Boletín Informativo N° 264

AUDIENCIA PÚBLICA CONTRA LAS REFORMAS AL CODIGO CONTRAVENCIONAL
Los días 22 y 23 de marzo se llevó a cabo la tan promocionada auidencia pública, convocada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para conocer la opinión de la ciudadanía respecto de los proyectos de reforma al código contravencional.

Los medios de comunicación, que en rigor brillaron por su ausencia salvo en muy breves intervalos, se ocuparon de presentar el hecho como una especie de espectáculo circense. Las cámaras (de TV y de fotos) sólo reflejaron la presencia “vistosa” de las compañeras travestis, que si bien tuvieron una importante participación en el debate, precisamente señalaron en todas sus intervenciones que el sistema contravencional afecta a todos los sectores débiles de la sociedad, y que, como dijera una de ellas gráficamente “este es un debate sobre la represión contra los pobres, no una discusión sobre bombachas rosas”.

Los que estuvimos presentes, en particular el primer día, cuando más de 90 oradores hicieron uso de los 5 minutos que a cada uno le correspondían, vimos en cambio un escenario totalmente distinto del destacado por los medios. Vendedores ambulantes, piqueteros, militantes de derechos humanos, jóvenes, viejos, y por supuesto, también personas en estado de prostitución, homosexuales y travestis llenaron la sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

Vimos también que, mientras el gobierno dejaba como únicos interlocutores al secretario de justicia Juan Carlos López y al de seguridad, Enrique Carelli, los asistentes reclamaban la presencia del Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, abucheando la rápida huida del vicejefe Telerman, que a poco de ver que el 95 % de las intervenciones le pegaban palo tras palo a su gobierno, se fue silbando bajito.

Es que la sensación de escenario montado para parecer democráticos, dejándonos decir todo lo que teníamos para argumentar contra las contravenciones sin que siquiera se tomaran la molestia de escucharnos fue muy fuerte desde un principio. De allí que se denunciara en muchas intervenciones el fraude a la fe pública que significaba el evidente desinterés del gobierno de la ciudad por conocer el sentir popular sobre el tema de la convocatoria. Esta sensación se ratificó cuando supimos que ya estaba dispuesto aprobar, en la sesión del 25 de marzo de la legislatura, la ley procesal penal para la ciudad, cosa que efectivamente ocurrió.

Hubo muchas y brillantes intervenciones, tantas que es imposible mencionarlas todas. Dicen -veremos si lo hacen- que todas serán desgrabadas y publicadas en la web del GCBA. Todavía no lo hicieron. Como dijo nuestro compañero Gabriel Lerner, este gobierno, que tanto se preocupa por lo que quiere “la gente”, debería registrar que una apabullante mayoría de los intervinientes se manifestó en contra, no sólo de cualquier reforma represiva al código contravencional, sino incluso contra toda forma de limitación a las libertades individuales fuera de las previstas en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los tratados internacionales sobre la materia. Sólo dos o tres “vecinos” que ya conocemos por su función de “claque” de la policía, en especial de Palermo y Constitución, y algún legislador -muchos huyeron como rata por tirante al ver el clima fuertemente antirrepresivo del público- sostuvieron la necesidad de un código contravencional y de sus reformas represivas.

Por CORREPI intervinieron además de Gabriel, Luz Palmas Zaldúa, Ramiro Geber y María del Carmen Verdú. Nuestro compañero Gerardo Etcheverry habló en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Por su parte nuestro último orador previsto, Juan Meahudy, fue censurado el segundo día, argumentando que no estaba en la lista oficial, a pesar de que exhibió la copia de su inscripción y puede verificarse en la web de la ciudad (www.buenosaires.gov.ar link “audiencia pública por la reforma al código contravencional”) que su nombre figura en el número de orden 160.

Entre todos expusimos la línea que CORREPI sostiene hace años sobre la cuestión contravencional: que no es un tema jurídico sino una construcción ideológica destinada a reprimir a los segmentos más desprotegidos de la sociedad; que mientras existan los códigos contravencionales (en la ciudad o en las provincias) y la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes habrán detenciones arbitrarias; que todo este sistema de normas que otorga facultades a las policías para detener gente a su antojo tiene un triple objetivo de control social, “estadística” y recaudación ilegal; y que desde hace sesi meses, además, la Corte Interamericana de DDHH se ha pronunciado ordenando a la Argentina modificar sus normas internas en este tema, porque lo existente (ni hablar de las pretendidas reformas) son violatorias de la Convención Interamericana de DDHH.

JUICIO AL BETO IBARRA
Durante el año 2003 millones de personas se manifestaron en todo el mundo, de las más diversas maneras, para expresar su repudio a la invasión yanqui a Irak. Hubo movilizaciones, marchas, concentraciones, sentadas, y también boicots a marcas y cadenas comerciales emblemáticas del imperio. Pero Argentina es única en el mundo. Sólo acá se le ocurre a una fiscal contravencional procesar y llevar a juicio a un dirigente de una organización popular porque se escrachó nada menos que el gran símbolo norteamericano, un local de la globalizada -y contaminada- casa de hamburguesas McDonald’s. Y sólo acá se condena a un compañero por haber estado en una movilización donde se quemó un muñeco vestido de marine yanqui.

Como informamos en el Boletín nº 262, el hecho ocurrió el 26 de marzo de 2003, protagonizado por el Movimiento Territorial Liberación. Una fiscal contravencional instó la acción y llevó a juicio a Alberto “Beto” Ibarra, referente nacional del MTL.

Con una demora de una semana por razones inverosímilmente burocráticas, al año justo del hecho se celebró el juicio. La defensa estuvo a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ya desde temprano un cordón policial bloqueaba el ingreso al edificio de Combate de los Pozos 155, porque, como escuchamos decir a una empleada “otra vez vienen los piqueteros”. Además de los compañeros del MTL, que ambientaron la audiencia con el retumbar de bombos y consignas que se oían desde la sala, acompañaron a Beto dirigentes del Partido Comunista, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de CORREPI y delegados latinoamericanos, de Colombia, Brasil y Ecuador.

El defensor, Gerardo Etcheverry, destrozó los argumentos de la fiscal y demostró que todo el proceso, desde la misma acta, era nulo e inconstitucional. Probó sin dejar resquicio que la manifestación había sido anunciada a los medios, que la policía lo sabía porque montó un operativo de antemano, que no se interrumpió el tránsito de peatones y destacó la prioridad del derecho a la protesta sobre la circulación de automóviles. En particular desarmó el pretendido andamiaje jurídico de la acusación fiscal, que era ni más ni menos que el fallo con el que la Cámara Federal condenó a María Estela Martínez de Perón por comisión por omisión luego que los milicos, patrones de esos jueces, la derrocaran.

El juez en su sentencia verbal -el 2 de abril la entregará por escrito- dio una clase de gatopardismo. Después de repudiar la dictadura y de reinvindicar el derecho a manifestarse libremente, vino con el discurso de “las formas”, y pontificó que aunque una protesta sea legítima, hay que saber comportarse, y no es cuestión de andar quemando cosas en la calle. Con una de cal y una de arena, absolvió al compañero por la obstaculización del tránsito, y lo condenó por la quema del muñeco, lo que deviene mucho más preocupante porque no lo hizo como autor material, sino argumentando que, en su condición de líder del movimiento, “no impidió que otros lo hicieran”. Como dijo Gerardo en su alegato, es la doctrina del proyecto fascista de reglamentación del derecho de reunión del diputado Enríquez llevado a la práctica de facto.

A pesar de la “simbólica” pena que consiste en un “apercibimiento”, la sentencia será apelada a la instancia superior.

SALIO EL “ANTIRREPRESIVO”
Con notas de los compañeros Luz Palmas Zaldua sobre las causas de la ESMA y del Primer Cuerpo de Ejército, Gerardo Etcheverry sobre la Sindicalización de la Policía (que tanto apoyo sigue teniendo en algunos partidos de izquierda que parecen no darse cuenta que servirá para garantizar a la cana mayor capacidad represiva y más impunidad), Daniel Stragá sobre la Justicia Penal internacional y los presos del imperialismo y Lucía Valdés sobre el crímen de la secretaria general de AMMAR de Rosario, Sandra Cabrera, más las colaboraciones de Fabián Scandizzo sobre la lucha del pueblo mapuche y de Lumi Rodriguez Ortega sobre los presos políticos en Brasil, salió la nueva edición del “Antirrepresivo”.

En este número también analizamos la actualidad nacional en materia de represión y libertades públicas, y el avance de las políticas de consenso represivo contra segmentos sociales en conflicto.

ESTACION MAXI Y DARIO
A 21 meses de la Masacre de Avellaneda, el viernes 26 el MTD ANIBAL VERON, otras organizaciones piqueteras y populares y la Comisión de Víctimas y Familiares del 26, llevaron a cabo una jornada de homenaje y lucha. Además del clásico y masivo corte del Puente Pueyrredón, los compañeros marcharon a la Estación de Tren de Avellaneda, que fue el testigo mudo de la represión duhaldista contra los desocupados y el pueblo.

El hall central de la estación ferroviaria se encontraba cerrado desde hace muchos meses por disposición de la concesionaria Ferrocarril Metropolitano. Los compañeros la reabrieron para rebautizarla como “ESTACION DARIO Y MAXI”. Nada más auténtico a las luchas populares que poner el nombre de dos de los tantos mártires del pueblo argentino, que cayeron para un país mejor.
Los compañeros levantaron la persianas que se encontraban cerradas y llevaron a cabo un acto que fue encabezado por los familiares de Dario Santillán. Después se retiraron.

Este acto de pura soberanía popular fue utilizado por un tal Fernando Jantus, jefe de relaciones públicas de Ferrocarril Metropolitano, para acusar a los organizadores de haber destruido parte de las instalaciones de la estación. En el marco de la campaña de desprestigio de los sectores más combativos, y para estigmatizar a los piqueteros, el empresario se llenó la boca en cuanto canal, radio o medio gráfico pudo, hablando del “vandalismo”, “de las caras tapadas”, y todo el cliché demostrativo del odio de clase.

La misma empresa Ferrocarriles Metropolitano, que a pocas horas de la Masacre de Avellaneda mandó a su personal de maestranza a “limpiar” las pruebas del asesinato de Darío Santillán en el hall de la estación; la que meses después mandó destrozar las placas y murales recordatorios que se habían colocado en homenaje a los caídos, ahora es la acusadora.

Mentirosa acusadora de incidentes que no existieron, o hubieran sido profusamente recogidos y filmados por los cronistas de tanto “periodismo independiente” que existe en nuestro medio. Es tan burda y falsa la acusación de Ferrocrril Metropolitano que ni Crónica TV ni el canal 9 de Hadad, que estaban cubriendo el acto, tienen un centímetro de filmación.

Como dicen los compañeros de la Verón, no es casual que sea el mismo Ferrocarril Metropolitano que por motivo de las protestas piqueteras que acontecieron en las ultimas semanas en la ciudad de La Plata debido a la masiva caida de planes de empleo, mintió al declarar que grupos piqueteros amenazaron y atacaron maquinistas para desviar el rumbo de los trenes. O la misma que ha “inventado” supuestos gremialistas que verbalizaron amenazas contra piqueteros.

Una nueva vuelta de tuerca, esta vez usando a los empresarios, para avanzar en la criminalización de los sectores en lucha.

COMITES, SABINA SOTELO Y EL MANCHADO DE FELIPE SOLA
El gobierno de Felipillo Solá acaba de conformar un ente que supuestamente se encargaría de supervisar y controlar a la policía, agentes penitenciarios, jueces y fiscales en causas relacionadas con la violencia institucional. Entre sus integrantes, que asumieron el pasado viernes, se cuenta Sabina Sotelo, la mamá de Víctor “Frente” Vital, asesinado por el policía bonaerense Héctor Eusebio Sosa el 6 de febrero de 1999.

CORREPI tiene un profundo respeto por Sabina Sotelo, que se ha destacado en su denodada lucha por el esclarecimiento y búsqueda de justicia para su hijo. En ese camino hemos coincidido y marchado juntos, y seguiremos haciéndolo (aun está pendiente la fecha de juicio oral para el asesino Héctor Sosa). Sabina colaboró con nuestra organización, sobre todo en la zona Norte del Gran Buenos Aires en la exposición pública y desmantelamiento del escuadrón de la muerte regenteado por policías del Talar de Pacheco y Tigre, y ha seguido haciéndolo aun después de formar una ONG independiente de CORREPI.

Sin embargo, debemos aclarar que no avalamos ni acompañamos su participación en ese Comité Consultivo de DDHH, simplemente porque CORREPI no aporta funcionarios a los gobiernos que sostienen políticas represivas.

Por otra parte, opinamos que como ya ocurriera con el instituto de la Memoria Provincial, este comité será un maquillaje de Solá para hacer creer que hace algo por los derechos humanos. Tan es así que a solo dos días de inaugurarse este comité que además de Sabina, integran Rosa Bru y el escritor Osvaldo Bayer, se conoció que Felipe Solá había nombrado como uno de los jefes del Servicio Penitenciario a un conspicuo torturador. Efectivamente, en noviembre del año pasado el gobernador, con el consentimiento de funcionarios como Remo Carlotto, nombró como nuevo Secretario de Información del SPB al Inspector mayor Ramón Fernández, alias El Manchado.

Este individuo está involucrado en causas por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata durante la dictadura militar. Entre los 19 imputados de esa causa, además del Manchado Fernández, están nefastos personajes como el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino; el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz; el civil Carlos Castillo, alias El Indio y otros hijos de puta por el estilo.

El comité que integra Sabina Sotelo debería investigar las diferentes denuncias contra Fernández como motor de una campaña de inteligencia contra jueces como Borrino, o contra nuestra propia organización, pues fue desde esa oficina de inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense que crearon una lista negra conformada por varios de nuestros abogados, cuyas visitas a cárceles eran prolijamente informadas desde los penales, con las obvias consecuencias para los internos que visitamos.

OTROS DIECIOCHO POLICIAS FEDERALES PROCESADOS POR FRAGUAR CAUSAS
La semana pasada, en la causa “CICCARELLI, Marcelo Gustavo y otros s/privación ilegal de la libertad agravada”, el Juzgado de Instrucción 25, a cargo de la Dra. Mirta L. López González, dictó el procesamiento de dieciocho policías federales, entre ellos al menos un comisario y un subcomisario, por diversos hechos vinculados a la práctica de fraguar causas, especialmente en perjuicio de personas de bajos recursos. Se trata de un fallo de 71 fojas (es decir, 142 carillas), del cual extraemos algunos párrafos que constituyen un poco habitual reconocimiento judicial de las prácticas criminales de la PFA:

“Es permanente la nostálgica alusión de los funcionarios policiales a la práctica del “manyamiento” como uno de los mecanismos que tenían las fuerzas de seguridad para reconocer “por pinta” a los eventuales delincuentes con los que se cruzaban por las calles. Esa rémora positivista (…) tampoco surtió efectos en muchas de estas ocasiones, por cuanto nada más en algunos
pocos casos los detenidos eran personas con antecedentes penales (…)”.

“Es muy posible que la realización de estas detenciones no haya modificado el promedio de cada dependencia, pero también queda claro que dieron una imagen de “productividad” policial basada en un apoyo mediático quizás desmesurado, teniendo en cuenta la real entidad de los sucesos presuntamente prevenidos. Se tornaría evidente, entonces, la utilización de estos procedimientos fraguados como mecanismo útil para acreditar ante el público la eficaz acción preventiva de la policía a costa de la detención de personas inocentes, empresa que, en este contexto, pareciera haber obedecido a directivas superiores dirigidas a acreditar ante la sociedad la capacidad de esa fuerza de seguridad.”

La creación de la comisión de fiscales para examinar la existencia de causas fraguadas fue un primer reconocimiento por parte del Estado Nacional sobre las prácticas criminales de la Federal. Ahora, esta nueva resolución judicial profundiza ese camino. Sin embargo, tanto Kirchner como Ibarra siguen apostando a reformas cosméticas de una fuerza esencialmente reñida con los DDHH, cuyo presente es la lógica continuidad de un pasado reciente en el cual gestionaban centros clandestinos de detención como “El Atlético”, el “Olimpo” o Garage “Azopardo”.

PROXIMAS ACTIVIDADES
28 de marzo, 14:00: Festival antirrepresivo en el anfiteatro de la Plaza Martín Coronado, frente de la estacion, BASTA DE POLICIAS ASESINOS - BASTA DE IMPUNIDAD. Convocan Familiares de Víctimas del Sistema choco_justicia@yahoo.com.ar

Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
CORREPI

Quienes deseen recibir el texto del Archivo 2003 (presentación y datos, casos zipeados y gráficos) pueden pedirlo por mail a correpi@fibertel.com.ar

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