Boletín Informativo N° 281

NUEVOS FUNCIONARIOS K
El nuevo Ministro de Seguridad, Horacio Rosatti, fue el delfín del menemista Reuteman en Santa Fe, funcionario de aquel gobierno en dos ocasiones e intendente de Santa Fe desde 1995. Recordemos que la policía santafesina es la más asesina del país, con 62.01 casos de ciudadanos muertos por millón de habitantes en los últimos años. La santafesina no tiene nada que envidiarle a la bonaerense, donde la relación es de 50.27 por millón de habitantes.

En la secretaría de Seguridad asumirá Alberto Iribarne. Fue el segundo de Corach en el Ministerio del Interior, el más menemista de los ministros. Pero además fue hombre de Cavallo, cuando este impulsaba la candidatura de Gustavo Béliz a la jefatura de la ciudad, y paseaba por las villas en auto blindado con el ideólogo de la tolerancia cero, William Bratton.

Iribarne también fue segundo de Juanjo Alvarez, en el mismo cargo que hoy ocupa, durante la presidencia de Duhalde. Como tal fue el responsable de la represión a la actividad de Greenpeace en las escalinatas del Congreso, en la que se llevaron presos a decenas de asambleístas y militantes de izquierda, originando una causa que sigue en trámite ante el juez correccional García.

Durante esa última gestión Iribarne llevó adelante la represión a los trabajadores y militantes de Brukman. El 23 de Abril del 2003, dos días después de esa represión, el diario La Nación informaba que “El secretario de Seguridad, Alberto Iribarne, justificó la acción policial organizada para desconcentrar a los empleados movilizados anteayer frente a la fábrica, para intentar tomarla. Tras ese hecho, 46 personas fueron atendidas en hospitales porteños, afectadas por los gases lacrimógenos y las balas de goma lanzados por la policía.´No era una protesta social, sino el incumplimiento de la orden judicial del juez de instrucción Jorge Rimondi, que había ordenado desalojar el inmueble y adoptar las medidas necesarias para impedir que volvieran a ingresar´, afirmó
Iribarne durante una rueda de prensa”.

No es casual semejante nombramiento. Si el ministerio de seguridad estaba, con Beliz, en manos del Opus Dei, y la Secretaría de Seguridad encabezada por carapintadas como Quantín, hoy volvieron los menemistas y duhaldistas puros. Los funcionarios salientes querían militarizar la pobreza y hacer una policía de “tolerancia cero” al estilo New York. Con los nuevos, da la sensación de que volvió el “estilo Menem”, como en los viejos tiempos de Carlos Vladimiro Corach o Juanjo Alvarez.

SE LES ESCAPO LA TORTUGA
Esta semana nuestra organización puso en evidencia la mentirosa política del gobierno de Felipillo Solá a la hora de buscar a sus prófugos.

Arslanian, que siempre vuelve, pero nunca del ridículo, lo anunció como medida espectacular: la creación de una comisión especial para buscar a los miles de prófugos de la Justicia que hay en la provincia de Buenos Aires. Todos y cada uno de ellos, muertos de miedo. El grupo “Halcón” iría tras sus pasos.

La primera misión que este grupo de “élite” tuvo fue capturar a un prófugo de ellos: Raúl R. Gastelú, cabo de la Primera de Morón, que había torturado hasta la muerte a Sergio Durán, un pibe de 17 años.

No es que tuvieron que investigar donde estaba. CORREPI ya lo había hecho por ellos. Ya estaba verificado que el tipo seguía viviendo en su propia casa, la que figuraba en el legajo policial.

No tuvieron que hacer inteligencia, porque la inteligencia se la brindó CORREPI. Hacía un par de meses que compañeros nuestros andaban por el barrio, haciéndose pasar por vendedores ambulantes, por clientes del gimnasio al que iba, y hasta lavaron ropa en el lavadero que usaba la familia. Con eficacia por cierto y sin levantar sospecha alguna.

Como CORREPI no dispone de elementos técnicos, tuvimos que recurrir al periodismo televisivo. Nos contactamos con Puntodoc y se pudo filmar a Gastelú comprando unos cuchillos de asado, y recomendándole al vendedor que se cuidara porque “el barrio está lleno de malandras”.

El miércoles 14 de julio, la CORREPI y los periodistas del programa presentaron las pruebas a la fiscal Sandra Mingolo. Esta llevó el caso al fiscal general de Morón, quien trató de ubicar al ministro Arslanian, ocupado en ese mismo momento en el acto de presentación de la brigada anti-prófugos.

Consultado por teléfono, el “reformador” de la bonaerense eligió un grupo de su confianza dentro del grupo de elite, comandados por el comisario Jorge Fernández.

Los hombres de confianza de Arslanian resultaron unos inútiles, o bien encubrieron a su camarada en apuros. Tardaron 28 horas en llevar adelante el procedimiento. Durante ese lapso, fueron con cuatro móviles al barrio y se exhibieron en las esquinas. El movimiento llamó tanto la atención que los vecinos llamaron a la comisaría porque “había gente extraña”, y bajaron patrulleros a identificar a sus colegas supuestamente camuflados.

Obviamente, al grupo de Arslanian se le escapó la tortuga. A Arslanian también. Pero Arslanián sigue en su puesto. No brindó explicaciones y no quiso atender a los medios. Es que, o es un inútil, o lo hicieron a propósito para garantizar la impunidad del torturador.
EL GOBIERNO DEFIENDE A VALLECCA
El jueves a la noche lo anunciaron con bombos y platillos. Era la primera caída del tembladeral que se venía en el área de Seguridad: habían echado al jefe de la Policía Federal Prados, nombrando en su lugar a Néstor Vallecca, a quien presentaban casi como un “civil” porque se había recibido de abogado.

Inmediatamente CORREPI volvió a publicar los antecedentes de Vallecca, que ya habíamos hecho públicos, sin tanta repercusión, cuando lo designaron subjefe.

Entre otras cosas (porque el hombre entró a la federal por 1970, y no sabemos dónde estuvo…) Vallecas era titular de la Cria. 19ª cuando el recordado escrache al terrorista de estado Miguel Etchecolatz en septiembre de 1998, cuando después de gasearnos y dispararnos en el lugar (Pueyrredón al 1000) nos corrieron hasta las Facultades de Ciencias Sociales, Exactas y Económicas donde buscamos refugio. Los “servidores públicos” violaron la autonomía universitaria y gasearon el edificio de Marcelo T. de Alvear. Como consecuencia de la represión, un estudiante de Sociología perdió el 70 por ciento de la visión.

El entonces ministro Beliz dijo textualmente que “El presidente de la República conoce este antecedente, que circulaba en una página de Internet, pero lo consideró un elemento no probado, es decir no generado en términos de prueba concreta en lo que era la causa judicial”.

Desde CORREPI no teníamos conocimiento de que K se dedicara a analizar causas judiciales. Tampoco teníamos conocimiento de que confiara tan ciegamente en las pruebas que la jueza menemista Servini de Cubría pudiera haber colectado. No sabíamos que K estuviera tan pendiente de la magnanimidad, equidad y ecuanimidad de la justicia federal.

Continuó diciendo el flamante ex ministro Beliz que “el elemento no le pareció relevante (al Presidente) desde el punto de vista de la toma de la decisión para designarlo nuevo jefe de la Policía Federal”.

CORREPI tiene la convicción que el dato es relevante, pues Vallecca es el candidato ideal -desde el punto de vista del gobierno- por ejemplo, para aplicar el nuevo Código Contravencional con el que pretenden reprimir las protestas sociales y penalizar la pobreza en la Capital Federal.

LLEGARON LOS INVASORES
Y la primera avanzada de “marines” argentinos ya invadieron Haiti. De los más de 600 que irán a la isla caribeña, 74 ya están acantonados en Gonaives. Mañana lunes 26 en la ciudad cuna de la independencia del primer país liberto del mundo, el milico argentino recibirá el mando de parte del milico canadiense. A partir de entonces, los “combatientes de la libertad” argentinos patrullarán las calles de esa ciudad. A partir de allí, serán “vendidos” a la sociedad argentina como “fuerza de paz” cuando en realidad serán tropas de ocupación.

La crónica periodística indica que los tiros se escuchan en las sombras de la noche en Gonaives como en todo Haiti. ¿Cómo actuarán los militares argentinos ante un connato de agresión de parte de los haitianos? ¿Qué sucederá con la “profesionalidad” militar argentina? ¿Qué paz implementarán los milicos? ¿Qué pasará si matan a un haitiano?

La Argentina, en el marco de la “cooperación” con U.S.A. suscribió la inmunidad de las tropas yanquis que actúen en misiones en el territorio nacional. Ello significa que no sean alcanzados por la ley argentina en cualquier delito que cometan con motivo de su actuación castrense. Estos delitos serán juzgados por la ley yanqui.

Pero la inmunidad es recíproca. Ningún soldado argentino será alcanzado por la legislación del país al que invada. Es decir, que si matan a un haitiano, el milico argentino será juzgado por la ley argentina y por jueces federales argentinos. O sea si hay un “gatillo fácil” el marine argentino será juzgado por Oyarbide o Servini de (en) Cubría. Inmunidad o impunidad garantizada para los que van a preservar la paz del país de Toussaint-L’Ouverture.

CARCELES MENDOCINAS
Para muestra basta un “botón”. El 1º de octubre del 2003, los medios de comunicación hablaron y se escandalizaron por el informe de la ONU sobre las cárceles argentinas. Se señalaba que los detenidos en distintas comisarías y cárceles de la Argentina sufren “condiciones de extrema gravedad, crueldad e inhumanidad”, al tiempo que se acusó al Gobierno nacional de incurrir en la “criminalización de la pobreza”. Continuaba alertando sobre “las malas condiciones de los presos en cuanto al hacinamiento, la falta de servicios sanitarios y la violación en muchos casos al derecho a la defensa, superando incluso a países que no tienen democracia como Irán”. Este informe se basó en visitas realizadas a comisarías y once cárceles e institiutos de menores. Entre ellas Mendoza.

El informe destaca como temas de preocupación: la detención de personas sin base legal, por ejercer el derecho de libre expresión, la detención irregular de niños y adolescentes, etc. coincidiendo en que “la situación económica negativa impacta directamente en los derechos humanos”.

Sin embargo, todo sigue igual. En esta semana, un grupo de abogados de DDHH de Mendoza ha impulsado una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que dicha entidad intervenga cautelarmente ante el Estado argentino a fin de evitar daños irreparables a la vida y la integridad física de los internos (procesados y condenados) alojados en la Penitenciaría de la Provincia de Mendoza y sus dependencias.

Los letrados que sistemáticamente venían interponiendo recursos ante la justicia y ejecutivo de la provincia a fin de paliar las condiciones de insalubridad, hacinamiento y degradación de los internos, decidieron esta medida internacional ante la inacción notoria de las autoridades competentes.
En alguna de las causas judiciales el propio poder judicial pudo determinar que las celdas de la penitenciaria provincial tienen dimensiones que no superan los 2 metros cuadrados, donde hay una sola cama de material, sin luz natural ni ingresa el aire del exterior. En dichos calabozos se encontraban alojados 4 personas. En muchos casos, dicho encierro se extiende por un término que alcanza las veinte horas. Dentro de las mismas los detenidos deben realizar sus necesidades fisiológicas dentro de una bolsa de nylon en condiciones de promiscuidad total. Carecen de agua para bañarse debiendo recurrirse a una manguera. Se ha descubierto que muchos de ellos tienen sarna y otras enfermedades producto de la falta de higiene.

Los presentantes denunciaron también que el transcurso del año 2004 se han conocido por los medios de comunicación la muerte de al menos 11 internos y un número no determinado de heridos, sin que se esclarezca la responsabilidad de las autoridades penitenciarias.

Concluyen los abogados de DDHH que “A esta altura queda claro que la Penitenciaria de Mendoza no garantiza el derecho a la integridad física ni a la vida de los internos alojados en ella, ni tampoco se implementan en ella tratamientos de readaptación social para los penados. Por el contrario ingresar al Penal de Mendoza acusado de un delito leve o grave constituye un atentado contra la dignidad de la persona humana.”
EN TRES ARROYOS, COMO EN BS. AS.
Participaron de una movilización reclamando que sus derechos sean respetados y denunciando las políticas represivas del estado. Fueron detenidos mucho después de los supuestos hechos que se les imputan, y en lugares bien distantes del lugar de la movilización. Están acusados por SUSTRACCIÓN DE PERSONA Y COACCION AGRAVADA, INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS E INSTIGACIÓN A LA VIOLENCIA COLECTIVA.

Pero no son los 16 detenidos de la movilización del pasado viernes a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, sino los cuatro arrestados en la localidad bonaerense de Tres Arroyos, dos días después de la protesta que denunciara la complicidad policial y judicial con los delitos en la zona.

A los cuatro los detuvieron en Tres Arroyos el 30 de junio y los trasladaron a Bahia Blanca. Luego de una denuncia ante los medios locales por maltratos sufridos en Bahía Blanca a manos de la policía, fueron llevados, en un caso, a la comisaría de Claromecó (una localidad del partido de Tres Arroyos) y los dos restantes a la Comisaría de Gonzáles Chaves (capital del partido del mismo nombre, lindante con Tres Arroyos).

Un grupo de vecinos que pertenecen a la Asamblea Popular, a la filial local de APDH, al Partido Socialista, a la Biblioteca Popular José Ingenieros, algunos independientes y algún abogado amigo, junto con los familiares y amigos de las víctimas, se han nucleado para proveer a la defensa de los presos, y se conectaron con CORREPI. Han resuelto hacer público un documento que sintetice la posición frente a lo ocurrido y reclame la libertad de los presos; visitar en sus lugares de detención a los presos, solidarizarse con el compañero prófugo, solicitar audiencias con el intendente, el fiscal y el juez de garantías y otras medidas para lograr una movilización masiva que presione a las autoridades.

Los detenidos que quedan de la marcha a la legislatura, mientras tanto, permanecen en idéntica situación. Los abogados de los organismos que nos pusimos a disposición no sabemos todavía qué hecho concreto se imputa a cada uno de ellos, con lo que es ilusoria toda idea de defensa. Sí sabemos que van a tener que inventar mucho, porque todos fueron detenidos -como en Tres Arroyos- bastante después y bastante lejos del lugar, al punto que varios ni siquiera estuvieron en la movilización.
EXTRAÑA MUERTE EN TIERRA DEL FUEGO (agradecemos la información a PO.DE.PU)
Oscar Vouillez, residente en Río Grande, Tierra del Fuego, apareció muerto el miércoles después de 31 días de estar desaparecido. Durante ese tiempo hubo una intensa búsqueda por parte de la familia, amigos y la policía. Hubo versiones de todo tipo, desde las clásicas que descalifican a la víctima y su familia, hasta la versión proveniente de un anónimo de que habían visto cuando lo levantaba un patrullero. La familia estaba segura que estaba muerto y de ser así tal como se confirmó, que se trata de un homicidio.

La zona donde apareció el cadáver había sido rastrillada tres veces, situación que están confirmando testigos que protagonizaron las búsquedas, así que está la certeza que plantaron el cuerpo. El cadáver está totalmente desfigurado y le faltan partes de los miembros y vísceras.

El cuerpo fue encontrado en el predio de la planta potabilizadora, fuera del éjido urbano pero cerquita de la ciudad, y fue detectado a simple vista por un empleado, así que está claro que amaneció ahí ese día.

Hubo varias marchas de silencio, y la última fue el domingo y culminó en sede policial. A partir de esto ya hubo más prensa y adhesiones y acompañamiento de organizaciones sociales.

El rumor en la zona es que puede ser parte de una interna policial, ya que el nuevo gobierno que asumió el 10 de enero designó un nuevo jefe, con lo que pasaron a retiro a varios cabezones, lo que motivó que la nueva jefatura no goce del beneplácito de una fracción de la fuerza, así que quizás “le tiraron un cadáver”.

CORREPI ha sido convocada a colaborar con los compañeros de PO.DE.PU., y empezaremos por aportar el concurso de un médico forense de parte, a fin de establecer con certeza la causa de la muerte.

PROXIMAS ACTIVIDADES

Martes 27 de julio, 9:00, en los tribunales de Lomas de Zamora (Camino Negro y Larroque) vamos a escrachar a Isidoro Segundo Concha, responsable de la muerte de Jorge “Chaco” González, citado ese día a indagatoria.

Sábado 31 de julio, en Las Varillas, Córdoba, durante las jornadas organizadas por la Cooperativa Eléctrica Las Varillas, panel sobre LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO (DE)FORMADORES DE UNA CONCEPCIÓN DEL MUNDO, integrado por Julio Rodríguez Villafañe (ex juez de Córdoba), Pedro Brieguer (periodista), Roberto Gómez (director de la revista Acción) y María del Carmen Verdú por CORREPI.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.

10 de agosto, 13:45, en la escuela pública N° 14 DE 1, de la calle Sarmiento 2250, congreso sobre Inseguridad, Pobreza y Educación, con la participación del compañero Ramiro Geber por CORREPI.