba pasando, que desconocía que la Federal hubiera baleado a Demetrio Cárdenas la noche del 19 de diciembre, que no sabía que la mañana del 20 las Madres de Plaza de Mayo eran reprimidas, que los diputados Bordenave y Zamora sufrían el atropello policial, y que no previó lo que pasaría cuando firmó el decreto de estado de sitio que culminó con la muerte de 6 ciudadanos y lesiones de al menos 270 personas.

Servini le creyó a De la Rua que ni siquiera levantó un teléfono para averiguar si era cierto que había muertos, como todos los medios de comunicación informaban ya a media tarde. En su absurdo fallo, la jueza no tuvo en cuenta cuestiones elementales como que el ya fallecido ministro Mestre y el procesado secretario de Seguridad Mathov habían ordenado la represión. Tampoco advirtió que en todo el marco fáctico De la Rua tenía su porción de dominio del hecho, bien importante por cierto, por ser el primer mandatario. Y lo que es peor, sostiene en su fallo la inoperancia como exculpación.

Una vez más la justicia es cómplice de la represión y hacedora de la impunidad. En escrito conjunto con los abogados de la Liga, CORREPI apeló la resolución de la jueza que sigue encubriendo.

PROCESAN A DIRIGENTE SINDICAL EN NEUQUÉN (por Fernando Dalmazzo, defensor de Raúl Godoy y abogado de la familia de Teresa Rodríguez).

Raúl Godoy, obrero de Zanón y Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, fue notificado de su procesamiento en una causa abierta por un corte del puente que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti realizado el 11 de Octubre del 2001.

De esta manera el Juez Federal Guillermo Labate agrega un nombre más a la lista de dirigentes y luchadores populares que caen bajo la política de criminalización de la protesta social, en una causa judicial cuya principal prueba es una foto digitalizada de un video que lo muestra a Godoy en una asamblea de obreros de Zanón que se lleva a cabo en un espacio verde cercano al puente.

Es necesario recordar que en aquella fecha los obreros de Zanón recién inicaban un proceso de lucha frente al intento de vaciamiento de la fábrica por parte de los empresarios. Dentro de ese proceso una sentencia judicial declaró el lock out ofensivo por parte de la patronal, los obreros permanecieron en carpas en las puertas de la fábrica y finalmente tomaron la decisión de ocuparla y ponerla en funcionamiento hasta llegar a generar nuevos puestos de trabajo genuino incorporando compañeros desocupados a la fábrica, y recientemente antiguos obreros ceramistas ante la necesidad de incrementar la producción. Frente a esta realidad no debe causarnos sorpresa que se reactive esta causa como una más de las tantas formas por las que se intentó frenar el ejemplo de Zanón.

El día jueves 28 Raúl Godoy se presentó en el Juzgado Federal para notificarse del procesamiento acompañado por una movilización de 2.500 personas, según registraron los diarios locales. En el marco de dos días de huega docente en la provincia se convocó a un acto frente a la casa de gobierno del que participaron docentes de toda la provincia, MTD neuquén, obreros de Zanón, cerámica Steffani, cerámica Del Valle, partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos. Después del acto los manifestantes se movilizaron al Juzgado, donde el compañero Godoy fue atendido por la secretaría quien le dijo que no era necesario que se presente acompañado de tanta gente, porque ahí no le iban a hacer nada. Comentario más que elocuente sobre lo que generan las movilizaciones populares a los funcionarios judiciales.

REPRESION A LA PARAGUAYA

Como acto inaugural de su gobierno, el nuevo presidente paraguayo (que no es el fascista Lino Oviedo, aclaramos) Nicanor Duarte Frutos anunció la puesta en marcha del plan “Pya guarpyrá” que en guaraní significa “para tranquilidad”. Para tranquilizar a la clase dominante de Paraguay el flamante presidente ordenó al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea de ese país apoyar a la policía en forma permanente para combatir el delito.

O sea, con la excusa de la “inseguridad”, Duarte Frutos va a militarizar todo el país. Y con la excusa del delito combatirá a muchos sectores populares que se opondrán a la aplicación de medidas de ajuste exigidas por el FMI. Para eso ya estarán los milicos, para ayudar a la policía.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Septiembre 9: Charla debate en Escuela de Arte de Avellaneda. Intervienen los compañeros Delia Garcilazo y Pedro Ortiz.

Septiembre 10: Charla debate en Escuela Ing. Huergo a cargo de los compañeros Ramiro Geber y Federico Pollevik

CORREPI