Boletín Informativo N° 287

El martes 31 de agosto más de 100 personas fueron detenidas en Plaza de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por un amplio espectro de organizaciones piqueteras para reclamar la libertad de los presos políticos y repudiar la presencia del enviado del FMI en el Ministerio de Economía.

La arbitrariedad de las detenciones quedó demostrada cuando sin siquiera citarlos para declarar, el juez federal Juan José Galeano ordenó la libertad sin restricciones de 94 detenidos, reteniendo en cambio a ocho (siete varones y una mujer, pertenecientes a Quebracho, al MTR-CUBa y a la FTC Mesa Nacional) que fueron sometidos a indagatorias recién por la noche del día miércoles.

La defensa de los compañeros fue asumida por un conjunto de abogados de diversos organismos y organizaciones, integrado por CORREPI, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, APEL, CeProDH y MTL.

Los ocho detenidos fueron imputados por un mismo hecho general, que el juez Galeano considera constitutivo del delito conocido como “prepotencia ideológica”, descripto en el art. 213 bis del código penal como “el que comete el que organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión.

Además, en diversas combinaciones, se les imputaron los delitos de intimidación pública calificada (3 a 10 años); daño calificado (3 meses a 4 años) y coacción contra funcionario público agravada (6 meses a dos años).

Lo notable es que, igual que en el caso de los detenidos de la Legislatura, al analizar la conducta de cada detenido, el juez sólo puede señalar hechos como que fulano tiró una piedra, aquél usó una gomera o tal otro tenía en la mochila una bomba de estruendo. La imputación más absurda es la sufrida por la única compañera mujer, a la que no pudo endilgarle ningún otro delito más que el del art. 213 bis (por eso salió en libertad). Galeano considera probado que era parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas por la fuerza porque en la mochila tenía un elemento cortante (un “cutter” de colegio), un handy, revistas y panfletos.

Más absurdas aún son algunas de las razones por las que el juez justifica mantenerlos detenidos: dice que muchos se cubrían el rostro con pañuelos, lo que “prueba la intención de eludir la justicia…”

Es evidente que el gobierno ha comenzado a transitar una nueva senda en materia de represión a la protesta, dentro del proceso que venimos caracterizando. Hace dos años y medio, en la edición de mayo de 2002 de nuestra revista ANTIRREPRESIVO, escribimos:

(…) Las nuevas formas de lucha que encaran los sectores populares hacen que se haga necesario, para el sistema, inventar “nuevos delitos” mediante la redacción de nuevas leyes o en su defecto “descubrir nuevos delitos” forzando interpretaciones que, a veces, los mismos fiscales y jueces no pueden sostener con una mínima seriedad jurídica ante sus propios pares.
(…) Es así que, siguiendo los procesos judiciales de los últimos años, vemos que las protestas sociales han ido avanzando de “supuestos” delitos no detenibles (acusaciones por penas de menos de 3 años) a “supuestos” delitos graves que enfrentan penas de 15 o más años de prisión, mientras algunos jueces y fiscales pretenden autoproclamarse paladines del “estado de derecho” que vienen a poner fin a los “desmanes” que pretenden realizar los llamados “inadaptados sociales” que reclaman un puesto de trabajo o un cambio en las leyes que rigen esta sociedad.

(…) Esta tendencia a agravar los delitos y consecuentemente las penas pareció apuntar en una primera etapa sólo a causas individuales y contra determinados dirigentes (…). Probablemente confiaba el sistema en que, descabezando un movimiento con la persecución y prisión de un dirigente, se neutralizaba al conjunto eficazmente. En tiempos recientes varios indicios parecen indicar que entramos en una etapa de imputaciones y detenciones masivas, dirigidas incluso a establecer las bases para ilegalizar a determinadas organizaciones sociales y/o políticas que están al frente de las luchas.

(…) Sin duda el poder judicial apunta, como apéndice del poder político-económico, a agravar las acusaciones y masificar las detenciones como una de las formas de contención de la protesta social, generando el miedo real a ser detenido e incluso pretendiendo desarticular las organizaciones mediante la detención prolongada de sus dirigentes y amenazando con la ilegalización eventual de las mismas para que el solo hecho de pertenecer a un grupo militante constituya delito.

Hay una evidente continuidad entre lo que anticipábamos un año antes que asumiera este gobierno nacional, y los hechos represivos recientes. Si entonces, decíamos, se apuntaba a los dirigentes para luego hacer detenciones masivas que produjeran un efecto disciplinador, ahora se combinan en un salto cualitativo ambas formas, mientras se sigue ascendiendo en las escalas penales hacia delitos cada vez más graves.

En el caso de la Legislatura hubo más de treinta detenidos iniciales, y se dictó la prisión preventiva de dieciséis, que a la fecha siguen presos. En el caso de la Plaza de Mayo, fueron 102 los arrestados en el momento, para luego centrar las acusaciones en ocho, siete de los cuales no fueron excarcelados y enfrentan la posibilidad de durísimas condenas. En la provincia presidencial de Santa Cruz está ocurriendo lo mismo (ver nota siguiente).

En ambos casos, y aprovechando el mayor consenso para reprimir que el gobierno se dedicó a construir desde mediados del año pasado, la táctica fue detener masivamente primero, y seleccionar después un grupo reducido al que se endilgan todos los males posibles, con el evidente objetivo de aislarlos del conjunto de la sociedad.

Por otra parte, se ordena la captura de dirigentes como Fernando Esteche, o se detiene a Gustavo Franquet por una causa de la que ni el propio juez de Lomas Ferreyra Pella recuerda los detalles, como declaró a Clarín, consiguiendo así un mayor sustento mediático. Del mismo modo, las detenciones en Caleta Olivia se ordenaron sorpresivamente con el conflicto en apariencia resuelto y fuera de las tapas de los diarios.

Parece que, a pesar de la promesa declamada de no criminalizar la protesta social, movilizarse es cada vez un delito más grave.

TEMPORADA DE CAZA DE PIQUETEROS EN CALETA OLIVIA

El 3 de Setiembre fueron detenidos 17 piqueteros en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Otros 8 estarían con pedido de captura, acusados por privación ilegítima de la libertad, resistencia a la autoridad, usurpación y daños, entre una decena de cargos.

La causa la inició el juez de instrucción Marcelo Bailaque, a partir de la toma de una planta de Terminales Marítimas Patagónica (TerMaP), exigiendo trabajo. El juez ordenó las detenciones por medio de una razzia, que todos los testigos coincidieron en describir como una “cacería humana”, que no respetó ni siquiera a los recién nacidos: uno fue dejado abandonado por la policía en su casa mientras detenían a sus padres. Otros niños tuvieron mejor suerte, y terminaron en la comisaría junto a sus progenitores.

En planta de TerMap, mientras tanto, fueron apostados 50 gendarmes, la mitad de ellos de una brigada General Acha, que supo andar por Bosnía y Haití, y por tanto es considerada experta en defender intereses petroleros.

El conflicto en Caleta se inició cuando los desocupados exigieron 400 puestos de trabajo con un sueldo básico promedio de $ 700, tomando la empresa petrolera durante tres días. El mismo Kirchner intervino en el tema desde su Quinta en El Calafate, elaborando una propuesta que subía la apuesta a salarios de $ 845. Hubo diálogo y acuerdo, pero las detenciones y las causas judiciales se hicieron igual y días después de los hechos, en total silencio como señalábamos en la nota anterior.

LA ÚNICA QUE SE CAYÓ DE ESPALDAS FUE LA JUSTICIA
El Tribunal Oral Federal nº 3 dio a conocer el veredicto en la causa AMIA el jueves 2 de septiembre por la tarde. Al día siguiente APEMIA, organización de familiares y amigos de las víctimas que no participó del juicio al que denunció desde su inicio como broche de oro de la impunidad, realizó a un acto de repudio en Corrientes y Pasteur.

No fue porque tengan dotes adivinatorias que los compañeros de APEMIA, desde semanas antes de conocerse el fallo, venían convocando al acto del 3 de septiembre bajo la consigna “NO QUEDAN PRESOS POR LA MASACRE DE LA AMIA - EL ESTADO LIBERA A TELLEDIN Y LOS POLICÍAS BONAERENSES”. Ya la habíamos escuchado a Laura Ginzberg anticiparlo en Plaza de Mayo al cumplirse 10 años del más grave atentado terrorista de nuestra historia.

Quedó claro con este final anunciado para qué sirven los testigos de identidad reservada, los “arrepentidos”, las recompensas y otras aberraciones procesales que se inventaron para esta causa y que pretenden extender a otros delitos: para intoxicar investigaciones, para que los responsables eludan el castigo y el pueblo ignore la verdad.

Párrafo aparte para el juez Galeano, el que hace años dijo “que nos íbamos a caer de espaldas” con el resultado de su investigación. Tan previsible como las absoluciones era que el tribunal lo señalaría como uno de los máximos responsables de la impunidad, al punto que el jueves, al término de la lectura del veredicto, debió escapar presuroso del edificio de Comodoro Py para eludir a la prensa, y aprovechó la feliz -para él- coincidencia de tener a los presos de la Plaza de Mayo a su disposición, intentando disimular su actuación criminal en la causa AMIA.

Participamos el viernes del acto junto a otros organismos y movimientos, que hicieron oir sus voces. En representación de CORREPI habló el compañero Ramiro Geber. Estos son algunos fragmentos de su intervención:

La sociedad argentina sabe que el ESTADO fue sin lugar a dudas el principal responsable, sabe los nombres y apellidos de los garantes de la impunidad y sabe incluso donde están. (…) El poder político de entonces necesitaba armar toda una red integrada por fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y el poder judicial.

(…) El Juez Galeano, desechando pruebas trascendentales para la investigación y búsqueda de los responsables. La SIDE y el desempeño de tipos como Anzorregui, tapando y eliminado pistas o aportando pistas falsas para desviar el curso real de la investigación. La bonaerense, toda, como conexión local para la comisión del atentado. El lamentable papel de los algunos dirigentes de la colectividad judía como Rubén Beraja, defensor a ultranza la no investigación que llevaba adelante el Juez Galeano, e incluso la Iglesia Católica con su silencio cómplice igual que lo hizo con los desaparecidos de la última dictadura.

Después del Menemismo, con esos “aires” que rápidamente se agotaron, llegó la ALIANZA con DE LA RUA a la cabeza, quien nada hizo por el esclarecimiento de la masacre, sino que continuó con la misma trama de impunidad prgramada por Menem, hasta que el pueblo lo echó el 20/12/01. Después Rodriguez Saa y Duhalde… y finalmente ….Kirchner.

(…) Kirchner (…) nada hizo por esclarecer el atentado, los archivos que abrió eran información que ya estaba en la causa y que todos sabíamos. El papelón de los cassettes, su intervención en los actos de este año y del anterior frente a la AMIA prometiendo Justicia, casi un caradura. Como dijo que no iba a reprimir con la polícia del gatillo fácil, sin embargo los hechos de la legislatura y los de hace unos días demuestran nuevamente lo contrario. Dijo …dijo …dijo y dijo: el problema de Kirchner es que dice lo que queremos escuchar pero siempre su actuar resulta totalmente contrario a su decir.

Y terminó el compañero diciendo: Sr. Presidente de la Nación: Desde este palco le decimos que las organizaciones presentes en este acto no vamos a claudicar en la lucha. Que no integraremos ninguna comisión de investigación del atentado a la AMIA en la que intervenga el Estado. Estamos asqueados de esta maldita e inmunda impunidad y seguiremos peleando por la apertura de los archivos secretos, por la verdad y justicia que los argentinos nos merecemos y que usted y su gobierno no nos pueden garantizar.

POLICÍAS EN ACCIÓN EN LA TELE
El viernes último en el engendro televisivo llamado “policías en acción”, que se emite por el canal en el cual es director artístico el Sr. Adrián Suar, el mismo que contrataba como asesor y actor al chorro y torturador comisario Avesani, pudimos ver nuevamente a la bonaerense en su salsa. Si bien este programa es copia de otras propagandas similares, norteamericanas y canadienses, inventadas para mostrar a la población lo bueno de las fuerzas estatales que los cuidan de los malvados latinos e hispanos, los importados tratan de cuidar y vender una imagen de eficiencia y rectitud de sus policías, y no muestran en cámara, por ejemplo, como la policía neoyorquina viola y destroza por dentro con una sopapa a un filipino o muele a palos a “otro negro sospechoso”.

La versión nacional tiene la particularidad de mostrar a los miles de televidentes, por ejemplo, que la bonaerense coloca a dos menores en un calabozo con presos comunes, que a las dos horas los pibes salen golpeados y habiendo sufrido un intento de violación. En otro capítulo vimos cómo seis valientes policías trataban de reducir a trompadas y patadas limpias a un tipo absolutamente borracho, que no presentaba ningún peligro para nadie (así y todo, se les escapó).

En la ultima entrega se pudo ver la filmación de lo acontecido en el CEAMSE (ver boletín anterior). La brutalidad de las escenas de represión se mechaban con comentarios de los policías, tales como “son cuatro negros de mierda y están cortando la calle”…”mira ese de rojo y negro, vamos a partirlo en cuatro” y testimonios de los cartoneros: dos chicas relataban que los bonaerenses, a cambio de dejarlas subir a la montaña de basura, en las que ellas encontraban los “yogures y fiambres vencidos que comen nuestros hijos”, les pedían favores sexuales.

Pero lo mejor fue cuando un “funcionario de DDHH de la provincia” trataba de calmar a los manifestantes diciendo que el policía que perforó el pulmón de Freddy Biaggi, el cartonero de 16 años, que al día de hoy pelea por su vida, se le había iniciado un sumario administrativo!!…a la vez que les daba la buena noticia que no iban a dejarlos entrar al CEAMSE al menos por cuatro meses, cuando esta gente a los gritos decían que de ahí alimentaban a sus familias.

La pregunta de muchos es, si estas atrocidades están filmadas y son exhibidas a decenas de miles de televidentes… ¿el Dr. Arslanian no lo ve? ¿Nadie en el gobierno no lo ve? ¿No se enteran de esto, que no es información secreta de algún organismo o una investigación periodística? ¿O en ese momento estaban viendo el canal Venus?

La respuesta evidente es que sí se enteran, y que no mueven un dedo porque TODOS SON COMPLICES, porque las conductas de estos policías no son los remanidos “excesos individuales” sino política de estado hacia los más pobres.

NOVEDADES EN EL CASO VOUILLEZ
En el Boletín nº 281 reprodujimos la información enviada por los compañeros de PO.DE.PU., de Río Grande, sobre el extraño hallazgo del cuerpo de un hombre que estuvo desaparecido 31 días. Ya entonces, la familia y los compañeros sospechaban que la policía no era ajena a la muerte de Oscar Vouillez, especialmente por claras señales de un fuerte encubrimiento.

En esta semana, y mientras el juez analiza las nuevas evidencias de la reautopsia en la que interviniera el perito médico que colabora con CORREPI, Dr. Hugo Nandín, se ubicó a un testigo que ratificaría en los próximos días, cuando sea citado, que el día de la desparición de Vouillez hubo un intenso tiroteo en la zona del Cabo Domingo, hecho sobre el cual ya había un testimonio anterior.

El Cabo Domingo, ubicado en las afueras de la ciudad a unos 13 km. de la zona urbana, fue en el pasado uno de los lugares elegidos para arrojar indios onas al mar. En la actualidad, es usado por la policía para llevar gente que levantan por ahí, y dar sus regias palizas sin testigos.

La balacera ocurrió en la madrugada en que desapareció Oscar, y según el testigo, estuvieron trabajando algunos efectivos en la zona con posterioridad. Ya en la mañana, el testigo fue visitado por un patrullero que le preguntó insistentemente si había visto otros patrulleros en zona esa noche.

El viernes 10 de septiembre a las 19:00 se realizará una marcha de antorchas para solicitar el esclarecimiento y justicia por el homicidio. Participarán gremios locales, organizaciones de D.D. H.H. de Ushuaia y Río Grande. Un compañero de CORREPI viajará a Río Grande a la brevedad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Jueves 9 de septiembre, charla en el Colegio Belgrano con la compañera Luz Palmás Zaldua de CORREPI.

Sábado 11 de septiembre, por la tarde, en el Centro Cultural de Wilde, “La Nave”, charla en conmemoración a la Noche de los Lápices, donde participará CORREPI

Viernes 17 de setiembre, a las 18:30, en el aula 217 de la Facultad de Derecho, charla: “Los Porqué de la Impunidad en la Causa Amia”, con Laura Ginzberg (APEMIA), Eduardo Barcesat y León “Toto” Zimerman por CORREPI. Organizan Secretaría de DDHH del CEDYCS (LA PALACIOS) y APEMIA, invita CORREPI.

Viernes 22 de octubre, 11:30, panel integrado por la Lic. Sofía Tiscornia, la Dra. Ruth Stanley (Universidad de Berlín) y María del Carmen Verdú (CORREPI) en la Facultad de Filosofía de Rosario, en el marco de las Jornadas de Antropología.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en LA NAVE, con Liliana López Foresi, los viernes alrededor de las 10:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.

CORREPI