Boletín Informativo Nº 288

SANTA FE: RECORD DE DETENCIONES ARBITRARIAS
El informe de la Unidad Regional 1 de la ciudad de Santa Fe quiso ser espectacular, como para calmar la “sensación de inseguridad” y hasta para que Blumberg se ponga contento. Según la propia policía, los controles durante los fines de semana en la zona llamada La Recoleta, tuvieron por resultado que 924 personas fueron detenidas o arrestadas por delitos, contravenciones y “menores por falta de control” en lo que va del año.

Este dato representa un promedio de de más de 3 detenciones por día y se circunscribe al mencionado barrio durante los fines de semana por la noche. O sea, para obtener las cifras de detenciones totales habría que contabilizar todas las detenciones del resto de la ciudad, incluyendo barrios periféricos y el propio centro de la ciudad durante todos los días de la semana, de mañana, tarde o noche.

Las causas alegadas para estas masivas detenciones no diferencian a los policias santafesinos del resto de sus colegas del país, y demuestran (una vez más) el uso permanente de herramientas legales y pseudolegales para realizar detenciones arbitrarias. Del total de los casi mil detenidos, 229 lo fueron por ebriedad. Otros 184 jóvenes fueron trasladados por actos “turbatorios o molestias causadas a transeúntes, comerciantes, automovilistas y vecinos del sector”, y 367 menores fueron detenidos por “falta de control o peligro moral”.

Quince jóvenes fueron identificados por conducción peligrosa, mientras se movilizaban a excesiva velocidad, incluso causando daños importantes al perder el control del vehículo. Ocho personas portaban arma blanca o elementos contundentes para defensa o ataque. Siete jóvenes fueron arrestados por agresión física sin empleo de armas.

Ciento una personas de distintas edades fueron arrestadas por la comisión de delitos de variada calificación (lesiones, amenazas). Cinco fueron trasladadas por actos que atentaban contra la dignidad y el decoro personal, tres por arrojar elementos con peligro y dos por causar desórdenes en las filas de ingreso a locales de diversión. En tanto que a dos empresarios se les formó causa por irregularidades en la organización de espectáculos y a otra persona se le formó causa por ruidos molestos.

En los operativos intervinieron numerarios de las diferentes estructuras del control social santafesino: agentes de Orden Público, de Agrupación Cuerpos (incluida la Patrulla Urbana, Guardia de Infantería, Comando Radioeléctrico y sección Perros) y Asuntos Juveniles.

¿Qué control alcoholémico llevaran a cabo los señores guardianes del orden?. ¿En qué consisten los actos turbatorios? ¿El peligro moral? ¿El decoro personal? ¿Seguimos?

OTRA VEZ LA TORTURA PERMITIDA
Seguimos con Santa Fe, pero ahora con los garantes de las violaciones a los derechos humanos, el Poder Judicial.

En una resolución que algunos calificaron como insólita, pero que no sorprende a CORREPI, la Cámara de Apelaciones de Santa Fe cambió la carátula del caso de Miguel Duarte, por lo que los tres policías condenados por el homicidio de este preso podrían quedar en libertad antes de fin de año.

Hay que recordar el caso. El 20 de abril de 1998 Miguel Duarte –imputado por el delito de robo calificado– apareció ahorcado en una celda de la Sección Robos y Hurtos de la Unidad Regional 1 de Santa Fe. Como siempre, en primera versión la policía informó que Duarte se había suicidado, pero la investigación judicial derivó en la conclusión de que había sido torturado con golpes que le causaron un abdomen agudo y sometido a pasaje de corriente eléctrica, y luego colgado para simular un suicidio. Los policías Miguel Angel Martínez, Diego Albarenque y Juan Daniel Tossolini fueron condenados por aplicación de torturas y homicidio calificado en concurso real, a prisión perpetua.

Pero los jueces suelen comprender a los efectivos policiales cuando cometen estos preocupantes errores, cuando el infortunado se “les queda” porque “le pegan de más”. Muchos magistrados han calificado la tortura como un “fin institucional”, ya que su fin es obtener información, afirmando que un muerto como consecuencia del suplicio es en definitiva un “accidente de trabajo”, algo que le puede pasar a cualquiera.

Son expertos en buscar cambiar calificaciones para “dar una mano” a los muchachos de uniforme. Para ello se basan en inconcebibles interpretaciones de las figuras delictivas, suerte de espejo del proceso inverso por el que se imputan figuras gravísimas a militantes por hecho d emenor cuantía que ni siquiera son delitos.

El fallo de la Cámara provincial, integrada por Julio de Olazábal, Daniel Amadío y Carlos Estrada (cuánto apellido ilustre y patricio ¿no? ¿a que no adivina a que intereses responden?) varió la carátula original de “tortura y homicidio calificado” por la de “imposición de tortura, seguida de homicidio culposo”, y descarta que el homicidio tuvo por fin ocultar que había sometido al preso a brutales tormentos. Con esta calificación los imputados podrían salir en libertad muy pronto.

Este fallo debe leerse en el sentido de que se condena a los policías por haber sido negligentes, imprudentes, imperitos o no haber respetado las reglas del sano arte de torturar. Si hubieran sido prudentes o expertos en tormento, Duarte hubiera sobrevivido.

La obra maestra de la impunidad también consideró que los efectivos “no tuvieron la intención de asesinar mientras torturaban” y “que no sabían que estaba vivo cuando lo colgaron”. Una maravilla más de los jueces, que los dejan libres para que sigan en la suya.

A DEMONTY NO LO MATO UN LOQUITO SUELTO
Desde el principio la PFA decidió no defender a algunos de los responsables del caso Demonty. No es casualidad que se trate de uno de los pocos casos en los cuales no le pusieron abogado defensor a los policías involucrados.

¿Por qué razón tomaron esta actitud cuando colaboran con la defensa de otros asesinos y de quienes fraguaron causas? Probablemente aprovechan el caso como un intento de robustecer la teoría del “loquito suelto” o de la “manzana podrida” en una institución que intentan presentar como “respetuosa de los derechos de las personas”.

Se busca mostrar a Somohano (hijo de un ex-jefe de la Bonaerense) y sus compañeros como protagonistas de un hecho aislado, ocultando que se trata de una vieja práctica en la Comisaría 34ª.

Daremos un solo ejemplo: en la causa 10.439/1996, del Juzgado de Instrucción Nº 43, en la que se investigan los delitos relacionados con la detención sufrida por José Luis Ojeda el 15 de febrero de 1996, consta el testimonio de otro detenido, Marcelo David Dorgan, quien afirmó a fs. 567 haber oido a uno de los policías que los detuvieron preguntar “Che, ¿saben nadar éstos?” Dado que esa declaración se produjo el 14 de marzo de 2001, mucho antes del homicidio de Ezequiel, no se puede tratar de una declaración oportunista para conseguir prensa, sino de una clara referencia a la práctica (casi podríamos decir tradición) criminal del personal de esa Comisaría de arrojar detenidos al Riachuelo.
ODIO DE CLASE
Despues de ser indagados por un juez correccional, los dos agresores de una marcha piquetera fueron dejados en libertad. El hecho ocurrió el jueves 8 cuando desde un estudio contable ubicado en Av. Corrientes 848 dos sexagenarios arrojaron una botella de cerveza a la manifestación, impactando en la cabeza de la Sra. Porfiria Ojeda perteneciente al MIJD. Afortunadamente sólo sufrió un corte que fue suturado.

Por supuesto que la calificación del delito resultó atenuada. Si en vez de dos “abuelitos” de clase media hubieren sido dos viejos desdentados, carenciados, sucios y peligrosos por su pobreza y marginalidad, “todo el peso de la ley” hubiera recaído sobre ellos.

Sin embargo, se trata de perfumados fascistas que llegan a tal barbarie demostrando un perjuicio de clase que convierte en enemigo a aquel que reclama por sus derechos.

Pero fue curioso cómo los medios de comunicación, en su hipócrita diatriba, cumplieron el rol de críticos de la actitud de los agresores, poniéndose nuevamente en arbitros de los actuales “dos demonios”. Repudian la violencia piquetera y también a los que “reaccionaron”, como hiciera el Sr. Joaquín Morales Solá en el programa de Magdalena Ruiz Guiñazu el viernes por la mañana.

El barbado “opinator” sentenció moralino “no hay que hacer justicia por mano propia”. De ello se deduce en primer lugar que tirarle un botellazo a la cabeza a una piquetera es JUSTICIA, pero hay que dejar que lo haga el estado, no la ciudadanía “decente”.

En segundo lugar, señores periodistas que hablan de “los derechos equivalentes”, háganse cargo que esta agresión la fogonearon ustedes con su campaña de desligitimación contra las organizaciones populares, y que esos dos “intolerantes”, como dijo el también moralino Néstro Ibarra, actuaron lo que ustedes vienen propagandizando.

Odio de clase de la mano de obra, pero también odio de clase desde el tribunal, desde el micrófono y la pantalla.

NO LO VETO
En el boletín 285 hablabamos de las “leyes Blumberg” y nos referíamos a la sumatoria matemática de las penas a personas que cometieron delitos.

Esta semana se publicó en el Boletin oficial la Ley 25.928, que modifica el art. 55 del Código Penal en los siguientes términos:
“Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión.”

Decíamos que un ladrón de gallinas podrá ser condenado hasta con 50 años de cárcel. Para que se pudra en la cárcel, y no para que se resocialice, no para que se reinserte en la sociedad.

Decíamos que el Presidente debería vetar este dislate. Y también decíamos que no lo haría. No nos equivocamos, Kirchner no lo hizo. Quedó bien con la derecha, con la mano dura, con lo que realmente quiere.

ACTIVIDADES EN CHIVILCOY
El 28 de agosto pasado, la Asociación Civil por los Derechos Humanos Chivilcoy organizó una charla sobre el accionar policial y los DD.HH., a la que invitaron a nuestro compañero Gerardo Etcheverry. Con la presencia de más de 35 personas, el debate fraterno se extendió por casi tres horas.

Los compañeros de Chivilcoy realizaron con anterioridad diversas acciones, entre ellas la oposición a la instalación de un “buzón de denuncias anónimas” en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad y a la inconstitucional práctica de la policía local, cuyo jefe es el Comisario Brito, de anunciar diariamente los nombres y domicilios de las personas acusadas de cometer delitos, acción muchas veces agravada por estar acompañada de consideraciones relativas a su supuesta culpabilidad aún sin pruebas que la sustentaran.

LOS HEREDEROS DEL “CAMARÓN”

Criminalizan la protesta y la pobreza. Garantizan la impunidad de la clase política que desmanteló el país. Dejan libres a los policías de gatillo fácil. Protegen a los responsables del terrorismo de estado.

Ellos son los jueces de la Cámara de Casación Penal, lo más reaccionario que podamos encontrar en el ámbito del poder judicial.

Gran parte de sus integrantes ya han sido recusados y denunciados penalmente por abuso de autoridad por sobrevivientes y organismos de DDHH querellantes en la causa ESMA, para que se abstengan de intervenir en el planteo del marino Raúl Scheller, quien intenta maniobras a fin de que se cierre la causa en la que se investigan los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ese centro clandestino.

Un nuevo planteo de recusación y el pedido de juicio político constituyen algunas de las herramientas con las cuales hemos decidido batallar contra las reprochables manifestaciones vertidas en una resolución por el juez Alfredo Bisordi, integrante de la Sala I de la mencionada Cámara.

Es que el distinguido magistrado, como nos gusta llamarlo, no sólo le rinde culto a la impunidad del genocidio sino que además criminaliza a las víctimas y ataca a los organismos de derechos humanos y sus abogados, todos parte querellantes en la megacausa.

Para Bisordi, nuestra compañera Graciela Daleo es una ¨delincuente terrorista…miembro de la asociación ilícita Montoneros¨ y el compañero Rodolfo Yanzón es el ¨…ex abogado defensor de los criminales que a sangre y fuego irrumpieron hace algunos años … en el cuartel de La Tablada…”.

Para Bisordi la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), el Comité de Acción Jurídica (CAJ), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Liberpueblo y CORREPI, somos los ¨autodenominados organismos de derechos humanos¨ y nuestra denuncia penal por abuso de autoridad ¨…constituye una verdadera payasada jurídica…¨.

No cabe duda de qué lado está Bisordi y por qué su inhabilidad para intervenir en estos juicios. Es evidente que el terrorismo de estado sigue teniendo sus garantes, luego de tantos años desde el fin de la dictadura. Y por eso, hoy más vigente que nunca está la necesidad de la lucha contra la impunidad.

INTERROGANTE

¿Vio que Human Rights Watch desmintió que Juan Carlos Blumberg trabajara o colaborara esa organización?

¿Cómo era que se decía del que afirma una falsedad? ¿Mentiroso?

PROXIMAS ACTIVIDADES

Viernes 17 de setiembre, a las 18:30, en el aula 217 de la Facultad de Derecho, charla: “Los Porqué de la Impunidad en la Causa Amia”, con Laura Ginzberg (APEMIA), Eduardo Barcesat y León “Toto” Zimerman por CORREPI. Organizan Secretaría de DDHH del CEDYCS (LA PALACIOS) y APEMIA, invita CORREPI.

Viernes 22 de octubre, 11:30, panel integrado por la Lic. Sofía Tiscornia, la Dra. Ruth Stanley (Universidad de Berlín) y María del Carmen Verdú (CORREPI) en la Facultad de Filosofía de Rosario, en el marco de las Jornadas de Antropología.

CORREPI EN LA TRIBU, lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI en LA NAVE, con Liliana López Foresi, los viernes alrededor de las 10:30.
CORREPI en el hall de la Facultad de Derecho, los jueves de 18:30 a 20:30.